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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2015

La contrainsurgencia laboral en Colombia

Renn Vega Cantor
Rebelin


La contrainsurgencia como proyecto del bloque de poder en Colombia va mucho ms all de la accin antiguerrillera y de la creacin de grupos paramilitares, aunque los incluye, porque involucra un sinnmero amplio de aspectos que apuntan a impedir y a destruir las diversas formas de oposicin al capitalismo, ya que excede la cuestin militar e involucra aspectos polticos, ideolgicos, sociales y culturales.

Entre los sectores ms afectados por la contrainsurgencia se encuentran los trabajadores organizados sindicalmente que realizan huelgas o protestas. En la lgica contrainsurgente cualquier reivindicacin de los trabajadores atenta contra el derecho de propiedad y la libre empresa, se opone al progreso del pas y a los empresarios que crean riqueza y generan empleo. Se considera que las protestas y huelgas son organizadas por extremistas de izquierda, subversivos o terroristas que se infiltran en las empresas, se hacen pasar por trabajadores para impedir su funcionamiento armnico y, se agrega, que las protestas laborales no benefician al conjunto del pas, solo a minoras insignificantes, que empobrecen an ms al pueblo colombiano. Esas huelgas generan caos, constituyen acciones que subvierten el orden pblico y a las cuales se les debe reprimir con energa, para evitar que se repitan, y para ello deben destruirse los sindicatos, perseguir, encarcelar, y matar a sus dirigentes.

Esto se viene haciendo en Colombia mucho antes de 1964, como ejemplo de una permanente contrainsurgencia laboral, caracterstica del bloque de poder contrainsurgente. El trato que reciben dos huelgas acaecidas en 1963 es una muestra que la persecucin a los trabajadores organizados no es, ni mucho menos, una consecuencia de la existencia de los grupos guerrilleros.

En el municipio de Santa Brbara se lleva a cabo una huelga de los trabajadores de cemento cuya principal exigencia se centra en un modesto aumento salarial y cumple estrictamente con las exigencias legales. El movimiento se prolonga durante un mes, durante el cual el ejrcito facilita y propicia el esquirolaje para que siguiera saliendo la materia prima de la planta de El Cairo, pese a las tmidas acciones de rechazo de los trabajadores en huelga. El 23 de febrero de 1963, luego de que el gobernador del Departamento de Antioquia, Fernando Gmez Martnez quien es a la vez dueo de El Colombiano y accionista de Cementos Argos hubiera dado la orden de sacar el producto costara lo que costara, son masacrados por tropas del Ejrcito doce trabajadores y pobladores del lugar, entre ellos una nia de diez aos. Para justificar la masacre desde la gobernacin, y valindose de El Colombiano, se inventa un infundi: la brutal accin oficial haba sido en legtima defensa para responder a los disparos que los huelguistas haban hecho contra miembros del Ejrcito. El titular de El Colombiano del 24 de febrero de 1963 dice sin pudor: Agitadores comunistas organizaron la emboscada. Adems, durante el mes de huelga los trabajadores son sealados como peligrosos agitadores comunistas y gentes ociosas que no quieren ni dejan trabajar, con lo cual se justifica de antemano cualquier accin represiva.

En los meses de julio y agosto del mismo ao, la Unin Sindical Obrera (USO) organiza una huelga en Barrancabermeja para defender la convencin vigente y denunciar la corrupcin administrativa de la empresa. La huelga es declarada ilegal en forma inmediata y se procede a la militarizacin de la ciudad y de las zonas de extraccin y produccin. Son despedidos los directivos del sindicato y, como eso no fue suficiente para detener la huelga, 16 miembros de la direccin y los abogados laborales que asesoraban al sindicato son capturados en sus propios domicilios en las horas de la noche, mientras dorman, sin ninguna orden judicial y son llevados en un avin militar a una crcel de Bucaramanga, donde permanecen 43 das prisioneros los mismos das que dur la huelga, como un claro ejemplo de milimetria represiva. En Bogot, el Ministro de Minas y Petrleos, Enrique Pardo Parra, justifica la ilegal disposicin aduciendo la existencia de un Estado mayor comunista que organiza a los petroleros para que mediante acciones subversivas se modifique revolucionariamente la organizacin del Estado. Y el presidente de la Repblica, Guillermo Len Valencia, en una alocucin radial anuncia que el gobierno autoriz a la empresa para que despidiera a cuatro cabecillas principales del movimiento, militantes todos del partido comunista internacional. En rigor, la huelga es vista como una accin subversiva y no como un movimiento legtimo de protesta. Como para que no queden dudas del proceder terrorista del Estado, Ecopetrol les exige a los trabajadores que terminen la huelga como condicin para liberar a los dirigentes detenidos y a sus abogados. stos sealan desde la crcel: Se trata del hecho, profundamente inmoral y extrao a toda norma jurdica, de utilizar los rganos del Estado encargados de administrar justicia para ganar un conflicto laboral y de poner la fuerza del Estado al servicio de los empresarios para reprimir a los trabajadores cuando estos luchan desesperadamente por la limpieza y honestidad en el manejo del patrimonio nacional confiado a la Empresa Colombiana de Petrleos [1].

