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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-04-2015

El rgimen canallesco y las sublevaciones que vienen

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Ms de seis meses han pasado de los acontecimientos de Iguala en los que, como es conocido, tres jvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y tres personas ms perdieron la vida, y fueron desaparecidos 43 ms. A estas fechas, el pas contina en plena descomposicin poltica y social, adems de la crisis econmica que se avecina. Visto en perspectiva, Iguala no ha resultado un hecho excepcional sino la exacerbacin de tendencias y comportamientos presentes de manera persistente en los rganos de Estado en su relacin con la sociedad. En un pas donde se contabilizan al menos 22 mil desaparecidos (personas no localizadas, en el eufemismo empleado oficialmente para no reconocer la lacerante realidad de violencia de rgimen) y ms de 100 mil asesinados en los ltimos ocho aos, las vctimas de Ayotzinapa hubieran podido pasar simplemente a la estadstica, sin mayores consecuencias sociales.

Sin embargo, la evidencia de los abusos policiacos, de la intervencin u omisin de diversas autoridades y el desinters mostrado por el gobierno federal y el presidente Pea Nieto en las primeras semanas frente a una ostensible y grave violacin de los derechos humanos condujo a un despertar y una movilizacin sociales sin precedentes en el pas y en el contexto internacional. El antecedente es, desde luego, el Movimiento por la Paz con Dignidad iniciado y conducido desde 2011 por Javier Sicilia, que sensibiliz al visibilizar a las vctimas de desaparicin, secuestro o asesinato, pero no alcanz las dimensiones de las movilizaciones por Ayotzinapa.

Lo cierto es que la raz de esta marca sangrienta sobre la sociedad no est slo en el auge de una actividad criminal como el narcotrfico sino en la estructura asumida por el rgimen poltico en las ltimas dcadas. Es la captura de los rganos del Estado por los poderes econmicos de todo signo, nacionales y extranjeros, as como la corrupcin generalizada en los tres rdenes de gobierno que abri la puerta tambin a las bandas criminales para incidir en la poltica y la economa de manera cada vez ms determinante.

Las reformas estructurales inspiradas en el neoliberalismo, iniciadas con la apertura comercial de Miguel de la Madrid, profundizadas particularmente en el gobierno priistas de Carlos Salinas de Carlos Salinas y culminadas en el actual sexenio de Pea Nieto no slo fortalecieron econmicamente a las oligarquas y poderes monoplicos poniendo a su disposicin la tierra, los recursos naturales y el control meditico; tambin modific la forma del Estado y del orden poltico haciendo de ste un rgimen canallesco, ajeno e incluso opuesto al inters social y popular.

El empobrecimiento de las clases trabajadoras del pas y la informalizacin de la poblacin econmicamente activa no fue slo un efecto coyuntural propio de los periodos de crisis, sino se ha convertido en un rasgo estructural de la economa con el fin de elevar, a costa del abaratamiento de la fuerza de trabajo y la reduccin del gasto social, la competitividad en los mercados internacionales. Al mismo tiempo ha permitido la manipulacin poltica por los gobiernos y partidos, a travs de programas de supuesto combate a la pobreza que han venido a sustituir al corporativismo de viejo cuo basado en las grandes organizaciones sociales. Estamos entrando una vez ms a un proceso electoral en el que este nuevo clientelismo carga los dados como dijera Vicente Fox en favor del PRI como partido oficial y de los gobiernos locales y polticos que tambin usan recursos pblicos para comprar el voto, ms que para resolver de fondo las insultantes y cada vez ms graves desigualdades sociales.

Han seguido las reformas laboral y educativa como medios de control sobre la fuerza de trabajo y las dems reformas llamadas estructurales: fiscal, financiera y de telecomunicaciones que, lejos de democratizar la propiedad y el acceso a los recursos propiedad de la nacin, tienden a consolidar la economa de monopolio y el llamado capitalismo amiguista o de compadres que beneficia particularmente a los grupos y empresas ms ligados al poder poltico. Televisa y el grupo HIGA de Juan Armando Hinojosa Cant son los ejemplos ms evidentes en el presente sexenio; pero no debe descartarse al Grupo Mxico y otros consorcios mineros, ni al recin agregado grupo MVS, que ya dio un vocero a la presidencia y un subsecretario de Gobernacin. Como lo seal el economista y premio Nobel Douglas North, es ''el asalto de grupos de intereses que se supieron aprovechar del Estado en su propio beneficio y se protegen de la competencia cerrando las economas''.

