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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-12-2014

Derechos Humanos de cuarta en Espaa

Enrique Javier Dez Gutirrez
Rebelin


Mi cuado lleva tres aos en paro. El PP ha establecido por legislacin que, en esta situacin, deja de ser ciudadano espaol y pasa a ser residente en Espaa. Le niega la ciudadana y le considera una subcategora cuya consecuencia es que se le niegan derechos y prestaciones. Le convierte as en una persona de segunda clase, en esta Espaa del PP donde se multiplican las clases sociales y los niveles de castas como en la India. El PP transforma as a las personas con mayores dificultades en la casta de los intocables, que ni siquiera son considerados ciudadanos o ciudadanas de primera, relegndoles a la marginalidad ms absoluta.

Es la aplicacin de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Jos Mara Aznar, denominada con su neolengua de cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificada por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Mariano Rajoy, denominada con el mismo tipo de eufemismos de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones.

Mi cuado est enfermo y tiene un tratamiento farmacutico que le cuesta 70 euros al mes. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a travs de la Direccin Provincial de Len, le ha comunicado que, como Residente en Espaa, tiene que pagar el 40% de ese tratamiento, ahora que adems el PP le ha cortado toda tipo de prestacin por desempleo. Los 426 euros que cobr un mes como prestacin ltima para mayores de 45 aos, se la ha suprimido y tiene que esperar un ao para poder volver a solicitarla.

La Organizacin Mundial de la Salud y la propia Constitucin Espaola establecen que la salud es un derecho humano fundamental de todas las personas, y las instituciones pblicas deben garantizarlo. Pero desde que se ha aprobado este RDL del PP la asistencia sanitaria dej de ser un derecho de todas las personas, y pas a ser una prestacin vinculada a la condicin administrativa del asegurado. Ms de cincuenta organizaciones y plataformas de los mbitos social, profesional y cientfico, vienen denunciando desde entonces los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Espaol de la legislacin internacional de derechos humanos. De hecho tras la aplicacin del RDL, ms de 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, segn cifras del propio Gobierno. Una poblacin especialmente vulnerable y que debera gozar de medidas de proteccin sociosanitarias y que, al igual que todo ciudadano o ciudadana, viene contribuyendo a su financiacin mediante los impuestos. Adems se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga econmica directa para las personas.

El desplazar la atencin a las urgencias (si sta se logra) genera retraso diagnstico y agravamiento de las patologas, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atencin, como denuncian organizaciones y plataformas de los mbitos social, profesional y cientfico de todo el pas, que han suscrito el Manifiesto, Contra la exclusin sanitaria, en defensa de la sanidad universal. De hecho, denuncian que la exigencia de firma de compromisos de pago, la facturacin indebida de la atencin en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que est poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones mdicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrn en Toledo.

En un contexto de incremento de la desigualdad econmica el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusin sanitaria de las personas ms vulnerables, provocados por la promulgacin del RDL, sigue afirmando este manifiesto, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Est demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.

En una Espaa que proclama su respeto a los Derechos Humanos parece inconcebible esta situacin cuartomundista que el PP sigue manteniendo, por la que varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han denunciado que esta reforma contraviene estndares internacionales de derechos humanos. Por eso han dirigido numerosos escritos al Gobierno espaol instndole a garantizar el acceso a la atencin sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situacin administrativa. Asimismo, le han pedido que evale el impacto de la reforma sanitaria en trminos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por los recortes. Pero el PP hace odos sordos a estas denuncias, porque no parecen afectar a ninguno de los suyos.

Ante esta situacin debemos combatir a este Gobierno del PP consiguiendo que deje de ser representante de los espaoles y consiguiendo derogar el RDL 16/2012, para elaborar una nueva Ley de Sanidad que nazca de un amplio acuerdo con las diversas fuerzas polticas, organizaciones sociales y sociedades cientficas y que establezca realmente las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestin eficiente, eficaz y transparente. Que garantice el derecho a la proteccin y promocin de la salud establecido en la Constitucin Espaola, y el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organizacin Mundial de la Salud, derecho tambin recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econmicos y Culturales ratificado por Espaa, tal como propone el Manifiesto citado.

Enrique Javier Dez Gutirrez. Profesor de la Universidad de Len.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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