Debido al trato dado a la huelga, el despido arbitrario de los dirigentes del sindicato, la represin indiscriminada, la militarizacin del puerto de Barrancabermeja, algunos de los huelguistas expulsados de la empresa se van directamente al monte y al ao siguiente se incorporaron a las filas del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN).

Los dos acontecimientos sealados ponen de presente que la represin de los trabajadores organizados es anterior a la formacin de los movimientos guerrilleros, lo que indica que dicha represin no es una consecuencia del conflicto armado, sino de una violencia antisindical de tipo estructural, de larga duracin, que se prolonga hasta la actualidad.

Cultura antisindical a la colombiana

En Colombia se ha construido una cultura antisindical, propia del bloque de poder contrainsurgente, que ha logrado arraigar el prejuicio que los trabajadores sindicalizados son una amenaza interna para la estabilidad del pas, una especie de guerrilleros desarmados o subversivos de civil. Se ha logrado crear un nuevo sentido comn, que acepta como algo normal el asesinado de sindicalistas y cualquier crimen laboral, y propicia la impunidad y la complicidad de amplios sectores de la poblacin. Hasta El Tiempo reconoce que el Estado colombiano dialoga con ms facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legitimas del trabajo y tiende a criminalizar la protesta social [2]. 

La cultura antisindical de carcter contrainsurgente se expresa de mltiples maneras, como se indica en forma sinttica a continuacin.

1. Argucias judiciales: Desde el comienzo del Frente Nacional se instaura una legislacin antilaboral tendiente a dificultar la organizacin de los trabajadores, con restricciones y prohibiciones que limitan el derecho de asociacin y de huelga. Esto se complementa con la legislacin promulgada bajo Estado de Sitio, que restringe an ms los derechos laborales y les confiere un tratamiento penal a los asuntos laborales. En la dcada de 1990, como parte de las innovaciones jurdicas para perseguir sindicalistas remisos y desobedientes, se utiliza la justicia sin rostro contra lderes sindicales, como los de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM) y la Unin Sindical Obrera (USO), en donde se recurre a testimonios ficticios de individuos que son alojados en Batallones Militares. Eso lo reconoce un empleado a sueldo del Ejrcito al que se le haba encomendado la misin de acusar a miembros de la USO, quien ante la pregunta de si reciba dinero del Ejrcito, sin dudarlo respondi: Si seor, yo informo y de acuerdo a los resultados que se obtengan me pagan, pero sobretodo es por capturas ltimamente y no me han pagado, por eso tengo ganas de retirarme de esto y no seguir colaborando [3].

2. Multinacionales que persiguen y matan sindicalistas: Algunas empresas multinacionales financian y organizan grupos paramilitares, con el objetivo de aterrorizar a los trabajadores, eliminar las organizaciones sindicales y mantener sus elevados niveles de ganancia, sin que sean interrumpidas sus actividades. El paramilitar Hever Velosa (HH) reconoce que en la dcada de 1990, todas las compaas bananeras que operan en Urab le pagaban tres centavos de dlar por cada caja de banano que exportaban, con una finalidad explcita: Nosotros bamos a las fincas y presionbamos a los trabajadores para que trabajaran, ya que se venan presentando una serie continua de paros y de rdenes de manos cadas para no trabajar y no hacer los embarques, bamos a las fincas y obligbamos a las personas a trabajar [4]. Los que no obedecen son asesinados y los sindicatos son perseguidos por ser organizaciones subversivas, como lo registra una informacin de prensa de 1987: En Urab mueren en forma violenta cada semana entre una y tres personas. Los asesinatos se centran en trabajadores bananeros y dirigentes sindicales, aunque no son escasos los capataces y administradores de fincas. Los asesinatos ocurren por lo general dentro de las plantaciones de banano, en las empacadoras, el lugar donde se concentran los trabajadores [...] En Urab los asesinatos no han sido cosa rara, pero se han agudizado en los dos ltimos aos y se recrudecen cuando se negocian los pliegos de peticiones en las fincas bananeras. Sintagro, el sindicato que ms afiliados tiene en la zona, en los ltimos aos ha perdido a ms de 100 personas [5].

