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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-04-2015

Criminalizar al pueblo mapuche y a los movimientos sociales
Represin contra el enemigo interno

Arnaldo Prez Guerra
Noticias Aliadas


La estrategia de control social para proteger al modelo neoliberal es criminalizar al pueblo mapuche y a los movimientos sociales.

En Chile, el fenmeno crece de la mano de la invisibilizacin y la represin de las protestas que se oponen al extractivismo y a quienes reivindican sus derechos polticos, culturales y territoriales. Gobiernos y transnacionales renuevan as la tesis del enemigo interno, y judicializan a lderes y lideresas sociales.

Hoy son los excluidos del modelo econmico y todo aquel que levante su voz frente a las injusticias de la economa de libre mercado. Al mapuche se lo asocia a terrorismo. La disputa de predios con empresas forestales es vista como un freno para el progreso, una amenaza al Estado de derecho, que vulnera la unidad nacional, seala el abogado Eduardo Mella, en la revista Reflexin N 36, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos.

Chile es una economa dependiente, exportadora de recursos naturales, mientras el Estado se limita a resguardar los intereses de las grandes corporaciones y transnacionales.

Movilizaciones medioambientales, regionales y estudiantiles, principalmente, son acompaadas por una constante presencia represiva. Se persigue judicialmente a sus dirigentes.

Rodrigo Mundaca, agrnomo que ha denunciado el robo de aguas en Cabildo, Petorca, La Ligua regin de Valparaso por empresarios y polticos, entre ellos el exministro demcrata cristiano Edmundo Prez Yoma, fue condenado a 541 das de crcel en abril del 2014 por injurias y calumnias, y enfrenta acciones judiciales en su contra en La Ligua, Quillota y Concepcin.

Territorios en conflicto son militarizados, como es el caso de comunidades mapuche en Bo Bo, Los Lagos y la Araucana y, recientemente, en el valle del Choapa, en Caimanes, en la nortea regin de Coquimbo. La comunidad est sin agua y completamente contaminada por desechos y relaves de la Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic. Cortes de ruta, huelgas de hambre y barricadas, han sido los medios para visibilizar sus demandas.

Por ms de tres meses, desde noviembre del 2014, Caimanes levant un campamento camino al tranque El Mauro ubicado a 12 km de Caimanes, donde la minera ha depositado millones de toneladas de relaves, luego de que la empresa no acatara un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a reponer el cauce natural de las aguas del ro El Pupio.

En diciembre pasado, el vocero de la comunidad, Cristin Flores, fue detenido y amedrentado por la polica. Nancy Reyes, su esposa, dice: Su detencin fue una manera de hostigamiento, de amedrentar. Un montaje, inventaron un delito para detenerlo.

El 4 de marzo ltimo, ocho comuneros resultaron heridos tras la violenta represin helicpteros, decenas de vehculos y bloqueos por tierra contra cientos de manifestantes en Caimanes. Uno de ellos perdi un ojo por un baln policial.

Mapuche bajo fuego

Durante el ltimo allanamiento a Ercilla, en la Araucana, el pasado 26 de febrero, nios mapuches fueron maltratados en la comunidad Coomil Epuleo, que reivindica sus tierras ancestrales. Efectivos de la Polica de Investigaciones detuvieron al werken (mensajero, autoridad tradicional) Jorge Quiduleo y amedrentaron e interrogaron a dos nios mapuches de cuatro y ocho aos.

Fue muy traumtico, los policas les ordenaron a gritos que salieran de sus camas y se tiraran al suelo. Los nios ante la presin y la violencia soltaron el llanto, relata Rosa Quiduleo, abuela de los menores.

Das antes, la Corte Suprema haba ratificado un fallo a favor de tres menores de dicha comunidad, luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitara un recurso de proteccin. Los menores haban sido detenidos tras un allanamiento, pasaron varios das encarcelados e ingresaron al tribunal esposados de pies y manos.

