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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-03-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (5)
La banda de los 13 mil

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


Quiz estemos ante uno de los captulos ms importantes en la lucha por los derechos humanos y la paz con justicia en Colombia.

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...el seor Fiscal General de la Nacin ha venido recibiendo miles de procesos, miles de informaciones que han dado todos los paramilitares que han venido dando sus testimonios sobre muchsimos empresarios, muchsimos ganaderos, muchsimos colombianos de muchas empresas nacionales y extranjeras que ayudaron a financiar el conflicto (...) Si dejamos eso abierto y solamente cerramos el captulo de Farc y militares pues vamos a ver durante los prximos 5, 10, 15 aos a la justicia llamando uno por uno a cada uno de estos empresarios, a cada uno de esos ganaderos, a cada uno de esos bananeros, a cada uno de esas empresas que han sido sealadas -con pruebas en muchos casos- de haber participado del conflicto (...) Qu hara un ganadero que financi unos paramilitares. Pues ir y decir: eso es cierto, yo di esta plata y yo estoy dispuesto a decir la verdad, ya sea con verdad y reparacin por ejemplo. Y yo voy a dar la plata para reparar el dao que caus Queda totalmente limpio con la justicia y as podemos cerrar el captulo completo... cuando uno ve y hablando con el Fiscal hay ms de 13 mil procesos iniciados o por iniciar contra los llamados no combatientes y eso para la justicia, para la impunidad y para el pas pues tiene un costo altsimo si lo dejamos as, abierto, a que cada uno de estos procesos prospere (Palabras del Presidente Juan Manuel Santos el 18 de febrero de 2015 en la conmemoracin de los 24 aos de Bancldex. Cfr. http://wp.presidencia.gov.co).

13 mil puede ser apenas la punta del iceberg. Pero quedemos en que al menos es esa cantidad la de procesos iniciados o por iniciar.

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1. El debate acerca de la justicia transicional

El ex presidente y ex secretario de la OEA Csar Gaviria desencaden con su propuesta una performance muy inteligente, propia de una diestra y siniestra clase poltica que planea y representa sus escenarios con provocacin e intencin.

Junto a otras voces del poder dominante que se le suman, indic una ruta de impunidad, metiendo a todos en el mismo bulto. Para ello usa inapropiadamente no slo el concepto de sociedad civil, sino, ms grave an, el trmino no combatientes, trasladando arteramente con ste, del derecho penal al derecho humanitario, la responsabilidad de unos criminales de cuello blanco, que ni son combatientes ni tampoco no combatientes, sino unos delincuentes que hallaron en el conflicto armado nada ms que el ambiente propicio para hacer negocios a base de sangre y dolor.

Ahora bien, con ello el expresidente tuvo forzosamente que reconocer que existe una responsabilidad ms all del autor material de un crimen. Que detrs de quien dispara, desaparece o tortura para defender con su misin el status quo, est esa minora de miles de pudientes que se ha beneficiado de la accin del sicario.

Gaviria y los ecos que le secundan con inters en esa iniciativa, se refieren a actores econmicos, polticos, idelogos y funcionarios judiciales, buscando para ellos y para personas VIP como Uribe y l mismo, los suficientes blindajes legales a fin de no ser penalizados. Lo que quiso ser una foto de otros, y un aprovechamiento de rebajas en la feria del conflicto y su resolucin, termin siendo por fuerza de la realidad un selfie de muchas caras: las de evasivos mximos responsables, en los que hay que contar, insisto, segn recoge Gaviria de la realidad, a miembros de las instituciones que estaban encargadas de hacer justicia. Esto traduce en parte algo ya evidente: aclaracin no pedida, confesin manifiesta. Ya no puede haber vuelta atrs en esto: cmo se puede hablar de que la justicia colombiana es idnea para conocer de crmenes internacionales, al estar gran parte incursa en graves delitos y en hechos de corrupcin? (ver http://www.eltiempo.com/politica/justicia/corrupcion-en-la-corte-constitucional-analisis-de-las-consecuencias/15321875, sobre el ltimo escndalo de trfico de decisiones judiciales).

