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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (4)
Mximos responsables (evasivos): un paso al lado

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


Siendo cada vez ms un asunto de concurrencia de posiciones polticas, de estudios y de opinin pblica, la denominada justicia transicional se convierte en la designacin del problema que habr de resolverse sobre la necesidad de acordar la paz y la obligacin de afrontar la impunidad estructurada y estructurante, en especial la derivada de hechos y de omisiones no slo en relacin con el conflicto armado, sino con las estrategias generales desplegadas y sus personalizados impulsos en la confrontacin histrica, que abarca intereses econmicos y polticos.

Csar Gaviria, quien adems de Secretario de la OEA, fue Ministro y Presidente de Colombia (1990-1994: cruenta poca de extensin de la guerra sucia y de clara connivencia de crculos tradicionales con el narco-paramilitarismo), ha publicado una reflexin el pasado domingo 15 de febrero, que contiene una propuesta sobre este tema (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/expresidente-gaviria-habla-de-la-justicia-transicional-/15249538). La discusin en la que se inscribe ocupa uno de los lugares ms frecuentados en el anlisis de los rumbos y frmulas del proceso de paz. Dicha propuesta ha sido contestada y respaldada por diferentes sectores. Comenzando por el Presidente Santos, quien la valora por tener una visin ampliada de la cobertura de las soluciones jurdicas. Tambin en trminos genricos la insurgencia de las FARC-EP ve en ella algunos aspectos positivos, al implicar un reconocimiento de una serie de responsabilidades de las elites.

1. Qu dice de novedoso Gaviria?

El ex presidente seala entre algunas imprecisiones como el supuesto indulto automtico otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares desmovilizados en los gobiernos de Uribe y Santos, que la proyeccin es tratar a guerrilleros y militares como eventuales beneficiarios de medidas de justicia transicional, pero que otros responsables en el conflicto han quedado fuera de ese foco. Se refiere a miembros de la sociedad civil, empresarios, polticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido tambin protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Especifica ms delante: financiadores, auxiliadores o (quienes) pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidacin y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Seala que no han tendido acceso a medidas de consideracin especial. Ello dejara por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho ms rigurosas que las que se aplican a los jefes paramilitares.

Torciendo la norma constitucional y el principio que orienta el indulto slo para delitos polticos y conexos, o sea los cometidos por insurgentes, asegura Gaviria: es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdn y de su voluntad de reparar a las vctimas.

Lo medianamente novedoso, con ese texto y sus enunciados, es que en ese mayor nivel de quien participa en el debate con esa trayectoria poltica, se examine implcitamente y reconozca por la va de una preocupacin por la suerte jurdica de su gnero o entorno poltico, que parte del Establecimiento al que pertenece, o de las esferas dominantes en lo econmico y lo poltico a las que ha servido, intervinieron en la guerra patrocinando acciones de guerra sucia y que gozan de hecho de impunidad. Eso es lo relativamente indito. Otros expresidentes como Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrs Pastrana y el mismo lvaro Uribe Vlez, quien con una lgica mafiosa desafa su propio entramado, ms de una vez han dado un medroso paso al lado, arriando a otros responsables para que finjan dar cara por centenares de crmenes.

2. Lo que ya est trillado

Gaviria tiene dos grupos predilectos en su escrito. No slo se preocupa por esos responsables civiles del Establecimiento, sino por los integrantes de las fuerzas armadas estatales, para los que ya tramita el Gobierno Santos el reforzamiento del privilegio absurdo de un Fuero Penal Militar, rechazado ampliamente por la ONU, vctimas de crmenes de Estado y organismos de derechos humanos.

Dice el expresidente: se corre un altsimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pblica puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscala General y las otras autoridades judiciales acten para establecer responsabilidades por cuenta de las muchsimas denuncias que se darn () Para los miembros de la Fuerza Pblica esto implicara que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia () Nuestra Fuerza Pblica debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros pases del continente, donde se han reabierto los procesos despus de que los militares haban sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala.

Gaviria cae en el lugar comn, en el tpico, en la aseveracin que comparte como clase poltica dominante que por peso de la evidencia debe afirmar algo general sobre las violaciones de derechos humanos. Ocultando que se trata de miles y miles de casos de crmenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas estatales, se refiere a algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos: Lo que hemos tenido en Colombia no es la represin propia de dictaduras militares durante la guerra fra, fundamentada en razones ideolgicas.

