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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (6)
La tal justicia: una trampa moral a las FARC-EP?

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


A. No al intercambio de impunidad de qu hechos?

En una entrevista a Reuters (7 de abril de 2015), el Presidente Santos fue vehemente: Un proceso con total impunidad es imposible... Las FARC tienen que someterse a la justicia transicional. La justicia los tiene que condenar; ahora, qu tipo de condenas y cmo se pagan esas condenas, todo eso es parte de la negociacin... si la guerrilla acepta como tiene que aceptar la justicia transicional, yo creo que ah se destraba todo este proceso y llegaremos a un final feliz / Santos insisti en que para llevar la negociacin a un puerto seguro la guerrilla tiene que confesar la verdad, aceptar la justicia, indemnizar a sus vctimas y comprometerse a no reincidir / Si aceptan esos parmetros (...) entonces ya se entra a negociar qu tipo de penas y cul sera la aplicacin de esa justicia (http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-un-proceso-con-total-impunidad-es-imposible/423417-3).

Ha sido el Comandante Ivn Mrquez, Jefe de la Delegacin de Paz de las FARC-EP, quien acu y defiende la siguiente expresin, reiterada decenas de veces por l y esta organizacin insurgente en La Habana: la guerrilla NO ha ido a la Mesa de conversaciones a pactar un intercambio de impunidades. Idea citada y convalidada en varias ocasiones por el propio Gobierno, que ha dicho a travs de sus portavoces que tampoco ha ido a ese cometido.

Hasta ese punto discursivo no hay problema. Es ms: habra podido quedar positiva y expresamente consignada esa frase en la propia agenda de dilogos pactada hace ms de dos aos y medio. Para tener sentido pleno y ser dotada de espritu esa proposicin, habra que haberse aclarado al mismo tiempo respecto de qu ilcitos no habra la mencionada impunidad, pues no es lo mismo dejar de castigar un crimen de lesa humanidad que no sancionar un delito que es a la vez un derecho universal, como lo es la rebelin. Eso lo sabe cualquier nefito serio, de cualquier posicin poltica y escuela de Derecho.

Tan es as de radical la diferencia entre un delito y otro, que el Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, firmado el 26 de agosto de 2012, establece los dos accesos:

a- En el punto 3.3: El Gobierno Nacional coordinar la revisin de la situacin de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. Esto significa lgica y deductivamente, o de manera implcita, que quien por la fuerza de su aparato (el Estado en este caso), tiene privadas de su libertad (embutidas en crceles) personas de la parte contendiente contraria (las FARC-EP), coordinar la revisin de la situacin de aquellas procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. Qu situacin se revisar? La situacin humanitaria (de asistencia en salud, por ejemplo)? O la situacin jurdica?

b- Slo se menciona una vez en la agenda la palabra impunidad (sub-punto 4 del punto 3), remitida de hecho a la existencia del paramilitarismo y otras expresiones criminales, esas s realmente prfidas por definicin de sus mviles no amparados por ningn derecho, al indicar el deber en cabeza del Gobierno, de combatir y acabar a organizaciones criminales y sus redes de apoyo, sealndosele la lucha contra la corrupcin y la impunidad, en particular contra cualquier organizacin responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos polticos. Obligacin evidentemente hasta ahora no cumplida.

Si bien no fue clara la agenda, puede un intrprete acudir a la integridad de lo firmado en el contexto de un conflicto caracterizado por el cautiverio de unos miles de presos polticos integrantes de la insurgencia (unos 3.400), y concluir que el compromiso de quien los tiene encerrados es revisar la situacin jurdica y no slo la humanitaria (pues cuidar los derechos de los prisioneros es de por s un deber, o sea un imperativo, tanto legal-nacional, como normativo-internacional, a la luz por ejemplo del Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949: artculo 5). Sera el caso de una obligacin similar en cabeza de las FARC-EP si tuviera prisioneros del otro lado. Recordemos que esta guerrilla por decisin propia y como acto unilateral, no tiene en la actualidad ninguna persona retenida.

B. S al delito poltico y su ms amplia conexidad

Por lo tanto, ese sub-punto 3 del punto tercero, que trata del Fin del conflicto, se refiere a una funcin y finalidad (en manos del Estado), obviamente no slo consentida por la guerrilla sino exigida por sta, pues de lo contrario no hubiera firmado ese Acuerdo. Dicho propsito indudablemente recae sobre una categora ampliamente conocida: los delitos polticos y conexos, en este caso cometidos por personas procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. O sea, lo que engloba la rebelin, que siendo declarado un derecho universal a ejercer contra la opresin, es tratado lgicamente como delito por el aparato de poder que repele que se le ataque su institucionalidad. Esto, racionalmente expuesto y entendido, se asume como la realidad e inteligibilidad de un conflicto social, poltico y armado, que est en trnsito de superarse mediante soluciones concertadas.

Es as a partir de la voluntad declarada por ambas partes beligerantes, firmantes de dicho Acuerdo, el cual tienen un considerable status poltico-jurdico nacional e internacional, a la vista de mltiples actos tanto de naturaleza poltica (por citar un detalle: el nombramiento por parte de potencias de enviados especiales para el proceso de paz: Bernie Aronson de EE.UU. y Tom Koenigs de Alemania, o el reciente apoyo dado por Rusia), como por resoluciones de carcter jurdico (internas, como expedicin de salvoconductos, suspensin de rdenes de captura, firma de acuerdos humanitarios o de pactos polticos con soporte legal; o resoluciones de autoridades extranjeras: nombramientos de Embajadores especiales por gobiernos Garantes o Acompaantes, Declaraciones vinculantes suscritas por Cancilleres, reconocimientos de organismos inter-gubernamentales como ONU, CELAC, UNASUR, o de entidades especializadas como el CICR y otras).

Es decir, ya es innegable o irrefutable el carcter poltico del conflicto y del interlocutor alzado en armas, as obtusa o contradictoriamente algunos sigan con la alharaca diaria de que los insurgentes son terroristas. Ese ya es un problema irremediable de los rezagos impenitentes de la propaganda urdida por la extrema derecha potente en el Establecimiento y el Estado, ya sea a travs de creadores de opinin o simplemente por el guirigay de repetidores asalariados y manipulables en los medios de comunicacin.

El hecho central e innegable en trminos jurdicos es que no solamente el delito poltico y su conexidad son nociones existentes, contempladas en la Constitucin y la ley colombianas, sino que su aplicacin eventual hace parte del dispositivo jurdico-poltico que tanto el Presidente Santos como su Delegacin de Paz han declarado estar examinando en la actualidad para los acuerdos con la insurgencia. Santos lo dijo en noviembre de 2014: hoy el delito poltico abarca muy pocos delitos conexos; prcticamente ninguno. Hay que incluirlos para poder avanzar en un camino realista, para que jurdicamente podamos lograr la paz Hay que ampliar los hechos conexos con esos delitos [asonada, sedicin, rebelin...] () s necesitamos ampliar los delitos conexos para ser viable la paz tendrn que ampliarse los delitos polticos conexos si queremos la paz (http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-juan-manuel-santos-habla-de-los-dialogos-de-paz/14838217).

Das antes de esta declaracin del Presidente, se produjo la que hasta ahora es la ms clara expresin, y al tiempo el ms cifrado mensaje, de qu est dispuesto a hacer el Gobierno. Dijo el 13 de noviembre de 214 el Jefe de la Delegacin de Paz del Gobierno, Humberto de La Calle Lombana: Debemos discutir la lnea jurisprudencial del delito poltico, que es una realidad hoy en el conflicto colombiano (...) se present un vaciamiento de la conexidad del delito poltico que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar / deberamos hacer nuevamente una discusin sobre la vigencia del delito poltico en un momento de transicin, sin perjuicio de que una vez concluya el conflicto, revaluemos sus caractersticas (ver entre otros medios http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/foro-de-paz-polemica-por-alcance-del-delito-politico/14831099).