En la siguiente semana al escrito de Gaviria, arrib a Colombia el ex secretario de la ONU Kofi Annan, quien luego fue a La Habana, sede de los dilogos de paz. Al lado de analistas de la justicia transicional y en reuniones con sectores polticos y de opinin, recalc en Bogot elementos ya conocidos relativos a los derechos de las vctimas, a la verdad, a la reparacin, a la justicia y a las garantas de no repeticin (ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196009&titular=la-paz-de-colombia-y-la-desafortunada-rueda-de-prensa-de-kofi-annan-en-la-).

Del cmulo de intervenciones oficiales en esos das de debate nacional en torno al tema, entre ellas las del Presidente Santos y del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, se desprenden algunas verdades que nos aproximan a la cuestin fundamental, anticipada como el meollo o ncleo del problema de la (in)justicia y la paz en el caso colombiano.

2. Aprendiendo de otros

Si bien debe trabajarse por un modelo nacional, por una solucin poltica propia en materia de justicia transicional, rechazando que se nos impongan maquetas externas fundadas en lineamientos que aslan dicha justicia de la necesaria transicin democrtica que se demanda en otras dimensiones, no obstante esa prevencin ante algunas experticias o implantes, s es cierto que determinados principios de derecho sustantivo del orden internacional deben ser tomados en cuenta, por el valor que representan en favor de los derechos de los pueblos y de su memoria histrica, y quiz slo por eso. Tambin para ello deben considerarse los fracasos o limitaciones de experiencias que se nos quieren vender como ejemplares, sin serlo. Ninguna encaja plenamente en Colombia y ninguna deja de decirnos algo importante sobre lo que no podemos repetir en trminos de error. Para eso sirve el estudio de muchas comisiones de la verdad, as como de derroteros referidos a las vas de justicia, reparacin y no repeticin: para avanzar, no para retroceder copiando.

Si bien tenemos que aprender del caso de Argentina, que fue importante por el signo de la prisin para algunos genocidas, es ms til o interesante fijarnos en la necesidad de buscar ms verdad, como all hizo falta, sobre quines auspiciaron y se beneficiaron de sus crmenes. Y tendremos que aprender del caso surafricano, donde no slo se trataba de una lucha contra el apartheid, sino contra un sistema de injusticia ms sofisticado, y que a la verdad, siendo como fue all ms develada que en otras latitudes de conflicto, le hizo falta ms sancin, ms castigo, no slo en trminos de juicio certero contra los responsables, sino remocin efectiva de ignominiosos privilegios que hoy comparten crculos de blancos y negros. Surfrica sigue siendo un pas con hambre, con derechos sociales y econmicos burlados para amplias mayoras.

Si en un caso como el argentino el acento estuvo en la mirada a los perpetradores y su procesamiento, y en el surafricano en las vctimas y su demanda de esclarecimiento, al menos retricamente; y si otros ensayos lo que han hecho es oscilar entre esos dos conceptos, el caso de Colombia nos pone de presente un camino arduo y nuevo, que nuestra realidad ms apabullante clama como principio de solucin. Y ella es posible slo si se asume y encara por el Establecimiento su responsabilidad en el pa-ra-mi-li-ta-ris-mo.

3. El distintivo nacional

En el proceso de salida poltica pactada y en el sistema de balanzas que es la llamada justicia transicional, puede o debe haber otra negociacin (una resolucin dentro de otra), que tiene como objeto no ya la desmovilizacin de los rebeldes, sino, para el otro lado, la desmovilizacin previa de los contra-rebeldes y con ello la remocin paulatina de apenas una parte de las causas de injusticia e inequidad que dieron origen a la confrontacin. Por eso debe vincularse la mirada de justicia social en general a la de la justicia en relacin con hechos y estrategias (para)militares. Ah est gran parte del pasado y el presente. Y es donde est incubado el futuro.