La Chiquita Brands, una empresa multinacional del banano, reconoce su participacin en los asesinatos y pag al fisco de su pas, Estados Unidos, una multa de 25 millones de dlares por patrocinar a grupos de asesinos, que mataron a miles de personas, hasta el punto que segn el experto estadounidense en Derecho Internacional Ferry Colling Swort "es el caso ms grande terrorismo en la historia reciente, con tres veces ms vctimas de las que produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York". No obstante, en Colombia se le ha exonerado de cualquier responsabilidad criminal.

Un hecho similar de patrocinio a paramilitares es el de la compaa de Carbn Drummond, involucrada en el asesinato de dirigentes sindicales. En otras compaas, como Nestle y Coca-Cola, los sindicatos han sido reducidos mediante el asesinato sistemtico de sus dirigentes, en una oleada de sangre que no parece tener fin, puesto que el 9 de noviembre de 2013 es asesinado el obrero Oscar Lpez Trivio, de Nestle. El da anterior, haba llegado a la sede de SINALTRAINAL esta amenaza:   guerrilleros hp siguen jodiendo a Nestl no ms perdn los picaremos muerte a todos los comunistas de Sinaltrainal. Urabeos [6].

3. Liquidacin de empresas pblicas y de sus sindicatos: Hace apena un cuarto de siglo, el 60 por ciento del total de los trabajadores colombianos formaba parte de la planta permanente del Estado, en razn de lo cual para privatizar las entidades pblicas resulta prioritario destruir a los sindicatos. Eso sucede en Telecom, La Caja Agraria, Inravisin, hospitales y un gran nmero de empresas pblicas, como forma de darle paso al sector privado en el manejo de los servicios sociales (educacin, salud, cultura, recreacin, transporte, infraestructura), y condicin indispensable para aplicar las polticas de flexibilizacin laboral, reduccin de personal y terciarizacin. No slo se destruyen los sindicatos del sector estatal sino que se desarrolla una campaa sistemtica y planificada de desprestigio y criminalizacin que cuenta con el respaldo de los medios de comunicacin corporativos, tendiente a crear un ambiente favorable a la privatizacin de los activos pblicos, como sucedi, por ejemplo, con la liquidacin de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (TELECOM), cuyo sindicato fue sometido a una campaa sistemtica de desprestigio, algunos de sus dirigentes sindicales terminaron en la crcel tras la huelga de 1992 y un Presidente de la Repblica indic que eran sindicalistas del pasado que han interrumpido en nuestro presente y que se limitaban a suponer que las cosas se hacen con violencia, que a las propuestas se les debe hacer resistencia, la vieja resistencia estalinista, aduciendo que no me refiero no solo a los guerrilleros. Hablo tambin de aquellos dirigentes sindicales que creen que es mediante la protesta y la violencia, mediante el secuestro y el sabotaje, como le deben hacer frente a las iniciativas de un gobierno [7]. Csar Gaviria se refera a las acusaciones que se le hicieron a los sindicalistas durante la huelga, todas las cuales despus se demostraron falaces, pero este personaje nunca se rectific ni se disculp ante los sindicalistas, que fueron expulsados de la empresa y fueron encarcelados como si fueran delincuentes.

4. Paralelismo sindical: Como al Estado le corresponde aceptar, por lo menos formalmente, la existencia de los sindicatos, le resulta beneficioso ejercer un control directo, como sucedi con la CTC (Confederacin de Trabajadores de Colombia) que en su primera etapa (1935-1946) fue convertida en un apndice del partido liberal y de los gobiernos de la Repblica Liberal. Cuando se empezaron a vivir tensiones en el seno de la CTC, el partido conservador, con sus aliados naturales de las jerarquas catlicas, funda la Unin de Trabajadores de Colombia (UTC), a la cual se le concede personera jurdica. De esta forma, se instaura la prctica de atomizar a los trabajadores organizados, con el fin de controlarlos mejor por parte del Estado o del bipartidismo e instaurar el paralelismo sindical. Desde entonces, siempre que han existido proyectos unitarios de los trabajadores y han planteado la creacin de una sola confederacin de trabajadores, se han saboteado tales intentos y se ha impulsado la creacin de sindicatos y confederaciones paralelas, como ha acontecido recientemente en la Pacific Rubiales. En efecto, para dividir a los trabajadores temporales que se haban afiliado a la Unin Sindical Obrera (USO), la empresa y el Estado respaldaron la afiliacin a la Unin de Trabajadores de la Industria Energtica (UTEM), de la CGT, que ahora cumple las labores de paralelismo sindical.

