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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-06-2015

Fuerzas Armadas: la rebelin de las amazonas y algunas revueltas ms

Antonio Maira
Rebelin


Violacin o intento de violacin vs. abuso de autoridad

Los relatos son estremecedoresi.

El horror rompe, a borbotones, ese espeso caldo de complicidades y silencios con el que la jerarqua militar ha intentado compactar y aislar, pese al oprobio que eso supone, a las Fuerzas Armadas. Una niebla densa y hasta ahora impermeable rodea a delitos indignos como el de violacin y todos sus derivados.

Se trata -en cualquier caso y hay que decirlo ya a voz en grito- de violaciones de la dignidad, la intimidad y la honra de las mujeres militares -y no de intentos de violacin y abusos sexuales-, para develar el machista y esperpntico lenguaje tcnico-jurdico que no tiene en cuenta los gravsimos daos fsicos, morales, sociales, familiares y psicolgicos que acompaan a esta violencia. Delitos penales que deberan estar sometidos a la jurisdiccin penal ordinaria, en ningn modo a la militar. Esta ltima est sometida a una jerarqua mafiosa que intercambia favores, controla los ascensos superiores -reservados siempre para las familias de origen franquista-, y establece una especie de cdigo de proteccin o juramento, la omert, al que est sometida, sin opcin de incumplimiento, la cpula que controla a todo el aparato militar. Desde su jefe supremo, el Rey, hasta el ltimo de los generales o almirantes, pasando por los polticos del turno, meros peleles del quinto poder del Estadoii. Si es necesario, ese eje de poder absoluto y arbitrario utiliza su jurisdiccin propia para invadir sin contemplaciones la jurisdiccin ordinaria, tal como ha ocurrido con la ltima denuncia del coronel Lezcano Mjica contra la comandante Zaida Cantero iii.

Conocida es la casustica con la que una enorme parte de los jueces, sobre todo los militares, reducen la gravedad de estos delitos: una especie de coraza que protege a los victimarios y coloca en una situacin de impotencia, denigracin pblica y terror a las vctimas. Todos los delitos -edulcorados por eufemismos de raz machista- afrentan de igual modo a las mujeres que sirven a la patria, la de todos, en las Fuerzas Armadas. En cada uno de ellos la violencia convierte a las propias compaeras en una especie de botn de retaguardia. La impunidad y la desesperacin son los ingredientes de ese juego perverso y no consentido que empieza a salir de una de las catacumbas que nos dej intactas el franquismoiv.

Cabe preguntarse cul ser el trato reservado para las verdaderas enemigas que nos seala el Pentgono en los frentes de batalla de la guerra global y permanente antiterroristav.

La barbarie machista sienta plaza en las Fuerzas Armadas

Los agravantes polticos de estos delitos infames e infamantes son evidentes y reclaman el procesamiento pblico del Rgimen de la Transicin, incluida en primer lugar y primer plano meditico, la Monarqua: han sucedido con la complicidad o la aquiescencia de los mandos superiores o intermedios en casi todos los casos, el encubrimiento de las instancias supremas de mando de los Ejrcitos, la indiferencia de los sucesivos ministerios y Gobiernos del bipartito PP-PSOE, y la del Borbn y Grecia, Felipe VI (el indeseado), Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Ninguno de ellos ha actuado y todos han escondido los delitos en el cajn de sastre de la proteccin del buen nombre de la institucin militar, o en los entresijos de la relacin de mando-obediencia que desestabiliza la balanza de la disciplina siempre a favor del superior.

En el cajn de sastre y bajo las siete llaves de la Ley de Secretos Oficiales.

Se trata tambin del silencio criminal y cmplice de algunos testigos directos que dejan hacer y dejan pasar, y pierden la memoria repentinamente tras un sentido corporativo del compaerismo cuando de repente y para siempre- en la memoria no ven lo que han visto y no oyen lo que han odo.

El honor de los no honorables

Se trata, sobre todo, de que las mujeres violentadas son posteriormente acosadas por sus propios violadores, desprotegidas por la institucin a la que sirven, y aterrorizadas hasta el abandono forzado de las fuerzas armadas o hasta la ruptura de los contratos. De la violacin al paro, a la desarticulacin de la vida y al desastre familiar. El honor de los no honorables pisotea la dignidad de todas nuestras militares y de la mayora de nuestros militares.