A partir de esta informacin pblica, es lgica la secuencia de preguntas y de algunas respuestas: Qu est dispuesto a hacer el Gobierno? Fijar con lmites una determinada conexidad del delito poltico; cmo? Abriendo un lapso excepcional en la transicin, aplicando la conexidad que luego cerrara para retornar a una legislacin que tapone de nuevo la figura del delito poltico, incompatible con la democracia; para qu? Para concluir el conflicto, o sea en el marco de un Acuerdo final; cundo? Slo al tener absoluta seguridad que la guerrilla se desmoviliza

C. La ecuacin poltico-jurdica, y militar

Segn han dicho los responsables gubernamentales decenas de veces en los medios de comunicacin y conferencias pblicas, deducidos adems los instrumentos concretos y disponibles segn mandatos legales (Marco Jurdico para la Paz [reforma constitucional de 2012] y su hasta ahora inexistente pero s programada Ley Estatutaria y dems medidas), y conocidas ya las sentencias de la Corte Constitucional al respecto (C-579/13 y C-577/14), ellos, como Gobierno, con la colaboracin de los otros rganos del poder pblico y el consenso de las elites polticas, econmicas y de opinin, con base en una restringida lista de infracciones penales, abrirn la compuerta para aplicar de manera calculada el delito poltico y su conexidad a efectos de que una parte de los insurgentes obtenga algunos beneficios penales. Hasta ah. No ms.

En correspondencia, la insurgencia debe cesar acciones, dejar definitivamente las armas, desmovilizarse, reintegrarse a la llamada vida civil, y responder por sus crmenes no conexos al delito poltico. No slo contando toda la verdad y reparando a las vctimas, sino dando garantas de no repeticin (las que estaran dadas de por s con su desintegracin como grupo armado) y, sobre todo, yendo a la crcel algunos. Quines sern hechos prisioneros? Los mximos responsables de graves y representativos delitos internacionales cuyo juicio se seleccionar.

Quin juzga? Una parte que es juez o sea jueces del Estado que es parte en el conflicto; parte, por cierto, no vencida, pero tampoco vencedora Cmo? Aplicando un modelo propio de justicia transicional que incluye por ejemplo la denominada renuncia condicionada de la accin penal o ya para sentenciados las penas alternativas

Es decir, desde ya, la institucionalidad tiene claro lo obvio: no se validar que todo ilcito pueda ser considerado delito poltico. Har el Gobierno que algunos delitos sean tratados como conexos y otros no, valindose para eso de elementos del derecho internacional penal o de consideraciones domsticas de tipo jurdico o de inducida y unidireccional sensibilidad y manipulacin poltica y meditica, referidas a lo que se califica por el Establecimiento como crmenes atroces o de barbarie y concibiendo una recortada flexibilidad-generosidad-favorabilidad, que no admite -lo han dejado claro- amnistas ni indultos generales, sino apenas puntuales medidas condicionales, siempre ceida su aplicacin al resultado de la desactivacin del potencial militar insurgente el caso es que el Estado se designa como juez, se proclama as mismo autoridad absoluta y desde esa perspectiva pierde los papeles de una negociacin y retoma el viejo guion de dictar el sometimiento de su oponente.

Por su parte la guerrilla (ver documentos pertinentes en www.pazfarc-ep.org) ha trazado un alegato fundado en razones jurdicas, histricas, ticas y polticas, con las que, en coherencia con su naturaleza rebelde, reivindica como un problema de justicia y no de impunidad, que se reconozca el delito poltico en su complejidad y conexidad, dado que fue el Estado el que cre en dcadas esa escabrosa conceptualizacin neo-conservadora y retrgrada, negadora de los ilcitos polticos, que haban sido plasmados desde la Ilustracin y la axiologa liberal fundante de la Repblica; no admite adems en lgica ser juzgada e ir a la crcel por haberse levantado en armas en ejercicio de un derecho, como es la rebelin; reconociendo s que en algunos casos por contingencias o errores ha afectado algunos derechos injustamente, ante lo cual dice estar dispuesta no slo a actuar conforme a su propia juridicidad insurgente y contar una verdad contrastable por las vctimas, sino a producir una reparacin moral y poltica imponindose ella misma determinados deberes y compromisos en su despliegue social.

La insurgencia deja en claro entonces que no puede ser juzgada por su enemigo, la contraparte hoy en la negociacin, enfatiza que mucho menos cuando el aparato de justicia estatal es una cloaca, est en el lodazal de la corrupcin o descomposicin, tiene prcticas mafiosas y clientelares, adems de una concepcin contra-insurgente, siendo refutado ese sistema judicial en general por su ineficacia para las mayoras; y finalmente apuesta por un nuevo Derecho a construir en el proceso de reformas constituyentes con las que hara trnsito a una vida poltica legal, siempre y cuando previamente se desactiven los medios criminales que han atentado contra la oposicin: el paramilitarismo y la doctrina del enemigo interno reproducida en estructuras del rgimen, por una concepcin de seguridad que pervierte la funcin de unas fuerzas armadas que deberan asumir su misin de defensa de la soberana y del proceso democrtico.

La posicin resistente y coherente de la guerrilla se vence por uno de dos caminos.

a- Con argumentos, mecanismos, garantas y pruebas superiores que le demuestren reconocimiento y trato justo, como lo espera racional y razonablemente a cambio de poder avanzar en su conversin decidida y segura a organizacin ya no poltico-militar sino poltica y social junto a otras vertientes; o,

b- Mediante la fuerza, como algunos creen que es posible an, no sin antes acudir a estratagemas jurdicas para que, en paralelo al golpe blico o judicial, se admita ella misma como victimaria, como criminal, y como derrotada en los distintos campos de batalla: en la reconstruccin de la historia, en el terreno poltico-ideolgico, en la tensin de una tica social, en la escena judicial y en el teatro militar Este es el camino predominante en la visin oficial, en el que algunos todava esperan que se mine su capacidad dialctica a punta de operativos y cercos militares para golpearla con contundencia (de ah la negativa estatal a un cese al fuego bilateral), mientras se agota en contra de ella un arsenal de acusaciones y una maraa jurdica que la lleven a una dada de baja moral.

Est expuesto y es conocido ese camino en una balanza de contradiccin y negociacin ms o menos previsible, pesando de un lado la efectividad de medidas que venzan materialmente a la guerrilla y a movimientos contestatarios, o que la convenzan en su imaginario poltico sobre las ventajas o ganancias de su desmovilizacin y desarticulacin, enseando el Estado lo que se producira si persiste la lucha insurgente: descarga de tal contundencia militar, que llevara a los obcecados integrantes de las guerrillas a una tumba o a una crcel. Esa ha sido la consigna oficial de medio siglo de guerra. Ms otros acostumbrados agregados declarados: aislamiento internacional, implacable persecucin policial y judicial, descrdito social, desercin, etc.; y los no declarados verificables en la experiencia: persecucin a sus familias y entornos, tortura, desaparicin forzada, guerra sucia

D. En busca de impunidad de crmenes de Estado

As como militares o policas dentro de las estructuras del Estado, o paramilitares, mercenarios o sicarios en redes de poder paralelo, han cobrado y recibido un salario o una paga por su oficio o tareas de violencia y seguridad, hace parte normal de la expectativa de contra-prestacin que se brinden tambin garantas de relativa proteccin o inmunidad por la actividad cumplida. No ser perseguido por ello, menos si se cumple un encargo amparado como fuerza pblica. En cualquier ejrcito del mundo se otorgan esas garantas si la labor encomendada se cumple bajo las reglas concebidas dentro de ese orden determinado. El problema es cuando tales rdenes eran abiertamente criminales y fueron obedecidas dentro del Estado a sabiendas de su ilegalidad, como torturar, desaparecer, asesinar, masacrar o amenazar, o cuando se sucedieron por fuera, en unos aparatos organizados de poder privado, en funcin de objetivos igualmente particulares.