5. Asesinato de sindicalistas: Este es el aspecto ms brutal del modelo de contrainsurgencia aplicado al mbito laboral. Las estadsticas son elocuentes: desde 1986 hasta 2013 han sido asesinados 3.016 sindicalistas. La gran mayora de acciones criminales contra los sindicalistas est relacionada con problemas laborales, ya que la persecucin y el acoso aumentan en pocas de pliegos de peticiones y de huelgas. Al respecto, Amnista Internacional afirma en el 2007: El conflicto [armado] sirve de cobertura a quienes tratan de ampliar y proteger intereses econmicos. Es en este contexto en el que se convierte a los sindicalistas en objeto de numerosas violaciones de los derechos humanos. La fuerza de seguridad y los paramilitares les tachan reiteradamente de subversivos, y estas crticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos, que a menudo coinciden tambin con pocas de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo [8].

Las representaciones y discursos contra los trabajadores y los sindicatos se materializan en una violencia antisindical, que es uno de los elementos constitutivos de la accin contrainsurgente, con la cual se busca impedir el mejoramiento en las condiciones labores y vitales de los trabajadores y, en tiempos actuales, garantizar la flexibilizacin laboral. El paramilitar apodado HH lo seala claramente: Cuando llegamos al Urab era una regin con progreso, con educacin, salud y muchos beneficios para los trabajadores de las bananeras [] nosotros acabamos con esos beneficios de los gremios econmicos [] los trabajadores tenan grandes prerrogativas laborales, pero las perdieron por el actuar de nosotros [9].

Debido al carcter sistemtico que ha adquirido el asesinato de sindicalistas, resulta necesario detallar algunas acciones concretas propias del accionar de la contrainsurgencia laboral del Estado colombiano y su proceder terrorista, para evidenciar que no estamos ante acciones aisladas, sino ante un proyecto estructural, tendiente a facilitar la flexibilizacin laboral, el empeoramiento en las condiciones de trabajo de la poblacin colombiana, y la destruccin de sus formas organizativas para facilitar la acumulacin de capital, por parte tanto de empresarios locales como transnacionales.

a). La red de la Armada y el asesinato de sindicalistas en Barrancabermeja, 1991-1993: Uno de los hechos ms notables de sicariato antisindical y antipopular en general fue organizado por La Red de Inteligencia de la Armada Nacional que oper entre 1991 y 1993 y mat a unas cien personas. El Ministerio de Defensa de Colombia en mayo de 1991, con base a las recomendaciones que hizo la comisin de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, present un plan para combatir la escalada terrorista por parte de la subversin armada, a partir del cual cre las redes de inteligencia en todo el pas, una de las cuales, la 07, tena su sede en Barrancabermeja. Esta se present como una empresa de fachada que ofreca servicios tcnicos a la Naviera Colombia, con sedes propias y civiles, ubicadas en lugares cntricos de Barrancabermeja. Esos sitios slo eran conocidos por los jefes de la red y ciertos agentes de inteligencia, directamente vinculados con la misma. Los sicarios contratados no tenan ningn nexo directo con la Red, con la obvia intencin de que las Fuerzas Armadas no aparecieran involucradas en la organizacin de los crmenes y, por ello, a los miembros de la red se les ordenaba evitar asistir a las instalaciones militares y sus contactos e intercambios deban ser secretos y siempre dirigidos por los Comandantes de Brigada.

Las acciones emprendidas por la Red, planeadas desde la Central de Inteligencia de la Armada Nacional ubicada en Bogot, tenan como objetivo prioritario el asesinato de lderes sindicales y sociales, as como generar terror en la poblacin. Los sicarios a rdenes de la Red de inteligencia tenan en claro que la actividad sindical era un motivo suficiente para matar, tanto as que exista una tarifa por cada miembro de la USO asesinado, puesto que, segn el testimonio rendido por Carlos Alberto Vergara, uno de los sicarios de la Red,  cada asesinato oscilaba entre cien o doscientos mil pesos de acuerdo a la vctima, cada miembro de la USO era pagado con doscientos mil pesos, cada guerrillero a cien mil pesos, por eso se hicieron la cantidad de masacres que hoy por hoy estn a la vista pblica [10]. 

