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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-01-2015

A cuatro meses de Ayotzinapa
Reclamos de justicia e impunidad

Guillermo Castillo Ramrez
Rebelin


Qu haras si [uno de los normalistas desaparecidos] fuera tu hijo? No son nmeros, son historias de vida como la tuya y sueos como los nuestros [Pancarta de una manifestante, segunda Jornada Global por Ayotzinapa, 15 de octubre de 2014, Mxico, D.F.]

 

Los desaparecidos nos faltan a todos [Cartulina de un manifestante, cuarta Jornada Global por Ayotzinapa, 5 de noviembre de 2014, Mxico, D.F.]

 

No importa el da, la lluvia o el sol, nosotros continuaremos con nuestra exigencia que es y seguir siendo la misma, presentacin con vida de nuestros compaeros y que sepa el gobierno que el 2015 ser nuestro ao", Omar Garca, vocero de los estudiantes de la Normal Rural Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa, 26 de diciembre 2014.

 

1.-Ausencia de respuestas

A.-Permanencia de las exigencias de justicia

Ya han pasado cuatro meses desde los hechos violentos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 y, pese a los avances y las decenas de detenidos, sigue faltando de parte de las autoridades federales un esclarecimiento creble de lo acontecido y la presentacin con vida de los desaparecidos. A la fecha y pese a la captura de casi un centenar de personas involucradas en los asesinatos y desapariciones de Iguala, las acciones e indagatorias de las autoridades federales no han podido dar respuesta a los puntuales y legtimos reclamos de los padres y compaeros: la aparicin [con vida] de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales (as como a aquellos que por omisin son parte de estos hechos). El actuar del Estado mexicano se explica considerando dos hechos. Primero, hay una falta de infraestructura (de recursos materiales y humanos) para la atencin de las desapariciones forzadas, no hay ni aparatos legales idneos ni organismos oficiales especializados; esta falta de aparatos e instrumentos jurdicos y polticos para lidiar con delitos de desaparicin forzada se debe a la negligencia de los dos ltimos regmenes federales. Pero, en segundo trmino y sobre todo, por una dudosa voluntad poltica que se ha manifestado en una cadena de hechos: (a) la primera intencin de atribuir un carcter local al caso y circunscribirlo al mbito de las autoridades de Guerrero, (b) la tarda atraccin de la investigacin por parte de la PGR, (c) el intento de inculpar a los normalistas al vincularlos a un grupo rival de los guerreros unidos, (d) la falta de informacin creble, (e) el tardo encuentro del ejecutivo con los deudos, (f) la presentacin irregular e inconsistente de una versin de lo acontecido en Iguala con insuficiente y parcial evidencia (basada sobre todo en declaraciones).

Ayotzinapa recuerda y muestra fehacientemente una vez ms los saldos y deudas pendientes que el Estado tiene con la sociedad y que son resultado de la violencia del sexenio anterior y lo que va de este; ah estn presentes los ms de cien mil asesinatos y las decenas de miles de desapariciones forzadas que no se han investigado y que estn relacionadas a la poltica de seguridad oficial (particularmente a la guerra contra el narcotrfico y el crimen organizado). La relativamente reciente creacin del Sistema Nacional de Atencin de Vctimas ha sido una medida meditica que no ha dado respuesta creble a los miles de familiares de las vctimas. Por otro lado, los hechos de Iguala muestran tambin que el Estado mexicano incumpli las recomendaciones que, desde 2011, el Relator Especial de la ONU para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, haba hecho. La reciente visita a Mxico en noviembre pasado del Relator Dulitzky en relacin al caso Iguala mostr que las autoridades federales, pese a que podran tenerlos, por omisin poltica no cuentan con: (1) un marco jurdico adecuado para indagar los miles de casos de desapariciones forzadas, (2) tampoco tienen ni han generado un banco gentico para la identificacin de los desaparecidos y carecen de protocolos e infraestructura (organismos oficiales especializados) para dar atencin a estos casos. Pese a la magnitud (estamos hablando de miles y miles de vctimas) y el carcter histrico estructural que han adquirido este tipo de crmenes (desde hace casi una dcada son una constante de la vida sociopoltica del pas), la actual administracin federal no ha reconocido en su justa dimensin ni atendido a cabalidad la gravedad de la situacin.

B.- Guerrero, genealoga de violencia y reflejo estructural y nacional del agravio

Si bien Guerrero tiene una particular historia de violencia poltica y lucha, las desapariciones forzadas y los asesinatos de Iguala no son un caso aislado ni privativo de esa entidad federativa. Por el contrario, las vctimas de Guerrero se suman a las decenas de miles de desaparecidos y asesinados en el territorio nacional en los ltimos ocho aos. Las desapariciones y asesinatos tampoco no son nuevas en Guerrero, ya desde la guerra sucia y el terrorismo de Estado (a nivel federal y estatal) de la dcada de 1970 estas formas de violencia fsica y poltica se dirigieron a diversos grupos y organizaciones sociales, polticas e insurgentes (como las de Lucio Cabaas y Genero Vzquez) e implicaron centenas de desapariciones y asesinatos; posteriormente acontecieron las masacres de Aguas Blancas y el Charco. Guerrero es un ejemplo acentuado de la vieja cultura poltica caciquil y represiva del antiguo rgimen del Partido-Estado, muestra fehaciente de la marginacin estructural de carcter socio-econmico que se funda en la desigualdad. Sin embargo, en el caso de Iguala adems estn presentes una serie de problemticas nacionales que no se limitan a una regin y que, desde hace aos, definen la vida poltica del pas: colusin de los grupos delictivos con autoridades y diversas fuerzas de seguridad (a nivel municipal, estatal y federal), impunidad, negligencia oficial y desdn generalizado por los derechos y la seguridad del comn de los ciudadanos.

