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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-11-2014

Por qu se niega la Consulta previa al pueblo Inga de Mocoa, Putumayo?

Horacio Duque Giraldo
Rebelin


Contra la Consulta previa a las comunidades indgenas y a los grupos poblacionales afrodescendientes hay una descomunal arremetida de poderosas empresas multinacionales asociadas al extractivismo, de sus agremiaciones y de altas esferas gubernamentales que la consideran un estorbo para su modelo depredador de desarrollo y explotacin de los recursos naturales no renovables. Es similar a la presin contra las licencias ambientales cuyas normas regulatorias recientemente han sido reformadas para establecer un mecanismo exprs que constituye una salvajada contra de la naturaleza y el medio ambiente. Mediante el decreto 2041 de octubre de 2014 (http://bit.ly/10WLIon), el gobierno del seor Santos fij un procedimiento sumario para que las Licencias se expidan en 150 das, cuando en otros gobierno, como el de Estados Unidos, dicho trmite demora, como mnimo, 6 aos. Y eso que esa es la catedral del aterrador fracking.

Quiero responder la pregunta que encabeza esta columna colocando a consideracin del lector dos planos que nos ilustra la situacin concreta del ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades tnicas nacionales. En primer lugar estan los hechos que han ocurrido en el caso concreto del Cabildo Inga del municipio de Mocoa, Putumayo. De tales acontecimientos se puede inferir un sistemtico sabotaje por parte de un poderoso grupo empresarial, propiedad de la familia Solarte de Pasto, contratistas del estado en obras civiles, para impedir la realizacin de la Consulta previa y el consentimiento tanto en lo relacionado con la expedicin de la Licencia ambiental como con la ejecucin de una obra vial que hace parte de un complejo de carreteras en construccin en la Amazona. En segundo lugar, presento el panorama histrico, legal e institucional del reconocimiento y la garanta de esta institucin en el periodo posterior a la expedicin de la Constitucin de 1991.

Los dos escenarios ilustran claramente cul es la situacin concreta de la Consulta previa y el consentimiento en el Estado colombiano. Todos los datos y hechos nos demuestran que para las elites dominantes, para las multinacionales y para el modelo de acumulacin extractivista y financiero neoliberal, la Consulta previa a las comunidades indgenas y afros es un estorbo que se debe doblegar, borrar y destruir. Vamos por partes.

I.

Los eventos en el Cabildo Ing de Mocoa

Sobre el territorio de la comunidad Inga (Cabildo de Mocoa) se adelanta en la actualidad el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. EXPLOTACIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ubicado en jurisdiccin del municipio de Mocoa, Putumayo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/periodico.pdf).

Se trata del proyecto de CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA, que comprende la construccin de una va nueva entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, la cual ser una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contencin, obras de arte y dems. El 60% del trazado de la Variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Rio Mocoa (http://bit.ly/1pOtLUW).

Para la ejecucin de este proyecto se cuenta con un presupuesto aproximado de Quinientos Mil Millones de pesos (260 millones de dlares), que sern ejecutados a los largo de 6 aos iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto de infraestructura hace parte de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energa y telecomunicaciones; promover la integracin regional; y facilitar la extraccin de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo tcnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporacin Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (http://bit.ly/1EyOH56).

Se trata de un proyecto de inters para la regin Ing, el megaproyecto Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Ass-Belm do Par, el cul involucra directamente a los territorios indgenas de Putumayo. Este corredor multimodal est integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, martima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratgicas del Corredor Intermodal: i) implementar el eje de desarrollo e integracin del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas Peruano y el norte de Brasil y ii) potenciar la interconexin del interior del continente con la cuenca del Pacfico.

Veamos los antecedentes

En septiembre 15 de 2009 se publica el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible PMASIS- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde, Corpoamazonia y el Invias, despus de una evaluacin tcnica, econmica y ambiental, seleccionan para la obtencin de material de arrastre a utilizar en la construccin de la variante San Francisco/Mocoa, el Ro Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa)[1], se presenta como un lugar apto para su explotacin. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m[2].

