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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-02-2015

Entrevista a Endika Zulueta, abogado de movimientos sociales
El estado espaol va a contar con el Cdigo Penal ms duro de la llamada cultura occidental

Enric Llopis
Rebelin


La finalidad de las penas es, tericamente, la reinsercin social del ciudadano objeto de condena. Adems, hay evidencias de ello, la elevacin de las penas no influye en la disminucin de delitos. Tampoco la pena de muerte. Sin embargo, con la prxima reforma, el estado espaol va a contar con el Cdigo Penal ms duro de la llamada cultura occidental, afirma el activista y abogado vinculado a los movimientos sociales desde hace dcadas, Endika Zulueta. Espaa es uno de los pases con menor ndice de criminalidad de la Unin Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones ms saturadas, agrega. Zulueta es miembro de la Asociacin Libre de Abogados (ALA) y de la Comisin Legal del 15-M de Madrid. Ha escrito tambin numerosos artculos sobre la actualidad jurdico-poltica en revistas y pginas Web especializadas ([email protected]).

-El derecho penal del enemigo, trmino establecido por el jurista alemn Gnther Jakobs en 1985, se aplic en Estados Unidos a raz de los atentados del 11-S de 2001, especialmente contra migrantes irregulares y sospechosos de terrorismo. En qu consiste esta doctrina? Desde cundo se aplica en el estado espaol? Puede observarse en la Ley Mordaza y en la reforma del Cdigo Penal?

Espaa es pionero en el tratamiento del derecho Penal del enemigo. La legislacin antiterrorista ha sido siempre ejemplo de ello. Ciertamente, los atentados del 11-S aceleraron su prctica en EEUU y en toda la Unin Europea. Del derecho penal del enemigo podemos resaltar cinco caractersticas: 1) Los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que slo tienen el carcter de preparatorios de hechos futuros y que en muchas ocasiones seran impunes, por ejemplo, el propsito de criminalizar la visita de las pginas Web que el Gobierno considere yihadistas; 2) una desproporcin en la aplicacin de las penas: por un lado se penaliza igual el supuesto acto preparatorio que la comisin del delito ; por otra parte, se penaliza la pertenencia a la organizacin con altsimas penas (como si fuera un homicidio) y se suma la pena a imponer por el acto realizado; 3) la legislacin se fundamenta en un lenguaje blico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos en guerra, y por tanto no merecedores de garanta alguna.

4) Se restringen derechos fundamentales; as, la versin policial es la incuestionable versin oficial sin presuncin de inocencia, sin derecho a la intimidad; se normaliza tambin el secreto de las actuaciones procesales, se incomunica como norma a los detenidos, se amplan sus plazos de detencin, etctera; 5) Se endurecen las condiciones en prisin (FIES), se dificultan los beneficios penitenciarios y se hacen ms difciles las salidas; 6) Se trata de un derecho penal de autor, pues no se juzgan hechos (como en un sistema democrtico) sino supuestas personalidades (sistemas autoritarios), llegndose a criminalizar el pensamiento, aunque no se materialice en actos, al estilo orwelliano.

-El juez de la Audiencia Nacional Gmez Bermdez orden la detencin de 11 personas de ideologa anarquista el 16 de diciembre en Barcelona (siete de ellas entraron despus en prisin), por supuesta pertenencia a organizacin terrorista. Fue la llamada operacin Pandora. A qu responden estas detenciones selectivas de militantes anarquistas?

Desde hace ms de un siglo el Estado siempre ha criminalizado el anarquismo identificndolo con actividades delictivas de la forma tan vaga y ambigua como parece que ha sucedido en este asunto. Poner seriamente en cuestionamiento el orden socio-econmico establecido, an sin el uso de la violencia, supone ganarse la enemistad del Estado y, en ese contexto, es lgico que ste criminalice, y de la forma ms rotunda posible (vinculndolo con el terrorismo) a quien ms le inquieta, realizando redadas indiscriminadas, haciendo registros en Centros Sociales, y abriendo procesos judiciales con dudoso fundamento fctico y jurdico.