C.- Escenarios, suspicacia y la ausencia de voluntad poltica

Una de las razones en que se funda la suspicacia y la ausencia de credibilidad hacia las autoridades federales respecto al caso de Iguala remite a que hubo una serie de antecedentes claros. Muchos meses antes de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa sectores del PRD vinculados a Bejarano y miembros de organismos de derechos humanos relacionados al Obispo Ral Vera denunciaron ante el gobierno federal la participacin directa del ex-alcalde de Iguala en el asesinato de un sindico municipal y de tres miembros de la organizacin Unidad Popular, adems del precedente de las muertes violentas en 2011 de dos estudiantes de la Normal Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A esta indolencia frente a ese contexto de violencia poltica, se sum la inconsistente e irregular actuacin del Estado mexicano una vez que, forzado por la presin social y meditica en Mxico y el extranjero, atrajo el caso. El recuento de desencuentros y tensiones es largo: incorporacin tarda de las autoridades federales (marcada adems por una falta de coordinacin y tensin con las autoridades de Guerrero), falta de informacin y de avances de las investigaciones a los padres y compaeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, posteriormente se intent criminalizar a las vctimas al vincularlos de manera infundada al crimen organizado, el Ejecutivo federal tard semanas en reunirse con los deudos, adems de la presentacin meditica de versiones dudosas y con mltiples inconsistencias (basados sobre todo en los testimonios de algunos perpetradores y con muy poca evidencia fsica de soporte).

Conforme pasan los das y semanas, el Estado mexicano y sus instituciones encargadas del caso de Iguala han perdido legitimidad frente a los padres y compaeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta falta de credibilidad se extiende a grandes grupos de la sociedad y diversas organizaciones polticas y sociales. Con base en el sinuoso actuar de la PGR y los resultados parciales e inconsistentes de las indagaciones oficiales, hay una amplia percepcin social de que el Estado esconde o guarda para s informacin, surge la inquietud de que las respuestas dadas son forzadas e insuficientes y slo buscan dar por concluido el caso. Por ello, los padres han reiterado que dejen trabajar al Equipo Argentino de Antropologa Forense y han aseverado que slo reconocern los resultados de las indagaciones de dicho Equipo.

2.- Las investigaciones en torno a los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa

A.- Suspicacia y desencuentro

De este modo, a poco ms de cuatro meses de los hechos de violencia de Iguala y pese a las decenas de personas detenidas por estar involucradas (material e intelectualmente) en las desapariciones y asesinatos, sigue sin saberse del paradero de los ms de cuarenta estudiantes normalistas que fueron secuestrados el 26 de septiembre de 2014. Desde su inicio y a causa de diversas irregularidades e inconsistencias, las indagatorias oficiales (primero estatales y posteriormente federales) despertaron un halo de suspicacia e incertidumbre. No obstante, ahora, con la informacin difundida hace varias semanas por mltiples medios de comunicacin acerca de que datos y evidencias claves (testimonios de normalistas y reportes provenientes de los aparatos de seguridad estatales) deliberadamente fueron descartados y de que anlisis cientficos ponen en entre dicho la versin difundida de la PGR (de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en un basurero de Cocula), se ha incrementado y generalizado en mltiples sectores de la sociedad la falta de credibilidad respecto a la capacidad y voluntad poltica de las instituciones federales de procuracin de justicia para resolver el caso Iguala. Muy lejos est el Estado de dar una respuesta verosmil y satisfactoria a las tres demandas principales de los padres y compaeros de los normalistas de Ayotzinapa: (1) presentacin con vida de los estudiantes desaparecidos; (2) esclarecimiento creble y fidedigno de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala; (3) y, finalmente, castigo a todos los responsables (materiales e intelectuales) de estos hechos, as como de aquellos que por omisin y/o negligencia hayan tomado parte. Los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa son slo la agreste punta de un iceberg colosal que demuestra que la impunidad y la negligencia son, desde hace dcadas y particularmente en relacin a la violencia hacia los sectores populares (estudiantes, maestros, campesinos e indgenas), una constante de la vida poltica y social del pas. Conforme pasan las semanas y meses, el Estado demuestra de facto que para l hay vidas que valen menos y son prescindibles.