Hombres armados por el Estado o por el Para-Estado fracasaron en alcanzar esa impunidad completa o total, porque la misma no fue posible ante algunos factores, entre ellos las evidencias abundantes en cantidad y suficientes en calidad para imputarles delitos muy graves, fundamentalmente porque las vctimas no cesaron en buscar pruebas y exigir al Estado verdad y sanciones, y tambin debido a disputas o recomposiciones internas que usaron a algunos de los autores como chivos expiatorios en aras de una reconversin poltica para recobrar legitimidad y control el Establecimiento. Fue lo que hizo el Estado con la legislacin de Justicia y Paz, como reingeniera de impunidad, objetivamente quitando del medio a algunos jefes paramilitares ya desechados. Esa experiencia comprueba que no todos los mecanismos institucionales o legales, o extra institucionales e ilegales funcionaron debidamente para esta inmunidad prometida a quienes desarrollaron la guerra sucia anti-subversiva o las acciones de salvaguarda del enriquecimiento personal o de mafias para las que trabajaban.

Dentro del universo de al menos medio milln de delitos (se insiste: como mnimo) en los ltimos treinta aos, mximo cerca de un cuatro por ciento (4%) no ha tenido un curso fatal, normal y definitivo de impunidad: unas 20.000 causas han sido medianamente investigadas por diferentes instancias u organismos, o pueden serlo todava, y de ellas una cuarta parte (5.000 casos) pueden an prosperar hacia condenas. Un 96 % o un 99% de impunidad ya asegurada, no son suficientes para el sistema, conociendo que el 4% o apenas ese 1% restante, pueden ser altamente desestabilizadores. Sobre todo porque en esos porcentajes mnimos se juegan nombres de altos mandos civiles o militares, de responsables claves, y se juega el esclarecimiento probable de estrategias transversales que se utilizaron por el Estado.

No slo porque lo pidan los propios imputados individualmente o algunas asociaciones de militares retirados a ttulo corporativo, sino porque lo necesita el propio Estado y el Establecimiento en sus ncleos dirigentes, se buscan diferentes formas de conjurar esa catstrofe que significara 20 mil (o al menos 5.000 causas) devaladas a fondo, con sus respectivos autores aventando algunas culpas y poniendo en escena cmo y para qu fueron formados o instruidos. Eso, ms el hecho de que ya es inocultable (aunque lo haya disimulado Santos despus de decirlo) que hay al menos 13 mil expedientes abiertos o por abrir contra empresarios, financiadores, bananeros, ganaderos, polticos hasta hora no procesados, encubridores, auxiliadores privados, etc. (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196039).

Ahora, tras aos de miles de acciones criminales cometidas, esperan cientos de militares y de policas que no se les agrave su situacin jurdica, que no se les abandone a su mala suerte y se les den beneficios; que se anulen o revisen procesos; que se les exonere; que se les excarcele; que les rebajen considerablemente las penas; que su caso sea estudiado bajo la lente del conflicto armado a fin de poder sustentar actuaciones de guerra y no se les empapele, o para justificar abusos de fuerza atenuados por estar en confrontacin blica. O que queden cobijados por figuras de una justicia transicional, mxime si la misma se ha ofrecido a la guerrilla.

Para esa impunidad que es hoy da una de sus reivindicaciones centrales, como lo han sido los emolumentos econmicos por su labor de guardianes del statu quo, hay una carrera dentro del Estado, una competencia de tendencias, por ver quin ofrece ms, como en subasta; una puja no necesariamente entre visiones rivales sino entre posturas complementarias, que piensan en esencia lo mismo, acorde con la esquizofrenia aparente del bloque de poder poltico dominante que debe ser salvado.

Unos dentro del Estado buscan brindar a travs del fuero penal militar mejores y ms decorosas garantas jurdicas a los acusados o posibles investigados por crmenes espantosos o por delitos de diferente carcter, impulsando una reforma constitucional que ya va muy avanzada, dado el oxgeno que a la misma ha dado directamente el Presidente Santos a travs de su ministro de Defensa, Pinzn. Este funcionario acaba de expresar (1 de abril de 2015 en la Base de Tolemaida): Una vez el presidente de la Repblica dio la seal que quera que existiese justicia transicional, beneficios jurdicos, y en esto quiero ser claro, estos beneficios no son para las fuerzas armadas, las fuerzas armadas no necesitan ese beneficio. El 99 por ciento de nuestros militares y policas no tiene procesos asociados a violaciones de derechos humanos o problemas penales asociados al conflicto (http://www.bluradio.com/#!95048/fuerzas-armadas-no-necesitan-beneficio-de-justicia-transicional-mindefensa). De acuerdo con Pinzn, los beneficios derivados de la justicia transicional sern apenas para el 1% de los uniformados, aquellos que hayan estado involucrados en procesos penales asociados al conflicto o la violacin de derechos humanos (http://www.elespectador.com/noticias/politica/mindefensa-sostiene-fuerzas-armadas-no-necesitan-benefi-articulo-552819).

Tambin dentro del Estado hay otra propuesta: que mediante medios innovadores ms seguros deducidos del Marco Jurdico para la Paz, se ofrecen blindajes ms duraderos, ante riesgos actuales y futuros por posibles actuaciones de la Corte Penal Internacional u otras instancias, o incluso ante actuaciones nacionales, en caso de cambiar el mapa poltico, argumentando que es mejor cobijarse para ello en los dispositivos de justicia transicional que se est ensayando poner en marcha. Das antes a las declaraciones de Pinzn, expres en La Habana el Jefe de la Delegacin de Paz del Gobierno, Humberto de La Calle:

Empiezo por retomar el compromiso del Presidente de la Repblica. Por el desarrollo y con ocasin del Conflicto, no pueden terminar guerrilleros en el Congreso y militares en la crcel. Dicho lo anterior, aprovecho esta oportunidad para reiterar que somos plenamente conscientes de que as como tiene que haber reglas claras y seguridad jurdica para las FARC, as tambin nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurdica de los miembros de las Fuerzas Militares. Las dos cosas van de la mano. Si llegamos a un Acuerdo Final para la terminacin del conflicto, ste tiene que incluir una solucin integral que ofrezca garantas de seguridad jurdica para todos y permita la satisfaccin de los derechos de las vctimas de todas las partes en el conflicto armado. En este sentido y bajo el liderazgo de la Presidencia de la Repblica, un grupo conformado por delegados de los Ministerios de Defensa y Justicia, del Comando de Transicin de las Fuerzas Militares, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y expertos nacionales e internacionales, ha venido trabajando con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicacin diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policas (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/pronunciamientos-jefe-de-la-nacion/Documents/Declaracion-del-Jefe-del-Equipo-Negociador-del-Gobierno-27-marzo-2015.pdf). Es sta tambin la postura, con algunos matices, del Fiscal General de la Nacin.

E. Contagio y mximos responsables en el bloque dominante

una prisin es una comunidad y lo prueba el hecho de que en nuestra crcel municipal pagaron su tributo a la enfermedad los guardianes tanto como los presos. Desde el punto de vista superior de la peste, todo el mundo, desde el director hasta el ltimo detenido, estaba condenado y, acaso por primera vez, reinaba en la crcel una justicia absoluta () Con la peste se acabaron las investigaciones secretas. Los expedientes, las fichas, las informaciones misteriosas y los arrestos inminentes. Propiamente hablando, se acab la polica, se acabaron los crmenes pasados y actuales, se acabaron los culpables. No hay ms que condenados que esperan el ms arbitrario de los indultos y, entre ellos, los policas mismos (La Peste, Albert Camus).

En Colombia no hay tal peste general, aunque la padezcan s millones, inmensas mayoras que a su vez, en la descripcin de Camus, sean vctimas y plagas. La peste y su dolor no es para la totalidad, en el sentido de que unas minoras o elites polticas y empresariales (dirigentes en el bloque de poder dominante) que se han lucrado de la guerra, han dispuesto para su propio beneficio e indolencia de grandes muros de inmunidad, a fin de que no les afecte material ni espiritualmente en nada el infierno que han creado. En esa tarea perversa del poder, esos ncleos han usado como plaga misma por ms de medio siglo a unas fuerzas armadas y paramilitares que han empleado como guardianes para sembrar terror entre los pobres y los rebeldes. Estas mismas estructuras armadas como objetos utilizados y lanzados a un vertedero, acaso tambin son de alguna manera vctimas que estn infectadas por una tragedia comn. Lo saben. Y dentro de ellas hay una prueba del natural egosmo aprendido que es parte sustancial del sistema que defienden: se impone la lgica de slvese quien pueda.

