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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-10-2014

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (3)
Desatar lo atado: recuperar el delito poltico

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin

(*) Aporte escrito al SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DELITO POLTICO Y SITUACIN DE LOS PRESOS POLTICOS EN COLOMBIA. Bogot, octubre 15 de 2014.


Estas consideraciones quieren saludar y ser un homenaje a las presas y presos polticos en Colombia, agradeciendo la iniciativa de hacerles visibles en un momento crucial. Justamente, hay que centrar la atencin en un tema que, como muchos otros, son trillados por diversas razones, pero sobre los cuales se ha hecho un vaciamiento, se ha cimentado un tab o se han creado graves tergiversaciones, hasta postrar u obligar al silencio a posiciones que tenan fuerte y coherente carga crtica. Estas lneas hacen parte entonces de un grito que se quiere colectivo, para reivindicar no slo un anlisis sino un hacer poltico, jurdico y social en funcin de la verdad, y por lo tanto algn da, ojal muy pronto, para la libertad de quienes han luchado por un futuro de democracia real en este pas.

En segundo lugar, deseo reconocer el trabajo del Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, CSPP, y de otras organizaciones hermanas que han trazado alternativas, prestando asistencia humanitaria y jurdica e ideando frmulas que no olvidan sino que recuerdan a quienes estn en prisin por su lucha poltica, y las razones de esta dramtica situacin de miles de personas. En particular animo a que la propuesta que el CSPP ha elaborado sobre presos polticos y justicia, sea ampliamente debatida, pues por su calidad merece ser apropiada por los movimientos sociales. Quiero modestamente, en ese no-olvido, rendir un homenaje a cuatro compaeros del CSPP que conocimos y con quienes compartimos, que nos dejaron su signo de dignidad. Alirio de Jess Pedraza Becerra, abogado detenido desaparecido el 4 de julio de 1990, el abogado Javier Barriga, asesinado el 16 de junio de 1995, y a Chucho Puerta y a Julio Gonzlez, asesinados el 31 de enero de 1999. Los cuatro, vctimas del terrorismo de Estado.

Para que esta intervencin pedida sobre fundamentos filosficos y jurdicos de la rebelin, no quede absuelta de compromisos y retos mayores, la idea de la misma es ser lo ms clara e inscribirse en lo posible en los dilemas que hoy da son evidentes en el contexto de un proceso de paz, en el que se habla con abuso de una justicia transicional, cuando al parecer la que impera es la visin recortada, no la de una justicia de paz transformadora, sino el enfoque instrumental de reglas verticales, reducido a la aplicacin de mecanismos de derecho, sobre todo penal, y ante todo con una perspectiva de sometimiento de una parte a otra y no de concertacin. Manifiesta contradiccin, cuando de lo que se trata es de un proceso de paz que est guiado por la realidad palpable de que ninguna de las dos partes logr ganar la guerra, es decir no estamos ante vencedores y vencidos, y por lo tanto no es admisible que un bando contendor, por ms peso e institucionalidad que suponga, sea juez y parte. Sin que esto signifique, como lo veremos, que no deba cambiar y desplegar su propia normativa en funcin de la paz, o sea ponerse el Estado un vestido sobre otro: una desempolvada toga de juez encima del uniforme civil-militar del gobernante y legislador, a fin de cumplir con una obligacin sine qua non para el buen desarrollo del proceso de paz: el re-establecimiento del delito poltico.

1. Una pulsin y un deber

Es conocida la fundamentacin correcta segn la cual la rebelin es un recio derecho poltico de los pueblos, tan histrico como excepcional, y por ello cambia de forma radical la percepcin sobre los delitos que supone el hecho organizado de alzarse en armas y actuar violentamente: de ser algo reprochable en apariencia, cuando media un anlisis causal, pasa a ser no slo comprensible sino hasta exigible incurrir en ciertas transgresiones en la tensin del deber ser frente a un orden de opresin.

As podramos sintetizar el problema. Sin embargo, hay una mirada reaccionaria, arraigada y vigente en nuestro contexto, que nos obliga a ensear una cara de esa geomtrica figura de la rebelin. La lectura neoconservadora y retardataria a la que me refiero es la que encripta un menosprecio poltico y cultural, digamos que con contenido de clase, aprehendido y reproducido, eso s, en toda la pirmide social. Y que no se queda en el nivel del pensamiento, sino que va ms all: se traduce en la prctica poltica, judicial, meditica, acadmica, policiva y militar. Es la mirada hacia la chusma. Un ex viceministro uribista, Rafael Guarn, lo expresa as: No es lo mismo que se reconozca que la violencia expresa una decisin del Partido Comunista Colombiano de combinar todas las formas de lucha para hacer la revolucin, que decir que los seores de Marquetalia eran 40 humildes campesinos agredidos sin misericordia y con armas qumicas, por 16.000 miembros del Ejrcito Nacional, segn la mitologa fundacional fariana, absolutamente falsa No es lo mismo un Mndela terrorista a un Mndela smbolo de la lucha contra la discriminacin racial. Aqu es igual. No es lo mismo una organizacin de victimarios a una que la historia la exalte como la expresin de reclamos legtimos de campesinos que fueron reprimidos por un Estado violento y opresor (http://www.semana.com/opinion/articulo/reescribir-la-historia-opinion-de-rafael-guarin/400255-3).

Esta mirada custica no recae slo sobre los insurgentes, lo cual no nos debe extraar en relacin con ellos, pues viene siendo as y peor incluso como se les trata desde hace ms de medio siglo, sino que, siendo actual, recae hoy sobre quienes puedan unirse u organizarse para luchas serias frente al statu quo. Es un mensaje sutil de desprecio a los movimientos y sectores populares y a su capacidad de agitacin, indignacin, comprensin y compromiso. Ese es el verdadero trasfondo. Es decir, si a un animal, a un perro, le reconocemos posibilidad de rechazar un ataque y defenderse, a quienes se hermanan, consientes de injusticias, para transformar condiciones de vida, no se les confiere igual posibilidad, no se les asume como otredad y se les desdea. Tenan que haberse quedado callados, sumisos, dciles.