-El 12 de enero, en la llamada operacin mate fueron detenidas 16 personas (12 de ellas abogados) en el Pas Vasco, acusadas de fraude fiscal y sealadas como parte del entramado de apoyo a ETA. Cmo interpretas estas detenciones, en un momento en que han finalizado los atentados?

Las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo con la detencin de doce abogados y abogadas el da que comenzaba un juicio en el que actuaban como defensores ha resultado preocupante a muchos agentes sociales y jurdicos, incluido el Consejo General de la Abogaca Espaola. Cuando se limita la actividad profesional de un defensor, se est vulnerando el derecho de defensa de sus clientes, y quien est abocado a realizar dicha limitacin debe tener contundentes pruebas de cargo para ello, y, al menos por lo que se ha filtrado hasta este momento, existen serias dudas de que ello suceda as en el presente caso. Adems, en el auto de libertad el juzgado indica a los defensores la forma y el contenido de las entrevistas que deben tener con sus clientes, bajo amenaza de ser ingresados en prisin, lo que resulta una intromisin inadmisible por parte de un juez en el derecho de defensa. No recuerdo haber visto nada parecido anteriormente. La Comisin de Defensa de la Asociacin Libre de Abogados (ALA) va a formular la correspondiente protesta por ello.

-Crees que el atentado contra el seminario satrico Charlie Hebdo, que se sald con 12 muertos, puede marcar un punto de cambio en la criminalizacin de la disidencia y en una deriva autoritaria? De entrada, Hollande (presidente de la Repblica francesa por el partido socialista) ha disparado sus indicadores de popularidad por la gestin de la crisis

El atentado de Pars, rotundamente condenable desde cualquier perspectiva desde la que se quiera analizar, y las posiciones que al respecto van adoptando los diferentes agentes sociales abre paso a mltiples reflexiones. Es una paradoja que los mandatarios de un gran nmero de pases en los que cotidianamente se vulneran los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresin, encabezasen una manifestacin en defensa del derecho que ellos reprimen.

Se nos dice que ha sido un ataque a nuestra civilizacin y ya se preparan actuaciones y legislaciones contra el terrorismo, y en defensa de nuestra seguridad. Se manipula nuestro miedo y parece que podemos echarnos a temblar; no olvidemos que con la excusa de la defensa de nuestra seguridad y en el contexto de la llamada guerra al terrorismo, nuestra civilizacin ha protagonizado aberrantes actos de terror: se han bombardeado pases, se ha matado a cientos de miles de personas, se han destruido culturas milenarias, se han construido crceles secretas, se ha legitimado la tortura, se han creado Guantnamos y, en mltiples pases, se han potenciado legislaciones penales regidas por un derecho penal de enemigo, en los que la ciudadana est sometida a un frreo control social. Todo ello por la seguridad, s, pero por la seguridad econmica de las empresas petrolferas y de armamento que son las que sacan rdito econmico de tanto sufrimiento.

-En el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gobierno del PP ha llegado a proponer la ampliacin de los supuestos en que la polica puede intervenir las comunicaciones sin autorizacin judicial. Qu supondra esta medida, y qu subyace a la misma?

Ese tipo de medidas, y el repetitivo y constante control de las nuevas comunicaciones, entra dentro del contexto en el que analizamos todo lo dems. Es un intento de formalizar el Estado policial, evitar en la medida de lo posible el control judicial que debe regular las garantas de la ciudadana en el sistema penal de un estado democrtico, y dejar al ms puro arbitrio policial la limitacin de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresin, la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

-Y en cuanto a la prisin permanente revisable? Qu se esconde tras este eufemismo?