De acuerdo a lo indicado en el PMASIS (2009), se tena previsto comprar el material a las empresas mineras de la regin que contaran con licencias y permisos ambientales y mineros vigentes para su explotacin, as como, con un plan de restauracin de las reas explotadas debidamente aprobado, o en caso de ser necesario, estuvieran en capacidad de tramitar las licencias y permisos ambientales y mineros exclusivos para la construccin de la Variante, ante las autoridades competentes.

En la margen derecha del ro Mocoa se encontraba para esa fecha, y se encuentra en la actualidad, el asentamiento El Guadual, el cual ocupa territorios ancestrales, donde se ha mantenido viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisin, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

El 5 de diciembre de 2011, Corpoamazonia emiti el Informe No.1453 denominado Informe de viabilidad de obras preventivas en un tramo del ro Mocoa, municipio de Mocoa[3], en el que categorizaban el lugar del ro Mocoa que abarca aproximadamente desde unos metros del puente metlico en la va Mocoa- Pitalito (Va Nacional 4503) y la desembocadura del ro Mulato, como una zona de riesgo de inundacin para el Municipio de Mocoa, lo que coincidi casualmente con el lugar propuesto por el PMASIS (2009), para la obtencin de material de arrastre.

Debido a lo anterior, el Presidente del Consejo Municipal para la Atencin de Desastres del municipio de Mocoa, realiz acercamientos con el INVIAS y las empresas Sonacol S.A.S. y Consorcio Vial del Sur (de la familia Solarte), llegando a un acuerdo consistente en que se autorizaba a la empresa Sonacol S.A.S., para que realizara obras de mitigacin del riesgo y como contraprestacin recibira el aprovechamiento del material de arrastre del ro para la construccin de la Variante San Francisco-Mocoa.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011 la empresa Sonacol S.A.S., realiz acercamientos con el asentamiento Indgena El Guadual, enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningn momento les fue socializado el proyecto con todos sus componentes y alcances. Con engaos y maniobras fraudulentas se hizo firmar a la comunidad los informes sin que la misma tuviese conocimiento pleno de su contenido. El 31 de enero de 2012, la empresa Sonacol S.A.S., se rene con las familias del asentamiento El Guadual, y sin las garantas del debido proceso, el consentimiento y la Consulta Previa, se hacen unos acuerdos verbales, como contraprestacin al permiso para el paso del material del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un Acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el texto del documento, se dan cuenta que aparecen compromisos a los cuales no se haba llegado, por lo que sus integrantes consideran que la empresa se aprovech y abuso del escaso conocimiento que para la poca tena la comunidad sobre su derecho a ser consultada y al consentimiento, dispuesto por la ley.

El Consorcio Vial del Sur entreg a Corpoamazonia para el trmite de la Licencia Ambiental del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, entre otros documentos, copia del Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012[4], por medio del cual el Ministerio del Interior expidi la certificacin de la no presencia de grupos tnicos en la zona del proyecto, obteniendo la viabilidad tcnica para el proyecto en el trmite de la Licencia Ambiental con Corpoamazonia, viabilidad que deban presentar al Servicio Geolgico Colombiano para acceder a una autorizacin temporal de explotacin. Sin embargo, este Acto Administrativo indicaba en su artculo Quinto, que si la empresa identificaba afectaciones directas a alguna comunidad indgena, antes o durante la ejecucin del proyecto, estara en la obligacin de informar de inmediato a la Direccin de Consulta Previa y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

El Servicio Geolgico Colombiano, a travs de su Direccin del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolucin DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual se concede la autorizacin temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote, durante tres (3) aos a partir de la inscripcin de la resolucin en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construccin ubicado en el ro Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construccin de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta resolucin queda sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010)[5] y que por tanto el Consorcio Vial del Sur, est obligado a acatar lo establecido en el artculo 117 del Cdigo de Minas, en lo que se refiere a la obtencin de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecucin de esta Autorizacin Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, de que se encontraba en trmite la Licencia Ambiental y del permiso temporal otorgado por el Servicio Geolgico Colombiano, para la ejecucin del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S. inici actividades de obra hacia el mes de febrero de 2012, teniendo pleno conocimiento y ocultando a las entidades la presencia de la comunidad indgena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El da 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envi una solicitud al Incoder para que esta entidad le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e informacin, si en la zona de extraccin de minerales Ro Mocoa, ubicada en el municipio de Mocoa del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, existan resguardos titulados y en trmite de titulacin de las comunidades indgenas.