Ha sido construida por aos esa forma de pensar y de actuar, asumida la impunidad como derecho, a la par de otras recompensas por la orden ejecutada. Para ello, en la institucionalidad o fuera de ella, pero compartida una concepcin de guerra til, cuando a los cuatro vientos de proclama que la Mesa de La Habana es el resultado de la victoria militar del Estado sobre la guerrilla, quienes estn penalmente encartados o pueden resultar sindolo, probablemente no estn dispuestos a ser slo ellos los que respondan por lo hecho. Cobran ahora su misin, y con ellos poderosos sectores del poder establecido, exigiendo y exigindose que al final del conflicto, quienes sirvieron a ese orden, no paguen por crmenes y tengan un trato superior o al menos igual a la guerrilla, en cuanto no sancin de sus actos.

Para ello est lanzada al aire la moneda trucada (como ms adelante insistir) en la que de un lado se alega simetra, y por la otra cara una imposible simetra. Con la primera gana el Estado: se hacen ver como equivalentes los actos de la rebelin a los actos de la contrainsurgencia, para que stos adquieran una justificacin y no sean condenables. Con la segunda tambin: se busca que no se iguale moralmente la accin anti-subversiva con el terrorismo. Una periodista conservadora comenta: se est haciendo tarde para que el Gobierno vaya montando una mesa especial con los militares que comience a discutir, precisamente para no hacerlo en La Habana, cmo ser la aplicacin de la justicia alternativa para ellos, porque si algo no van a permitir (doctrina Mora) es que se les d un tratamiento judicial equivalente al de la guerrilla (Mara Isabel Rueda en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/se-negociara-al-ejercito/15517398, 5 de abril de 2015).

Y lo que es todava peor: el lanzamiento de esa moneda acuada con barbarie es hacer ver como polticas y militares, actuaciones premeditadas que, con el pretexto de la lucha anti-guerrilla, en el contexto del conflicto armado, se concibieron, se planearon, se prepararon, se ejecutaron y se aseguraron, en realidad no para enfrentar la capacidad militar de los alzados en armas, sino para castigar y aterrorizar por posiciones polticas negando de plano cualquier derecho a las vctimas, como es la prctica de la detencin-desaparicin en masa (30 mil? 40 mil casos?). Es igualmente retorcido revestir como acciones de reaccin, las que fueron cumplidas para obtener beneficios personales, grupales, empresariales o corporativos que tienen un mvil absolutamente egosta y perverso.

Decenas de prcticas tienen ese carcter de brutalidad y ese resultado de acumulacin. Las empresas o los empresarios que financiaron operaciones criminales para expulsar por el terror a campesinos para as concentrar ms tierra o para acabar con organizaciones civiles como sindicatos. Son miles los casos ya documentados de extensin de haciendas ganaderas y del gran latifundio, o de actividades agroindustriales basadas en la desposesin o despojo mediante la violencia sicarial, militar, mercenaria o paramilitar. Sus autores detrs de una mesa en su finca o en su oficina, no son meros cmplices sino autores directos. Como lo son los cientos de militares que asesinaron miles de muchachos de las barriadas pobres o campesinos, para una vez ejecutados ser vestidos de guerrilleros y presentados como tales, a fin de obtener dinero, ascensos o permisos. Los llamados falsos positivos. Slo menciono esos ejemplos por ahora.

Militares y policas acusados por las atrocidades conocidas, habiendo pervertido la misin formalmente encomendada de salvaguardar los derechos humanos y colectivos con el monopolio declarado de la fuerza estatal y sus recursos autorizados o legales de todo tipo, deben responder no con base en ficciones sino conforme a la ndole de sus actuaciones criminales, en su mayora crmenes de lesa humanidad, crmenes de guerra e incluso genocidio.

Siendo comprensible que los militares y policas que han resultado acusados o puedan serlo, busquen sus propios mecanismos de defensa y beneficios penales, dicha pretensin no debera confundirse en lo ms mnimo con la legtima idea de amnistas e indultos, que slo caben en Colombia y en la teora penal y poltica ms progresista, exclusivamente para delitos polticos y conexos. Sin embargo, reina todo lo contrario: la perversa concepcin de la auto-amnista o de herramientas equivalentes; que pueden y deben ser gratificados y premiados con el olvido y el perdn por sus excesos, al haber sido combatientes en nombre de la ley y el orden atacado por la subversin. En la prctica incluso se les da el trato de hroes y vctimas, no slo por la extrema derecha sino por otros sectores en el espectro de la opinin ms publicitada en los medios de comunicacin.

Ese objetivo no slo individual sino claramente corporativo de exculparse y desenlodarse, seguido por los militares y policas mismos, como de quienes les apoyan decididamente en la cumbre del Estado, en la poltica, en la matriz ideolgica que manejan los medios, gran parte de la academia, algunas ONGs, la Iglesia, los estamentos econmicos, y obviamente gobiernos extranjeros, se enfrenta sin embargo a una realidad histrico-poltica con desprendimientos ticos, epistemolgicos e innegablemente jurdico-penales.

Eso que est tratando de abordar todo ese conglomerado de poder, tiene al frente un problema inocultable de orden interno. Ya lo habamos expresado antes: en un pas como Colombia, donde el estamento militar ha estado subordinado al civil, donde la dictadura castrense no se ha tenido que ejercer desbancando a civiles electos, la cadena de mando no termina en los cuarteles sino en los salones diversos de las instituciones que funcionan formalmente como democrticas y en los cubculos civiles del poder poltico y empresarial (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195601).

Veamos lo que acaba de expresar (30 de marzo de 2015 en la Escuela Militar de Aviacin Marco Fidel Surez) el ex general Jorge Enrique Mora, miembro plenipotenciario del equipo negociador de paz del Gobierno Nacional: En los 50 aos de conflicto, hemos estado durante absolutamente todos los 50 aos bajo el mando y las decisiones del gobernante Han sido los presidentes los que han tomado la decisin de lo que las Fuerzas Armadas estn haciendo y han hecho en medio del conflicto. Y nosotros hemos sido respetuosos de esas decisiones y ese es un valor, ese es un activo muy grande que nosotros como militares y policas tenemos: es el respeto al sistema democrtico colombiano en estos 50 aos no nos hemos movido una lnea del respeto al sistema, ni una (http://wp.presidencia.gov.co/sitios/banco/2015/Documents/Marzo/0697_GeneralMora_20150330.mp3 [audio] y http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Marzo/Paginas/20150330_12-En-los-50-conflicto-hemos-estado-bajo-mando-decisiones-gobernante-General-r-Jorge-Enrique-Mora.aspx).

Esa realidad de que los mximos responsables no son slo y siempre los altos jerarcas castrenses, sino sobre todo personajes no uniformados, vestidos de civil, en directorios empresariales y crculos polticos, encaja en la dialctica que bien representa un bumerang, como arma que vuelve a quien la arroj a su enemigo. Pues existen diferentes categoras que nacional e internacionalmente se concibieron o impulsaron con una finalidad contraria, y ahora son perfectamente aplicables a los crmenes de Estado.

F. La hora de tomar su propia medicina

Efectivamente, existe un recetario penal que tiene origen parcial en el horizonte de los juicios de Nremberg, pensado y operado en los ltimos veinte aos (1995-2015) por esferas hegemnicas, y slo marginalmente usado por opciones crticas del sistema dominante a nivel global. Dicho repertorio, en construcciones de teora jurdica o en la narrativa poltica, fue reconducido a nivel planetario para ser aplicado al oponente, al insurgente, al rebelde, al terrorista, o efectivamente a mandos polticos y militares enemigos en conflictos de otras latitudes, que busca articular una dogmtica para vencer en dicho campo jurdico, a fin de juzgar como criminales a los otros, no a s mismo ni a los amigos de centros de poder que se autocalifican como superiores.

Esas categoras vienen del llamado derecho penal de enemigo y lo refuerzan, el cual busca un trato punitivo negador de derechos, con presunciones de peligrosidad, de fijacin de responsabilidad objetiva, que desembocan en lo que tambin puede rotularse con otros conceptos complementarios: el autor detrs del autor, autora mediata, aparatos organizados de poder, crmenes de sistema, imputacin de crmenes de los subordinados al dirigente, responsabilidad penal del autor de escritorio, el hombre de atrs, autora por dominio de organizacin, cadena de mando, control efectivo, adscripcin orgnica, crimen organizado, induccin, etc.

