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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-02-2015

Razones y reparos para no concurrir a #18 F

Mariano Massaro
Rebelin


La convocatoria a una movilizacin para el prximo 18 de febrero, efectuada por un sector del Ministerio Pblico Fiscal Federal, pone en discusin su representacin, legitimidad y objetivos perseguidos.

En el contexto actual las operaciones lanzadas para usufructuar la muerte del fiscal Nisman estn a la orden del da, aunque resulta elocuente que todas convergen en la bsqueda de erosionar al gobierno nacional.

Como integrante del Poder Judicial me asiste la libertad de expresar las razones por las cuales en el contexto descripto no asistira a la marcha del silencio vomitada por los fiscales federales.

Entre ellas la voluntad de no ser instrumento de intereses solapados debajo de la convocatoria. Atento que no existe una racionalidad democrtica que hile la marcha con el esclarecimiento de una muerte con repercusiones nacionales.

La pretensin de la convocatoria es confusa, el objeto perseguido es difuso. Parecera que existe una voluntad concreta de aportar al estado de confusin general, elemento que indudablemente es el combustible necesario para expandir la ofensiva opositora.

No participar parece razonable, cuando hay un intento de apropiacin de la voluntad de esclarecimiento. La presentacin de la convocatoria parecera invitar a un razonamiento binario por el cual si uno participa de la marcha desea el esclarecimiento y si no lo hace es cmplice en el encubrimiento de la muerte. Todos deseamos que se resuelva sigilosamente el deceso y el despedazamiento de un cuerpo es ms propio de buitres y caranchos que de integrantes de una justicia democrtica.

Tampoco deseo ser cmplice de una maniobra que tiene aristas vinculadas a preparar un escenario defensivo en trminos de responsabilidades profesionales. Dicho en otros trminos, si algunos de los convocantes estn flojos de papeles respecto de sus participaciones judiciales, obstruyendo el esclarecimiento del atentado a la AMIA, como han manifestado familiares de las vctimas, debern afrontar sus responsabilidades.

Otra lnea convocante recorre el camino de unificar la oposicin al proceso de democratizacin de la justicia y la frrea voluntad de descabezamiento de la procuradora general, Dra. Gil Carb. Ambas cuestiones estn engarzadas, al procurar mantener beneficios corporativos que han sido atacados de frente por la procuradora. Participar en la marcha conlleva un reforzamiento de la legitimidad de los convocantes en contraposicin al intento de disipar beneficios concretos para estos sectores.

Tambin dira que el aglutinamiento presentado permite entre ver parte del objetivo deseado, instituir a la justicia federal como vctima del poder poltico. Presentarlos como un reducto democrtico donde se resiste el avasallamiento de un proceso poltico autoritario. Querer arrogarse la subsistencia republicana suena un tanto pretensioso, mxime cuando se ha puesto en el centro de la escena la vinculacin entre sectores de la justicia federal y los servicios de inteligencia, a travs de comportamientos simbiticos. Esto debe ser investigado, y no podemos convalidar un intento de expiar las responsabilidades en trminos pblicos y mediticos. En esta lnea podemos citar a titulo ilustrativo el comportamiento del Juez Federal, Bonadio, quien ante cada intento de juzgarlo por los pedidos de juicio poltico por denuncias muy graves, o incluso por cuestiones administrativas, invoca una nueva amenaza sufrida, o pasa a la ofensiva a travs de los carpetazos.

En nada me representa ste sector convocante del poder judicial, que se ha opuesto a transparentar la designacin y remocin de jueces, que reacciona alrgicamente frente a la posibilidad de hacer transitar estos temas bajo la soberana popular.

Son estos mismos justicieros de corte conservador, quienes presionan en la sombra, dando texto al discurso de una oposicin errtica para impedir la designacin de un nuevo miembro de la Corte Suprema, desconociendo la manda constitucional y las leyes vigentes.

Recae sobre estos sectores la reedicin del rol que supo jugar el partido militar en los cortos intersticios entre dictaduras. Un actor poltico con capacidad de moldear parte de la poltica por fuera del juego de los actores democrticos. No podemos soslayar el nivel articulatorio existente entre estos sectores de la corporacin judicial y arco opositor, del cual muchos de sus dirigentes ya han confirmado su participacin.

Son estos mismos fiscales quienes irrumpen como ariete buscando suplir las deficiencias polticas de las instancias opositoras. Haciendo a veces de rueda de auxilio respecto de la legitimacin no lograda en la arena poltica.

No participar de la convocatoria tiene razn de ser en tanto no se puede poner por fuera de uno la responsabilidad que le es intrnseca. Si es el propio Ministerio Pblico quien conduce la investigacin por la muerte de Nisman, no parece lgico que sea los representantes de las fiscalas quienes solicitan que se investigue.

Para finalizar, en otro orden de cosas, podemos encontrar un hecho positivo en la irrupcin de estos fiscales: el corrimiento del velo. Desde siempre las derechas sostuvieron un paradigma segn el cual la justicia como poder del estado deba ser independiente, una afirmacin en abstracto que utilizaban a su conveniencia. Aqu queda revelado como la justicia es un poder poltico y sus integrantes estn atravesados por esta realidad. Reivindico el hecho poltico de los agentes judiciales, sean magistrados, funcionarios o trabajadores, siempre en el contexto interpretativo de la norma, pues el hecho intelectual de interpretar est ligado a la cosmovisin que lo determina (tamiz ideolgico); tambin encuentro saludable la exteriorizacin de voluntad respecto de las polticas del servicio de justicia en pos de su mejoramiento o modificacin, lo que no puede ser ponderado es el hecho de pavonarse como independiente de otros actores de la vida poltica y ser sujetos irremplazables de las acciones que stos generan. Ante esta realidad, hoy ms que nunca se torna indispensable que el pueblo tenga la posibilidad de expresar su respaldo o rechazo a estos sectores, y si la condicin de posibilidad de concretarlo esta atado a la modificacin de la Carta Magna, es un camino que deber de recorrerse, ahora que nadie podr tildar de oportunista, por cuanto no se est exigiendo re elecciones.


Mariano Massaro es Abogado Periodista. Secretario General Asociacin Judicial Bonaerense Departamental Quilmes. Integrante Mesa Ejecutiva CTA Pcia. Buenos Aires.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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