b). Paro nacional de trabajadores del Estado, octubre de 1998

La estigmatizacin de los trabajadores de empresas del Estado en los paros y huelgas forma parte del arsenal de acciones contrainsurgentes impulsado por el propio Estado y los medios corporativos de comunicacin. Eso acontece en octubre de 1998 durante el paro nacional estatal, en el que participan un milln de trabajadores, una protesta que se prolonga por varias semanas. El paro es declarado ilegal y se le asigna un carcter subversivo. En forma inmediata son amenazados los dirigentes del paro y en un lapso de pocos das son asesinados nueve de ellos, incluyendo a Jorge Ortega, Vicepresidente Nacional de la CUT, quien es acribillado en las puertas de su hogar.

c). El falso positivo sindical de Arauca: El 4 de agosto de 2004 se divulga la noticia que tres guerrilleros del ELN murieron en Cao Seco, Arauca, al intentar emboscar a miembros del Ejrcito y lo grave del asunto radica en que los tres eran dirigentes sindicales, identificados como Leonel Goyeneche, Jorge Eduardo Prieto y Hctor Alirio Martnez. El vicepresidente de la Repblica, Francisco Santos, afirma que "se trataba de dirigentes sindicales, pero tambin estaban metidos, segn los informes de inteligencia, en actividades que no estaban relacionadas con su trabajo" [11]. Despus se demuestra que los sindicalistas no eran guerrilleros y haban sido asesinados por miembros del Ejrcito e incluso el Vicepresidente de la Repblica se ve obligado a retractarse. Eso ya no importa porque los sindicalistas haban sido doblemente asesinados: fsica y moralmente. Como lo dijo el periodista Alberto Aguirre: La masacre de Cao Seco fue un episodio ms de esta persecucin incesante contra la clase obrera, que se manifiesta desde despidos injustos, terminacin indebida de contratos, recorte de prestaciones, cierre de sindicatos, hasta el asesinato de sus lderes [12].

d). El DAS y su lista negra de sindicalistas: El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) organiza un engranaje criminal para asesinar sindicalistas como resultado de la alianza entre su Director, Jorge Noguera, y grupos paramilitares. Esa entidad proporciona una lista de 23 sindicalistas para que sean asesinados por el grupo paramilitar que dirige Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a cambio de 50 millones de pesos por cada muerto. De esa lista son asesinadas siete personas, entre ellos los socilogos Alfredo Correa de Andreis y Fernando Pisciotti Van Strahlen, y la periodista Zully Codina. La lgica contrainsurgente de esos asesinatos se evidencia con el hecho que, segn el lenguaje utilizada por el DAS, se afirma que los asesinados pertenecan al frente socio-laboral del enemigo interno.

En conclusin, con el caso particular de la persecucin a los trabajadores organizados se evidencia que la contrainsurgencia, ligada en forma directa con el anticomunismo, va ms all de las acciones antiguerrilleras, y demuestra el impacto de tan nefasta poltica sobre los colectivos organizados, las victimas nunca reconocidas por el bloque de poder contrainsurgente.  


Notas

[1]. El Espectador, agosto 25 de 1963.

[2]. El Tiempo, mayo 1 de 2005.

[3]. Eduardo Umaa Mendoza, citado en Camilo Eduardo Umaa Hernndez, Las altisonancias del silencio. Ms vale morir por algo que vivir por nada, s. e., Bogot, 2008, pp. 83-84.

[4]. Citado en Human Rights Watch, Rompiendo el Control? Obstculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia, 2008, en http://www.hrw.org/es/reports/2008/10/16/rompiendo-el-control 2008

[5]. El Tiempo, marzo 11 de 1987.

[6]. Celestino Barrera, Oscar Lpez Trivio, obrero asesinado. Nestl vinculada a 13 asesinatos contra sindicalistas, en http://puebloscaminando.wordpress.com/2013/11/11/oscar-lopez-trivino-obrero-asesinado-nestle-vinculada-a-13-asesinatos-contra-sindicalistas/#more-391

[7]. El Tiempo, abril 25 de 1992.

[8]. Amnista Internacional - Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia, Julio de 2007.

[9]. Citado en Vilma Franco, Orden contrainsurgente y dominacin, Siglo del Hombre Editores-Instituto Popular de Capacitacin (IPC), Bogot, 2009, p. 165.

[10]. Citado en Corporacin Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo Corporacin Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida. Redes de Inteligencia y exterminio en Barrancabermeja, Bogot, 1999, p. 33. (nfasis nuestro).

[11]. Sindicalistas o guerrilleros?, en http://m.semana.com/nacion/sindicalistas-guerrilleros/80907-3.aspx .

[12]. Alberto Aguirre, Las mentiras del gobierno para justificar el asesinato de sindicalistas, en Cromos, septiembre de 2007.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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