Dicho planteamiento es ms concreto: los perpetradores del paramilitarismo en sus diversas facetas, lo son no slo de una estrategia de por s criminal, rechazada en el derecho internacional de los derechos humanos y de los conflictos armados al violar en s misma principios esenciales de la regulacin de la contienda blica, sino autores y cmplices de una empresa criminal comn, de unos aparatos organizados de poder, de unas cadenas de rdenes y beneficios, que llevaron a cabo una sistemtica, masiva, deliberada, planificada y protegida secuencia de lgica econmico-poltica probada en el saqueo, el despojo, el pillaje, la rapia e implementacin de proyectos de depredacin mltiple.

El propio Alto Comisionado de Paz, Dr. Jaramillo, lo reconoci pblicamente en Bogot el mircoles 25 de febrero de 2015: es absurdo negar que el paramilitarismo ha existido y desconocer la violencia que entraa.

La cuestin est en que dicho fenmeno ha vivido un eficiente reciclaje y empoderamiento en diferentes niveles, lo que ha sido demostrado no slo en el continuum de sufrimiento por centenares de comunidades a lo largo y ancho del pas, sino en la desconcertante conclusin negacionista de funcionarios del actual Gobierno, que siguen afirmando, contra toda evidencia, que ya no se presentan nuevas arremetidas paramilitares de la mano diligente de las fuerzas armadas oficiales o prevalidas de la omisin eficiente de estructuras militares en los territorios codiciados. Con esa posicin, est lejos de ser reconocido entonces el verdadero problema que el paramilitarismo supone, y remota est todava la declaracin de responsabilidad acerca del aseguramiento estructural de los dividendos de dcadas de su triunfante trayectoria.

Desde esa comprobacin de otro ciclo de complicidad, est lejos tambin al parecer la asuncin de medidas para impedir en el presente que el paramilitarismo embista contra el proceso de paz. Una simple ojeada al posicionamiento nacional y regional permite concluir que se prepara no slo para nuevos asaltos sino para acometer la tarea de atentar sostenidamente con alto potencial contra los acuerdos que se deriven de las conversaciones de La Habana. Ya Uribe Vlez, cabeza de esa estrategia, lo avis con disimulo al ex senador Leyva: Suponemos que el Gobierno est enterado de la creacin de grupos de justicia privada en varias regiones (carta del 9/11/2014).

El ex provincial de los Jesuitas en Colombia, conocido analista del conflicto, Francisco de Roux, seal hace unos meses: cmo se va a encontrar la manera de que los empresarios y la clase dominante acepten los cambios estructurales que se necesitan para construir una paz duradera / Eso implica convencer de los beneficios de firmar la paz a quienes l llama la extrema extrema derecha del pas, que continuamente piensan djenlos, djenlos que firmen y vengan que ac los matamos (Las preocupaciones de Pacho de Roux sobre la paz. En www.reconciliacioncolombia.com). El hoy parlamentario de izquierda Alirio Uribe expres: Lo digo eufemsticamente, esperamos que no nos maten en paz, es decir que maana haya tericamente paz, pero que las formas de violencia se mantengan intactas (Cfr. En www.kienyke.com).

Si eso es as; si la verdad inocultable, no ya del pasado sino del presente, es la que nos revela un accionar impune en lo sustantivo de la estrategia, hoy algo dormida en unas reas pero latente con su instalada capacidad mortfera, no hay ms camino coherente para el Gobierno Santos que cumplir lo pactado como obligacin en la agenda de La Habana.

4. Mdula en el eje de lo firmado

Nos referimos al Punto 3 (Fin del conflicto), sub-puntos 4 a 7, parte de la verdadera matriz implcita de justicia transicional:

(4) En forma paralela el Gobierno Nacional intensificar el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupcin y la impunidad, en particular contra cualquier organizacin responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos polticos / (5) El Gobierno Nacional revisar y har las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construccin de la paz / (6) Garantas de seguridad / (7) En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Vctimas) de este acuerdo se esclarecer, entre otros, el fenmeno del paramilitarismo.