Espaa es uno de los pases con menor ndice de criminalidad de la Unin Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones ms saturadas. El ndice de prisionizacin (el tiempo medio que el preso est privado de libertad) tambin es el mayor de la Unin Europea. Sin duda tenemos uno de los Cdigos Penales ms duros y, sin embargo, y poco antes de finalizar la legislatura, el PP se ha empeado en aprobar un Cdigo Penal que endurece el anterior, una nueva vuelta de tuerca. Tenamos un lmite temporal de 40 aos de privacin de libertad y cumplimiento ntegro (en el franquismo el lmite eran los 30 aos y con beneficios penitenciario mucho menores) y ahora se aprueba la cadena perpetua que, eufemsticamente se denomina prisin permanente revisable. Vamos a tener el privilegio de contar con el Cdigo Penal ms duro de lo que han venido a llamar cultura occidental. No est de ms recordar que el fin declarado de la pena es la reinsercin social, no la venganza y el castigo. Adems de que est ya comprobado que la elevacin de las penas en modo alguno influye en la disminucin de los delitos, ni siquiera la pena de muerte. En los Estados de EEUU donde hay pena de muerte no se cometen menos delitos que en los que no existe tal pena, y as ha sido denunciado tambin por Amnista Internacional.

Cmo interpretas que el PP y el PSOE alcancen un acuerdo contra el yihadismo? Se basa en una proposicin de ley orgnica especfica (al margen de la reforma del Cdigo Penal) con medidas como la elevacin de penas o la ampliacin del concepto de pertenencia a banda terrorista para combatir el terrorismo islmico. Adems, en la reforma del Cdigo Penal, el gobierno ha propuesto introducir penas de entre uno y ocho aos de crcel por la consulta habitual de webs yihadistas.

Es todo un smbolo que los partidos mayoritarios hayan tratado este tema como asunto de estado. Una nueva paradoja, que en la situacin socioeconmica en la que nos encontramos, con los derechos sociales en crisis, con el ndice de paro ms alto de los ltimos aos, con la exclusin de amplias capas de la poblacin del derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educacin, con el crecimiento progresivo de las capas sociales ms desfavorecidas, con tres de cada diez nios bajo el umbral de la pobreza lo nico que se convierte en asunto de Estado sea la urgente aprobacin de una legislacin que recorta o limita derechos fundamentales e instaura ya de forma evidente el derecho penal de enemigo en nuestra legislacin.

-Cmo se explica?

Entiendo que es una cuestin de psicolgica poltica: ya que el Estado no es capaz de crear los mecanismos adecuados para facilitar a la ciudadana aquello que realmente le confiere seguridad: los derechos sociales (trabajo, vivienda, educacin, sanidad), cuya carencia atemoriza cotidianamente a la poblacin (incluso quien actualmente tiene acceso a estos derechos, tiene miedo a perderlos); lo que hace el estado es hiperpotenciar un miedo a una amenaza exterior, que nada menos que ataca nuestra civilizacin, y se compromete a crear, de forma urgente, la cobertura necesaria para aminorar el peligro de sus ataques, a travs de una legislacin de guerra que requiere ceder espacios de libertad, en pro de una seguridad inexistente.

-Por ltimo, qu implican los pactos de estas caractersticas?

Han conseguido ponerse de acuerdo en aprobar la tan criticada, desde los ms diversos mbitos, cadena perpetua, siendo de una supina hipocresa que un partido el PSOE- apoye hoy la aprobacin de una norma, para comprometerse maana a cambiarla si gana las elecciones. Se realiza una definicin de terrorismo estudiadamente ambigua, con la consiguiente inseguridad jurdica; establecen la cadena perpetua para delitos de terrorismo sabiendo perfectamente que el endurecimiento de las penas en modo alguno disminuye la comisin de delitos; se llegan a tipificar como actos de terrorismo, actividades realizadas por Internet como difusin de mensajes o consignas, o el equvoco adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, incluso el delito informtico puede considerarse delito terrorista.

Estamos nuevamente en el o conmigo o contra mi, cualquier persona que pueda poner en cuestionamiento la nueva legislacin antiterrorista puede ser objeto de sospecha. El problema es que, como parece ser dirigida la nueva legislacin a atacar el denominado yihadismo, siendo un fenmeno que suena especialmente ajeno a nuestras vidas, parece que tal conculcacin de derechos no nos debe afectar a nosotros. Pero no olvidemos el poema atribuido indistintamente a Beltor Brecht o Martin Niemller, y ahora vienen a por mi, pero ya es demasiado tarde.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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