Esa compleja problemtica del accionar organizado y del dominio verificable por mandos civiles-militares, es la que tiene ahora que asumir el Estado ante lo ya evidente, es decir por las responsabilidades de crmenes concebidos, planeados, ejecutados y encubiertos por sus estructuras. Crmenes de lesa humanidad en toda regla, tanto por su intencionalidad y sistematicidad, como por su conformacin y alcance, y no slo ocasionales crmenes de guerra.

Para impedir que les reviente en la cara su responsabilidad institucional, es que se ha configurado inteligentemente una estrategia a fin de beneficiarse del desarrollo del proceso de paz, para alegar que con miras al final del conflicto, debe haber un cierre general que cubra a todos los agentes de violencia.

Siendo lgica la idea de no perpetuar el debate probatorio y judicial, y de fijar responsabilidades de una vez por todas de manera clara y coherente, es decir de obtener la mayor seguridad jurdica posible (siempre relativa en algn resquicio), el problema deviene de querer cerrar el Estado los procesos penales contra sus agentes, por crmenes imputables a sus estructuras armadas y elites, sin responder las preguntas bsicas: quin orden los crmenes?; en qu concepciones se prepararon los perpetradores?; por qu atentaron contra organizaciones o colectivos?; a quines benefici esa criminalidad de Estado?; quines encubrieron, dieron impunidad, auxiliaron o fomentaron dichos crmenes?; qu mecanismos institucionales se usaron?, etc.

Por esa razn estratgica de salvar al Estado, y en concreto a quienes como representantes de esas elites encarnaron con decisiones polticas los impulsos de dicha criminalidad parapetada en la excusa de que haba conflicto armado, y que por lo tanto se impona responder a un enemigo rebelde, estn alineados hoy da todos los entes de esa misma institucionalidad y Establecimiento, desde la Presidencia hasta la Fiscala General, as como los sectores ms retardatarios, representados por Uribe mismo, en tanto imputado sobresaliente, el procurador Ordoez, empresarios paramilitares, militares en retiro y otros. Todos estn buscando cmo mostrarse fieles. Tanto que la derecha y la extrema derecha compiten y se complementan en la presentacin de varios (al menos cinco) proyectos de reforma constitucional o legal para brindar blindajes a las fuerzas armadas estatales. Dicho cierre de filas o espritu de cuerpo demuestra claramente el embuste de la leyenda de que se trata de aislados casos de manzanas podridas.

Por eso es nodal el asunto de la justicia sobre lo concebido y practicado como crmenes o infracciones por cada parte en el conflicto. En la resolucin de toda esta problemtica estn cifrados efectos simblicos profundos y capacidades habilitantes que se materializan desde ahora en una determinada cultura: o democrtica y social, que recomponga procesualmente universos de derechos, compromisos, controles y garantas hacia el buen vivir colectivo, o neofascista, con sus relaciones configuradoras de sentidos de servidumbre.

Esto es lo que parece se discute o deber debatirse en La Habana. Por ello el planteamiento que se haga en torno a los derechos de las vctimas y de la poblacin en general, o a la llamada justicia transicional (concepto ste que no se menciona ni una sola vez en la agenda), cualquiera que sea la propuesta sustantiva en la materia, no puede hacerse con ingenuidad en medio de las contradicciones de proyectos antagnicos que se interpelan, pero tampoco puede hacerse de forma traidora o aleve. Sobre la cabeza de cada parte gravitan intereses pero tambin lmites. Debe asumir cada contendor lo que conforme a la naturaleza y alcance de sus actos le corresponde, sin endosar a la otra sus propias culpas, aunque sea uno de los objetivos del proceso de paz solucionar mancomunadamente sujeciones jurdicas derivadas de las responsabilidades por hechos sucedidos en el contexto del conflicto.

Siendo la poltica tambin el mundo de la ilusin, no se renuncia a la afirmacin de un apremio: no pueden o no deberan el Estado y Establecimiento tomar el ms perverso camino (a no ser que, irremediables e irreformables en esa columna, se impongan como criminales usando el proceso de paz), cuando hay formas racionales y constructivas de encarar sus responsabilidades penales y polticas, si creemos al objetivo declarado de construir una paz estable y duradera basada en la justicia.

El Estado ya no puede volver a las pocas uribistas del negacionismo. Est obligado a llevar a su justicia, logre o no recomponerla, a todos los responsables en toda la cadena de mando propia, que resultaran ser autores, cmplices o beneficiarios en algn grado del ms de medio milln de crmenes de Estado y del paramilitarismo. Es su deber y conforme a su juridicidad estn marcadas unas vas regulares. En ellas se supone que cree, y por eso dice que no est justificado que se le reemplace.

Al respecto una anotacin: el Estado blande un arma de doble filo, y alarmando una y otra vez a su oponente con la probable o futura actuacin de la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de no ceder, trata de ver en realidad cmo maneja y tergiversa medios a disposicin (como el fuero penal militar) a fin de resolver lo que le acusa a s mismo, antes que a la guerrilla. Es en ese sentido que debe interpretarse la ayuda que el Gobierno espaol de Rajoy brinda a Santos: se compromete, mediante una peticin del Consejo de Seguridad de la ONU, a que no acte la CPI contra su aliado, pues aunque sta abra una hipottica causa contra la guerrilla, lo tendra que hacer necesaria e inconvenientemente contra su homlogo, el Estado colombiano.

Tiene entonces el Estado esos derroteros normales, basados en Derecho convencional, nacional o internacional, como tiene tambin la posibilidad de crear un paradigma ms penetrante, fruto de la Mesa de conversaciones con la guerrilla, donde deben y pueden consensuar ambas partes medidas en dicho escenario con margen de apreciacin, interpretacin y resolucin, en tanto radica un potencial de soberana para un proceso de construccin de la paz estable, como bien supremo nacional o derecho sntesis.

Pueden acordar medidas que no sean el canje de impunidades al que quiere el Estado inducir ahora, canje o intercambio que sera repudiado por la guerrilla y por gran parte de la poblacin y de la comunidad internacional, sino acuerdos que satisfagan con la mayor coherencia derechos concretos de las vctimas y de los colectivos sociales victimizados. Pactos polticos fundados en derechos, como ya lo ha propuesto la insurgencia refirindose a declaraciones colectivas, en pos de nuevos y ms eficaces recursos jurdicos de nuevo talante, que motiven a reconocer o esclarecer hechos y prcticas.

En el caso del Estado seran declaraciones institucionales vinculantes y a profundidad, sobre la responsabilidad que le cabe por todas las aristas y efectos de sus estrategias. Desde la doctrina militar y de seguridad, hasta las rdenes emanadas, la legislacin vertida, la poltica del paramilitarismo, la victimizacin de colectivos y organizaciones, la misin y comisin de crmenes deliberados y en masa, la individualizacin de roles y de los beneficiarios del crimen sistemtico. Para poder as reparar adecuadamente y surtir reformas efectivas de no repeticin. Un verdadero basta ya! Un autntico nunca ms!

En trminos del debate poltico y de la demostracin de la responsabilidad penal de cientos de integrantes de la fuerza pblica sealados como autores de crmenes de Estado, que estn buscando, ellos mismos o sus altavoces corporativas y polticas, diferentes medidas de exoneracin, obtener rebajas o que se les apliquen alternativas en la sancin, persiguen ese objetivo de favorabilidad en el contexto del actual proceso de paz, siendo de nuevo agitada y manipulada su situacin por las elites civiles, evitando que se descubran los mximos responsables, o sea estancando el problema en un nivel medio y bajo, diseando esos mecanismos quebradizos jurdicamente en tanto resbaladizas escapatorias temporales, dirigidos para los militares y policas encartados, a fin de que se sientan seguros.

