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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-10-2014

Celebrado en Tulu (Valle del Cauca), el 14 de octubre
Declaracin en Solidaridad con el Cabildo sobre la Paz, los Derechos Humanos y la lucha campesina

Asociacin de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA.
Marcha Patritica Valle del Cauca


Reviste singular relevancia que en uno de los municipios ms violentos del departamento la ciudadana haya optado por llevar a cabo un cabildo que indaga sobre la paz, los derechos humanos y las luchas que adelantan los campesinos y campesinas, mxime cuando se alcanzan terribles actos de inhumanidad como los acaecidos en el municipio en los ltimos aos, hechos que recuerdan la barbarie de Len Mara Lozano, el cndor, en la poca de la Violencia, pjaro que asol los campos de una buena parte del departamento y que tuvo como epicentro a nuestro querido municipio de Tulu.

Esta violencia que produjo una catstrofe humanitaria de enormes proporciones en el pas entero y que modific la configuracin del poblamiento en las zonas rurales, se extendi por todos los aos cincuenta y sesenta, deriv en xodos campesinos hacia tierras inexploradas, conllevando a la colonizacin de selvas y montaas y a la ampliacin de la frontera agrcola, con las consecuencias ambientales y sociales que esto representa.

Hablar de paz, de derechos humanos y luchas campesinas implica entonces recordar que la Violencia y la subsiguiente violacin a los derechos humanos en la historia de Colombia, tiene una tendencia a ser cclica, cada cierto tiempo se acentan los asesinatos, desapariciones, amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias, violacin de los derechos de las comunidades. Desde los aos cuarenta y hasta la actualidad, cada una de las dcadas pasadas han dejado la imborrable huella de la violencia en la memoria de las comunidades. As ocurri a inicios del siglo XXI, cuando el proyecto paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Colombia, AUC, del Bloque Calima, comandadas por el Sr. Ever Veloza o HH, que en su paso por Tulu dejara un panorama de desolacin, agravio, muerte, desplazamiento forzado, ruptura/desarraigo forzado del campesino con su tierra, los cultivos y los animales, vidas enteras dedicadas al trabajo que se esfuman en un segundo por accin de la violencia.

Violencia que en muchas ocasiones le es funcional a la planificacin estratgica del Estado y a los intereses de las empresas por instalar inversin de capital en ciertos territorios o ampliar las inversiones existentes, as ocurri en la cordillera central en los municipios de Tulu, Buga, San Pedro y Palmira.

Las comunidades campesinas no olvidamos que tres aos despus de la desmovilizacin del Bloque Calima en 2004, entre los aos 2007 y 2010 al mismo tiempo que EPSA y las empresas subsidiarias avanzaban en la construccin de las denominadas Pequeas Centrales Hidroelctricas, paralelamente las comunidades campesinas suframos de un permanente hostigamiento fsico y psicolgico por parte de la fuerza pblica, hurto de ganado, de gallinas, de alimentos, destruccin de cercos, ocupacin de bienes protegidos de la comunidad, combates, allanamientos ilegales, aparicin de hombres encapuchados patrullando conjuntamente con las Brigadas Mviles del Ejrcito, acoso a las jvenes campesinas por parte de los soldados, intentos de violacin, ametrallamientos areos de los cultivos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales y el asesinato del Labriego Cesar Cuadros Leal en la vereda Culebras corregimiento de Monteloro en Julio de 2008 a manos de la Brigada Mvil No 20, son prueba suficiente de que un nuevo ciclo de violencia que provoc zozobra y temor en las comunidades se haba instalado.