Para el da 9 de julio de 2013 el Incoder remiti un oficio como respuesta a la solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aun cuando las coordenadas del rea de influencia directa del proyecto, CONTRATO No. 407 DE 2010, no coincidan con coordenadas de resguardos indgenas titulados registrados en el Sistema de Informacin Geogrfica SIG-, ni tampoco en la Base de Datos de la Subgerencia de Promocin, Seguimiento y Asuntos tnicos, el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, podra no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulacin a las comunidades indgenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indgenas o de sus territorios debera informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S como ejecutora del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, conoca previamente (exactamente desde octubre de 2011) la presencia de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mencin, pero omiti lo estipulado tanto en la resolucin No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificacin emitida por el INCODER el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la existencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades iniciaran el proceso de Consulta Previa y consentimiento, en cumplimiento del artculo 330 de la Constitucin Poltica, del artculo 7 de la Ley 21 de 1991, del artculo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

La comunidad Ing de Mocoa el da 31 de julio de 2013, a travs del el seor lvaro Muchavisoy Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo de 2013, solicit a la Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indgena Inga de Mocoa en el rea del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a la solicitud del Gobernador del Cabildo Inga de Mocoa, el Ministerio del Interior certific la presencia del Cabildo Inga en el rea de influencia directa del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificacin en campo que se llev a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, con la cual concluy que en el rea de influencia de dicho proyecto haba presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Direccin de Asuntos Indgenas, ROM y Minoras del Ministerio del Interior, y que con base en la informacin aportada y recogida en esta visita de verificacin, se emiti la Resolucin No. 20 del 6 de marzo de 2014 (http://bit.ly/1sz0Pe3) por medio de la cual se revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Aun con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. sigui ejecutando sin interrupcin alguna el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010. Por tal motivo, la comunidad a travs del seor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indgena Inga de Mocoa periodo 2014, envi hasta el 4 de abril de 2014, varios derechos de peticin y oficios a distintas autoridades e instituciones, para que intervengan y corrijan el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indgena Ing de Mocoa a ser consultados, consentidas y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboracin institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa. No obstante todos estos eventos la empresa Sonacol/Consorcio Vial del sur sigue bloqueando la realizacin de la Consulta previa y la obtencin del consentimiento del Cabildo Inga de Mocoa. La ms reciente maniobra fue la decisin del Tribunal de Bogota que admiti una accin de tutela de los Solarte para negar la Consulta porque segn los magistrados los Inga violaron el debido proceso. Un absurdo. Tanto como si a una persona en estado grave de salud se le niega la atencin mdica de urgencia argumentando la alteracin del debido proceso. Eso solo ocurre ac.

Desde luego, este aberrante atropello no es casual. El desconocimiento del derecho a la Consulta previa, al consentimiento, a los derechos adicionales como el de las indemnizaciones por daos y afectaciones, los beneficios que se deriven de la ejecucin de un proyecto o la anulacin del mismo, ha sido una constante en las ltimas dos dcadas en que tal institucin democrtica ha hecho parte de los derechos de las minoras tnicas.

La Consulta previa ha sido sometida al ms feroz bloqueo por poderosos grupos minoritarios. Circunstancia que lleva a pensar en acudir a instancias judiciales internacionales para obtener su garanta.

Veamos cul ha sido su desarrollo desde el ao 1991 en que se incorporo a la legislacin nacional.

II. El contexto histrico, legal, institucional y poltico de la Consulta previa y el consentimiento

La nocin[6].

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades que se autoreconocen como indgenas y pueblos triviales que deben ser consultadas sobre actos legislativos, medidas administrativas y proyectos pblicos o privados que pueden afectar directamente sus formas de vida. Los criterios sealados para la consulta son: la buena fe, la informacin (y comunicacin), la adecuacin cultural, el carcter previo y oportuno, la amplia participacin y la consecucin de acuerdos o consentimientos. La consulta previa es una obligacin para los estados que la incorporan a sus bloques de constitucionalidad.