Sigue optando el Estado/Establecimiento por el peor camino, que es una sutil o camuflada vertiente del negacionismo, con el que promete a sus hombres blindajes sempiternos que puede ser que no sirvan en un breve tiempo: sern perecederos. Para ellos tambin es de algn modo una trampa, cuando se les ha embelesado con paliativos fraudulentos del derecho internacional y nacional como el fuero penal militar. Les propone, asegura y augura lo de siempre: impunidad institucional. Esta vez esgrimiendo un final del conflicto que sea el final tambin de ciertos fantasmas: los problemas penales pendientes.

G. La moneda trucada

En su conjunto, salvo pocas excepciones, el Establecimiento y el Estado se emplean a fondo en el cometido inteligente de distraer, confundir, surtir un chantaje o extorsin y prevalecer.

Distraen. Cuando el pas debera estar centrado en quines se han enriquecido con la guerra y sus medios ms aterradores, para ir tras esas fortunas como elemental derecho a la verdad, la reparacin, la sancin y la no repeticin, para poder adems obtener una base material suficiente para el post-acuerdo, la gran atencin meditica para efectos polticos y judiciales se focaliza primordialmente en la responsabilidad de la guerrilla. Se calla el Establecimiento la responsabilidad que le cabe. Mario Puzo, autor de El Padrino (1969), cita a Balzac: Detrs de cada gran fortuna hay un crimen. Esta sentencia cabe sin duda plenamente para los veinte mil grandes acaudalados que viven en Colombia. Pero gran parte de la sociedad ha sido embrutecida.

Confunden. De manera ms abierta o ms ladina, apuntando al control de los efectos judiciales que todava pueden desprenderse, relativos al terrorismo de Estado, no slo desconocen o niegan las diferencias jurdicas, ticas, histricas y polticas de fondo entre atacar un orden injusto u opresivo, o defenderlo, sino que proveen las reglas de un chantaje: tasan o elevan a su mayor precio (el precio del logro o fracaso de un Acuerdo de Paz), la idea desplegada hace dcadas, que tiene de base la perversa imagen de igualar para prevalecer, para superar.

Jugando con asimetras y simetras, falseando unas y otras, en el ambiente de presin en los dilogos, cuyo escenario se aprovecha no slo para inculpar a la guerrilla sino para exculparse el bloque de poder dominante, hace ver que la suerte del proceso depende de ser aceptado ese chantaje que poco a poco se va montando.

Directa y detalladamente el Presidente Santos en ms de una veintena de intervenciones pblicas ha subrayado una idea cardinal: si les vamos a dar algunos beneficios a esta gente, beneficios jurdicos para que entreguen sus armas, para que acepten las realidades, la realidad es que no son victoriosos, los victoriosos son ustedes, pero de todas formas lo justo, y eso lo he repetido y lo repetir hasta la saciedad, lo justo es que si hay beneficios jurdicos para los enemigos, por supuesto que habr beneficios jurdicos para nuestras fuerzas... no queremos equipararlos a ustedes con la guerrilla, ustedes dentro de nuestra propia forma de proceder vamos a darle los mismos beneficios pero, por as decirlo, en dos costales diferentes, para que tengan tambin esa tranquilidad (Discurso del Presidente Santos el 5 de julio de 2014 en Tolemaida. Cfr. http://wp.presidencia.gov.co/).

As, la simetra falsa o simulada, la moneda trucada que busca distorsionar la realidad para efectos de impunidad, parece comprender sus dos caras como dos pasos complementarios: en un paso artero que es primero, o intermedio si se mira el largo recorrido de una estrategia de muchos aos, lo esencial es diluir las responsabilidades por crmenes del Estado o del paramilitarismo para confundir y homologar a sus autores como si fueran actores de algn tipo de rebelin: que quebraron la ley por necesidad y mviles altruistas. Para eso est contradictoriamente la retrica que hace alusin a la patria, al orden y la seguridad democrtica, al progreso, etc.

En esa lgica de no abandonar a los suyos y encargarse de su suerte jurdica, destaca la necesidad de disuadir o paralizar con justificaciones envolventes de una supuesta solidaridad, para que no se produzcan delaciones y deserciones que luego impliquen graves revelaciones.

Y un paso ms largo y definitivo con esta negacin que efecta el Estado, busca precisamente vencer en el orden simblico a la par del alegado triunfo militar del Establecimiento. Su objetivo es que no sea confundido histricamente, no quedar en pie de igualdad con su enemigo, sino enseorearse el poder dominante como depositario de una razn y de una tica superiores, que evidentemente no tiene pero persigue por todos los medios.

Corresponde esta dinmica a la ya famosa idea funcional de los dos demonios, usada en Argentina y otras experiencias. En Colombia esto tiene el historial de negacin de crmenes, y cuando esto ya no fue posible, la responsabilidad estatal se endos al monstruo paramilitar o de las auto-defensas; y cuando esto tampoco fue posible mantener ante las abultadas pruebas de la criminalidad alcanzada por actos del Estado, se intensific el discurso hoy en boga de achacar las culpas a las manzanas podridas.

Todo esto traza un guion que se basa en la prefiguracin de un equilibrio de los dos demonios, y en el rescate de un supuesto rol de rbitro o juez del Estado, que paradjicamente no resuelve en trminos de aplicacin igualitaria de la ley, sino de su seleccin y dejacin, con el instrumento que ms y mejor administra: la solucin de impunidad para ambos lados del mal. No surge de la nada. Surge cuando ya ha intentado el Estado someter sistemticamente a uno de los dos lados, a la insurgencia, a todos los medios posibles de castigo y necesita ahora protegerse y apadrinar a los suyos, a sus manzanas podridas, al amparo de los clculos de un proceso de paz.

Se hace precisamente desde el entendimiento que tienen los acusados -agentes del Estado o del paramilitarismo [caben ac por supuesto los polticos y empresarios dirigentes-beneficiarios]- de que pueden ser salvados en alguna medida, a condicin de no elevar o esparcir el rango y radio de las responsabilidades, de no salpicar por encima, o sea no mirar ms arriba en la jerarqua.

H. De la contradiccin a la trampa

La preocupacin esbozada en esta reflexin, y no simple especulacin dado el cmulo de hechos que confirman tendencias, se deriva de observar hechos sucesivos y declaraciones perfectamente verificables hechas pblicamente, que conducen ya no a una maniobra cualquiera, en el cuadrante normal de las contradicciones Estado/Establecimiento - Insurgencia, sino a esa gran artimaa, esa gran trampa que prepara y desarrolla el Estado y en general el bloque dominante, histricamente irresponsables frente a obligaciones asumidas como poder poltico.

No es extrao que de esos miles de agentes procesados o procesables por crmenes, algunos puedan sustentar elementos de defensa indicando en qu lgicas e instrucciones se movan obedeciendo rdenes y qu instancias o esferas de direccin promovan y encubran esas actuaciones. Ah est incubada una grave contradiccin interna, tejida entre quienes eluden responsabilizarse por la barbarie.

Esa contradiccin del bloque dominante es la que se define ya no por qu tanta impunidad se va a conceder a la guerrilla (como ellos dicen en referencia a amnistas), sino que tanta impunidad o justicia se van a conceder ellos mismos en el Estado (auto-amnistas, bajo la forma de fuero penal militar u otras herramientas): a quienes dentro de la institucionalidad o por fuera de ella desarrollaron las diferentes formas de guerra contrainsurgente o que han se han empleado bajo el subterfugio del conflicto al servicio de los sectores dirigentes polticos y empresariales para asegurar sus riquezas y privilegios.

Ese problema interno no es slo de organizaciones criminales de tipo mafioso o paramilitar vinculadas con altas cpulas del poder o sectores econmicos como una gran parte de los ganaderos o latifundistas, redes que amenazan, presionan o compran para obtener silencio de sus sbditos o empleados, sino que es de las instituciones mismas comprometidas en la guerra sucia en unas estructuras legales que ahora mismo plantean y requieren mecanismos institucionales de control y subordinacin de la verdad, para impedir o supervisar los efectos judiciales.

El riesgo de no lograrlo, el riesgo de que se escapen verdades en torno a parmetros, doctrina y determinadores, acerca de los mximos responsables no militares, polticos o empresarios, o sobre militares de mayor rango de los imputados o imputables actualmente, y que todo eso sea conocido y repudiado con altos costos polticos, es lo que mueve en general al poder dominante a esbozar sofismas o efectivos cierres, que vende a sus agentes para sortear el laberinto surcado en el desarrollo de la guerra contrainsurgente que los us.