El presidente Santos ha dicho rotundamente que ni el modelo econmico ni las fuerzas militares son negociables. Pero firm su Gobierno ese trascendental compromiso consignado en esos sub-puntos transcritos, que, digmoslo sin tabs, son decididamente la va ms eficaz que qued pactada, para revelar y afrontar el carcter criminal de una violencia sistmica incompatible con la paz social ms bsica, al hacer parte no de rasgos secundarios sino de la esencia de la administracin y direccin econmico-poltica del pas.

Es muy probable que sea por esa razn que el Gobierno y sobre todo el ministro de defensa, Pinzn, elude sus responsabilidades directas, deducidas de la ley que jur obedecer y de la agenda de conversaciones que no comparte, al dejar de enfrentar con contundencia al paramilitarismo y romper los vnculos que existen con la fuerza pblica, quedando en entredicho hoy que quiera combatir ese monstruo que enmascara un medio eficaz en la guerra sucia, pues siguen ocurriendo impunemente sus crmenes en las propias narices de unas fuerzas institucionales que se ufanan de tener control territorial en toda la geografa nacional.

Por supuesto que los efectos del paramilitarismo en Colombia no son slo de control violento (los que debera por definicin de su funcin ministerial, atacar Pinzn, de clara ineptitud o incompetencia para ello junto al grueso de sus tropas); son ya estructurales ms all de la coaccin de turno; indisociables del narcotrfico y de otros circuitos y actividades empresariales legales objeto de proteccin, que rodean y permean a grupos polticos de la derecha y del centro que han camuflado, normalizado o validado a sus vez las ganancias y racionalidades paramilitares sin las cuales no hubiera sido posible arribar al actual estadio, desde el que se dictan dos lneas: la necesidad de acabar de una vez con la guerrilla, a las buenas mediante una paz barata, o a las malas; y, para s, un mayor blindaje de los derechos de esa exitosa nueva clase social, que incluya garantas de definitiva impunidad e inmunidad de la propiedad privada obtenida.

Eso es lo que no han afectado ni podrn alcanzar las leyes de Santos referidas a vctimas y restitucin, de escassimos o lnguidos resultados, apenas para una nfima parte de la poblacin victimizada, mientras una contra-agenda legislativa y portafolios de negocios salvaguardan los intereses dominantes causantes del desplazamiento y otras estrategias impunes de violencia y despojo brutal.

5. La vergenza de un pas

Sea ste el momento de mencionar una dimensin cultural-espiritual que el paramilitarismo acrecent y atraves en toda Colombia, signada por mltiples violencias directas o materiales y tambin mediatas y simblicas, con una cara tenebrosa y oscura propia del hampa gris, pero tambin con un imagen pblica ampliamente dispensada, tejida por esa convergencia inter-clasista en el mbito de un nuevo conglomerado social, exitoso por quedar impune del experimento de casos puntuales que descubrieron apenas un poco el armazn paramilitar en los ltimos aos.

Se trata de una variopinta composicin social no de 13 mil sino de cientos de miles de seres y su correspondiente produccin de relaciones sociales, que comparten contenidos contra-insurgentes de fondo. Una gran masa que interioriz, forj y aprob ideas de enriquecimiento y competencia como sobrevivencia del ms fuerte, justificando para ello cualquier medio.

Es la gran capa ms all de capos y capitos y sus respectivos enjambres. Su comn denominador son los mtodos transversales para acabar con ese enemigo insurgente, contagiados los logros anti-guerrilleros en la diversidad de franjas o estratos. Esa clase-mosaico maneja en todos sus niveles una verdadera lavandera del usufructo poltico y econmico, por supuesto siendo ms fuerte o de mayor peso el resorte decisor entre ms se ascienda en esa pirmide. No es slo un hallazgo sociolgico, sino una configuracin con relevancia en posibles intervenciones jurdico-polticas y en la demanda de compromisos y transformaciones bsicas en pos de bienes pblicos o comunes.

Siendo cultural la problemtica, requiere por eso, en la perspectiva de sanacin, memoria y liberacin tcitas en los derechos de las vctimas, que se hable con fundamento, y sin ambages, de esa tragedia colectiva y existencial.