Tiene razn Gaviria, pues lo que hemos tenido en Colombia es la represin propia de un rgimen que en sistematicidad de prcticas y volmenes, ha ido mucho ms all que dictaduras militares durante el pasado. Ms desaparecidos que en Argentina; ms torturados y asesinados, mucho ms, que en Chile, Paraguay y Uruguay juntos. Por dar unos ejemplos.

3. La tesis reina

Gaviria asegura cosas tan importantes como contradictorias. Declarndose partidario de la igualdad de todos ante la ley, explica que hay que dejar claro que frente a la justicia transicional las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas deben limitarse a las faltas por accin comprobadas y no por omisin. O sea, el ex presidente olvida de un brochazo los conceptos jurdicos y polticos que se han construido para fundamentar el servicio pblico, la responsabilidad general de la Administracin y las obligaciones que corresponden precisamente a la asuncin o al abandono de la funcin y el inters social.

Pero la reina de las tesis esgrimidas es la siguiente: La teora de los mximos responsables de que habla el Marco Jurdico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la Fuerza Pblica. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

Gaviria se contradice gravemente ac, no slo borrando ese principio que alega de la igualdad ante la ley, poniendo a unos arriba y a otros abajo, sino anticipando un trato ms benvolo para quienes en masa precisamente no podran recibirlo, los integrantes de la fuerza pblica, al haber usado indebidamente las armas y los medios de la coercin estatal como mandato legal, contra los ciudadanos y sus derechos. Si de la guerrilla l presume que por sus actos hay unos mximos responsables, descarta de inmediato que el mismo rasero pueda aplicarse a mandos militares y de polica.

Eso slo tiene razn de ser si los mximos responsables de la guerra sucia del Establecimiento/Estado, no son efectivamente esos comandantes de fuerzas armadas estatales, los de uniforme, apenas un eslabn operacional, sino sus superiores civiles: ya sea dentro del aparato del Estado (Presidentes, Ministros, Viceministros, etc.); como tambin fuera de l: los financiadores o beneficiarios en partidos polticos, en empresas, en compaas multinacionales, etc. Pero esto que es apenas obvio, no es mencionado por Gaviria en este rengln crucial de los llamados mximos responsables. O sea, el expresidente oculta lo que delata y le implicara a sus crculos, a los que han mantenido y reforzado su poder en el curso del conflicto.

4. Punto final

Es compartida la preocupacin expresada por Gaviria respecto a cmo muchos tratan de ver delitos de lesa humanidad en todos los crmenes de guerra o en cada denuncia an no investigada ni probada, y as no haya normas expresas que as los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional. Tambin es posible participar del pensamiento ya expresado, por ejemplo por las FARC-EP, de que el proceso de resolucin pactada es una decisin poltica colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz, como dice Gaviria, y que puede esperarse que no surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros pases para poner fin a guerras civiles de larga data.

Incluso podra compartirse esa idea de poner punto final, no slo a la guerra mediante la negociacin de la paz, sino de cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata entonces es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores.

Pero eso no ser posible jurdica ni polticamente, si en la ruta de una negociacin los sectores dominantes tratan de embaucar de nuevo al conjunto del pas, evadiendo sus vertebrales responsabilidades, dirigiendo para unos la teora y la lotera de los mximos responsables.

De ah que a quienes desde el statu quo participaron de alguna manera de la guerra sucia, sean militares, policas o civiles (financiadores, beneficiarios y dems), debe aplicrseles, para que ese punto final eventual sea cierto, beneficios a condicin de develar toda la verdad posible y contrastable, reparar a fondo con lo despojado a las vctimas colectivas de esos crmenes del terrorismo de Estado y del Establecimiento, y de asegurar la no repeticin, o sean surtiendo garantas de desmovilizacin y desmonte de esa maquinaria y doctrina de seguridad nacional, que forma para la represin o exterminio del enemigo interno, y que fomenta tanto como encubre el paramilitarismo, lo cual est demostrado profusamente en muchas investigaciones que prueban esa concepcin totalitaria y su desarrollo en las instituciones del Estado colombiano.

5. Inocencia del sistema

No es excepcional sino que va siendo comn hallar referencias convergentes relacionadas con una revisin de las experiencias nacionales e internacionales de justicia ante crmenes de lesa humanidad. Independientemente de qu base terica tenga Gaviria para concluir lo que esboza sobre la justicia transicional en el caso colombiano, estando la gua ms marcada de intereses que de conceptos, es claro y se comparte que va quedando atrs una importacin o implantacin completa y automtica de modelos extranjeros, pues ya no sirve su invocacin al margen de necesidades nacionales: se precisa producir un derrotero propio, un proceso de veridiccin y jurisdiccin que reconozca la realidad del conflicto colombiano, evidentemente dentro del canon de realidades globales y el derecho internacional ms progresista.