Ante esas previsibles acusaciones, debates o pruebas contra altos funcionarios en gobiernos regentados por civiles o contra polticos y empresarios, dicha contradiccin interna del bloque dominante en Colombia halla ahora en el proceso de paz el terreno ideal o propicio para intentar disolverla de forma cnica. Por eso el proceso de paz en determinada formulacin deviene como funcional a la impunidad total de crmenes de Estado, y es demostrable a la luz de diversas experiencias similares que una de las razones histricas de potenciacin de la justicia transicional es precisamente esa necesidad interna del sistema de salvar a los suyos y de salvar al statu quo.

Cmo se est efectuando ahora mismo?

A travs de diferentes mecanismos que utilizan las sensibilidades y los apoyos referidos a un proceso de paz, el Establecimiento y su institucionalidad hacen un traspaso a la guerrilla y a otros sectores de la sociedad, a las propias vctimas de crmenes de Estado, para que deban pronunciarse de manera forzosa sobre las paridades o los paralelismos de justicia necesarios para la paz y asumir los costos de una u otra respuesta. Sea un s o un no a la impunidad. Esa es una realidad que resulta por eso an ms escabrosa y perversa.

Dicho traslado a su opositor armado de un problema que no es de la insurgencia sino propio del Estado, pone en evidencia un ardid de convalidacin forzosa de la impunidad, pues al negarse la guerrilla a ciertos derroteros o soluciones pragmticas, al rehusarse ser sometida en el sistema de su enemigo que se arroga justicia, dejara de ser beneficiaria de amnistas o indultos en razn de la rebelin y delitos conexos o destinataria de otro tipo de medidas, dado que ya se ha vendido la idea llana de que ni la horizontalidad cabe ni el desequilibrio es posible. Que todos deben estar en la cama o en el suelo, sin diferencias de conceptos, cobijados por igual impunidad o por igual justicia. Pareciera que la contraparte en la Mesa de dilogos, y la sociedad que busca una paz transformadora, no tuvieran ms opcin que validar esa igualdad prctica.

Consiste en traspasar a la guerrilla y al bloque rebelde tachado de maximalista, la carga de tener que aceptar que no hay otra solucin o senda para arribar a la paz, que no hay ms salvacin que tolerar que el Estado actu como lo hizo la insurgencia, bien sea porque a sta se le justifique o porque se le condene a aquel. Su mxima es que si se le exime por rebelde a un grupo violento, al Estado igualmente se le debe perdonar por haber defendido con fuerza la democracia. O que si se le acusa de criminal al poder establecido, no hay otra tabla de medir que la que se aplique por igual a su enemigo subversivo. O para todos o para nadie. Por ende: las fuerzas que actuaron como anti-subversin deberan obtener los mayores beneficios, o al menos los que se plasmen para la guerrilla en los acuerdos de paz. Tal es la nefanda transferencia.

Estamos por esa causa como pas ante una encrucijada histrica y tica todava ms compleja de lo que aparece, que trasciende incluso el registro y la mecnica de un proceso de paz entre dos partes confrontadas militarmente por razones polticas a lo largo de medio siglo. Dicha encrucijada se define frente a esa materia, la llamada justicia, y nos indica con claridad cmo en esa balanza, en el lado del Estado/Establecimiento (bloque de poder dominante), se ha generado y pesa esa terrible contradiccin interna, que se quiere inteligentemente trasladar como contradiccin externa y como trampa moral hacia el otro lado, hacia la insurgencia.

Maniobra en la que, por cierto, ya han cado algunos defensores de derechos humanos y alguna gente de izquierdas, que por afanes se han sumado acrticamente al inters adyacente de una paz como la oferta el Establecimiento. Sin ir a los mximos responsables, sin salvedades, sin exigencias radicales de verdad, reparacin integral (recuperando lo saqueado), y no repeticin, resguardan a los perpetradores del Estado o del paramilitarismo, siguiendo una especie de campaa que en trminos prcticos propone esa solucin de igualdad que es solucin de impunidad. O sea, sin distinguir con rigor un rebelde que ha luchado no para hacerse rico sino por altruismo, de un agente del Estado o de un paramilitar; sin diferenciar con criterio los hechos del delito complejo de la rebelin frente a los crmenes de lesa humanidad, obviando lo que ello supone en cuanto a consecuencias ticas y jurdicas.

Por esta misma lnea hay quienes abogan para que la guerrilla renuncie a exigir amnistas e indultos como corresponde a ser parte alzada en armas por mviles altruistas contra el statu quo, y acepte beneficios ms prcticos, ms fciles de tramitar, ms expeditos, indistintos y viables, descargados de connotacin poltica, como la renuncia condicionada de la persecucin penal por el principio de oportunidad o lo que equivalga como remedio. Que es lo que podra ser igualmente aplicado a contratistas corruptos, pedfilos, mafiosos, militares, paraempresarios o parapolticos. Es decir, como cuando opera la delacin para rebaja de penas, invitan a que la guerrilla misma sea expeditiva, se acuse, se desdiga y desnaturalice su razn e identidad poltica.

Esto debe entenderse ms all de lo inmediato y anecdtico. Esa intencin de confundir, hace parte de un largo movimiento o ciclo que asegura no slo la desaparicin del contendor armado de izquierda, sino su previa promiscuidad y desgaste moral, de tal manera que deba consentir no slo la dimensin histrica del chantaje, consistente en la continuacin de la guerra si no se acepta un sometimiento, sino que se le deshonre, que vaya olvidando no slo su condicin de rebelde y el derecho que tiene a obtener amnistas o indultos en razn del ejercicio de la rebelin, sino olvidar tambin los crmenes de Estado, y acepte al final las lgicas de poder que antes combata, si quiere llegar a un Acuerdo de paz. Mientras la insurgencia se desmoviliza con ese peso histrico y moral, en ese mismo proceso se dejara indemne y se prolongara el statu quo criminal, su producira su enmascaramiento, su reforma y su refuerzo.

Convertido en presin jurdico-poltica hacia el cuerpo de convicciones de la insurgencia y de los movimientos alternativos, el mtodo que est cumpliendo como libreto el Estado, tiene indudablemente la intencin de vencer una determinada correspondencia moral y tica, as como los principios de un programa poltico de cambio a fondo, al que no ha renunciado la insurgencia. El propsito es que tenga entonces que aceptar un determinado devenir, un desenlace realista, y que lo pestfero consiguiente se asigne o asocie con la posicin de la guerrilla. El resultado ser que quede sta en una de dos posiciones negativas:

a- Aprobando la idea o aceptando la prctica de impunidad del Estado respecto de crmenes de lesa humanidad, impunidad que ofrece el sistema para un canje subrepticio (Pedimos ser todos perdonados, sin distinguir nada), con lo cual la perversin de la frmula se carga al oponente guerrillero, que al aceptar en esas condiciones debe saber explicarse moralmente al explicar qu sistema de coherencias lo llevaron a ese pragmatismo.

b- Rechazando una solucin razonable de justicia transicional, asumiendo el costo de una ruptura, que hara imposible la nica paz viable: la del sometimiento. La frustracin de un modelo as concebido no puede entenderse como resultado de una intolerancia radical de la insurgencia y de sectores populares en lucha, sino que su planteamiento de una paz con justicia que remueva la criminalidad del Estado, debe comprenderse precisamente como una superior apuesta por recomponer un poder poltico liberado de esa cadena de genocidio en democracia. De ah que este tema est necesariamente vinculado a las potencias constituyentes.

Lanzada la moneda, hasta ahora con ambas caras gana el Establecimiento. O se le acompaa en su carrera de castigo irreflexivo a la insurgencia y de impunidad para los crmenes de Estado (como lo sostiene la extrema derecha representada por Uribe y funcionarios como el procurador Ordez, quien prepara turbiamente por eso expedientes contra la guerrilla acusndola de crmenes de lesa humanidad para as invertir los trminos de la cuestin), o quien se oponga a esos designios y reclame el reconocimiento del delito poltico y su ms amplia conexidad a la vez que los verdaderos responsables de crmenes de lesa humanidad salgan a la luz y se bajen de sus pedestales, ser tildado en la historia como intolerante y obtuso.

