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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-04-2015

La larga historia del contagio de hepatitis C y la subordinacin de los gobiernos a las multinacionales farmacuticas

ngeles Maestro
Rebelin


Al adentrarme en la jungla farmacutica llegu a la conclusin de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como una postal de vacaciones.

(Nota de John Le Carr al final de El Jardinero fiel)


Las movilizaciones de las personas contagiadas por el virus de la hepatitis C para conseguir el acceso de todas ellas al medicamento Sovaldi (Sofosbuvir) ha servido como toda lucha- para sacar a la luz el poderoso entramado de intereses que hacen de las multinacionales farmacuticas el sector econmico con ms beneficios, slo comparable a la industria armamentstica, el narcotrfico o la prostitucin.

Ha trascendido ampliamente que el tratamiento con Sovaldi, medicamento altamente eficaz y del que depende la vida de las personas afectadas por hepatitis C, tiene un coste de produccin de aproximadamente 100 euros. El precio inicial de venta establecido por la multinacional farmacutica Gilead era de 60.000 euros, aunque al parecer ahora lo rebaj a 25.000. Con este precio, tratar a los 35.000 pacientes ms graves absorbera el 10% del gasto farmacutico pblico total que asciende aproximadamente a 14.000 millones de euros1.

Hay otro dato esencial que ha trascendido mucho menos: todos los estudios que sirvieron para el desarrollo del Sovaldi fueron financiados por fondos pblicos de EE.UU durante ms de dos dcadas. A partir de estas investigaciones se cre la empresa privada Pharmasset, con sede en Delaware (EE.UU), que funciona como un paraso fiscal. En 2011 esta compaa fue comprada por la multinacional Gilead, que cont entre sus directivos a altos cargos del Gobierno norteamericano como Georges Schultz y Donald Rumsfield2.

La parasitacin de la I+D pblica por parte de la empresa privada no ocurre slo en EE.UU. No es coincidencia que tanto en gobiernos del PSOE (Cristina Garmendia) como del PP (Carmen Vela) se haya situado a cientficas provenientes de la empresa privada a la cabeza de los departamentos ministeriales responsabilizados de la investigacin pblica.

Un importante trabajo realizado por Pablo Martnez Romero3, militante de CNT de Crdoba, profundiza en estas inquietantes conexiones pblico/privadas. Tras ellas est indefectiblemente el derecho de patente que coloca el supuesto derecho de propiedad intelectual sobre descubrimientos cientficos que como se ha visto fueron en su inmensa mayora realizados con dinero pblico por delante del derecho a la salud y a la vida de las personas.

Esta colaboracin pblico/privada no se detiene en el mbito de la investigacin, ni tiene lmites nacionales. Un buen ejemplo es el caso de la amenaza de pandemia de gripe aviar. En este caso la misma Organizacin Mundial de la Salud colabor decisivamente para la extensin de un pnico masivo absolutamente injustificado4. En esa ola de histeria colectiva la misma multinacional Gilead vendi a Roche el famoso Tamiflu quedndose con un tanto por ciento de las ventas que report fabulosos beneficios al ser adquirido masivamente por gobiernos de todo el mundo ante una amenaza de pandemia de efectos devastadores que result ser falsa.

Es inevitable relacionar la manipulacin meditica a escala mundial con falsas noticias de epidemias, que sirven para atemorizar a la poblacin al tiempo que reportan suculentos dividendos a las multinacionales farmacuticas, con una estrategia del shock cada vez ms usada por el imperialismo. El uso del terrorismo islmico para justificar intervenciones militares, al tiempo que acredita su eficacia como instrumento de control social, sirve para justificar la escalada armamentstica de la que se beneficia el complejo militar-industrial, altamente vinculado con las grandes empresas qumico-farmacuticas.

La hepatitis C, una larga historia de sufrimiento y responsabilidades

Se calcula que en el Estado espaol hay 900.000 personas (el 2% de la poblacin) contagiadas por el virus de la hepatitis C, de las cuales 650.000 desarrollarn una hepatitis crnica. Apenas se habla de que una buena parte de ellas se contagiaron entre 1982 y 1995 a travs de transfusiones de sangre o tratamientos con hemoderivados infectadas con el virus5 a los que no se haban realizado las pruebas pertinentes.