Este debate est plenamente en vigor, al menos por dos razones en nuestro pas. Por un lado, nos estamos aproximando a mecanismos de verdad y memoria histrica, que es un autntico campo de batalla, como ya lo expusimos citando a Enzo Traverso. Puede ser que se pierda dicha batalla y termine dicindose que la responsabilidad principal de la confrontacin no es de quienes desde el alto poder violaron toda clase de derechos de manera grave o cruel, sino que toda esta tragedia lo fue por la demostracin antojadiza de unos seres y colectivos que deban haber ensayado slo las herramientas legales y seguir poniendo la otra mejilla. Y el segundo factor aterrador de ese punto de vista es que cnicamente induce hoy a ser tolerante con lo injusto; propone la indolencia y el desperdicio de la experiencia ante las condiciones de muerte o descomposicin de la vida de grandes sectores sociales empobrecidos. Esta perspectiva es todava ms terrible, cuando se est hablando de construir la paz.

Por eso, debe subrayarse o complementarse nuestra visin tradicional respecto al delito poltico, con un examen que nos remita a las huellas del hecho de rebelarse frente a lo insoportable, antes que sobre el derecho. Huellas no slo hacia fuera sino hacia dentro. No slo sobre pasados sino ante desafos presentes.

Son rasgos no slo de las sociedades en su tipologa, sino de la misteriosa condicin humana. Estn asociados a los legados de sucesiones no slo polticas y culturales, sino a la propia evolucin como especie, en ese sentido a los procesos de conformacin antropolgica, con lo cual la lucha por la vida, el no someterse a lo que nos amenaza y mata, equivale primero y desde tiempos prehistricos a una suerte de pulsin ante la agresin (esto es fundamental tenerlo en cuenta hoy, pues se surte una actualizacin imperiosa, frente a la eclosin medioambiental y la inminencia de conflictos por la sobrevivencia de comunidades ante la depredacin causada por el salvaje modelo capitalista).

Dicha respuesta indcil, si se quiere instintiva, se fue transmutando en la profundizacin de la conciencia, desplegada ante lo que interfiere violentamente en el desarrollo de potencialidades y en la satisfaccin de necesidades humanas. De ah que no podemos datar y cerrar un antecedente de la rebelin, sino asumirla como latido de resistencia desde tiempos inmemoriales hasta el presente, ante las condiciones ms adversas.

Esto explica que el rebelde es lmite, en la simbiosis de los reflejos ms elementales y de las reflexiones ms arduas, antes de suponer l o ella, como rebelde, una opcin moral ms definida. El rebelde-lmite gesta como figura de excepcin una compleja y transversal defensa ante la opresin, dentro de un concierto histrico y poltico determinado. Pero tambin en los marcos cambiantes de redes psico-sociales y culturales. Ha sido as en diversos perodos y entornos. El rebelde tiende por esa fuerza a auto-constituirse con lneas de principios, y por eso tiende tambin a rechazar su cosificacin, al tiempo que puede acrecentar capacidades e imponerse regulaciones. Su decisin es la de no renunciar en medio de advertencias de ser castigado, y por ello, desde ese valor de entrega y sacrificio que irradia, ah s traspasando del hecho al derecho de la rebelin, entraando una opcin de coherencia, un solo sujeto sublevado en la inmensidad del mundo y de la historia (una Policarpa Salavarrieta, fusilada en 1817, o Sophie Scholl, alemana guillotinada en febrero de 1943, una en armas, la otra no, pero ambas mujeres resistentes), representa tanto una constelacin material cierta como un signo tico irrebatible. Una tenacidad. Este es el sentido utpico de la cuestin.

Hablando del derecho a la rebelin, son comunes las referencias a Platn, Toms de Aquino, de alguna forma a tienne de La Botie, o a la Declaracin de Independencia de los Estados Unidos de 1776, citada hace poco en un documento de propuestas que puso las FARC-EP en la Mesa de dilogos. Declaracin de EE.UU. en la que se afirma: toda la experiencia ha demostrado que la humanidad est ms dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la abolicin de las formas a las que est acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.

En nuestro pas, Mara Antonia Santos Plata, antepasada del actual Presidente, sera tambin un ejemplo a citar. Cre la guerrilla de Coromoro, en Socorro, Santander, para luchar junto al Ejrcito Libertador de Simn Bolvar. Fue arrestada y ejecutada el 28 de julio de 1819, culpable del delito, poltico, de lesa majestad. Cuando debamos reconocer el delito poltico, debemos ver, al menos de lejos, pulsiones o expresiones bsicas que han apuntado y apuntan a la conservacin del ser, a la sobrevivencia, y luego s debemos observar procesos de subjetividad o subjetivacin consciente y superadora en firme de estados de servidumbre. Son testimonios de vigor y de compromiso. Por lo tanto se nos enuncia un hecho y luego un derecho a la insumisin ante lo que es negador de la vida. Podemos remitirnos tambin como referencias histricas y romnticas a Espartaco o a Boadicea, en guerra frente al Imperio romano, y no es suficiente. Es preciso, en prctico envo a diversidad de disciplinas, entre ellas la sociobiologa, hablar de altruismos, y del permanente grito del sujeto, como entre nosotros lo ha enseado para impugnar la lgica del mercado capitalista el maestro Franz Hinkelammert, y en esta poca larga con l Albert Camus, o Daniel Bensad, quien cita a la filsofa Franoise Proust. Ella lcidamente deca: la resistencia es primera con relacin al pensamiento: la idea se despierta resistiendo o, en relacin con la injusticia, Todo el mundo la siente sin disponer necesariamente de una idea positiva de justicia. Afirmaba tambin Las resistencias o las insumisiones estn movidas siempre por una preocupacin de dignidad. Nacen de la indignacin; la resistencia toma partido por lo que est amenazado. Esta filsofa de la resistencia, como la llamaba Bensad, parte de Baruch Spinoza: existir es resistir a lo que amenaza la capacidad de existir. Subraya Bensad: Es resistiendo que se encuentran las razones para resistir () La resistencia no es un mandamiento, una asignacin, una designacin a alguna misin sublime. Una situacin insoportable, una justicia intolerable la provoca (de Bensad: Resistencias. Ensayo de topologa general).