Tal precipicio no sabra cmo transmitirlo y abreviarlo.

Dentro de muchas experiencias constatables y sus insignias, como fueron los hornos en la retentiva del horror nazi (hornos para quemar personas, que tambin usaron los paramilitares en Colombia), o los cortes de franela o corbata en la pupila de la llamada poca de La Violencia colombiana en los aos 50 principalmente, hay que hacer frente con coraje, lucidez y objetividad a esos emblemas o escudos que recalcan las divisas del paramilitarismo en Colombia, como recurso del terror del Establecimiento. Unas veces fue el sombrero vueltiao, usado como su distintivo, o la motosierra, empleada en la denuncia grfica de sus atrocidades, pues fue efectivamente utilizada para mutilar seres humanos (no se olvide el caso de Trujillo Valle, en 1990, sobre el cual tendra que dar cuenta el entonces general Manuel Bonnet Locarno).

Esta vez entre la saturacin de imgenes que taponan, deben ensearse sus cifras de capital, sus rentas o los rditos de esa violencia inducida con el paramilitarismo como herramienta selectiva en la competencia econmica y poltica, pero tambin en otro plano la miseria moral plasmada en la extensin de su resultado formativo de sensibilidades y pensamiento, tras el enquistamiento cultural o la vulgaridad cotidiana que capt y foment.

Con profundo respeto tengo que resumir de alguna manera la vergenza posible con una dura parbola que no es ficcin. Es la de un hilo que va de un hecho a otro, en un testimonio vertido a quien esto escribe, que impone un cierto deber moral de manifestarla as de crudamente: el mismo dinero de quienes pagaron a asesinos que tajaron senos y vientres de campesinas acusadas de guerrilleras, paga ahora la plstica de la cultura de sin tetas no hay paraso o la (des)figuracin de otros tratamientos estticos que nos enrostran ticas de cinismo en las pginas y fotos del jet set. Ese es un modo de nombrar nuestro quiebre y nuestro quebranto colectivo. Pues ms all de casos est el pas, millones de personas, que primero miraron para otro lado cuando cercenaban cuerpos, y luego se sentaron frente al televisor para ver la telenovela de exportacin. Esa realidad ya no es predicable entonces de unos cuantos capos-paras. Basta coincidir en algn lugar pblico de concurrencia de polticos y empresarios o en un vuelo a Madrid o Miami desde Bogot o Medelln para comprobar esos valores (pre)dominantes que conjugan con pasarelas, golf, ftbol y variedades. A ese tipo de neofascismo ha llegado Colombia, habiendo sido esencial en sus pliegues el papel de unos medios de comunicacin que mentalizaron a favor de la guerra, la banalidad y la indolencia A ver cuntos periodistas, creativos, directores de medios y conductores de noticias estn en la banda de los 13 mil? Seguramente ninguno. Se han podido mimetizar en la libertad de empresa que envenen el derecho a la opinin.

Es una sumisin efectivamente colectiva, no exclusiva de la Colombia en guerra sino que encaja en la simulacin global del capitalismo como hegemona sobre las almas, que se patenta en este pas tanto en los imaginarios arraigados y alienantes de quien apret y aprieta el gatillo o porta hoy la pistola, presuntuoso de sus acumulados materiales pero escondiendo su origen, como en el refinamiento aparente y la burbuja del financiador, patrocinador o cmplice de alto grado que slo podra asomar algo de arrepentimiento si un Estado decente le instara contundentemente a ello, requirindole verdad, reparacin y desmovilizacin integrales.