Ningn medio masivo public que a mediados de febrero pasado seis prisioneros polticos mapuches denunciaron torturas en la crcel de Angol, mientras el exsacerdote Luis Garca Huidobro defensor del pueblo mapuche y vocero del prisionero poltico Emilio Berkhoff era condenado en un intento por silenciarlo.

Mapuches encarcelados o procesados por la defensa de sus derechos polticos, culturales y territoriales son reconocidos como prisioneros polticos por organismos de derechos humanos, incluyendo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conden a Chile el ao pasado por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo mapuche en el caso Norn Catrimn y otros contra el Estado. El fallo sent un precedente pues constituye un importante reconocimiento del fenmeno de criminalizacin.

Segn la CorteIDH, las sentencias condenatorias contra las vctimas, ocho comuneros incluyendo los lonkos (lderes mximos) Segundo Aniceto Norn Catrimn y Pascual Huentequeo Pichn Paillalao, y el werken Vctor Manuel Ancalaf Llaupe por delitos de supuesto carcter terrorista, fueron emitidas en el 2002 y 2003 fundndose en la Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presuncin de inocencia.

Aumentan los casos de criminalizacin y encarcelados reivindicando derechos territoriales. Actualmente hay una violenta arremetida judicial contra machis [autoridades espirituales y de salud del pueblo mapuche]. Machis han sido detenidos y condenados: Millaray Huichalaf, Tito Caulef, Francisca Linconao y Celestino Crdoba. Chile aplica la legislacin antiterrorista promulgada por [el dictador Augusto] Pinochet, utilizada hoy con el objetivo de reprimir reivindicaciones mapuches, afirma el cientfico social Rodrigo Guerra en declaraciones a Noticas Aliadas.

A pesar de las recomendaciones del Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2014 contra la aplicacin de la Ley Antiterrorista, la administracin de la presidenta Michelle Bachelet ha continuado invocndola y ya no se habla de su derogacin sino de perfeccionarla.

Entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invoc la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas, seala el prisionero poltico Hctor Llaitul. En el 2014, la organizacin mapuche Meli Wixan Mapu, reconoca la existencia de 20 prisioneros polticos mapuche.

Reprimir e infiltrar

Diversos analistas coinciden en que esta estrategia poltico-criminal se extiende peligrosamente en un Chile que despierta y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social y la opresin del mercado, dice la periodista Paulina Acevedo. Estudiantes, deudores habitacionales, trabajadores, indgenas, ambientalistas, son solo algunos de los sectores en la mira.

Caso emblemtico es el del estudiante Vctor Montoya, quien pas 16 meses encarcelado en prisin preventiva, acusado bajo la Ley Antiterrorista por la supuesta colocacin de una bomba en un retn policial en febrero del 2013. La Fiscala present testigos protegidos y centr el caso en su perfil de vegano. Fue absuelto en dos juicios el ao pasado. Es la ley Antiterrorista la que genera todo esto, pues t eres culpable hasta que demuestres lo contrario, dijo Montoya.

Mireille Fanon, de la Fundacin Frantz Fanon, seal sobre el caso Montoya, tras su visita en el 2014 como observadora de derechos humanos, que el estudiante pas 16 meses en prisin por pruebas falsas bajo el pretexto que el Estado chileno necesita demostrar la existencia de una amenaza terrorista. Este Estado avala, a sabiendas, la fabricacin y el uso de procedimientos fuera de toda legitimidad, siempre y cuando se trata de reforzar su necesidad de mantener a la poblacin bajo control.

Para Guerra, hay una creciente escalada y legitimacin de atribuciones a organismos de seguridad, con el objetivo de reprimir e infiltrar a los movimientos sociales. La Ley Antiterrorista ilegtima y aberrante desde el punto de vista jurdico, contina aplicndose contra luchadores sociales y principalmente contra autoridades y comuneros mapuches, exprisioneros polticos y jvenes acusados de anarquistas, as como a okupas [que dan uso a viviendas vacas] y veganos que supuestamente colocan explosivos. La mayora de los juicios han terminado con la absolucin de los acusados, tras meses o aos de injusta prisin.

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7141


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