No ha sido sino por la valiente accin de las comunidades que se ha avanzado en materia de proteccin de los derechos humanos, proceso de denuncia que ha hecho eco en los organismos internacionales encargados de proteger los Derechos Humanos de las comunidades. No podemos negar del acompaamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, como tampoco del papel importante del Comit Internacional de la Cruz Roja Internacional, CICR; ms sin embargo, si podemos decir, que en muchos casos nos hemos encontrado con funcionarios poco interesados en escucharnos, quienes a veces, con dolo actan de manera poco diligente en los procesos de apoyo y seguimiento a las denuncias que formulamos como organizaciones campesinas, hechos violatorios con claros responsables que duermen plcidamente durante largos periodos en la Procuradura y en la Fiscala Nacional de la Repblica, sin que se sancione Penal o disciplinariamente a los implicados, mientras que las vctimas son perseguidas, sus telfonos chuzados, los seres queridos amenazados, los campesinos estigmatizados, las organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos sealadas incluso por altos mandos militares y polticos acomodados, quienes piensan ms en sus bolsillos y estatus, antes que en corregir y sancionar a la tropa por los hechos violatorios cometidos.

Esta es una forma de violencia ms sutil pero no por ello menos nociva; en efecto esta violencia genera impunidad. Impunidad que es muestra de la incapacidad y la falta de voluntad del Estado para identificar e individualizar a los responsables de las masacres, de los hechos violatorios, de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario que a diario comete la Fuerza Pblica en las regiones campesinas del municipio, del departamento y la nacin entera. Impunidad que desgasta a las comunidades y a las organizaciones que ven a veces como inoficiosa la tarea de la denuncia, por cuanto saben que la denuncia ser simplemente almacenada en anaqueles del olvido. Impunidad porque el victimario es juez y a la vez parte, en tanto los afectados son citados a las brigadas militares para resolver asuntos que debieran ser resueltos por medio de las entidades competentes, como la Procuradura, la Defensora del Pueblo, la Fiscala. Impunidad porque las entidades competentes se han desacreditado por su propia mano, puesto han intentado favorecer intereses de victimarios acusados de delitos de lesa humanidad, como sucedi con el coronel Robinson Gonzles del Ro y el Magistrado Villaraga del Consejo Superior de la Judicatura, siendo este solo uno de cientos de casos similares. Intentos de generar impunidad como consecuencia de los distintos intentos del Ministerio de Defensa de tramitar en el Congreso de la Repblica leyes para que los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares sean juzgados y sentenciados por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria.

El Cabildo Abierto sobre la paz, los derechos humanos y la lucha campesina, pretende evitar que la violencia sea olvidada y las vctimas desahuciadas. Pretende evitar la desesperanza de comunidades enteras.

El sueo de la paz con justicia social no podr ser materializado jams si se mantienen intactas las estructuras del Estado encargadas de velar por la vida, la justicia, la verdad, la reparacin, la reintegracin y las garantas de no repeticin. Ver la luz la paz con justicia social el da en que autoridades y la ciudadana, puedan acordar con cordura los cambios que la sociedad necesita, siendo la realizacin de una Asamblea Nacional Constituyente el medio para lograr una nueva constitucin que fortalezca los deberes y derechos de los ciudadanos para el beneficio de los pueblos de esta nacin y que elimine los denominados micos que se le han colgado para el beneficio de unos cuantos.

Este Cabildo Abierto, es el necesario espacio de la ciudadana que pretende que las entidades competentes se encarguen verdaderamente de hacer justicia, para que se garantice la verdad y para que los hechos que generan violencia no se repitan nunca ms en las tierras del municipio, del departamento y por qu no, de la nacin entera. De ah deviene su trascendencia.

Consideramos finalmente proponer a la Mesa de Dilogos de La Habana Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP, promover este tipo de Cabildos Abiertos en cada uno de los municipios en donde ha campeado la violencia, como medio para hacer ms eficaz la labor de las entidades competentes del Estado, pero fundamentalmente para que la ciudadana ejerza el derecho y el deber de buscar la paz, derecho y deber que ha sido ratificado por el artculo 22 de la Constitucin Poltica de Colombia.

Los colombianos tenemos el derecho y el deber de promover los cambios necesarios para que esta Colombia patria querida pueda hacer verdadero el sueo de la paz con justicia social. Exigimos a las partes dialogantes que se comprometan a lograrlo.

Coordinacin Campesina del Valle del Cauca, CCVC.

Asociacin de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA.

Fuente: http://www.marchapatrioticaenelvalle.blogspot.com.es/2014/10/declaracion-en-solidaridad-con-el.html


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