2. Frente a una tesis prfida

Insisto: este exordio se hace a propsito de debatir la tesis que se ha hecho ms evidente tras aos de negacionismo en Colombia, de la que seguramente se hablar en la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, pactada entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Existe esa tesis porque hay una historiografa reaccionaria que busca, como es obvio, deslegitimar de raz el alzamiento armado sealando que el mismo se debe a una decisin voluntarista e irracional, a una ideocracia o ideologa caprichosa de combinacin de formas de lucha contra la democracia. La bandera que mantienen es que unos fanticos arriaron por dcadas a miles de campesinos, crearon guerrillas, se hicieron ricos y ms desalmados y desataron la furia de otro demonio. Desestimando o relativizando, por supuesto, cualquier vnculo determinante entre estructuras injustas y la apelacin a ese ltimo recurso que es el de la violencia subversiva o rebelde, para repeler la violencia sistmica, estructural, objetiva, institucional, social y econmica de un sistema de exclusin y desigualdad.

Evidentemente, hay ideas e hiptesis de insertar la violencia revolucionaria como un instrumento obligado, no como el nico procedimiento y el fin, sino como parte de un mtodo de contencin, defensa, seguridad y articulacin de posiciones histricas emancipadoras, y se producen o conjeturan sobre su uso, formas y alcances, juicios muy diversos de orden estratgico desde diferentes escuelas o corrientes de pensamiento ilustrado, liberal, anarquista, republicano o marxista, y hasta la vemos mencionada dicha violencia como legtima en apartes de la ms progresista doctrina catlica. Se discurre sobre esas violencias de resistencia, fraguadas entre el medio social y poltico y las motivaciones o identidades ticas personales o de colectivos, que van adoptando aliento en programas polticos, pero lo que s no sucede de forma maquinal es que alguien lea el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels o la Proclama al Pueblo colombiano, de Camilo Torres Restrepo, y salga a la calle o al monte a echar tiros. Eso no pasa.

Hay procesos ntimos o individuales, de discernimiento, ms dilatados o menos, y hay decisiones personales que se tejen entre la rebelin metafsica y la histrica a las que se refiri Karl Georg Bchner o Albert Camus, y que se sintetizan en el hecho de rebelarse en procesos colectivos de concientizacin, en los que se implican seres que son reflejo de su sociedad, donde exploran un camino de renovacin y coherencia. Para muchos dramticamente esto se expresa en una opcin muy dura y no exenta de contradicciones: hacer parte de una organizacin rebelde y exponerse a la ms inmisericorde persecucin del adversario.

Quienes desconocen que en Colombia se conjugaron por dcadas factores o mecanismos de orden poltico, social, cultural y econmico, como la barbarie de detentadores de la riqueza acaparada, la induccin a la violencia por directorios liberales y conservadores, la tenencia de la tierra y otras problemticas en la base del desarrollo de las FARC-EP y el ELN como resistencias que venan de atrs; quienes no conocen la historia de sometimiento en una sociedad seorial dirigida por castas corruptas, para usufructuar y profundizar el saqueo sistemtico de recursos nacionales en provecho de oligarquas y centros de poder mundial, ciertamente quienes no ven ah un orden social injusto, sino la normalidad del capital, su promesa de prosperidad y sus leyes, rechazan cualquier atisbo de justificacin en la gnesis o etiologa del delito poltico, y asumen desde esa concepcin que los irracionales sujetos de la rebelin eran piezas de una conspiracin comunista contra Occidente, decan; o son hoy terroristas y narcotraficantes que no tienen en las armas ms que un medio para hacerse ricos.

As, no cabe para ellos explicar la rebelin como pulsin y herencia universal (no hay un solo ser humano que no sea directo heredero de dismiles procesos de resistencia a lo largo de la historia); no cabe tampoco ensearla o debatirla como compromiso humanizante, como alteridad y altruismo, sin que deje de ser tambin, como efectivamente sucede, una especie de defensa y agitacin propia radicada ante una grave e injusta afectacin, lo cual no demerita la rebelin sino que la ampla.

Esta realidad entretejida de violencias y de opciones ante ellas, se nos dilucida en la existencia de organizaciones poltico-militares, de guerrillas, de ejrcitos irregulares, que fundieron en su hacer masas de campesinos con profesionales, de despojados con militantes. Su sea es la rebelin, no como opinin simple y llana de que el pas debe cambiar, sino como la apuesta existencial y la puesta en marcha o materializacin de unas luchas por la transformacin, sin permiso del opresor, debiendo acudir tanto a la dialctica poltica de las propuestas que desnudan antagonismos, como al revestimiento de la fuerza, o sea cometiendo lgicamente una gran diversidad de delitos con coaccin: transgresiones conscientes, deliberadas, buscadas, manifiestas, no solamente incurriendo en ilcitos tpicos denominados polticos, atacando el rgimen constitucional y legal, lo que supone un elemento objetivo, sino incurriendo en infracciones comunes ligadas a la rebelin, como la compra de armas, la falsificacin de documentos, y muchos otros, orientando su ejercicio hacia mtodos y fines no egostas sino altruistas (si esas armas y esos documentos son para asegurar como propiedad privada la hacienda de X o de Y, no sera delito poltico: faltara adems el elemento subjetivo referido al desinters o beneficio propio). Es decir, propugna necesariamente y verifica, representaciones progresistas o de mejoramiento de la vida social, respecto de la realidad existente. En esa conocida visin mixta que manejamos en derecho penal, se infiere o sobreentiende la poltica de ataques violentos al funcionamiento de ese orden injusto, la concepcin de unas estrategias, como tambin la adopcin de lmites y normas de regulacin en la actividad y vida insurgente.

