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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-06-2015

El Gobierno afirma que los crmenes del franquismo no pueden ser llamados genocidio

Alejandro Torrs
Pblico.es


El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. Tambin refuta derogar la Ley de Amnista y considera que una Comisin de la Verdad no sera adecuada para el sistema constitucional.

Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II Repblica, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el rgimen fascista consider como republicanos, murieron en las crceles y campos de concentracin de la Espaa franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del pas hay enterrados cerca de 114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Pblicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que aadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manej cualquier espacio de poder del Estado espaol.

Sin embargo, el Gobierno espaol afirma que estos hechos difcilmente podran encajarse en la figura de genocidio que exige la eliminacin, de forma total o parcial, de un grupo nacional, tnico, racial o religioso.

As lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los motivos por los que el Gobierno deneg la extradicin a Argentina de los 17 responsables de la dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del pas sudamericano en aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministros Martn Villa y Jos Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardn.

El Ejecutivo alega tambin que la Audiencia neg la calificacin de dichos delitos como de lesa humanidad cuando rechaz la extradicin de otros tres torturadores

De esta manera, el Ejecutivo alega tambin que la Audiencia Nacional neg la calificacin de dichos delitos como de lesa humanidad cuando rechaz la extradicin de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra Billy el nio, por considerar que los delitos no formaban parte de un ataque sistemtico y organizado a un grupo de poblacin.

De probarse que los ciudadanos espaoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, stos no seran ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habran prescrito. El principio de la extincin de la responsabilidad penal es otro de los principios bsicos de nuestro derecho que no cabe soslayar, seala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso este diario.

Imposibles de juzgar

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crmenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en Espaa, ni en ningn lugar del mundo.

En primer lugar, porque el ordenamiento jurdico espaol establece que corresponde a Espaa, y no a un tercer pas, la competencia de juzgar los delitos cometidos por espaoles en territorio espaol. Se trata del principio de jurisdiccin preferente, acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el llamado principio de jurisdiccin universal.

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crmenes de la dictadura son imposibles de juzgar.

En segundo lugar, porque estos crmenes estn protegidos por la Ley de Amnista de 1977, instrumento fundamental de reconciliacin entre los espaoles. Y en tercer lugar porque, an en el hipottico caso de que el Estado derogara la Ley de Amnista, las exigencias del principio de legalidad no permitiran que fueran juzgadas de manera retroactiva sucesos ocurridos bajo el mbito objetivo de la aplicacin de la Ley de Admnista.

Asimismo, el Gobierno insiste en que en este hipottico caso ya mencionado, los delitos de la dictadura estaran prescritos y seala que tambin habra que tener en cuenta la concurrencia de otras circunstancias como la extincin de la accin por fallecimiento.

La ONU, en contra

Los argumentos del Gobierno, por tanto, se basan en los principios de prescripcin y de extincin de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido reiteradamente al Gobierno que estos argumentos carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estndares internacionales de los Derechos Humanos.

El Estado espaol no puede escudarse en los principios de prescripcin y extincin de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, sealaron, al insistir en que la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparicin forzada pueden constituir crmenes de lesa Humanidad, sealaron cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de Espaa a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura argentina.

No a la Comisin de la Verdad

El Gobierno tambin rechaza de plano en el escrito la posibilidad de crear una Comisin de la Verdad, que investigue lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura y establezca una relato riguroso de los hechos. En este sentido, el Ejecutivo considera que crear comisiones o grupos de averiguacin que tiendan a investigar conductas delictivas, no resultaran en modo alguno adecuadas a nuestro sistema constitucional. Sobre todo, cuando los hechos a investigar por la Comisin de la Verdad se hallaran bajo el mbito de la aplicacin de la Ley de Amnista.

Fuente: http://www.ceaqua.org/el-gobierno-afirma-que-los-crimenes-del-franquismo-no-pueden-ser-llamados-genocidio/



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