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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-11-2014

El Relator Especial advirti de que slo podr denegarse la extradicin si la justicia espaola inicia las investigaciones y juzga a los responsables
La ONU lo tiene claro: Espaa tiene que juzgar o extraditar a los franquistas

Alejandro Torrs
Pblico.es


El nuevo ministro de Justicia Rafael Catal no tiene dudas. A pesar de no conocer la orden cursada desde Argentina contra 19 franquistas (Antonio Barerra ha fallecido) se ha atrevido este mircoles a adelantar que en Espaa hay una Ley de Amnista aprobada en Cortes y que los delitos de los acusados estn prescritos. Pero la valenta del ministro no lleg hasta ah. Acto seguido compar el procedimiento anterior cursado contra Billy el Nio y Jess Muecas por presuntas torturas con la nueva lista de 19 franquistas, entre los que se encuentran ministros de la Transicin como Martn Villa, imputado por la muerte de cinco obreros en una manifestacin, y Utrera Molina (el suegro de Gallardn), por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.

Para no conocer la orden, el ministro de Justicia se lanz bien a la piscina. Cabe recordar al ministro que un presunto delito de torturas no es lo mismo que convalidar una sentencia de muerte desde los sillones del Consejo de Ministros y que, por tanto, el procedimiento judicial no puede ser similar. Adems, Catal debera conocer que en el tiempo transcurrido entre las peticiones de extradicin de Billy el Nio y Jess Muecas y la peticin de extradicin de 19 franquistas ha habido interesantes e importantes pronunciamientos internacionales sobre la interpretacin que la Justicia espaola hace de la Ley de Amnista de 1977 y que emplazan a Espaa a cooperar con la llamada querella argentina.

El ms importante de estos pronunciamientos fue, sin duda, el debate vivido en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que Espaa fue una delas grandes protagonistas. All se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en Espaa y sobre el obstruccionismo de la Justicia en relacin a este tema. Los informes fueron elaboradores por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por una parte, y el Relator Especial sobre la promocin de la verdad, la justicia, la reparacin y las garantas de no repeticin, Pablo de Greiff.

Este ltimo informe es clarividente. El Relator Especial de la ONU advirti a Espaa de que tiene la obligacin internacional de extraditar o juzgar a los franquistas reclamados desde Argentina y que slo podr denegarse la extradicin de los acusados si la justicia espaola inicia las investigaciones y juzga a los responsables. Asimismo reclam al Gobierno de Rajoy asegurar la colaboracin de la justicia espaola con procedimientos judiciales en el exterior.

La recomendacin de la ONU fue clara y taxativa. Ha argumentado el ministro Catal, por tanto, que las extradiciones no pueden producirse porque los implicados ya estn siendo o ya han sido juzgados en Espaa, tal y como reclama la ONU? No. El ministro argumenta, como ya hizo la Audiencia Nacional en el anterior procedimiento judicial referente a Jess Muecas y Billy el Nio, que los inculpados estn protegidos por la Ley de Amnista aprobada por las Cortes en octubre de 1977.

Pero, qu dice la ONU sobre esta Ley de Amnista y de la actitud del Estado y de la Justicia de utilizarla como justificante para no investigar los crmenes cometidos durante la dictadura, la Guerra Civil y la transicin? El Relator Especial vuelve a ser contundente: Espaa debe privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnista que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Dicho de otra manera, la Ley de Amnista no puede ser jams una excusa para no investigar violaciones de derechos humanos.

Contradice tratatos internacionales

El Relator Especial de la ONU recalca, adems, que la prctica del Estado espaol de archivar la totalidad de los casos presentados ante la justicia espaola por crmenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo () contradice las obligaciones internaciones en materia de derecho a la justicia vulnerando tambin el derecho a la verdad. Expresamente, la ley de Amnista contradice, entre otras compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, que fue suscrito por Espaa y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnista en octubre del 77.

Este compromiso internacional seala en su artculo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos segn el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. Es decir, los crmenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley espaola del momento pero contradicen los principios del derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y condenados. El Estado espaol se comprometi a una cosa en el mbito internacional y estableci una ley que operaba en sentido contrario en apenas seis meses.

Por ltimo, el Relator Especial de la ONU concluye recordando a los profesionales de la Justicia espaola que en pases que no han derogado leyes de amnista (como es el caso de Espaa), algunos tribunales han encontrado interpretaciones () que no han impedido la investigacin y el procesamiento de presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos. Una bonita manera de recordar a los jueces espaoles su responsabilidad en el hecho de que la Ley de Amnista contine siendo usada como parapeto para frenar el derecho a la justicia, la verdad y la reparacin de cientos de miles de ciudadanos de todo el Estado.

Fuente: http://www.publico.es/politica/556222/la-onu-lo-tiene-claro-espana-tiene-que-juzgar-o-extraditar-a-los-franquistas



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