Podemos criticar algunas prcticas guerrilleras, indicar con firmeza y condenar graves errores que han generado inmenso sufrimiento, profuso dolor, como la insurgencia misma lo ha venido reconociendo, pero la naturaleza de la guerrilla colombiana no se ha alterado por esos hechos: su entidad es histrica y poltica en relacin con el conflicto social, econmico y poltico que la explica, y como tal debe ser tratada, siendo confirmacin de esa realidad la actual dinmica de La Habana, donde acuden a una Mesa plenipotenciarios de un lado y del otro, para abordar, all al menos frente a pases garantes y acompaantes, una agenda que poda haber sido ms amplia, que certifica directamente la necesidad de una resolucin de problemas sociales, polticos, econmicos y jurdicos.

3. De Mara Santos a nosotros


La anotacin pasada sobre Mara Antonia Santos no es balad. La explico ahora. Es un apunte para pensar-nos como pas, en trminos de los continuum, observando lo que ha sobrevenido con la accin de quienes prolongaron unas luchas de emancipacin y quienes se corresponden en su poder con otras opciones, en el entramado del statu-quo. Herederos de Mara Antonia Santos, unos de sangre y otros de razn poltica e histrica, a juzgar por las asimetras y el ncleo de la redencin pendiente inspirada en la deuda frente a los ancestros liberados y los descendientes esclavizados, parafraseando e invirtiendo la conocida proposicin de Walter Benjamin. Lo cierto es que estn en la Mesa de La Habana unos y otros, buscando esta vez una solucin pactada, una salida poltica a la guerra. Pero el problema es altamente complicado si permanece enredado en la maraa jurdica paralela en el ejercicio de la contrainsurgencia, pues existe de nuevo ah una contradiccin que extendera la guerra.

Siendo poltico el escenario, estn los delegados de una parte y ella toda, las FARC-EP, enfrentando acusaciones del equivalente a lo que era entonces el cargo que llev al patbulo a Mara Antonia Santos: lesa majestad, por su oposicin armada al rgimen. Y la otra parte, capitaneada todava por un fuerte enfoque punitivo y restrictivo, cuando no arbitrario del todo a partir de la frula de la superioridad militar, se gua por esa presuncin de vencedor absoluto y se exime de los castigos que prev para su enemigo. Por el contrario: refuerza su propia impunidad e inmunidad de muchas formas. Una de ellas el fuero penal militar, que va a dar al traste o a truncar el propio paradigma de justicia transicional propuesto por el Estado.

Esta deliberacin antes que jurdica, es de carcter histrico y poltico. Sobre un conjunto de hechos violentos cometidos por los opositores, que hoy, al igual que hace dos siglos, encajan con plena lgica en definiciones de normas estipuladas por una parte, como las que se invocaron entonces para fusilar a Mara Santos. Dichos actos de violencia son expresin de contradicciones plurales y no monocausales que han configurado la rebelin, las cuales se quiere encasillar preeminentemente hoy por el Estado como contradicciones visibles en una masa penal para un mazazo jurdico contra su enemigo en plenos dilogos de paz.

Dicho conjunto de responsabilidades asignadas as por una parte-juez frente a la otra-condenada, es una amalgama de infracciones a una ley naturalmente relativa y parcial, construida por intereses polticos excluyentes a lo largo del conflicto armado. Es un volumen penal que debera estar sujeto, como es obvio, a verificaciones en el curso de los dilogos, y por lo tanto ser objeto de decisiones de los actores inmersos en esas contradicciones, para intentar resolverlas. No obstante, hay actuaciones de la parte que hoy pretende juzgar a su adversario, que acrecientan, agudizan y taponan con mayores negaciones, cuando debera desembrozar o descargar de incoherencias. Se empea, representando a muchos sectores de poder que a su vez se auto-perdonan, en calificar de graves hechos criminales gran parte de lo ocurrido por parte de la insurgencia, alegando, con base en nuevos referentes normativos, en contextos de hegemona dominante, que estamos ante unas guerrillas responsables de imperdonables crmenes de guerra y de lesa humanidad, y slo subsidiaria y lejanamente de delitos polticos, evadiendo el Estado la necesaria conexidad en la reconfiguracin de la rebelin o su atributo de delito complejo, o sea que comporta, conlleva o supone en s misma la composicin de mltiples delitos, muchos de ellos comunes.

Esa intencin repetida de criminalizacin es el resultado de aos de diseccin y construccin autoritaria por el Estado, por casi todos sus rganos y altavoces en el Establecimiento, disponiendo de un sofisticado sistema de derecho penal de enemigo. Unos en el Ejecutivo y en el Legislativo, modificaron y emplearon la ley penal una y otra vez (el Cdigo Penal contenido en el Decreto 100 de 1980, por ejemplo), restringiendo connotaciones liberales, creando delitos como el terrorismo para desestructurar el eje o centro de gravedad del delito poltico, endureciendo las penas (en el Cdigo de la Ley 599 de 2000), rompiendo la conexidad predicable del delito poltico, y cientos o miles de jueces, militares primero (aos 70 y 80, sobre todo), y luego civiles, muchos de los cuales superaban a los castrenses en el oprobio (desde finales de los 80 hasta hoy), aplicaron y agravaron esos cierres de la ley penal, para condenar en nombre de una institucionalidad democrtica, a miles de personas, unas s combatientes o militantes de la guerrilla, y muchas otras por parecerlo, segn amaados informes policivos, militares y judiciales cual partes o reportes de guerra. Las condenaron y siguen sentenciando a largas penas por terrorismo, por secuestro, por homicidio, por mltiples delitos, que en estricto sentido caben en la realidad de la rebelin, en las condiciones y caracterizacin del conflicto armado, para el que est vigente el Derecho Internacional Humanitario (Ley N 171 del 16 de diciembre de 1994. Sentencia C-225/95, Corte Constitucional).

