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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-11-2014

La estrategia dual del rgimen del presidente Santos
Conversaciones de paz en La Habana y asesinatos en Colombia

James Petras
Rebelin

Traducido para Rebelin por Paco Muoz de Bustillo


Las negociaciones de paz que mantienen el rgimen del presidente Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo) se asientan sobre diversas mentiras y falsos postulados. La ms flagrante es suponer que Colombia es una democracia. La siguiente, que el rgimen de Santos quiere facilitar la actividad poltica y social no-violenta con el fin de integrar a la insurgencia armada en el sistema poltico. Hay pruebas suficientes para cuestionar ambas afirmaciones. En las ltimas dos dcadas y media, han sido asesinados en Colombia casi 3.000 sindicalistas, tanto lderes como afiliados de base; ms de 4,5 millones de campesinos han sido despojados de sus tierras y obligados a desplazarse por el ejrcito y los grupos paramilitares; y ms de 9.000 presos polticos se pudren en las crceles por participar en actividades poltico-sindicales no-violentas. Adems, han sido asesinados decenas de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos.

La mayora de las vctimas son producto de la represin militar y policial del rgimen o de operativos de los escuadrones de la muerte, paramilitares que actan en connivencia con el ejrcito y con los polticos favorables al gobierno. La escala y el alcance de la violencia del rgimen contra la oposicin social descartan de pleno cualquier presuncin de que Colombia sea una democracia. Las elecciones celebradas bajo el terror generalizado, creado por grupos aliados con el Estado que actan con total impunidad, carecen de cualquier legitimidad. No obstante, la reeleccin del presidente Santos y la convocatoria de negociaciones de paz con las FARC para acabar con la guerra civil ms prolongada en Latinoamrica es, sin duda, un paso adelante que debemos celebrar, imprescindible para poner fin al bao de sangre y crear las bases para una transicin a la democracia.

Aunque el gobierno de Santos ha suavizado el rgimen de terror generalizado, que, con el apoyo de EE.UU., caracteriz a su predecesor, lvaro Uribe, lo cierto es que se siguen produciendo asesinatos polticos y que sus autores actan con impunidad.

Para llevar a buen trmino cualquier proceso de paz, es necesario que los compromisos firmados por ambas partes se implementen efectivamente. Otros acuerdos firmados anteriormente terminaron en autnticas masacres de los guerrilleros desmovilizados y convertidos en activistas de la sociedad civil y representantes polticos electos. Las negociaciones de paz llevan dos aos en marcha y han logrado ya algunos acuerdos importantes en reas vitales de mutuo inters. En concreto, ambas partes han firmado tres de los cinco puntos de la agenda: desarrollo rural, participacin de la guerrilla en la vida poltica y poltica sobre narcotrfico. En estos momentos se debate un tema conflictivo: la justicia de transicin para las vctimas del conflicto. Casi todos los expertos y los grupos de derechos humanos coinciden en que la mayora de las vctimas son producto de la represin militar y paramilitar. Sin embargo, el rgimen de Santos y sus partidarios en los medios de comunicacin sostienen lo contrario y culpan a las FARC.

Existe un Proceso de Paz?

El presidente Santos ha rechazado en tres ocasiones propuestas de alto el fuego de las FARC, que siguieron adelante de forma unilateral. El rgimen ha decidido continuar la guerra en Colombia mientras negocia la paz en La Habana. Los dos aos transcurridos desde el inicio formal de las negociaciones (en octubre de 2008) nos permiten tener una buena perspectiva sobre la viabilidad de los acuerdos firmados en Cuba. Los grupos colombianos e internacionales de derechos humanos y los movimientos sociales proporcionan puntualmente informes sobre el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y polticos que continan producindose en Colombia mientras se desarrollan las negociaciones de paz. Si tenemos en cuenta los datos recopilados por abogados y expertos de derechos humanos afiliados a la Marcha Patritica (una alianza de docenas de organizaciones vecinales, campesinas, sindicales y de derechos humanos) entre abril de 2012 y enero de 2014, es evidente que el terror impuesto por fuerzas del Estado y paramilitares contina reinando en paralelo a las negociaciones de paz.

Durante dicho periodo de veintin meses, 29 activistas de la Marcha Patritica han sido asesinados y otros 3 fueron desaparecidos (y estn presumiblemente muertos). Muchos ms han recibido amenazas. El origen de clase de las vctimas muestra la vulnerabilidad de los acuerdos de paz. 23 de los 29 miembros de la Marcha Patritica asesinados eran lderes campesinos y activistas que promovan la reforma agraria, las devoluciones de tierra en virtud de la Ley de Vctimas y de Restitucin de Tierras (2011) o estaban comprometidos en otras actividades pacficas de la sociedad civil. Otras 4 vctimas eran activistas de movimientos sociales que luchan por un programa de paz con justicia social; 2 eran abogados de derechos humanos; otros 2 eran lderes comunitarios y 1 era dirigente de un movimiento juvenil local.

Ninguno de los agresores fue detenido. Los oficiales del ejrcito o de la polica que haban sido previamente alertados de las amenazas de muerte no tomaron ninguna medida de precaucin. Tampoco se inici ninguna investigacin, ni siquiera cuando los familiares o los vecinos conocan pruebas relevantes.

A la vista de la falta de voluntad del gobierno para limitar la complicidad de militares, policas y escuadrones de la muerte en el asesinato de activistas campesinos durante las negociaciones de paz, podemos confiar en que el rgimen lleve a cabo el acuerdo sobre desarrollo rural? Tiene el gobierno capacidad para garantizar la seguridad de las guerrillas cuando, una vez desarmadas, entren en el juego poltico si ms de cien activistas de derechos humanos recibieron amenazas de muerte tan solo en el mes de septiembre de 2014?

Segn Amnista Internacional, en el ao 2013 fueron asesinados en Colombia 73 defensores de los derechos humanos, entre ellos lderes indgenas y afrocolombianos, y 27 miembros de sindicatos. Las unidades militares fueron las ejecutoras de al menos 48 muertes. Oficiales del ejrcito participaron en operaciones de falsos positivos, asesinatos de civiles a los que se les acusaba falsamente de insurgentes armados. Las ejecuciones extrajudiciales han continuado durante la presidencia de Santos.

Otra mala seal es la incapacidad de Santos para disolver los escuadrones de la muerte paramilitares. Como consecuencia, el rgimen no puede garantizar la seguridad de quienes reclaman tierras. Los campesinos y agricultores desposedos que han intentado hacer valer sus derechos bajo la ley de restitucin de la tierra aprobada por el gobierno de Santos han recibido amenazas de muerte o han sido asesinados por los paramilitares. Es decir, la aprobacin de la ley no ha tenido prcticamente ningn impacto y los campesinos no han podido volver a sus tierras por las represalia de los terratenientes.

De hecho, el nmero de campesinos desplazados ha aumentado: segn la ONU, 55.157 colombianos, la mayora campesinos, tuvieron que abandonar sus hogares entre enero y octubre de 2013 a causa de la guerra entre bandas de narcos y paramilitares.

La guerra del presidente Santos contra la sociedad civil

La permanente inseguridad presente en las zonas rurales, los asesinatos, las desapariciones y el encarcelamiento de activistas sociales que acompaan a las negociaciones de paz ponen en cuestin los acuerdos alcanzados hasta ahora entre las FARC y el rgimen. Los partidarios de este arguyen que el nmero de asesinatos cometidos por el Estado ha descendido en los ltimos tres aos. Sus adversarios contraargumentan que una reduccin relativamente pequea del nmero de asesinatos tiene el mismo efecto a la hora de generar miedo, limitar la participacin ciudadana y la transicin a un sistema poltico democrtico.

Los buenos resultados de un proceso de paz se basan en la hiptesis de que los acuerdos producirn garantas constitucionales de una participacin ciudadana libre y democrtica. Sin embargo, el rgimen no ha demostrado, a lo largo de los dos aos que lleva en marcha el proceso, un compromiso claro y consecuente con los derechos elementales. Si esto es as durante las negociaciones con la insurgencia popular, todava activa y armada, cmo resultar ser una vez que el ejrcito, la polica y los paramilitares tengan las manos libres para tomar represalias, intimidar y matar a disidentes polticos desarmados que intentan competir en elecciones locales o nacionales?

Por lo que parece, el rgimen de Santos ha adoptado una estrategia dual, combinando la represin violenta de los movimientos sociales en Colombia con un lenguaje de paz, justicia y reconciliacin en la mesa de negociaciones en La Habana. El gobierno puede prometer muchos cambios democrticos, pero su prctica durante los dos ltimos aos sugiere un rgimen autoritario y por encima de la ley que se conforma con mantener el statu quo.

El rgimen tiene tres objetivos estratgicos: desarmar a la insurgencia popular, recuperar el territorio controlado por la guerrilla y debilitar y minar los movimientos sociales populares y los grupos de derechos humanos que probablemente estableceran alianzas polticas con los insurgentes en el caso de que estos entraran a formar parte del sistema poltico.

Resulta improbable que las FARC entreguen sus armas en medio de un clima poltico en el que los asesinos paramilitares operan con total impunidad, los oficiales del ejrcito participan en operaciones de falsos positivos y los proyectos de desarrollo rural resultan inoperativos por las tcticas terroristas de los terratenientes.

A menos que los acuerdos de paz se vean acompaados de cambios profundos en el ejrcito, a menos que las fuerzas paramilitares sean efectivamente desmovilizadas, a menos que el gobierno reconozca la legitimidad de las demandas de los movimientos sociales y grupos de derechos humanos a favor de una asamblea constituyente libremente elegida, el proceso de paz acabar en fracaso.

