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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-03-2015

Impunidad en caso Ayotzinapa
El Estado al servicio del crimen

Arsino Orihuela
Rebelin


A seis meses de la desaparicin de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa, y la ejecucin de otras seis personas cuyas historias pocas veces figuran en la trama, cabe la conjetura de que el gobierno federal administr exitosamente el inicuo episodio de barbarie. El propsito era superar la crisis con el menor costo poltico para los poderes involucrados: gobiernos municipal, estatal, federal; ejrcito; policas municipal y estatal. Es interesante aunque no menos indignante observar la fortaleza del Estado en materia de fuero e impunidad: en una operacin que intervinieron casi todos los niveles de mando de la autoridad pblica, el costo para los poderes constituidos se redujo a la reubicacin de un procurador en otro cargo pblico, la aprehensin de un alcalde (que es la nica figura de mediano-alto rango que enfrenta un proceso penal) y la destitucin de un gobernador que continua su carrera poltica caciquil desde las comodidades del anonimato. Eso desde el punto de vista institucional domstico. En el mbito de las relaciones internacionales, el crimen de Estado no tuvo ms efectos que la reprensin pblica del Parlamento Europeo y la emisin de recomendaciones de las acomodaticias Comisiones de Derechos Humanos Nacional e Interamericana. Y claro, cabra agregar sin afn de minimizarlo la movilizacin ciudadana que encabezan los padres de familia de los normalistas, que por cierto es algo que est administrando el gobierno tambin con relativo xito. Bien podra argirse que ya pas la tormenta. En la lgica cortoplacista de la poltica pragmtica, el rgimen solvent satisfactoriamente el lapsus de crisis. Pero sin duda las consecuencias polticas latentes para el Estado no son todava visibles. Por ahora, priva la impunidad total.

Y esta es la cuestin en torno a la cual se hace urgente reflexionar. Ayotzinapa es un crimen que involucra a la totalidad del Estado, porque es el Estado el que suministra la trama de condiciones para la comisin de esos delitos de lesa humanidad. En la razn de Estado, Ayotzinapa es un procedimiento rutinario. Cuando ciertas organizaciones no gubernamentales o civiles exigen reparacin de daos o justicia al Estado, no hacen ms que refrendar la autoridad de ese Estado, y delegar a ese centro de poder (a veces involuntariamente) la facultad extraordinaria de juzgar sus propios actos delictuosos. Este es el principio de la impunidad.

En el fondo de esos reclamos persiste la idea de que una autoridad es legtima por el slo hecho de ser una autoridad formal. Pero esta idea se traiciona en los contenidos. La presunta legitimidad del Estado mexicano es esencialmente coaccin revestida de simulacros de consenso pobremente montados. Es preciso comenzar a virar la relacin Estado-poblacin con base en ese precepto que enuncia Noam Chosmky: El poder es siempre ilegtimo hasta que no demuestre lo contrario. Especialmente en un rgimen tan desquiciadamente corrupto, este es el principio que debe guiar la accin ciudadana. Pero el problema no es de un rgimen: es de un Estado. Cabe hacer notar que en este pas los ltimos gobiernos han alcanzado el mando del Estado a travs de golpes de Estado constitucionales (1988, 1994, 2006, 2012). Golpes que, por otro lado, la intelligentsia mexicana llama elecciones democrticas. Pero que ponen al descubierto una realidad incontrovertible: la constitutiva ilegalidad e ilegitimidad de las instituciones de Estado.

La corrupcin, en este sentido, es un asunto de Estado, y no una anomala. Reclamar justicia a la fuente de corrupcin es, otra vez, el principio de la impunidad.

Con estas ideas en mente, cabe hacer una ltima reflexin.

La impunidad no es un signo de debilidad institucional, ni de captura del Estado por parte de algn agente extraestatal. No se puede admitir esta tesis en un pas donde las mximas figuras de autoridad contravienen sistemticamente las leyes, e incurren en actos o decisiones anticonstitucionales. Parece ms bien que todo est dispuesto, incluido el aparato de justicia, para imponer un orden de excepcin. Ayotzinapa es presa de esa excepcionalidad.

El segundo ciclo de reformas neoliberales, que abarc reas econmicas estratgicas, es una desposesin de facto de patrimonios y derechos, y en este sentido una profundizacin de la excepcionalidad.

El uso del ejrcito para combatir un enemigo interno, con facultades y prerrogativas de polica, pero con el goce de fuero militar, es una invitacin a transgredir derechos bsicos e instalar un manto de opacidad que se traduce en impunidad.

La ausencia de justicia es una accin de Estado, no un sntoma de inoperancia. Dawn Paley, periodista independiente, dice: La impunidad no es el resultado de un Estado dbil o deficiente, sino que se proporciona de forma activa a la plyade de grupos armados que cometen crmenes y actos de terror contra ciudadanos, migrantes y pobres. La provisin de impunidad a actores armados que estn polticamente alineados con el capitalismo es parte de la razn de ser de un moderno Estado-nacin.

Es la impunidad la que fortalece el control estatal. Del Estado no se pude esperar justicia para Ayotzinapa.

Es la hora de la rebelin ciudadana.

Blog del autor: ladignavoz.net


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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