No slo haciendo ese Estado destinatarios a los rebeldes de medidas de sancin, de castigo, sino de ensaamiento por fuera de los mandatos de la Constitucin y de su ley penal, as como de sus obligaciones derivadas de instrumentos internacionales que ha suscrito directamente. Cientos y miles son los casos documentados de combatientes desaparecidos, como Omaira Montoya en 1977, o torturados, como Carlos Reyes Nio, a quien ese ao se le tortur con parafina caliente en sus extremidades, o cados en indefensin, como este mismo mando guerrillero, a quien se le asesin en 1995 en una calle de Bogot, ejecutado por la espalda l y otro dirigente insurgente que tambin haba estado en prisin, cometido este hecho por hombres de inteligencia militar. El caso de la ejecucin del comandante Alfonso Cano es igualmente fehaciente. Como Tambin lo son los miles los casos de persecucin con crueldad a amigos y familiares de militantes.

4. La potencia de un derecho a la guerra justa, para la paz

En un caso como el colombiano, ante la no derrota militar ni poltica de ninguna de las dos partes histricas contendientes (Establecimiento/Estado Insurgencia), cuando se abre camino una resolucin negociada, de salida poltica al conflicto armado qu opcin queda a quienes reivindican en ideas el derecho a la rebelin? Se quedan mascullando teoras o suposiciones a espaldas de esas posibilidades? O elevan esas probabilidades a encrucijadas de cambio, canalizando la energa de ese derecho supremo como alegato y razn para labrar un proceso de paz transformadora? Quiz esta ltima puerta seduce con brillo, pero no puede significar despreciar o escupir en ningn momento a quienes, no ya mascullando ideas, sino implicndose en la prctica de resistencias dignas, en ideales, siguen arriesgando u ofrendando su vida porque genuinamente consideran que este sistema no va a ser superado firmando actas, sino obligando con fuerza material a un rumbo de democracia real.

Sea cual sea la eleccin, debe estar fundamentada en la realidad. Y es en esa realidad construida en la que debemos de-construir el actual paradigma penal de desnaturalizacin del delito poltico, tal y como est siendo proyectado desde hace al menos tres dcadas, pues de seguirse su lgica nefasta, reductiva y falsaria, o sea de negarse a fondo su entidad compleja y la conexidad ms amplia posible, se va a llegar probablemente ms tarde o ms temprano a un bloqueo en el proceso de paz, de tal manera que se corre el riesgo cierto de que se rompa lo que apenas est esbozado, pendiente de ser encajado como Acuerdo final con sus respectivos procesos desencadenados y desencadenantes de orden constitucional y de transferencia y garanta de poderes.

Se dir que no se permite, pues los jueces han hecho una interpretacin restrictiva y que la misma no se puede cambiar. No es cierto, pues si bien condiciona la negativa espiral jurisprudencial en varios niveles, sta se puede y debe conjurar adoptando, en el conjunto del Estado, y funcionalmente en la cspide legislativa y del Ejecutivo, decisiones de orden poltico que los jueces deben acatar valorando la integridad de un proceso democratizador y de construccin de paz. No slo para restituir de inmediato al delito poltico su identidad formal de cara a este perodo en la solucin de casos investigados, sino reabriendo o revisando sin aplazamiento causas cerradas, con la probable adopcin de los mecanismos y definiciones vinculantes a partir de los avances en la Mesa de dilogos, para correctivos y compromisos que son de elemental justicia, pues son miles los casos de rebeldes ya no slo hoy investigados torciendo todava ms el derecho y vacindolo, ponindolo en contra de la paz pactada, sino ya sentenciados, y cientos o miles habiendo pagado crcel, en procesos desarrollados sin garantas procesales, sin derecho a la defensa, sin el debido proceso de control, con testigos y cargos falsos, muchas veces urdidos directamente por inteligencia militar, la polica y operadores judiciales vinculados a esas fuerzas represivas, a paramilitares y a sectores altamente corruptos en el circuito oficial.

Esto es lo que de manera general se propone como recuperacin, reconfiguracin o restablecimiento del delito poltico, que no es la panacea a todos los problemas pendientes relacionados con el conflicto y los mecanismos de justicia, pero ser una necesaria parte de la plataforma de solucin para la gran masa penal que el Estado ha acumulado arbitrariamente en dcadas contra la parte enemiga, con la que ahora se sienta a acordar una salida poltica.

Esa construccin autoritaria acometida por el Estado, que lleg al extremo fascista en el gobierno de Uribe de querer darle el ttulo de delincuentes polticos o sediciosos a paramilitares o mercenarios (2005-2007), es una construccin cabalmente abordable, transformable, como toda realidad jurdica, que es poltica. Precisamente el hecho de ese hito, que no se haya convalidado que a paramilitares se les tratara como delincuentes polticos, es demostracin de que esa eleccin o poltica de desestructuracin del delito poltico se puede girar y hacer reversible.

S se puede cambiar esa reconceptualizacin negativa; se puede frenar ya mismo esa desnaturalizacin o negacin del delito poltico. S es posible abordarla y deconstruirla con coherencia, desandando lo andado, identificando uno a uno los factores que se fueron montando o articulando y que hicieron posible esta sinrazn, contraria a los fundamentos de un Estado liberal.

Ahora bien: no podemos caer en la ingenuidad. Hay factores estructurales muy diversos, de viaja data, que potenciaron esa tendencia, como es la doctrina de seguridad nacional o el pensamiento militar cimentado en gran parte de las fuerzas armadas, que propugna una guerra total, sin lmites, de baja y media intensidad, cuyas fuentes o lneas maestras estn plenamente vigentes, adaptadas en diferentes brazos, uno de ellos en la propia dimensin del paramilitarismo, y tambin en crculos polticos y de la judicatura, con premisas y objetivos a partir de los cuales se defini que el inconforme y el rebelde no son adversarios polticos sino un solo enemigo a extirpar o reducir mediante la aplicacin conjugada de medios legales e ilegales. Desde la crcel hasta la sierra elctrica. Sin exageracin alguna. La masacre de Trujillo fue un ejemplo.