Es el imperio del terror. As de brbaro, as de duro.

Desptico desde la cima consentidora y coronada. Qu cabe esperar de Felipe VI, el rey pelele, mando supremo de todos y todas las uniformadas? Qu cabe esperar de su tica y de su voluntad de defender a las mujeres milicianas ante el brutal acoso de sus conmilitones?

La barbarie machista est apareciendo como una realidad asentada, hecha prctica habitual costumbre regocijante para muchos-, en las Fuerzas Armadas. La indignacin, sin embargo, se est extendiendo por las propias unidades militares, vehiculada por las mujeres milicianas. La clera est inflamando la pradera militar gracias en buena parte a la Comandante Cantero que se ha resistido con todas sus fuerzas a la humillacin personal y colectivavi.

Ella nos ha advertido de lo bsico: donde se intenta violar a una capitn, muchas mujeres soldado, muchas suboficiales, han corrido igual o peor suerte. Su dignidad, mantenida con un valor extraordinario, ha conmovido a muchos militares honrados y ha animado a sus compaeras a la denuncia. Las fuerzas armadas espaolas estn implosionando por los sucesivos casos de violacin y violencia machista, entre otros desastres tambin cotidianos.

Me refiero a las pruebas evidentes de maltrato de prisioneros en Irak, con una brutal paliza grabada, a otros actos de barbarie tambin documentados en ese mismo pas y en Afganistn; y a la colaboracin de los servicios de inteligencia con las autoridades estadounidenses, iraques y de otros pases del Eje del Bien en la alimentacin de prisioneros a centros de tortura y exterminio como Abu Ghraib, Guantnamo y otros centros clandestinos.

Los militares dignos -mujeres y hombres- estn comprendiendo que su mando supremo debe ser el pueblo y que solo eso dignificar su oficio y har desaparecer la violencia gratuita, la arbitrariedad, la impunidad, la cooptacin en los mandos superiores de su institucin y ese olor a rancio que despide la corrupcin moral, poltica y econmica que despiden sus mximas jerarquas.

La rebelin de las amazonas que sin el valor y la honorabilidad de la Comandante Cantero no hubiese roto la barrera de Falsimedia- tiene en muchas ms el batalln de vanguardia: Olga, Raqul, Nuria, Marina, Luca, Constanza, Regina, sus veintitantas compaeras y el aluvin de amazonas cuyas denuncias se le vienen encima al eje franquista-borbnico de poder militar y poltico.

El paradigma de la vergenza y de la solidaridad

El caso del intento reiterado de violacin ocurrido en la Isla de Alborn la Nochevieja del 2013 es todo un paradigma. Evidentemente, eufemismos de raz machista fuera, no se trata en modo alguno de un delito militar: es un delito penal de intento de violacin con violencia extrema que se juzgar dentro del fuero y por tribunales militares. Los agravantes tambin son muy claros: abuso de autoridad, reiteracin, borrachera, haber sido perpetrado en un lugar doblemente cerrado (sin escapatoria posible para la vctima); la isla de Alborn y los servicios de mujeres de las instalaciones.

Adems de todo eso, el teniente de navo delincuente -A.D.R.- tena ya antecedentes penales por un delito similar: segn el registro de penados del Ministerio de Justicia, el teniente de navo ya fue condenado en firme a seis meses de prisin como autor de un delito de violencia de gnero, lesiones y maltrato familiar cometido en 2003, lo que no afect a su carrera militarvii.

En los hechos posteriores se producen toda clase de coacciones y vejaciones a la vctima, incluidas el intento de comprar su silencio. Lo que viene ms tarde es el colmo de los horrores:

Dos altos mandos de la Armada intentan convencerla de que lo sucedido no salga a la luz para no manchar el nombre de la institucin, y le advierten de que, si acude a un hospital, ste dar cuenta a la Guardia Civil.

La marinero, que se siente cada vez peor, es examinada el 6 de enero en un centro mdico de Jerez de la Frontera (Cdiz), donde se le diagnostica contractura cervical, tendinitis en el hombro y esguince de mueca, as como un trastorno de ansiedad postraumtico. Cuando fue agredida por su superior, estaba embarazada de varias semanas. Diez das despus, sufre un aborto espontneo.