Entre 1982 y 1995, 1800 personas enfermas de hemofilia adquirieron el virus de la hepatitis B, C, o del SIDA tras ser tratadas con Hemofil, medicamento de la empresa BAXTER. En esa poca (la situacin ahora no ha cambiado) el 80% del plasma y derivados de la sangre se importaba a travs de empresas de EE.UU. Estas empresas obtenan la materia prima de la poblacin carcelaria de EE.UU (que tiene diez veces ms prevalencia de sfilis, hepatitis y SIDA que la poblacin general) a travs de un intrincado engranaje de corrupcin y negocio en el que estaba implicada, obviamente, la administracin penitenciaria6.

Aunque el 29 de diciembre de ese mismo ao 1983 un telegrama del ministerio de sanidad canadiense alertaba al gobierno espaol de la entrada de plasma posiblemente contaminado, no se tom ninguna medida encaminada a detectar la presencia de los virus y poder desechar en consecuencia los productos infectados.

En 1990, cuando la alarma por la cantidad de personas contagiadas empezaba a trascender, present en el Congreso de los Diputados una Proposicin de Ley exigiendo que el Gobierno (del PSOE, con mayora absoluta) ordenara la realizacin sistemtica y generalizada de pruebas para acreditar la ausencia de anticuerpos del virus de la hepatitis C y del SIDA en todas las donaciones de sangre y derivados, as como exigir la acreditacin correspondiente del resultado negativo para tales virus en los productos importados7. La Proposicin fue rechazada con la mayora absoluta del PSOE estimando que la medida de ninguna manera deba tener carcter obligatorio, ni adoptarse con carcter general porque la prevalencia del virus es muy poca y por los graves problemas que podran acarrarse.

Como relata Miguel Jara8, la Directora General de Farmacia con el Gobierno de Felipe Gonzlez, Regina Revilla, posteriormente mxima responsable en Espaa de Relaciones Institucionales de la multinacional farmacutica Merck, no emiti hasta febrero de 1993 una Orden que permita que hasta el 31 de diciembre de 1995! se siguieran utilizando hemoderivados que no hubieran pasado el control preceptivo de deteccin de anticuerpos de hepatitis C. Como denunciaron los padres de dos hermanos fallecidos, en una poca en que las dimensiones y la gravedad del contagio eran ya ampliamente conocidas, Regina Revilla no oblig a retirar del mercado los productos sospechosos, ni siquiera oblig a realizar tcnicas de destruccin de la carga viral.

El 94% de las personas afectadas o las familias de las fallecidas, aceptaron ridculas indemnizaciones a cambio de su silencio. Quienes no lo hicieron y siguieron adelante con la denuncia relatan truculentos episodios de amenazas sobre ellos, conminndoles a aceptar las indemnizaciones sin ir ajuicio, por parte del despacho de un curioso personaje: Jos Federico de Carvajal, Presidente del Senado entre 1982 y 19899.

Recientemente el Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de pacientes de hepatitis C contra las empresas BAXTER y Grifols que exiga cuantiosas indemnizaciones por considerar que el hecho denunciado haba prescrito10.

En aquella misma poca, febrero de 1990, se debati y vot una Proposicin No de Ley presentada por m en representacin del Grupo Parlamentario de IU, que instaba al Gobierno a la creacin de una empresa estatal de transfusin11. En el debate hice referencia expresa a las recomendaciones de la OMS que en 1975 y 1981 instaban a los gobiernos a asegurar la autosuficiencia en el abastecimiento de sangre, plasma y hemoderivados, mediante la creacin de los servicios estatales correspondientes. Se daba adems la circunstancia de que el Estado an posea el 29% de los laboratorios Hubber, que haban sido reprivatizados tras su nacionalizacin completa junto al resto de empresas de RUMASA y que posean una importante divisin de hemoderivados. La propuesta pretenda que el Gobierno utilizara ese departamento como base de la nueva empresa estatal. La iniciativa se rechaz, otra vez por la mayora del PSOE. Laboratorios Hubber, tras ser declarada estratgica, fue vendida a precio de saldo a ICN Pharmaceuticals12.

Una nica solucin: autosuficiencia pblica en la produccin, distribucin y dispensacin de medicamentos esenciales

Sirva el anterior relato como un ejemplo entre miles de las graves repercusiones inherentes al hecho de que la fabricacin, distribucin y dispensacin de medicamentos estn en manos, no solamente de empresas privadas, sino de grandes multinacionales capaces de ejercer enormes presiones sobre los gobiernos e incluso de poner a su servicio a la hasta hace poco respetada Organizacin Mundial de la Salud.

El aumento continuado del gasto farmacutico pblico (el 25% del gasto total) ha servido de pretexto para la exclusin progresiva de frmacos de la financiacin del Estado los sucesivos medicamentazos del PSOE y del PP , para el incremento del % pagado por las y los trabajadores activos y a la introduccin del copago para pensionistas.

Directamente relacionado con el precio astronmico de medicamentos como el Sovaldi est la Resolucin de la Direccin General de Farmacia (2013) por la que se impone el copago de medicamentos para enfermedades graves (hepatitis, cncer, SIDA, degeneracin macular, etc) y de dispensacin hospitalaria13. A pesar de que este aspecto del copago no ha llegado a ser aplicado, por el escndalo desencadenado y por la negativa a aplicarlo de numerosas CC.AA, es ms que probable que tras el periodo electoral entre en vigor.

La locura privatizadora ha llevado a la Consejera de Sanidad de Madrid a la adjudicacin a la Cruz Roja, desde 2014 a 2020, de la gestin de las donaciones de sangre por 9, 3 millones de euros, 67 euros por cada donacin altruista. En consecuencia la gente, debidamente informada, ha disminuido drsticamente sus donaciones a travs de este servicio privatizado.

Como es evidente, el problema no es slo de las personas enfermas de hepatitis C. Es la imposibilidad absoluta de que todo el sistema sanitario, financiado con recursos pblicos pueda cumplir su terico principal objetivo: mejorar el estado de salud de la poblacin, disminuyendo la enfermedad y retrasando la muerte. Y es imposible que lo haga porque, mediante los sobornos correspondientes, funciona prioritariamente al servicio del negocio privado de multinacionales farmacuticas, aseguradoras privadas, bancos, inmobiliarias, empresas de capital riesgo, etc.

Por lo tanto, se trata de algo mucho ms complejo que de recortes. Por supuesto, las personas enfermas de hepatitis C y todas las dems tienen todo el derecho a exigir que se les proporcionen de forma inmediata los medicamentos que necesitan pero eso ser materialmente imposible si no se rompe la dependencia de las multinacionales farmacuticas.

No cabe otra solucin (y esa reivindicacin debera sonar con ms fuerza en las movilizaciones de personas afectadas por la hepatitis C y de aquellas que defienden la sanidad pblica) que exigir al Gobierno y a todas las fuerzas polticas la adopcin de medidas que garanticen la independencia de la sanidad pblica en materia de medicamentos de la empresa privada. Para ello es imprescindible adoptar medidas como las que propone CASMadrid14:

Notas:

1 http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=132&limit=&titulo=COMUNICADOS

2 http://lacienciaysusdemonios.com/2015/01/13/el-caso-del-medicamento-sovaldi-contra-la-hepatitis-c-como-ejemplo-de-la-ruinosa-privatizacion-de-la-investigacion-biomedica/

3 http://cordoba.cnt.es/gilead-hepatitisc-bolsa-o-vida

4 http://actualidad.rt.com/actualidad/view/93369-oms-gripe-virus-amenaza-pandemia

5 El contagio no fue slo con el virus de la hepatitis C, sino tambin con el del SIDA y la Hepatits B, transmitidos exclusivamente a travs del contacto directo con la sangre de personas infectadas.

6 Miguel Jara explica como a los reclusos de les pagaba 7 dlares por unidad que luego era revendida a 50$. El Departamento de Prisiones se quedaba con la mitad del dinero. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=339

7 http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_139.PDF. Pueden consultarse las intervenciones de todos los Grupo Parlamentarios en este enlace al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados entre las pginas 4.123 y 4.126.

8 Op. Cit. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=339

9 Jose Federico de Carvajal es citado por Joan Garcs en su libro Soberanos e Intervenidos, junto a Carlos Zayas, Mariano Rubio y Joan Ravents como integrantes del grupo de socialistas que se ofrecan al Embajador de EE.UU. en Madrid, para informar sobre personas de sensibilidad socialista dispuestas a combatir al Partido Comunista si recibieran los apoyos materiales que buscaban. Garcs, J. (1966). Soberanos e Intervenidos. Pag 161.

10 http://elpais.com/diario/1986/04/15/economia/513900013_850215.html

11 http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_139.PDF

12 http://elpais.com/diario/1986/04/15/economia/513900013_850215.html

13 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-967

14 http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=127&limit=&titulo=COMUNICADOS

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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