Un rgimen as que incorpora corruptamente tambin, en gran medida, a los partidos considerados de oposicin, como en el marco del Pacto por Mxico firmado a inicios del sexenio se vuelve cada vez ms abiertamente contra la sociedad. La matanza de Tlatlaya, a cargo del Ejrcito, y los hechos de Iguala, con responsabilidad de funcionarios locales del PRD y autoridades federales, son dos de las manifestaciones recientes y ms visibles de la perversin y reversin antipopular de los rganos del Estado. La colocacin de elementos de la casta poltica hermanados con los intereses de la televisora ms fuerte del pas en la Suprema Corte de Justicia y en la Procuradura General de la Repblica, y el despido de Carmen Aristegui de su programa radial transparentan la captura del Estado y la tendencia autoritaria del rgimen.

No voy a polarizar a la sociedad mexicana, dijo Enrique Pea Nieto durante su campaa en 2012. No otra cosa que polarizar ha hecho desde que lleg a la presidencia el 1 de diciembre de ese ao en medio de un aparato de represin que cost la vida a Juan Francisco Kuykendall y lesiones y encarcelamiento a decenas de activistas y meros transentes. Y las cifras de la violencia en el pas, as como las de las violaciones a los derechos humanos no han hecho sino crecer desde entonces.

Pero las respuestas de la sociedad han empezado. El surgimiento de diversas modalidades de grupos de autodefensa, el movimiento en torno a Ayotzinapa, el apoyo social a Aristegui, las luchas de las comunidades locales contra la sobreexplotacin de los recursos mineros, la ocupacin y desposesin de la tierra y la apropiacin y acaparamiento del agua, o la reciente huelga de jornaleros (que deriv en motn, como la de Ro Blanco hace ms de un siglo, ya que viven y trabajan en condiciones similares a las de hace ms de un siglo) en el Valle de San Quintn, no son hechos aislados. Son el producto de la profundizacin de las contradicciones sociales que han llevado en muchos casos al lmite el agravio a las comunidades y sectores de la sociedad. Son el anuncio de una oleada de luchas de resistencia y dignificacin, y de sublevacin desde la sociedad ante la violacin de los pactos sociales, que apenas inicia y que puede integrar a muchos ms grupos a la movilizacin.

Mientras esas luchas se mantengan aisladas, pueden ser reprimidas mediante la provocacin y el terror de Estado. Es una respuesta que tambin se anuncia. El secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos ya ha amenazado con que si los padres de los estudiantes de Ayotzinapa se vuelven a manifestar en los cuarteles, los soldados abrirn fuego. Pero el costo poltico ser enorme para un rgimen que se desliza sin freno al desprestigio nacional e internacional, y es unnimemente condenado por los organismos internacionales de derechos humanos. Una dictadura, a la colombiana, con procesos electorales y gobierno civil, pero en la que las fuerzas armadas tienen un papel central, sin control por el Congreso y sobreponindose al mismo Ejecutivo. El reportaje de Jess Esquivel en Proceso (2004, 29 de marzo de 2015) que da cuenta de la compra a Estados Unidos por el gobierno de Pea Nieto en un solo ao de ms de mil 300 millones de dlares casi el triple de los 500 millones otorgados desde 2007 por ese pas a travs de la Iniciativa Mrida en equipo blico y asesora, comprueba la tendencia a la militarizacin por el actual gobierno y el riesgo de que el Ejrcito se convierta en un poder fctico ms, copando el rea del seguridad interna del Estado mexicano.

Desde los aos 90 del siglo pasado, el gobierno estadounidense calific como Estados canallas a los pases que, sin alinearse con su poltica exterior, asuman un rostro represivo y de violacin a los derechos humanos, y propiciaban el terrorismo. Pero la poltica de alineamiento con los Estados Unidos deriv en una serie de Estados canallescos, no importa si con rgimen civil o militar, que se han vuelto contra su propia poblacin y han regresado a formas de autoritarismo que se consideraban formalmente superadas. Que prevalezca esa tendencia ya visible y ese escenario ya presente en nuestro pas y frenar el bao de sangre sin fin es lo que la slo la movilizacin social puede evitar en la etapa actual.

 



Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-11419


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