La denuncia por agresin sexual es tramitada por el juzgado de violencia contra la mujer de Jerez de la Frontera (Cdiz) pero, tras una larga disputa jurdica, el caso ha acabado en manos de la jurisdiccin militar, que instruye un delito de abuso de autoridad. El juez militar ha asumido la orden de alejamiento dictada por el juzgado civil contra el oficial.

No obstante, en estos hechos las manifestaciones de solidaridad de las compaeras y compaeros de la vctima han sido determinantes para vencer la obstinada resistencia de los mandos militares. En Alborn, pese a las coacciones, son la compaera de la violentada y sus compaeros varones los que protegen a la vctima, bloqueando la entrada a los servicios (el bao) de mujeres al agresor, y retirndole la pistola posteriormente al teniente de navo (capitn). Son ellos tambin los que no se dejan amedrentar: se resisten a aceptar la ley del silencio que trata de imponerles el agresor. Los efectos inmediatos son, no obstante, terribles:

Desde enero de 2014, Olga est de baja psicolgica, por lo que su retribucin mensual se ha reducido a unos 800 euros. Ha vuelto a casa de sus padres y ha pedido un prstamo bancario para pagar la minuta de su abogado. En el juicio, previsto tras el verano, su exjefe se enfrenta a una pena de cuatro aos de crcel.

El caso del tutor y el tiempo largo de la injusticia

Si en el caso de Alborn se pone de manifiesto la impunidad y el espritu mafioso de las cpulas endogmicas de la institucin militar, al mismo tiempo que la fundamental solidaridad de los compaeros de la agraviada; en el del capitn Juan Miguel Camarn Aparicio -teniente cuando se produjeron los hechos- aparece en primer plano el tiempo largo de la injusticia y el machismo se manifiesta en toda su brutalidad y crudeza, al mismo tiempo que su total institucionalizacin se pone de manifiesto. Nada menos que un instructor, un tutor de mujeres-soldado, abusa sistemticamente de sus alumnas. 28 de ellas se han atrevido a denunciarlo. Sus testimonios golpean con la verdad el platillo desequilibrado de la justicia y el pretendido honor de la institucin militar vuela por los aires.

28 relatos no contradictorios de abuso sexual reiterado llevan a la Sala Militar del Supremo al capitn condenado a 17 aos, tres meses y un da de prisin y al pago de 22.300 euros de multa, como responsable de otros tantos delitos. Los hechos se produjeron entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre de 2003, cuando estaba en comisin de servicio en la Academia de Logstica de Calatayud (Zaragoza), como responsable de una unidad de instruccin de aspirantes a soldado. Sin embargo tales hechos fueron calificados como delitos de "abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante a un inferior". El capitn cumplir nicamente tres aos de prisin y su condena no implicar la expulsin del Ejrcito.

Doce aos despus de los hechos, el Ministerio de Defensa, en una pirueta burlona, asegur hace unos das que le abrir un expediente disciplinario para echarlo cuando reciba el fallo:

La sentencia, adelantada hace unos das por el diario Segre, explica que los hechos se produjeron entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre de 2003, cuando estaba en comisin de servicio en la Academia de Logstica de Calatayud (Zaragoza), como responsable de una unidad de instruccin de aspirantes a soldado.

Tutor abusador

Camarn tena la funcin de tutor, concebida como un cauce para facilitar la integracin de los reclutas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se prevali de su jerarqua militar y del convencimiento que sus alumnas tenan de que la puntuacin que les otorgara sera decisiva para su futuro en el Ejrcito, para cometer numerosos actos de abuso sexual, tanto en las entrevistas personales como en los ejercicios de instruccin.

Se cre "una situacin de temor en las alumnas afectadas, al verse objeto de las arbitrarias apetencias libidinosas de su superior, que por medio de reiterados roces, insinuaciones y tocamientos directos, indirectos, subrepticios o fugaces o no tan fugaces, pero todos ellos de clara naturaleza sexual, por las zonas del cuerpo de las alumnas a las que iban dirigidos (pelvis, nalga, pecho) y que, dada su inexperiencia en el mbito militar y su temor a posibles represalias, se vean compelidas a soportar, pese al asco, desagrado, y humillacin que les producan".

Los entresijos del caso vuelven a indignar a los militares honrados. La primera sentencia del Tribunal Militar Territorial fue recurrida por el condenado y por los abogados de las vctimas. De manera poco sorprendente dado el carcter fuertemente corporativo de la justicia militar, el fiscal se adhiri al recurso del capitn.