6. Una batalla definitiva

Al pensar en esa idea de arrepentimiento del paramilitar de cuello blanco, no me refiero ilusamente al expresidente o senador Uribe, benefactor-beneficiario y cspide del paramilitarismo, ni a otros semejantes a l, como el ex fiscal Osorio o cientos de regidores de la para-poltica, a quienes les incumbe esa tipologa, que estn quiz probablemente fuera de esa posibilidad de pedir perdn y entregar lo indebidamente adquirido, ya consumado en gran medida. Me refiero a alguien capaz de sentirse realmente concernido por haber sido quien pag o paga todava, que encubri o encubre an, pero supone o teme que no siempre estar impune y est dispuesto a no seguir blindndose con sus chequeras y fortines polticos. El terrateniente de Crdoba que por conviccin o por coaccin apoy al paramilitarismo (como dijo el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, el 25 de febrero de 2015). Esa especie seguramente no es ms que una lejana excepcin, pues slo puede reproducirse, dentro de esa banda de los 13 mil, si una seria y consistente accin acusadora de la Fiscala y otros rganos, les pusieran a unos cuantos paramilitares de cuello blanco contra la pared. De lo contrario no saldrn de sus fortalezas.

El desmonte del paramilitarismo por eso no ser nicamente responsabilidad del Gobierno, presuponiendo que tiene voluntad de ello, sino que ser la de un proyecto emancipador, humanista, democrtico, hoy en evidente desventaja; que tenga adems de voluntad para una labor pedaggica transformadora, el poder poltico necesario y el consenso para emprender la vasta tarea cultural de tener un pas de mnimos de dignidad comn.

No obstante la visin del ejercicio a largo plazo, nada ser sostenible como proceso de paz, si no se afectan ya mismo esas articulaciones paramilitares en esta definitiva batalla para intentar erradicarlo como estratagema. Y ello comienza escuchando al otro antagonista: al movimiento guerrillero que seala con pruebas cmo se est atentando con acciones paramilitares contra las corrientes alternativas, y atendiendo las denuncias de las propias comunidades y organizaciones populares y de derechos humanos que informan sobre cientos de hechos criminales que desarrolla el paramilitarismo.

Esa es la base para poder promover incluso desde el Establecimiento ms civilizado al menos algunas significaciones de rechazo a la barbarie, frente a las escabrosas y fatales consecuencias del paramilitarismo. Se requerir un trabajo de recomposicin-tica, poltica y cultural a fondo, para que un da se conozca qu empresarios y polticos pagaron para asesinar campesinos/as y obtuvieron con ello el capital que asegura su status y modo de vida. Y qu fiscales y jueces no los investigaron o los absolvieron.

Es una idea nada original ni revolucionaria, sino apenas una cuestin de modernizacin en los cnones del capitalismo clsico que selecciona la plusvala bien habida y redistribuye algo de lo usurpado. Pero eso no es posible sin delatar el sistema a los mximos responsables en la cadena de la operacin (para)militar y su beneficio en la estructura econmico-poltica.

Cuando eso pase, si es que llegara a pasar; cuando salgan de sus haciendas, empresas, mansiones, clubes y oficinas, no por impresin del clculo sino por presin debida y adeudada por un Estado obligado a ello, que les ha auxiliado en dicha cadena criminal mixta, en tanto conjuncin de aparatos organizados de poder, ah s, y slo en ese evento, podra aplicrseles razonables mecanismos de negociacin, llmense justicia transicional o simplemente beneficios por colaboracin, a esos mal llamados no combatientes, en realidad muchos de ellos delincuentes profesionales que usaron como instrumento a militares, policas, paramilitares, mercenarios y sicarios, cientos de los cuales estn en la crcel mientras 13 mil sinvergenzas no.

En esa eventualidad, en tanto impactaron en el conflicto social, poltico y armado, y aunque sean delincuentes comunes como tal, debern ser obligados a comparecer o tendran la posibilidad de hacerlo, frente a una comisin de la verdad, memoria y no repeticin, que tome nota de sus deposiciones, para identificar lazos financieros y polticos y judicializar responsables ocultos.

Si ya es inmenso el sacrificio y el desequilibrio de las vctimas ante el 99 % de impunidad de violaciones de derechos humanos, como es reconocido; y si ya es el Estado el que no puede esconder ms la existencia de 13 mil expedientes judiciales abiertos o por abrir, cuyo desarrollo puede apenas significar una leve disminucin de ese porcentaje aterrador de impunidad, no hay otro camino que la judicializacin efectiva y concentrada de esos pocos miles de casos. Es irrenunciable la demanda de proseguir con ese inventario y tener que dar cuentas.