B.- Inicio viciado: evidencia sesgada e investigaciones parciales

El reclamo de que se incorporaron otras lneas de indagacin en las investigaciones oficiales del caso Iguala no es una peticin nueva, tiene antecedentes desde hace meses. Sin embargo, esta exigencia se ha incrementado significativamente desde la reciente difusin de informacin en torno a que no se est considerando, y de facto se omiti, evidencia relevante respecto al caso Iguala-Ayotzinapa. No obstante, ya desde los das posteriores al 26 de septiembre de 2014 los padres y compaeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, junto con organismos sociales (como el Centro de Derechos Humanos de la Montaa de Tlachinollan), han insistido reiteradamente que dentro de las indagatorias oficiales no se est retomando informacin significativa relativa al caso. (1) Por un lado, se ha dejado de lado los mltiples testimonios de los normalistas sobrevivientes y agredidos que vivieron y presenciaron los hechos, las declaraciones de aquellos que sufrieron en carne propia los agravios de las fuerzas de seguridad. (2) Y, por otra parte, tampoco han sido incorporados como informacin pertinente para el esclarecimiento de los hechos los registros audiovisuales que estos mismos estudiantes lograron grabar con sus celulares la noche de la agresin.

Dicha evidencia apunta y sugiere que, ms all de la versin que pblicamente ha postulado la PGR en relacin al involucramiento nico y exclusivo de autoridades municipales y grupos del crimen organizado en los hechos de Iguala, tambin haban sido participes (directa e indirectamente) otras instituciones de seguridad del Estado mexicano. Frente a este panorama surge una pregunta de respuesta obligada En qu investigacin seria y cabal se omite deliberadamente y sin explicacin razonable videos de los acontecimientos y testimonios de las vctimas que sufrieron de manera directa las agresiones y la violencia? La carencia y falta de justa valoracin de esta informacin clave no slo manifiesta una actitud deliberadamente negligente y fuertemente sesgada, sino que, adems del desdn e indiferencia oficial hacia los deudos de las vctimas, contribuye directamente a propiciar situaciones de impunidad (en la medida en que se ha dejado de lado evidencia fundamental que contribuir a la resolucin del caso y ha quedado relegado el ejercicio de la justicia y el castigo de todos los responsables).

C.- Duda, refutacin y sospecha: una versin muy improbable de los hechos

Las crticas que ponen en entre dicho la versin de la PGR sobre los hechos de Iguala tiene dos vertientes (complementarias entre s) y ambas coinciden en apuntar la insuficiencia de informacin, evidencia material y pruebas que han mostrado las indagatorias oficiales en el transcurso de estos meses. (1) Una de las refutaciones, sostenida por los fsicos Jorge Montemayor del Instituto de Fsica de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM-Azcapotzalco, recalca que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho pblico, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineracin de los estudiantes en el lugar sealado por la PGR; lo cual conducira a abrir otras lneas de investigacin y a la incorporacin de otros datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados. Con base en diversos anlisis y explicaciones entorno a las condiciones fsico-qumicas necesarias para cremar decenas de cuerpos (temperatura necesaria, insumos e infraestructura indispensables, materiales requeridos para ese proceso de combustin, condiciones meteorolgicas, entre otros), concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es fsicamente factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se asesin y quem a los jvenes de esa manera, esto se llev a cabo en otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada (hornos especializados como crematorios) (La Jornada, 4 de enero 2015).

(2) El otro cuestionamiento se funda en informacin de una investigacin periodstica (Proceso 1989, 1990 y 1991), que, recurriendo a testimonios de los normalistas (sobrevivientes de los hechos de violencia) y a datos y reportes obtenidos de los rganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano (el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de Chilpancingo, el C4) (Proceso 1989), seala tanto el involucramiento de otros actores institucionales (la Polica Federal y el Ejercito) como el hecho de que autoridades de diversos rdenes de gobierno (estatal y federal) saban en tiempo real lo que estaba aconteciendo en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 de septiembre en Iguala y no hicieron nada por evitarlo.

Esta informacin viene nuevamente a cuestionar y sembrar serias dudas sobre la versin de los hechos que ha difundido y defendido a capa y espada la PGR y vuelve a poner sobre la mesa el tema de cul es la verdadera voluntad poltica del Estado mexicano para resolver el caso. El recuento previo apunta ms bien a que la intencin de las autoridades federales es dar carpetazo y cerrar el caso, con miras a enterrar la crisis poltica en que se encuentra sumido el Estado desde fines de septiembre pasado. As mismo y a un nivel mucho ms amplio y general, plantea la inquietud de que, dado el involucramiento y participacin directa e indirecta de actores e instituciones estatales en los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y las circunstancias de impunidad que han rodeado el caso Iguala, el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces ni de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni de impartir justicia y castigar hechos criminales. En el contexto de un Estado cmplice, negligente y que fomenta de facto la impunidad, los padres y compaeros de los normalistas, junto con amplios sectores de la sociedad, han exigido y pedido que tambin se lleven a cabo investigaciones independientes y externas (como las que realiza el Equipo Argentino de Antropologa Forense) y que intervengan organismos internacionales (como la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU) en la bsqueda de los desaparecidos y la resolucin del caso.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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