En esa lnea de lo local o particular en lo universal, debe entenderse lo que fue entregado el 10 de febrero de 2015, cuando se escenific en La Habana la dicotoma y la puesta en comn del Informe de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, pactada por el Gobierno Santos y las FARC-EP ( www.mesadeconversaciones.com.co ). Frente al unanimismo, tergiversacin y negacionismo de la tenebrosa era de Uribe Vlez, tenemos ahora un paso, significado en el amplio reporte que conecta con otros trabajos de investigacin del pasado, como abanico de aproximaciones acadmicas y elaboradas posiciones polticas y epistemolgicas.

Efectivamente, se suma dicho elenco a un conjunto de estudios caracterizados por cierto rigor desde las ciencias sociales y humanas, que buscan desentraar los orgenes y cursos de la violencia en Colombia. Siendo algunos de los ensayos muy destacados por su compromiso intelectual y sus postulados vinculados a una comprensin de las fuentes del conflicto armado en aras de poder superarlo mediante la negociacin poltica, pueden hallarse en l unos insumos claves como tambin una ausencia notoria. Los aportes ms slidos se reflejan sobre todo en la reflexin del derecho a la rebelin en la sucesin nacional, la injerencia de los Estados Unidos en la guerra colombiana, la definicin causal del problema agrario y la descripcin e impugnacin de un orden social capitalista que ha ahondado en esa matriz violenta que configura su propio transcurso. La ausencia se representa en la limitacin del mandato que habra podido flexibilizarse, pues en el caso de la violencia sistmica ejercida desde arriba, desde los sectores dominantes, se elude sealar articulaciones ms precisas, o dicho de otra forma: cmo y en qu tipo de relaciones y agentes y con qu beneficios se ha encarnado ese orden social injusto y por lo tanto violento de mltiples formas. Nivel ste que otra Comisin (de la Verdad, de Esclarecimiento, Memoria y No Repeticin) no slo podr sino que deber tratar ms adelante.

En concreto, frente a lo que Gaviria discurre, esto encaja en la misma evasin: es dejada de lado la responsabilidad de los mximos jefes, de jerarcas o de mandos superiores en la verdadera cadena de decisin; no se sugiere diagonalmente, mucho menos en los escritos de los comisionados nombrados por el gobierno no slo esquivando la resea exacta de lo que determina un podero y control directo (estructuras armadas legales y su real formacin y doctrina), sino sustrayendo pruebas de las condiciones de lo que se conoce como la dimensin administrativa, tcnica, racional e instrumental de los crmenes de sistema, ms all del rtulo dado por el uniforme. Es decir los aparatos organizados de poder.

Esas responsabilidades complementarias patentes en la organizacin de la represin y en sus formas de justificacin y ocultamiento, deben ser objeto de juicio. Es irrebatible lo que se explica, no slo por la guerrilla, sino por sectores del pensamiento crtico y movimientos populares y de derechos humanos: en un pas como Colombia, donde el estamento militar ha estado subordinado al civil, donde la dictadura castrense no se ha tenido que ejercer desbancando a civiles electos, la cadena de mando no termina en los cuarteles sino en los salones diversos de las instituciones que funcionan formalmente como democrticas y en los cubculos civiles del poder poltico y empresarial.

La periodista Cecilia Orozco (www.elespectador.com/opinion/propuesta-de-gaviria-dificil-de-digerir-columna-544737: 17 de febrero) de modo claro indica sobre la iniciativa de Gaviria cuando se refiere a esos no combatientes o civiles: Con plena conciencia del alcance de sus palabras, el expresidente evit, sin embargo, poner con nombres y apellidos, ejemplos que aterrizaran su propuesta. Y remite con razn a la hiptesis de que uno de los destinatarios de dicho salvavidas jurdico del expresidente Gaviria sea otro expresidente: Uribe Y si es aplicado para el ms perverso y ya salpicado por decenas de crmenes por qu no puede cubrir a otros altos dignatarios o mximos responsables?

Se va viendo que nada es inocente en el fluir de las inventivas sobre justicia que el sistema sopesa en la encrucijada del anhelado final del conflicto armado.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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