Portada :: Ecuador
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-07-2015

De herencias y de manipulaciones

Alberto Acosta
Rebelin


Bsicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulacin, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero s es nuestra intencin tener una sociedad ms justa y equitativa. Rafael Correa, 15.1.2012     La propuesta de cambios en la ley de herencias y la ley sobre la plusvala han sacudido la poltica nacional. Estos dos proyectos de ley, que asoman como la causa de continuas protestas sociales, apenas son una suerte de gota que derram el vaso.

La iniciativa de las movilizaciones en contra de estos proyectos de ley surgi desde sectores de ingresos medios as como de aquellos grupos de la derecha que no estn en el gobierno del presidente Correa. En cambio, los sectores sociales fueron aparentemente marginados, cuando justamente ellos -particularmente trabajadores e indgenas-, con sus masivas marchas de resistencia desplegadas desde hace un ao, calentaron la calle y ahuyentaron el miedo frente a las acciones de un gobierno represivo y crecientemente totalitario, que tiene como su objetivo la modernizacin del capitalismo, como lo ha reconocido el propio Correa.

El saldo de casi 9 aos del gobierno con los mayores ingresos econmicos de la historia es muy claro. Como dice un documento interno del propio gobierno: nunca antes los grupos econmicos poderosos estuvieron mejor, nunca antes los ms excluidos de la Patria estuvieron menos peor; a los pobres les ha ido mejor sobre todo por la redistribucin de los enormes ingresos petroleros y no de la riqueza que se sigui concentrndose en pocos grupos nacionales y transnacionales.

El gobierno dice que con los mencionados proyectos de ley busca redistribuir la riqueza. El objetivo, sin dudarlo, es bueno. Pero surgen varias preguntas. Por qu el gobierno plantea la redistribucin de la riqueza casi a los 9 aos de su gestin? Cmo es posible que se hayan presentado estas leyes sorpresivamente y sin un amplio respaldo popular previo? Son realmente estos dos proyectos tan potentes como para enfrentar el reto propuesto?

Las respuestas son mltiples.

Empecemos por lo crucial. Sin negar el potencial de estas propuestas, cambiando la ley del impuesto a la herencia y con una ley para combatir la especulacin de tierras no se logra una profunda redistribucin de la riqueza. En realidad contribuyen muy poco a reducir las inequidades (sociales y econmicas) y menos an a cambiar al capitalismo. El impuesto a las herencias -presente en casi todos los pases capitalistas- solo establece reglas de juego capitalistas ms equitativas en tanto busca equilibrar las oportunidades. No se trata de una propuesta eminentemente socialista. El propio Karl Marx consideraba el tema del impuesto a las herencias como de secundaria relevancia para construir una sociedad socialista.

Adems, si aceptamos el discurso oficial de que el impuesto a la herencia solo afectara a un 2% de la poblacin, generando ingresos de entre 30 y 40 millones de dlares al ao, es eficaz el empeo? Tales montos no llegan a representar ni un 0,5% del PIB. En cambio, en el ao 2013, 15 grupos econmicos obtuvieron ingresos por 12 mil millones de dlares (15% del PIB, monto mayor a los ingresos petroleros), pero solo 3% de esos ingresos sirvieron para pagar impuestos. Una verdadera redistribucin de la riqueza requiere redistribuir el poder econmico y poltico desde una estrategia ms amplia, respaldada por el pueblo ideolgicamente movilizado, y que realmente genere un impacto sobre el capital.
El gobierno, forzado a recular por las protestas, ahora propone un debate nacional para impulsar la equidad y la justicia social. Pero si no se aborda el reto integralmente, no podemos entrar en un debate parcial y manipulador. Los proyectos de leyes de herencia y plusvala son una accin muy marginal para una verdadera y radical redistribucin de la riqueza.

Para abrir un gran dilogo nacional, y no una socializacin manipuladora de los dos proyectos, el gobierno primero debera desmontar - todos los decretos antiobreros, como el decreto 813; - las disposiciones que limitan a las organizaciones sociales, como el decreto 16; - la persecucin y criminalizacin a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza; - las estructuras legales y burocrticas que atropellan los derechos de las mujeres, como el Plan Familia y la misma libertad de expresin, entre otras acciones que den seales de confianza a los sectores populares frente al gobierno.

Y en lo de fondo, la redistribucin de la riqueza, tal como manda la Constitucin de Montecristi, implica acabar con el acaparamiento y concentracin de los bienes de produccin, que deben redistribuirse igualitariamente. Por ejemplo, es urgente una profunda revolucin agraria que, entre otros puntos, desprivatice y redistribuya el agua, y acabe con la concentracin de la tierra, que el propio gobierno admite que no ha cambiado desde 2007. Igualmente se requiere un impuesto progresivo a quienes ms ganan: por ejemplo, el impuesto a la renta de quienes tienen un ingreso superior al del propio presidente de la Repblica debera subir progresivamente desde 35% a -por lo menos- un 50%. Tambin cabra introducir un impuesto a las ganancias extraordinarias, por ejemplo a los grupos monoplicos de la comunicacin: las dos telefnicas transnacionales, que controlan el 73% del mercado, acumularon ganancias en 2014 de ms de 800 millones de dlares. Igualmente habra que romper las estructuras oligoplicas favorecidas por el corresmo: una sola empresa controla el 81% del mercado de las bebidas gaseosas no alcohlicas, otra el 62% del mercado de la carne, tres grandes cadenas comercializadoras de alimentos agroindustriales dominan el 90% del mercado, y as por el estilo. Adicionalmente habra que frenar la ampliacin del extractivismo, sobre todo megaminero y petrolero.
Adems hay que asumir la deuda del Estado con el IESS, devolver el fondo de pensiones al magisterio, retirar la amnista tributaria que favorece a los grandes grupos econmicos, eliminar las restricciones impuestas al reparto de utilidades de los trabajadores, entre muchas otras acciones que motivan el rechazo popular.

A lo anterior habra que aadir el archivo de los cambios a la Constitucin, que apuntan a una creciente concentracin del poder en manos del presidente de la Repblica.

Debemos estar muy atentos y no ceder en estos puntos.

Si el gobierno no construye las condiciones para un gran dilogo nacional, deben ser las fuerzas sociales las que lo organicen y lideren. La cristalizacin de la redistribucin de la riqueza y del dilogo que la aliente, no lo olvidemos, demanda la permanente presencia movilizada y combativa del pueblo en las calles. Hay que frenar la restauracin conservadora del corresmo, as como aquella que impulsan las fuerzas oligrquicas fuera del gobierno de Correa.-

 * Economista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente.

Texto para el peridico EL CONEJO de la Confederacin Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter