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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-04-2015

Valencia Laica denuncia en un acto pblico los acuerdos de 1979 entre el Estado espaol y la Santa Sede
Espaa es un paraso fiscal para la Iglesia catlica

Enric Llopis
Rebelin


No hay estado social de derecho sin solidaridad tributaria, y Espaa constituye de hecho un paraso fiscal para la iglesia catlica. Quien as se expresa es el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, Luis Manglano, en un acto organizado por Valencia Laica en el que se han analizado y sometido a crtica los Acuerdos entre el Estado Espaol y la Santa Sede, suscritos el 3 de enero de 1979. Los Acuerdos no slo continan en vigor, sino que establecen el marco de relaciones entre el estado y la iglesia catlica. Adems del juez Manglano han participado en el acto de Valencia Laica el catedrtico de Filosofa del Derecho y Filosofa Poltica en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valncia, Javier de Lucas, y el catedrtico de Derecho Eclesistico y presidente de la asociacin Laicidad y Libertades Pblicas, Dionisio Llamazares.

Los Acuerdos entre el Estado Espaol y la Santa Sede se articulan en torno a cuatro apartados: asuntos jurdicos; enseanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las fuerzas armadas y al servicio militar de clrigos y religiosos; y asuntos econmicos. Estos ltimos, ha explicado Luis Manglano son precisamente los ms subterrneos y desconocidos por la sociedad. Abundan los ejemplos. En octubre de 2011 el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardn, pidi al estado compensaciones por el dinero que el consistorio de Madrid dejaba de ingresar por exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (entre 94 y 120 millones de euros). El pasado marzo Valencia Laica hizo pblico un estudio en el que se detallaban las 1.253 propiedades inmobiliarias de la iglesia catlica en la ciudad de Valencia exentas de pagar el IBI (de las 1.253 propiedades censadas, 1.098 se dedicaban a actividades con fines lucrativos.

Los Presupuestos Generales del Estado consignaron en 2012 a la iglesia catlica aproximadamente 248,3 millones de euros por la X en la casilla correspondiente del IRPF (y la tendencia se mantiene). La enseanza privada concertada viene a suponer un coste anual para el erario pblico de unos 4.000 millones de euros. El presupuesto estatal tambin se hace cargo de las nminas de los profesores de Religin, capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. Otra partida multimillonaria es la que todos los aos se asigna a la conservacin del patrimonio inmobiliario de la iglesia catlica. Pero cuando esos inmuebles se abren al pblico y la iglesia cobra una entrada, se queda con los ingresos y adems no tributa, explica el magistrado. La iglesia catlica es la principal propietaria de inmuebles del pas (ms de 100.000 inmuebles censados).

Esta situacin econmica de privilegio la hace posible los Acuerdos de 1979. Habitualmente se pone el nfasis en la exencin del IBI, pero, subraya el juez Luis Manglano, los beneficios se extienden pago del IRPF, el IVA y los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. Tambin a las contribuciones especiales. A la iglesia catlica se le reconocen en los Acuerdos las exenciones fiscales a las que pueden acogerse las entidades sin nimo de lucro. Pero el aspecto ms desconocido, subraya Manglano, es una ley que desarrolla los Acuerdos con la Santa Sede Ley 49/2002 de 23 de diciembre de entidades sin fin lucrativo y mecenazgo-, que va mucho ms all de los Acuerdos suscritos con el Vaticano.

Esta ley aprobada en el periodo de Aznar es la que cierra el crculo de la exencin tributaria; a mi tribunal han llegado todo tipo de impugnaciones a estas exenciones o intentos por parte de ayuntamientos de cobrar el IBI, por la explotacin econmica de inmuebles de la iglesia catlica; pero finalmente no se puede cobrar una tasa o un tributo, explica el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia. En plena poca de crisis, recortes y austeridad, el mayor propietario de inmuebles del estado espaol la iglesia catlica- no ha contribuido fiscalmente; al contrario, recibe recursos del estado. Y eso, pese a que uno de los puntos del Acuerdo de 1979 se afirma: La iglesia catlica declara su propsito de lograr por s misma los recursos suficientes para la atencin de sus necesidades.