En Colombia ese derecho fue reconocido a travs de la ley 21 de 1991 (http://bit.ly/1u8p0p9), la cual adopta el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1pJrOFL). El derecho a la Consulta previa es reconocido dentro del bloque de constitucionalidad y tiene carcter obligatorio. La Consulta previa procede para tratados de libre comercio, leyes de iniciativa parlamentaria y del gobierno, el Plan nacional de Desarrollo, la Licencia ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, los permisos de investigacin y acceso a recursos genticos, los proyectos de adaptacin y mitigacin del cambio climtico, la erradicacin de cultivos de uso ilcito y el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, entre otras materias.

Algunas de las disposiciones sobre la Consulta previa son el Decreto 1320 de 1998 (http://bit.ly/1u8pg7D) que reglamenta la Consulta previa a comunidades indgenas y negras sobre la explotacin de recursos; la directiva presidencial 01 de 2010 (http://bit.ly/1ukmjR2) que resea mecanismos de consulta; el decreto ley 4633 de 2011 (http://bit.ly/1xr1tiN) que dicta "medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y restitucin de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indgenas"; y la Directiva Presidencial No 10 de 2013 (http://bit.ly/14aDD1k) que ofrece unas guas para la realizacin de la Consulta y brinda herramientas de coordinacin interinstitucional. La Corte Constitucional ha sealado que la omisin de la Consulta constituye un vicio de forma, y que por tanto, puede viciar la constitucionalidad de la medida.

Historia de su aplicacin nacional

No obstante que el Estado colombiano adopto el derecho desde 1991, solo hasta 1994 se realizo la primera consulta previa. En la administracin Cesar Gaviria (1990-1994) solo se realizaron tres procesos de consulta. En el periodo de Ernesto Samper (1994-1998), se realizaron dos consultas relacionadas con situaciones de intensa conflictividad, el caso UWa y el caso Urra. Andrs Pastrana (1998-2002) debi asumir demandas indgenas de eliminacin del Decreto 1320. En la primera administracin de Uribe Vlez (2002-2006) se adelantaron cuatro consultas y se incrementaron los procesos de judicializacin de casos. Lo que hizo que en el segundo gobierno de Uribe (2006-2010) se ampliaran los procesos de consulta previa, al tiempo que los jueces defendieron el derecho. Por lo menos, tres leyes de importancia fueron declaradas inexequibles por vicios en el procedimiento al no haber sido sometidas a Consulta previa: La Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y la reforma de Cdigo de Minas (Ley 1382 de 2010).

Durante el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014), por primera vez se consulto el Plan Nacional de Desarrollo, as como la Ley de Victimas y Restitucin de Tierras. Sin embargo, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energa desatendieron y estigmatizaron la Consulta previa como un obstculo para el desarrollo de medidas legales, administrativas y proyectos.

De otro lado el Departamento de Planeacin Nacional/DNP en el Conpes 3762 de 2014 (http://bit.ly/1zicAuW) estableci entre las mayores dificultades para agilizar el desarrollo de PINES la consulta previa y los permisos y tramites ambientales. En consecuencia planteo estrategias para solucionar los supuestos escollos mediante el recorte de tales herramientas sociales y ambientales.

Estas posturas gubernamentales son adversas a la Sentencia T-574 de 1996 (http://bit.ly/1EyVmfJ) que estableci que los derechos de los pueblos en condiciones de vulnerabilidad prevalecen sobre el inters particular del crecimiento econmico.

La realidad hoy respecto de la consulta previa es que las esferas gubernamentales han omitido deliberadamente la aplicacin de la consulta en la mayora de los casos, y las poblaciones han tenido que recurrir sistemticamente a la accin de tutela para la proteccin de de sus derechos fundamentales. El aumento en el nmero de consultas realizadas consolida esta percepcin. El incremento del nmero de consultas desde el segundo gobierno de Uribe Vlez es el resultado del gran volumen de procesos judiciales por violacin y vulneracin del derecho a la consulta. Adicionalmente, el Informe de 2013 de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia hizo hincapi en la inexistencia de una sola buena prctica en la materia (http://bit.ly/1tErI0k). Hay que resaltar que la consulta previa conlleva derechos adicionales como la reparacin por daos (sociales, econmicos, culturales y ambientales), los beneficios de la ejecucin del proyecto o la suspensin del mismo si se determina que no es viable.