La cuestin est en que no se trata ya de unas cuentas voces, sino de muchas, que advierten la necesidad de reconocer la rebelin como delito complejo para proceder a amnistas e indultos en este proceso de paz para alcanzar un Acuerdo justo, y de plantear al tiempo mnimas exigencias al Estado en relacin con sus cargas, para producir un mnimo de esfuerzos institucionales de cambio frente a esa criminalidad de los de arriba, demandando enfrentar la aterradora impunidad.

I. Ver la viga en el ojo propio: posibles rutas

Es razonable que cada parte titular en este proceso de dilogos piense en s: en cmo debe responder adecuadamente a intereses y valores que le configuran y que le otorgan una capacidad de compromiso en la salida poltica al conflicto. Pero, en ausencia de un tribunal imparcial, legtimo y eficaz, pues no lo hay todava para el caso colombiano, estando pendiente consensuarlo en un proceso de paz, en una negociacin creativa y creadora de Derecho, no puede quedarse enzarzada una parte contendiente en una posicin presunta de ms autoridad moral y jurdica, dictando cmo someter a la contraparte, adems sin ver y remover la viga en el propio ojo, sin examinar sus impunidades, sin aclarar y explicar sus propias responsabilidades. Resulta obstructiva esta posicin.

Lo es al taponarse de arbitrariedad, desconociendo igual derecho y obligacin de esclarecimiento y justicia al adversario, y a que asimile y presente sus reivindicaciones, aplique sus instrumentos y desentrae sus propuestas. Mxime si objetivamente stas en su implementacin aproximarn hacia un mismo problema, en este caso de orden poltico e histrico relacionado con deudas de orden penal, para habilitarse congruentemente ambas partes en una transicin democrtica.

Tampoco puede reconocerse parcialmente a ese enemigo, a condicin de que ste renuncie a su dignidad, o transferirle o adjudicarle indebidamente lo que en este caso le corresponde asumir al Estado.

Elementos de una solucin posible son los que se orientan por lo tanto a que cada parte se aclare y defina en consecuencia sus propias responsabilidades, por prcticas y mecanismos que ha desarrollado o por hechos que le culpabilizan, y no trate de confundirse, substraer la identidad y carga de la contraparte o imponerle un sistema ajeno de justicia y sus respectivas incoherencias, como corresponde a una realidad en la que ninguno de los dos contendientes ha vencido, ni puede ser por lo tanto juez y parte.

El bloque de poder dominante tiene su propio problema, generado con las pruebas vivientes de su criminalidad. No puede aspirar a que la solucin, paradjicamente, se la facilite o procure la insurgencia, como se plasmara en caso tal de que se le transfiera a sta el peso de una decisin prctica que contara con gran audiencia y aceptacin en un pas enfermo, subscribiendo la guerrilla que s es correcto homologar rebelin y crimen de Estado.

No. Ni la insurgencia ni las vctimas del terrorismo de Estado y paramilitar, tienen por qu pronunciarse en favor de beneficios penales a agencias y agentes del Establecimiento sin que se les exijan a stos obligaciones de sealar a los mximos responsables y de reparar integralmente, adems de cesar y desmovilizar las estructuras de terror, para que no estn en condiciones de repetir los crmenes. No pueden los sectores opositores resultar ahora culpabilizados de los trances y dilemas de un proceso de paz que adems de barato en las reformas socio-econmicas, no sirva para al menos no hacer superior ese 96% de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, crmenes de guerra y de lesa humanidad.

Si bien con razn muchos sectores de vctimas de los crmenes de Estado y del paramilitarismo, consideran legtimamente a partir de su visin y derechos, que no puede haber ms sacrifico del que ya se ha hecho, con esa impunidad del 96%, y que debe castigarse a todos los responsables de esos hechos de terror, es cierto que parte de esas miles de vctimas y otros espacios de acompaamiento, admiten cada vez ms que a cambio de verdad y reparacin plenas por parte del Estado y sus agentes oficiales o paramilitares, as como de garantas de no repeticin, deban considerarse penas alternativas. Incluso que no haya crcel. Es una posicin humanista, legtima y coherente. Pero haberlo dicho tan precipitada y gratuitamente, cuando no hay el ms mnimo y efectivo gesto de contricin estatal ni sea alguna de reformar unas fuerzas armadas instruidas en una doctrina criminal, ni de depurar nada (al contrario: incentivando mecanismos inicuos como el fuero penal militar que incentivan precisamente la guerra y el desinters por la paz), quiz ha llevado al Establecimiento a calcular que puede todava ms convencer y cooptar a esos sectores contestatarios o crticos, a fin de que hagan guios a favor de ese tipo de equilibrio.

Quiz lo correcto sea mantener, como lo han expresado organizaciones populares y de defensa de los derechos humanos y de las vctimas de crmenes de Estado, as como tambin lo ha manifestado claramente la guerrilla, que efectivamente se requiere un cierre equilibrado y a poder ser definitivo, que produzca seguridad no slo jurdica para las personas individualmente consideradas sino condiciones de regeneracin y transformacin para la sociedad, a partir de las garantas de no repeticin, o sea depurando rganos y desmontando estructuras perpetradoras.

Se har abordando con coherencia poltica y jurdica la realidad de la masa penal generada en el contexto del conflicto, lo cual no significa poner a todos en la misma balanza, sino producir unas soluciones en un marco de justicia transicional que cada parte puede concebir inicialmente por separado para una etapa interna de definicin de sus propias responsabilidades. Deberan declarar o reconocer sus respectivas responsabilidades, en torno a prcticas, hechos y efectos de la violencia desplegada en el conflicto. El bloque de poder dominante tiene la opcin de continuar negando que hay estructuras de guerra sucia y mecanismos de impunidad de crmenes de lesa humanidad, o podr reconocerlas y comprometerse a reformas sustantivas de depuracin a fondo, que remuevan tales medios proscritos por el derecho internacional.

Pueden tambin concertar, como es apenas obvio tratndose de una negociacin, acordando un sistema que habr de determinar o examinar los mecanismos y sucesos ms graves de violencia, que contemple un tratamiento diferenciado, de acuerdo a la ndole de cada parte y al alcance de sus hechos, de lo cometido en sus estrategias y de lo causado objetivamente como afectacin de derechos.

Esto supone en un escenario que el Estado cumple su obligacin de reconceptualizar o reestablecer por ley el delito poltico y fijar su amplia conexidad favorablemente al proceso de paz, como debe tambin ya mismo hundir el proyecto de reforma constitucional que ampara o promueve violaciones de derechos humanos y la impunidad, que es la finalidad del fuero penal militar.

Este escrito, que ojal resulte errado, pues sera deseable que nada de esto estuviera ocurriendo, comenz reseando las palabras del Presidente Santos el pasado 7 de abril de 2015. Vale la pena recordarlas, pues caben perfectamente para ser aplicadas al bloque de poder dominante, a la viga en su ojo: Un proceso con total impunidad es imposible... La justicia los tiene que condenar; ahora, qu tipo de condenas y cmo se pagan esas condenas, todo eso es parte de la negociacin... yo creo que ah se destraba todo este proceso y llegaremos a un final feliz... tienen que confesar la verdad, aceptar la justicia, indemnizar a sus vctimas y comprometerse a no reincidir... Si aceptan esos parmetros (...) entonces ya se entra a negociar qu tipo de penas y cul sera la aplicacin de esa justicia.

Aunque parezca ingenuo, es bueno recordar lo que el ex preso poltico italiano Vincenzo Guagliardo (De los dolores y las penas) nos cita, tomando las palabras de Huizinga, historiador holands que muri a manos de los nazis: la esperanza es todo aquello que no se basa en el clculo. Difcil que no sea as por parte del Estado colombiano en el proceso de paz. Pero al menos la esperanza es que dicho clculo no se base en el desprecio del otro, en la burla de su dignidad, usndolo un aparato organizado de poder, para lavarse las manos.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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