El Artculo 1 de los Acuerdos en materia de enseanza deja poco lugar a interpretaciones: A la luz del principio de libertad religiosa, la accin educativa respetar el derecho fundamental de los padres sobre la educacin moral y religiosa de sus hijos en el mbito escolar; en todo caso, la educacin que se imparta en los centros docentes pblicos ser respetuosa con los valores de la tica cristiana. Segn Javier de Lucas, la iglesia catlica en nuestro pas nunca ha renunciado al negocio de la educacin, un negocio al que este gobierno se ha entregado (es inminente la publicacin de un decreto que va a rebajar las condiciones para constituir universidades privadas). El segundo objetivo es el dominio de la educacin, porque supone el control de las conciencias. Ello implica una colisin con materias que s son obligatorias en el currculo escolar por ejemplo las cientficas- ya que la iglesia propone explicaciones y tesis que no se someten a crtica.

Javier de Lucas subraya que lo anterior no implica que se niegue la enseanza del hecho religioso, es decir, dar informacin sobre un fenmeno cultural en toda su amplitud (no confundir con adoctrinamiento en catequesis ni con historia de la iglesia catlica y sus dogmas). Otra de las claves introducidas por el catedrtico de Filosofa del Derecho es el incremento de la pluralidad en la sociedad espaola, lo que arruina en gran parte lo establecido en el Artculo 16.3 de la Constitucin: Los poderes pblicos tendrn en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espaola.

El principio de laicidad tiene, segn Javier de Lucas, dos ingredientes fundamentales: la libertad de conciencia y la neutralidad del estado en materia religiosa. Lo fundamental es que cada ciudadano ha de ser libre para tener las convicciones (religiosas o no) en condiciones de igualdad. Basta ya de pensar en que la pluralidad se refiere nicamente a diferentes opciones religiosas. El catedrtico considera que el marco de los Acuerdos de 1979 no es reformable, y nos obliga hoy a la Religin en un horario lectivo y equiparable a cualquier otra asignatura; sin embargo, eso es incompatible con el respeto a la pluralidad ideolgica de los padres; implantar la enseanza de la religin catlica amparndose en que quienes no la cursan tienen una alternativa, es desvirtuar el principio de pluralidad en el espacio educativo, explica.

De Lucas concluye que la religin confesional no debera tener su espacio en la escuela (sin embargo el BOE publicaba el 24 de febrero la Resolucin sobre los currculos de enseanza de la religin catlica en la educacin primaria y secundaria obligatorias, y en el bachillerato).

El nico asunto central sobre el que negocian, en el fondo, el estado y la iglesia catlica es un derecho fundamental de los ciudadanos: el derecho de libertad de conciencia. Es el punto de partida de la reflexin de Dionisio Llamazares. Hemos convertido, a travs de los Acuerdos, a la iglesia catlica en co-legisladora; la consecuencia de ello es que el estado espaol ha renunciado a su soberana legislativa sobre la regulacin de los derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de conciencia. El presidente de la asociacin Laicidad y Libertades Pblicas resalta una clusula endemoniada de los Acuerdos (de Derecho Internacional) de 1979 entre el Estado Espaol y el Vaticano. Se dice que no se harn modificaciones ni reinterpretaciones si no es por consenso; y la iglesia no se mueve para nada de su posicin, sobre todo en materia educativa.

El catedrtico de Derecho Eclesistico aboga por una modificacin sustancial de los Acuerdos, ya que el estado no puede enajenar su soberana en materia de derechos fundamentales a favor de una comunidad religiosa (ni la catlica ni ninguna otra). Si hubiera que asignarle alguna funcin a los Acuerdos, aade Dionisio Llamazares, habra de ser la de consulta por parte del estado cuando fuera a legislar en asuntos religiosos. Y luego el estado que haga lo que considere conveniente.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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