Por tal razn la violacin y desconocimiento de este derecho da lugar a la reparacin econmica y simblica a las comunidades que han sido afectadas. Entre estas medidas se encuentran la restitucin a la situacin anterior, la compensacin o indemnizacin proporcional a la gravedad de la violacin, la indemnizacin colectiva e individual, la rehabilitacin fsica y psicolgica, medidas dignificantes y garantas de no repeticin.

La consulta previa en sectores urbanos y el consentimiento libre, informado y previo son oportunidades para avanzar en la garanta del derecho. Las consultas en sectores urbanos reconocen la contemporaneidad de los pueblos sin restringirla a contextos rurales. Y el consentimiento permite avanzar en el carcter vinculante de las decisiones durante el proceso.

El antecedente internacional ms importante en materia de consentimiento es la sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. En esta la Corte seala que los planes de desarrollo y las inversiones a gran escala, no solo deben ser consultados sino consentidos (http://bit.ly/TaBn48).

En Colombia, el consentimiento procede en los siguientes casos: si se requiere traslado o desplazamiento, si est en juego el vertimiento y almacenamiento de sustancias toxicas y se entra en riesgo la existencia misma de la comunidad tnica.

En el 2012 el gobierno de Santos organiz una propuesta de Ley Estatutaria para reglamentar y acotar la Consulta, en la que propona la conformacin de un Registro nico Nacional de etnias, la creacin de una nica instancia consultiva conformada por tres Cmaras y la restriccin de la duracin de la consulta a tres meses: la Organizacin Nacional Indgena/ONIC expreso abiertamente su inconformidad al juzgar que la Ley no era necesaria y que apuntaba a restringir y estandarizar los procedimientos. Es por tal razn que se puede inferir que dicha iniciativa de Estatuto es parte de la poltica minera explotadora y destructora de los recursos ambientales.

Como tal proyecto se hundi el gobierno expidi el decreto 2613 de 2013 o Protocolo de coordinacin institucional para la consulta previa (http://bit.ly/1sz6YGZ).

Ese decreto asume que la funcin administrativa sirve a los intereses generales que el gobierno debe consultar a pueblos interesados en cumplimiento de la Ley 21 e 1991 y que la direccin de consulta previa del Ministerio del Interior tiene competencia en la coordinacin interinstitucional para la consulta previa. Con tales planteamientos, el decreto adopta un Protocolo de coordinacin interinstitucional.

Dicho Protocolo se utiliza, entre otros, en los siguientes casos: en proyectos prioritarios presentados por el Gerente de Proyectos de Inters Nacional y Estratgicos/PINES (Conpes 3762); cuando lo solicite el gerente de los Pines en proyectos concretos con dificultades de gestin; y cuando el Comit tcnico o el Gerente de los Pines considere indispensable el Protocolo para dinamizar la consulta. La Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la entidad competente en la certificacin de la presencia de comunidades tnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tiene competencia para suministrar rpidamente a la Direccin de Consulta previa la informacin actualizada sobre resguardos indgenas y ttulos colectivos de comunidades negras, legalmente constituidos y en proceso de constitucin. Asimismo, la Direccin de Consulta Previa puede solicitar a cualquier entidad pblica o ejecutor del proyecto la informacin necesaria para la expedicin de los certificados, por ejemplo, la descripcin del proyecto y su rea de influencia. Las autoridades pblicas deben dar respuesta a estas solicitudes de manera explcita.

El Protocolo tambin seala los momentos especficos para la solicitud de certificados por entidades pblicas o ejecutores de un proyecto, obra o actividad. Para la construccin de infraestructura, cuando se haga pblica la contratacin de estudios de los proyectos en el Portal nico de Contratacin (SECOP).

La Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior es competente para convocar reuniones de coordinacin entre entidades pblicas para determinar el plan de trabajo y los recursos para la realizacin de la consulta. Igualmente, la direccin de consulta previa es competente para la suscripcin de acuerdos entre las autoridades, los ejecutores de POA y las comunidades. La autoridad competente en la expedicin de licencias ambientales debe participar en el proceso.

Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos en la consulta, el protocolo dispone un comit de seguimiento integrado por la direccin de Consulta previa, el ejecutor del Proyecto, los organismos de control, las autoridades ambientales y los representantes de la comunidad. Solo hasta que el comit verifique el cumplimiento de los compromisos, la Direccin de consulta previa puede convocar a la reunin de cierre de la Consulta.