La tensin lleg a tal extremo que la Sala Militar del Supremo tuvo que destacar que:

El Supremo destaca, sin embargo, que no exista resentimiento o enemistad por parte de las vctimas y que todas se manifestaron "con rotundidad y verosimilitud", lo que da credibilidad a sus testimonios.

A pesar de ese reconocimiento forzado, el Supremo la ha mantenido la sentencia. El ascendido capitn no ha cumplido prisin preventiva ni fue arrestado por los hechos. Solo estuvo suspendido de funciones entre junio y diciembre de 2004.

La solucin de Morens

Desafortunadamente y dada la envergadura del delito- no es muy conocido el historial delictivo del ministro de Defensa, Morens, en el trfico de bombas de racimo, armas prohibidas por convenciones internacionalesviii. Tampoco lo es la compensacin econmica multimillonaria que el gobierno de Rajoy se vio obligado a conceder, por vas indirectas, a la empresa que gestionaba el muy humanitario ministro cuando se vio obligado a prohibir la exportacin de esas armas. Morens, aristcrata a cuatro bandas, es uno de los ejemplos ms escandalosos de puerta giratoria. En la galardonada wikipedia.org se puede ampliar la informacin sobre este interesante personaje.

El Protocolo que se ha sacado de la chistera el ministro de la Guerra y de las Multinacionales de Armamento, ha sido replicado por la comandante Zaida Cantero con absoluto conocimiento de causa. Deja tantas lagunas como para desbordar el Mar Caspio. La cpula militar sigue manteniendo el control absoluto de los procedimientos administrativos o judiciales, incluso de la apertura de procedimientos de investigacin, o de garanta y proteccin contra los delitos de violacin o acoso.

No se olvida, sin embargo, de mantener la posibilidad de denuncias bajo la sombra del miedo cuando advierte:

"Una vez resuelto el expediente disciplinario o recada resolucin judicial, si resulta probado que la denuncia es falsa se podrn exigir al denunciante las correspondientes responsabilidades".ix

A mi juicio, la solucin tiene que comenzar por medidas ejemplares que erradiquen la barbarie machista institucionalizada en las FFAA, anulen de raz los abusos, garanticen la defensa, destierren el miedo, quiebren la estructura jerrquica endogmica y mafiosa, y permitan el ejercicio profesional de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

Como rplica urgente al ministro Morens, propongo las siguientes medidas inmediatas de confianza:

-Cese del ministro de Defensa y de los mandos implicados en los hechos, que hayan sido cmplices de los mismos y que hayan participado en las amenazas y coacciones a las vctimas, as como en la falta de proteccin o en el acoso laboral de las mismas.

-Expulsin inmediata de las FF.AA de todos aquellos militares indignos que hayan participado en delitos de violacin, intento de violacin, o acoso sexual de las mujeres, tanto en el interior de las FFAA como en las operaciones exteriores.

-Reintegracin en las Fuerzas Armadas, con plenos honores y garantas, de la Comandante Zaida Cantero, en reconocimiento de su valor, de su dignidad, y de su resistencia a la injusticia contra ella y contra las dems mujeres que sirven al pueblo en los Ejrcitos y en las fuerzas de seguridad del estado.

-Reintegracin de todas las dems mujeres milicianas que como la mencionada han sido vctimas de abusos sexuales de todo tipo, tambin con todos los honores, ascensos, reparaciones y compensaciones que les sean debidas.

-En reconocimiento de sus mritos la comandante Zaida Cantero asesorar a los nuevos mandos militares sobre la composicin y funciones de las Unidades de Proteccin frente al Acoso (UPA).

Me temo que si no se implantan medidas como las indicadas continuar la rebelin de las amazonas y algunas revueltas ms, dentro y fuera de los cuarteles.