No bast en miles de casos adiestrar militares y policas, o crear grupos paramilitares, para consumar exitosamente unas 30.000 detenciones-desapariciones, cientos de masacres o asesinatos selectivos, sino que se criminaliz escalonadamente y acus con falsedades a miles de opositores polticos o sospechosos de serlo, atravesando y estructurando la administracin de justicia, hasta su mdula, y en concreto militarizando la concepcin de entes de investigacin y de juzgamiento penal. No se hizo de la noche a la maana, y no ser fcil desmontar esos vectores.

Tambin hay fuerzas de orden internacional cuyos factores o predominios pueden y deben ser deslegitimados y abandonados en aras de un proceso de paz coherente, como es todo lo que ha supuesto la esquizofrnica y perversa lucha anti-terrorista global desde septiembre de 2001, que tuvo influencia tarda en Colombia, pues ac ya se haban meneado mucho antes teoras del derecho penal de enemigo importadas de Europa, redobladas luego por la nefasta influencia de la teora del entorno, liderada y aplicada de manera siniestra por el seor Baltasar Garzn, de tan buen recibo en Colombia, incluso en obtusos ruedos de izquierda.

Vuelvo ac a la idea del re-establecimiento del delito poltico, para poder avanzar en el cierre del conflicto armado, hacia su terminacin definitiva, a pactar entre dos partes, ninguna rendida, ninguna vencedora, y ninguna debiendo por lo tanto ser contraparte y al mismo tiempo juez de la otra, por ser contraria esa pretensin en ese horizonte de solucin poltica en el que se est avanzando; dos partes que pueden, no obstante, habilitarse en tramos intermedios, como lo estn en pie de igualdad en otros terrenos, con debate y participacin social, para acordar los mecanismos polticos y jurdicos de solucin en los temas de justicia o de derecho de transicin, sin que haya canje de impunidades, como las FARC-EP ha defendido que sea y el gobierno tambin lo proclama. Para apuntar de manera equilibrada y consensuada a esa verdadera masa crtica de carcter penal que quedara respecto de la insurgencia, despus de aplicarse para sus responsabilidades el dispositivo amplio del delito poltico.

Esa masa penal crtica siendo producto del conflicto armado (en la forma de eventuales crmenes de guerra, a discernir como responsabilidades ciertas segn tipos de infraccin o casustica a examen, as como por parmetros y proporciones de cada parte, no en las magnitudes deformadas en la propaganda o medios del Establecimiento como lo pregonan, sino con base en rigurosos registros y estadsticas), es tambin producto, ese gran acumulado de violaciones, de concepciones al margen del conflicto blico y de la regulacin que le era obligada mantener al Estado en desarrollo de la confrontacin, o sea es resultado de una concepcin de seguridad del status quo no slo dirige contra la guerrilla sino intencionalmente por fuera del conflicto armado contra amplios sectores sociales y civiles (prcticas sistemticas, masivas y planificadas de genocidio y crmenes de lesa humanidad).

Evocada la normativa y el espritu del derecho de los conflictos armados, cada parte contendiente estaba obligada al control en la guerra, cada una desplegando su propia contencin, regulacin o juridicidad en niveles diferenciados. Frente a ese deber central que el DIH, entre otras normativas, consagra en trminos imperativos de regulacin o auto-regulacin, se ha fallado de mltiples formas, ya en la prevencin como en la sancin de esas violaciones. Y es por ello innegable una determinada masa de impunidad, es decir de hechos no sancionados. Impunidad que existe como tal, relativa a la insurgencia, no antes sino slo despus de un proceso u operacin de decantacin, de anlisis y escisin.

Sera como una reaccin fsica, que obliga a la decantacin o separacin de la masa penal crtica o ms densa, relativa a eventuales crmenes de guerra; a que lo distinto no se pueda mezclar entre s. Se puede y debe hacer con el vigor de diferenciacin que refleja el delito poltico no cercenado, o sea el hecho mltiple o complejo de la rebelin, dirigida como fue y como es: el accionar de una parte contendiente en una guerra asimtrica e irregular, con cuya dirigencia poltico-militar se pacta ahora un proceso de paz.

Dicha decantacin a partir de la reconfiguracin del delito poltico, es un proceso en el que deben confirmarse al menos cuatro condiciones o realidades: a) que infracciones no conexas o no subsumibles en la rebelin, efectivamente hayan ocurrido, b) que eran o pueden ser sancionables actuando la propia juridicidad insurgente, c) que respecto de la insurgencia el Estado ha aplicado el peso de su justicia legal e ilegal (lo cual es evidente no slo con las expresiones formales previstas sino con la realidad de persecucin a travs de medios criminales empleados: nadie puede decir que respeto a la guerrilla, el Estado colombiano ha consentido un no-castigo. Al contrario, el Estado se ha envilecido en su persecucin a la insurgencia), y d) que se haya sedimentado esa masa una vez se haya aplicado la mayor conexidad o comprensin compleja del delito poltico: conexidad-complejidad que deben ser reconocidas mediante ley expresa que no se preste a ningn tipo de dudas o a interpretaciones oscilantes.

De tal modo que slo exista predicamento de impunidad respecto de lo que abierta y claramente no quepa en ese panorama del delito poltico, es decir lo que quede manifiesta y excepcionalmente por fuera de la conexidad, o sea lo que se oponga a los fundamentos o valores humanistas de la rebelin y a los desarrollos lgicos de la guerra irregular, como pudiera ser un eventual caso de violencia sexual, por ejemplo, que no haya sido ni sancionado por la propia guerrilla con sus normas, ni por el aparato judicial o represivo de su enemigo, el Estado. Un caso as cumplira los requisitos de probable seleccin en tanto verdaderamente criminal por injustificable. Esto significa que, siendo el conflicto armado el marco de referencia, al proceso de decantacin que ofrece el delito poltico, debe integrarse el dispositivo del DIH, por los enunciados de conductas admisibles o no en razn de la contienda blica. Ms cuando ha sido reconocido oficialmente y de manera irreversible el conflicto armado (lo que implica aplicar sin cortapisa el DIH, con plenos efectos jurdicos complementarios al espectro del delito poltico).

Slo una vez reconocido y aplicado el delito poltico en sus verdaderas y razonables posibilidades, slo una vez puesta en marcha su reconfiguracin, corregida la tendencia absurda de negar su amplia conexidad o complejidad, la realidad suprstite, lo que queda, el pozo de esa masa crtica penal impune, es lo que en derecho y ticamente debe o puede ser objeto de reproche social. No al vaivn de encuestas de opinin que reflejan manipulaciones e histerias inducidas, sino reproche jurdico-poltico a partir de categorizaciones jurdicas ensambladas en el proceso de debate y de cambio social y poltico que supone la paz, conocida la verdad histrica del conflicto y sus responsabilidades estructurales.

Recompuesta la verdad del conflicto y restituido mediante ley y aplicacin correspondiente el delito poltico, se recobran ambos ejes como potencia para la paz transformadora. Es algo que se adeuda, no como tal a la guerrilla, sino al pas y de cara a su futuro, cuando lo que est en juego es un Acuerdo para una paz sostenible.


5. Quien bien ata, bien desata

As reza un refrn. Equivale a decir tambin que todo asunto que se produce por lamentables causas, se disuelve por las mismas.

Este nudo jurdico que ahorcara al proceso de paz, no lo puede desatar la sociedad, salvo las elites que por su enorme presin promovieron este pensamiento negacionista y represivo y se han beneficiado de l. No lo puede hacer en todo caso la guerrilla, que ha sido la destinataria o el objetivo primordial de este falseamiento. Debe hacerlo el cuerpo poltico en el Estado hoy, quienes son responsables nominales y rigen hoy mismo; quienes toman decisiones para el proceso de paz, es decir en primer lugar el Presidente, as como el Congreso y las Cortes, la Fiscala tambin, es decir en lo que a cada institucin corresponda, pues cada una en su parte ha contribuido a este armazn jurdico-poltico que es quiz uno de los mayores obstculos para la paz.

Con lo cual, si bien es cierto que el Estado para resolver esto no puede ostentar la condicin de juez de su adversario, hoy contraparte en la Mesa, s tendr que ponerse un vestido sobre otro: una mudada toga de juez encima de los uniformes civiles y militares de gobernante y de legislador, para cumplir con esa obligacin sine qua non para la paz, que es dictaminar funcionalmente en favor del reconocimiento del delito poltico, con el sustento de la mayor absorcin o conexidad posible de delitos y la aplicacin de las medidas consecuentes, conforme a una ley clara expedida en este tiempo de construccin de pactos para alcanzar el Acuerdo final de paz.

As como el Estado deber escudar que durante un tiempo la propia insurgencia, sus estructura de mandos, conserve su uniforme guerrillero, sus atribuciones de disciplina o autoridad interna para ordenar con garantas los pasos que se inscriban en la posible dejacin de armas (objetivo estratgico del Estado) y la llamada reincorporacin a la vida civil, lo cual es claro no puede realizarse en desbandada, de la misma manera es admisible en la hiptesis de las obligaciones correlativas del Estado mientras esa desmovilizacin militar y transicin se efecta, que as como la guerrilla seala estas son mis fuerzas que dejarn de actuar militarmente, exprese con derecho tambin: stos son mis combatientes y sobre ellos por hechos de la rebelin o conexos, debe cesar la persecucin penal y ser cobijados por amnistas e indultos.

Si es considerado esto como ilusorio, la realidad nos lo acerca como evidencia, como algo bsico o elemental. Por encima de la arquitectura jurdica est la poltica, pues el Derecho no es sino derivacin en el arte de resolver problemas que plantea la convivencia colectiva.

Que est la tenaza de la Corte Penal Internacional! S, est la CPI, y aunque hay frmulas diversas, congruentes, novedosas, progresivas y serias, para encajar el espritu de lucha contra la impunidad de crmenes internacionales, que se supone fue lo que anim su creacin, por lo mismo, por esa razn, la rebelin est del todo sustrada de ese apremio jurdico-poltico altamente manipulado al invocarse la CPI, pues no es un crimen internacional rebelarse, ni tampoco lo es la guerra irregular o los modelos de guerra de guerrillas. Al contrario, la rebelin es un derecho en la cspide del derecho internacional, as sea por va de enunciados especiales de proteccin, pues la resistencia contra la injusticia ha sido consagrada como valor y obligacin de la humanidad, fruto de humanismos de confluencia universal.

Si hay algo que deba estar prioritariamente a examen de una instancia como la CPI, es lo que salta a la vista como polticas de crmenes de lesa humanidad y de comprobados mecanismos de impunidad institucional de violaciones masivas, planificadas, intencionadas y sistemticas.

Por lo mismo, concretando lo que habra que hacerse con urgencia en Colombia, deben examinarse crticamente nociones y estrategias penales de doble faz que discurren sobre una justicia transicional sin transicin, sin bsica transformacin democrtica, encaminada esa justicia de excepcin por un lado a reforzar dicha impunidad histrica de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, en momentos en que ste anuncia flexibilidad para un proceso de paz; y de otro lado orientada a continuar negando o restringiendo el delito poltico armonizndose los rganos del poder pblico y los medios del Establecimiento para desvirtuar de tajo la rebelin aunque al final para algunos de sus autores admitan algunos beneficios penales.

Con esa poltica, no alterada hasta ahora, se arrasa con las conexidades obvias y se usan categoras que catalogan errneamente el alzamiento, a efectos de investigacin y juzgamiento, asimilndolo o intervinindolo falazmente con los cnones de ser una empresa u organizacin criminal, un aparato organizado de poder o ente ejecutor de crmenes de sistema, empleando a su vez elementos sobre la autora mediata, impropia u otras lneas tericas para adulterar su carcter, con ejercicios de responsabilidad objetiva que apuntan tendenciosamente a los mximos responsables (o sea a las comandancias de las FARC-EP y del ELN), pero no del mismo modo a la cadena de mando o jerarqua del Estado o a las estructuras de poder constituidas.