El Protocolo de coordinacin interinstitucional para la consulta previa reproduce en su lenguaje una aproximacin al derecho fundamental a la consulta previa como un problema de gestin y una postura de intervencin estatal para la dinamizacin de medidas administrativas, legislativas y proyectos de inters nacional. Esta visin difiere del espritu garantista del Convenio 169 y de la Ley 21 de 1991. Si bien el Protocolo determina competencias entre autoridades estatales, en particular en relacin a la coordinacin institucional, el mismo no prev estrategias de fortalecimiento institucional tanto en personal como en presupuesto para hacer operativos y ms rigurosos los procedimientos. La informacin se asume como una condicin previa, pero no atienden las dificultades en trminos de produccin, disponibilidad y acceso a la informacin. Adems, los momentos que establece el Protocolo son contrarios al carcter previo de la consulta. Segn el protocolo, la consulta procede de manera posterior a la contratacin de estudios para la construccin de infraestructura, en este caso especfico.

En tal sentido, el Protocolo recoge una tendencia a la delimitacin, restriccin y estandarizacin del derecho, en lugar de avanzar en su garanta atendiendo a los procesos propios y la diversidad de las comunidades tnicas. Todava se encuentran pendientes medidas de reparacin, pecuniarias y no pecuniarias por la multiple y sistemtica vulneracin del derecho, as como debates sobre el consentimiento de carcter vinculante y el reconocimiento del derecho en contextos urbanos.

Mi opinin

En vista de las dificultades y del sabotaje que las empresas, contratistas y funcionarios del Estado hacen de la Consulta previa, del consentimiento de las comunidades indgenas y afro, de los derechos correspondientes y de la Declaracin de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indgenas (http://bit.ly/1GMYhU5), no queda ms alternativa que la movilizacin social y la denuncia que hagan las comunidades tnicas, adems es necesario adelantar todos los procesos administrativos y judiciales para que el derecho sea reconocido efectivamente. En la situacin de la comunidad Inga de Mocoa, con el Proyecto vial San Francisco-Mocoa, es necesario hacer la reposicin y la apelacin del pronunciamiento del Tribunal de Bogota que neg la Consulta y acudir, con una Accin de Tutela, ante la Corte Constitucional, y en el caso de persistir el bloqueo, ir a instancias judiciales internacionales hasta que se haga efectivo el derecho fundamental, para lo cual es fundamental apoyarse en los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados desde el 2011 por las Naciones Unidas (http://bit.ly/1skBwx0).


Nota.

Para cualquier gesto de apoyo y solidaridad con la Comunidad Ing del Putumayo, dirigirse al siguiente correo electrnico: [email protected]



[1] Se trata del Plan Bsico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mocoa disponible en la siguiente direccin electrnica http://bit.ly/1GMScqA

[2] CORREDOR VIAL PASTO-MOCOA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (CO-L1019) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRADO Y SOSTENIBLE PMASIS. 15 de Septiembre de 2009. Consultado el 9 de septiembre de 2014, de la direccin: http://www.corpoamazonia.gov.co/files/otros/pmasis/pmasis.pdf

[3] Corpoamazonia (2011). Informe No.1453. Informe viabilidad de obras preventivas en n tramo del ro Mocoa, municipio de Mocoa (http://bit.ly/1syXjjP).

[4] Acto Administrativo 949 del 30 de mayo de 2012. Ministerio del Interior. Obtenido de: http://mininterior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PREVIA/CERTIFICACIONES%20CONSULTA%20PREVIA%202012/CERTIFICACION%209497709.PDF

[5] Dicha norma que contena el Cdigo de Minas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, ver siguiente enlace electrnico http://bit.ly/1utFgg4

[6] La presentacin de este contexto histrico, legal, poltico e institucional se apoya en el texto de Gloria Amparo Rodrguez sobre la Consulta previa disponible en el siguiente enlace electrnico http://bit.ly/1v0D0T6; igualmente en el Informe del Observatorio de las industrias extractivas correspondiente al ao 2013, coordinado de manera excelente por el experto Fabio E. Velsquez, de donde he tomado gran parte de los planteamientos sobre la situacin de la Consulta previa y el consentimiento a las comunidades.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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