Conclusin: Cuatro hiptesis sobre la estrategia de guerra y paz de Santos

Diversas hiptesis pueden explicar por qu el rgimen de Santos negocia un acuerdo de paz a la vez que viola de forma masiva y cotidiana los derechos humanos.

1 Hiptesis

El rgimen est dividido, con un sector a favor de la paz y otro opuesto a ella. Esta hiptesis carece de una base creble, pues no hay signos de conflictos internos y el rgimen acta bajo un mando unificado. Aunque parte de la violencia del Estado provenga de algunos oficiales del ejrcito que la ejerzan de forma autnoma, en ningn momento se ha producido una reprimenda de los altos mandos a los trasgresores locales.

2 Hiptesis

El rgimen mantiene activamente la violencia contra los movimientos sociales para reforzar su posicin en la mesa de negociaciones, buscando conseguir un acuerdo ms favorable; es decir, hacer las mnimas concesiones sociales para poder aplacar a los oligarcas crticos con cualquier negociacin. Esta hiptesis explicara la estrategia dual que defiende el gobierno en relacin con las FARC, hablando de paz en La Habana y rechazando un alto el fuego en Colombia, continuando la guerra mientras negocia la paz. Pero tambin desacredita la afirmacin del rgimen de que Santos pretende incorporar la guerrilla al sistema poltico.

3 Hiptesis

El rgimen mantiene un acuerdo tcito con el antiguo presidente lvaro Uribe, acusado de estar detrs de los escuadrones de la muerte. En ese caso, el aparato militar del gobierno mantendra lazos con los grupos paramilitares y trabajara conjuntamente con terratenientes, narcotraficantes y empresarios. No cabe duda de que Santos mantiene lazos duraderos con Uribe (fue uno de sus ministros de defensa). Adems, desde que le derrotara por un escaso margen en la batalla por la presidencia, Santos ha buscado un acercamiento poltico a los seguidores de Uribe en el Congreso y en el mundo empresarial. Por otro lado, Santos reconoce que su estrategia econmica, especialmente su inters en promover el comercio con otros pases de la regin (sobre todo con su vecino Venezuela), y su fuerte apuesta por la explotacin del sector energtico y minero dependen de que se logre un acuerdo de paz con las FARC, las cuales controlan regiones de gran riqueza mineral. De ah que Santos firme acuerdos de papel con las FARC mientras aplica una poltica de mano dura a los movimientos sociales.

4 Hiptesis

El importante incremento de los movimientos sociales de masas, incluyendo la Marcha Patritica, que exigen la puesta en marcha efectiva de la reforma agraria que permita el desarrollo rural y la restitucin de tierras a 3,5 millones de familias campesinas, y el creciente papel que desempean los grupos de derechos humanos en la supervisin de las violaciones que continan producindose suponen que el rgimen de Santos no podr asegurar la paz simplemente por firmar unos acuerdos con las FARC en La Habana. Si el objetivo de Santos en las negociaciones es conseguir desarmar a la guerrilla e incorporarla al sistema electoral, sin abordar profundas reformas estructurales socioeconmicas, necesita debilitar a los movimientos populares de la sociedad civil.

Esta es la hiptesis ms verosmil. El presidente Santos es capaz de prometer a las FARC todo tipo de reformas democrticas y est deseoso de rubricar cualquier acuerdo contra el narcotrfico y, si me apuran, hasta el desarrollo agrario. Pero lo que no est dispuesto a aceptar es a una masa de campesinos organizados en movimientos y luchando activamente por el cambio de tenencia de la tierra y la recuperacin de sus granjas y reclamando millones de hectreas cedidas a grandes consorcios mineros extranjeros.

Santos no desmovilizar a los grupos paramilitares porque son instrumentos de los grandes terratenientes y protegen las cesiones del Estado a las grandes compaas mineras. Pero intentar restringir las vctimas escogidas por los escuadrones de la muerte a activistas y organizaciones especficos en las regiones conflictivas.

Ni siquiera ha puesto coto a los ataques transfronterizos de grupos paramilitares colombianos, que recientemente asesinaron a un lder del Congreso venezolano. Ha ampliado los vnculos militares con Estados Unidos buscando acuerdos de colaboracin con la OTAN y ofreciendo unidades de combate para las guerras de Oriente Prximo.

Lo que resulta del todo claro es que el rgimen no ha cumplido las mnimas condiciones necesarias para implementar cualquiera de los cinco puntos de la agenda de reformas planteada en La Habana. Impunidad militar, escuadrones de la muerte, amenazas de muerte cotidianas a los activistas de derechos humanos, ms de 9.000 prisioneros polticos y docenas de asesinatos a lderes campesinos sin resolver no son compatibles con la transicin hacia una paz democrtica. Todos esos desmanes corresponden ms bien con la continuidad de un rgimen oligarca autoritario. Para conseguir una transicin democrtica y un acuerdo de paz es preciso que se produzca un cambio fundamental en la cultura poltica y las instituciones polticas del Estado colombiano.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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