Mediante la llamada verdad contextualizada o contextuada, que era una reivindicacin de las teoras crticas del derecho y del pensamiento de la izquierda (y que sigue siendo como memoria-verdad histrica una reclamacin de la insurgencia en la que produce y producir su narrativa), y a travs de otras justificaciones de una dogmtica que slo pueden aplicarse poltica, jurdica y tcnicamente para otras realidades de contenido penal, se busca por el Estado juzgar no ya el fin altruista y el objetivo figurado de la rebelin en tanto ataque a un sistema de poder, ni los medios concretos a los que acudi en razn de la lucha irregular, sino sustituyendo sus trminos polticos por los de una imputacin selectiva que garantice al Estado el traslado de las condiciones y coordenadas del dominio militar al campo de la justicia penal, y por lo tanto la victoria estratgica sobre los alzados en armas sobre quienes se producira simblicamente el derecho de imponer penas por su delito de lesa majestad. No haba derecho a rebelarse y la sancin penal tras 50 o 200 aos lo confirma.

Todo esto hace parte de un debate sustancial que ya comenz, pero en condiciones de nuevo asimtricas, dado que no encara el Estado pblicamente esas cuestiones jurdico-polticas amplias que implican superposiciones casusticas que pueden y deben revolverse, mucho ms si de ellas depende el Acuerdo de paz. La forma en que cursan las investigaciones organizadas contra las FARC-EP y el ELN, impulsadas actualmente por la Fiscala, de un lado, y el refuerzo a la justicia penal militar para absolver sistemticamente, del otro lado, comprueban esa retorcida direccin contrainsurgente.

Lo que no puede ser, en mi opinin, es tratar como contraparte en la Mesa a la guerrilla, en las condiciones de igualdad que estn claras en el Acuerdo de agosto de 2012, de un proceso que se instal justo ahora hace dos aos (18 de octubre de 2012) y pedrsele luego, como duplicado de la pretendida correlacin de fuerzas en lo militar, que jurdicamente se rinda, que se entregue; que colabore o aplique con un modelo de sometimiento y delacin, en un esquema para auto-incriminarse y obtener por ello beneficios que le ponen en entredicho; que confiese crmenes internacionales sistemticos; que se reconozca como actor victimizante o victimario en detrimento de su condicin rebelde, o que acepte sin discusin alguna hechos que no son en s mismos infracciones el derecho de los conflictos armados.

El Estado ha tomado presuntamente un camino de recuperacin limitada del delito poltico a travs de la reforma constitucional de 2012 conocida como Marco Jurdico para la Paz, rechazado por la insurgencia por diferentes razones. Lo hizo as el Estado bajo el Gobierno Santos, porque efectivamente necesitaba ampliar perspectivas una vez reconoci el conflicto armado y se predispuso para la Mesa de dilogos, siendo legtimo habilitar mecanismos de derecho transicional en funcin de un proceso de paz. El problema es que err de nuevo y ese camino lo ha sembrado de grandes brechas, tratando de desfilar tambin por ah con contenidos y propsitos de sometimiento poltico e ideolgico del adversario, dilatando el cierre del conflicto, al no ampliar la conexidad real que adeuda en el retorno y recuperacin de la inteligibilidad de los actos de rebelin, para proceder a sus beneficios ltimos como la amnista ms general posible o los indultos.

Es decir, concluye otra vez el poder instituido que el conflicto es ante todo de legitimidad formal, rechazando el origen y la representacin de la rebelin compleja desde su nacimiento hasta la actualidad, y por lo tanto dictaminando que la coercin oficial que incluye la amenaza o el chantaje jurdico debe continuar sin ninguna tregua hacia su enemigo poltico armado. Por ello traspone ste en el lugar del reo vencido, en un sistema judicial de transicin al que la guerrilla debe comparecer, donde sustancia el statu quo una discutible masa por delitos internacionales, impulsando aceleradamente procesos contra comandantes insurgentes, contra los llamados mximos responsables, para significar con ello en la Mesa que ha ganado la prolongada contienda contra la subversin y que cualquier beneficio eventual debe aplicarse no slo a condicin de la desmovilizacin sino de otros requerimientos: materiales como ir a la crcel, o de efectos en la memoria histrica y en el imaginario social, como aceptar cabizbajos dicho destino sin atreverse a cuestionar la autoridad del Estado-parte-juez-vencedor. Esa condicionalidad se representa entonces como victoria, como triunfo en el que es indisoluble lo militar de lo poltico y de lo jurdico. Es un solo resultado.

Una ltima observacin: se dice, por eruditos o por nefitos, ms ahora con la moda de la justicia transicional, que la paz debe producirse con algo o mucho de impunidad (valor opuesto a la justicia), y enseguida embuten el pensamiento de que por ello, debe haber amnista o indulto por delitos polticos. No. Cuando se reconoce el delito poltico y su conexidad, y se les conceden los beneficios que correspondan a sus autores, no se est incurriendo en impunidad. Se est haciendo justicia. Se est cumpliendo con una obligacin elemental a la que ha dado pie no slo la pasada poltica estatal, sino el objetivo central que hoy le trasciende: acabar el conflicto armado y construir una paz digna. Por eso el delito poltico hacia amplias amnistas e indultos, es en conjunto una bandera de coherencia que el movimiento social y poltico alternativo debe asumir para la paz transformadora.

(*) Carlos Alberto Ruiz Socha, abogado colombiano, Doctor en Derecho.


VER TAMBIN:


-La historia como campo de batalla (Rebelin, 17 de septiembre de 2014)
-"Reflexiones primarias" (Rebelin, 8 de septiembre de 2014)


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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