Notas:

i http://politica.elpais.com/politica/2015/06/14/actualidad/1434298882_251496.html http://politica.elpais.com/politica/2014/07/27/actualidad/1406487948_740205.html http://elpais.com/diario/2007/12/08/espana/1197068416_850215.html

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433874168_295454.html

ii El cuarto poder del estado es el conjunto de los medios de comunicacin privados o falsamente pblicos: Falsimedia. El quinto, al que me refiero ahora, son las FF.AA. Lo explica, mucho mejor que yo, la comandante Zaida Cantero.

iii file:///C:/Users/Antonio/Music/Documents/Escribidores%20A/Nico/Violaciones%20FFAA/Zaida%20Cantera_%20_El%20protocolo%20de%20Moren%C3%A9s%20contra%20el%20acoso%20sexual%20desprecia%20a%20la%20v%C3%ADctima_%20_%20Diario%20P%C3%BAblico.html Contino llamando Comandante a Zaida Cantero porque cualquier revisin de su proceso conllevar necesariamente, adems del procesamiento de todos los mandos responsables directa o indirectamente de los abusos cometidos contra ella, a saber: intento de violacin, acoso laboral y negacin de proteccin y auxilio, la recuperacin con honores de su condicin militar y la reparacin de los daos causados.

iv Todos los militares que hemos sido educados en las academias militares y en las Fuerzas Armadas de Franco (y los que lo han hecho en las del posfranquismo), hemos tenido que desarraigar (arrancar de raz) todos los elementos ideolgicos que eran grabados a fuego en aquella poca infame. Entre ellos ocupa un lugar capital el machismo. No en vano la problemtica de la explotacin de gnero es, hoy en da, junto con la lucha de liberacin de las naciones, uno de los factores presentes en las luchas sociales y, en concreto, en la lucha de clases tanto a nivel estatal como internacional. Para una cabal comprensin de todo eso recomiendo la lectura de la primera de las tesis contenidas en el pequeo libro: Dos tesis marxistas del filsofo y analista poltico Iaki Gil de San Vicente. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128624

v Los datos referidos a las Fuerzas Armadas de los pases que la Espaa provincia del Imperio est utilizando son tremendas, tambin lo es la prctica del ocultamiento.EE.UU file:///C:/Users/Antonio/Music/Documents/Escribidores%20A/Nico/Violaciones%20FFAA/Cultura%20militar%20mis%C3%B3gina%20silencia%20violaciones%20-%20Taringa!.html

Alemania

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/21/actualidad/1295564414_850215.html

vi Los elementos jurdicos de este caso primordial han sido publicados en esta misma seccin de Rebelin en los Cuarteles por el Capitn de navo Manuel Pardo de Donlebn Montesino: El lamentable caso de la Capitn Zaida Cantera y la Justicia Militar que se nos viene. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188303

vii violencia de gnero, lesiones y maltrato familiar cometido en 2003, lo que no afect a su carrera militar. El dato es, cuando menos, escandaloso. Las Fuerzas Armadas espaolas admiten sin que les afecte a su carrera militar (como a los sacerdotes y obispos pedfilos su carrera clerical y pastoral)- a individuos con estas caractersticas.

viii https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Moren%C3%A9s En 2008 el Gobierno anunci la destruccin de todas las bombas de racimo en el pas. 9 10 En 2010 Espaa ratific la Convencin de Dubln contra las bombas de racimo, por lo cual son declaradas ilegales. La Convencin entr en vigor en agosto de 2010. 11 Tras este hecho, la empresa Instalaza, fabricante espaola de bombas de racimo y de cuyo Consejo de Administracin formaba parte Pedro Morens, interpuso, en julio de 2009, una reclamacin de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamacin de una indemnizacin de 40 millones de euros por los daos causados por la moratoria unilateral respecto de las municiones de racimo. La reclamacin fue desestimada por medio de Orden de 5 de septiembre de 2011 del Ministro de la Presidencia. Contra esta resolucin, Instalaza interpuso recurso contencioso-administrativo. En Sentencia de 28 de octubre de 2013, la Seccin 7. de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso n 460/2011) dict sentencia desestimando la reclamacin. 12 La sentencia recoge tambin el argumento del Abogado del Estado que apunta a que se ha llevado a cabo una compensacin de dao por una va extraprocesal, al indicar que desde el Ministerio de Defensa se han seguido impulsando contratos de suministro de municiones convencionales y de desmantelamiento de municiones de racimo con INSTALAZA, que le ha supuesto una facturacin no prevista . Parece as que se habra dado cierto trato de favor a Instalaza en las adquisiciones de armamento por parte del Ministerio de Defensa, de lo que podra ser ejemplo la venta en enero de 2014 del lanzagranadas Alcotn.

ix http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433874168_295454.html

Antonio Maira. Capitn de Fragata de la Armada y miembro del Colectivo Anemoi.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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