A cambio de verdad completa y contrastable, a cambio de reparacin material directa y re-distributiva, y de efectivas garantas de no repeticin que el Estado en recomposicin debe hacer valer recuperando tierras y bienes para los desposedos, los perpetradores del paramilitarismo podran obtener beneficios judiciales en lo relativo quiz a privaciones o restricciones de la libertad. No es como lo proponen el ex presidente Gaviria y el presidente Santos, olvidando en sus intervenciones una etapa fundamental, el juicio penal, como si fuera una cuestin de trmite administrativo. No se trata tampoco de multas mientras se mantienen cuentas en Panam, Nueva York, Islas Caimn o Suiza. Se trata de verdaderos procesos de extincin de dominio para reparaciones integrales, fruto de juzgamientos pblicos.

7. Sancin histrica

El complejo quehacer de un nunca ms! o un basta ya! respecto al paramilitarismo exige haber comenzado ya su desarme. Su sancin no debe ser una realidad meramente penal referida por lo tanto al pasado, sino que es condicin o materia vital actuante y de congruencia elemental en el proceso de paz y en los requisitos mismos de seguridad para todos en la perspectiva de reivindicaciones primarias, en particular para quienes debern participar con nuevas formaciones populares en la vida poltica legal. Sin paramilitarismo hay lugar para pensar un pas meritorio. Mientras persista, por el contrario, la paz se desvanecer con los primeros disparos.

Aun as, sabemos, la inmensa mayora de la riqueza acumulada tras el funcionamiento de la guerra sucia; las ganancias obtenidas tras la desaparicin de sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos realmente beligerantes; las gigantescas rentas y propiedades de elites cuyos lazos con el paramilitarismo no podrn ser probados por muchos factores; la explotacin asegurada por multinacionales que hicieron y hacen del Estado colombiano un gendarme servil; todo ello no ser judicializable en el escenario y la dosimetra de unas operaciones de derecho penal.

Eso quedar largo tiempo en la impunidad, que es correlativa a la condicin de un orden social injusto, de violencia sistmica. Para esa justicia obra de generaciones se requiere poder con todos sus componentes esenciales. Digamos que para ello se requiere otra correlacin de fuerzas histrica.

Lo mnimo, sin lo cual no ser posible que el proceso de paz sea sostenible, es que los autores intelectuales, determinadores, autores mediatos, jefes, financiadores, beneficiarios, etc.; es decir que la gran banda (empresa organizada de naturaleza criminal) de los 13 mil expedientes sea debidamente procesada. Y convendra para ello se le detenga hoy la mano bestial, que sigue haciendo de las suyas matando pobres y preparando listas de rebeldes desarmados.

Para eso hace falta que el sistema obligado a ese paso elemental se mire al espejo. Un Estado de Derecho o demoliberal debera hacerlo.

Los millones de vctimas de la violenta tradicin oligrquica que ha inducido al paramilitarismo como recurso para la defensa y acrecentamiento de privilegios, no slo tienen derecho a la verdad y a la reparacin moral, sino a una efectiva justicia territorial transformadora ms que restaurativa, de orden re-distributivo que perfectamente se puede concebir y desenvolver con parte de lo usurpado.

El pas debera saber qu patrimonios, haciendas, fortunas, caudales, cuentas, van a ser ya mismo objeto de investigacin rigurosa. Y debera tambin establecerse un sistema de alerta y situacin del paramilitarismo dada la actualidad de su amenaza. Los grupos de justicia privada con que alardea Uribe Vlez parece los conoce l pero no el Gobierno Santos. Desconcertante!

Esa sancin, inmovilizacin y desmovilizacin terminante del paramilitarismo como lgica criminal, tiene mayor alcance. Su ttulo no es punible slo, sino de restablecimiento o redencin del papel y la dignidad del Estado que se pretende democrtico, ante perpetradores privilegiados del sistema (polticos, empresarios, jueces, fiscales, medios de comunicacin) que lo pervirtieron.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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