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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-07-2015

El 22 de julio se inicia en Asuncin el juicio a 13 campesinos por la masacre de Curuguaty
Ningn polica se sentar en el banquillo mientras las organizaciones populares denuncian numerosas irregularidades

Enric Llopis
Rebelin


El mircoles 22 de julio se inicia en Asuncin, despus de varias suspensiones, el juicio oral por la denominada masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, en la que murieron 11 campesinos y 6 agentes de la polica. Los hechos constituyeron el punto de partida de un juicio poltico que termin con la destitucin del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Tres aos despus, 13 personas, todos ellos campesinos, sern juzgadas tras un proceso que las organizaciones sociales y de derechos humanos consideran plagado de irregularidades. A pesar de la muerte de 11 campesinos, ningn polica se sentar en el banquillo de los acusados.

La Campaa Somos Observadores de Curuguaty iniciativa de la sociedad civil presentada a primeros de junio, que exige garantas y transparencia en el proceso- recuerda que a los campesinos se les acusa de homicidio doloso en grado de tentativa, sin que se haya probado que dispararan arma alguna; otra de las imputaciones es la de invasin de inmueble ajeno, pero las tierras donde ocurri la masacre alega la campaa- son propiedad del estado paraguayo. Por ltimo, pesa sobre los procesados la acusacin de asociacin criminal, por organizarse, seala la campaa ciudadana, para luchar por un pedazo de tierra.

Los hechos se desencadenaron el 15 de junio de 2012 cuando un fuerte contingente policial (ms de 300 agentes) desaloj en Marina Kue a un grupo de unos 50 campesinos sin tierra, despus que la autoridad judicial emitiera una orden de allanamiento. Las tierras fueron reclamadas por la empresa Campos Moromb, propiedad del exsenador y expresidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Sin embargo, un artculo del profesor de Historia Gustavo Torre en Cuadernos de Coyuntura (junio de 2015) recuerda que la masacre de Curuguaty se produjo en tierras que deban formar parte de la reforma agraria dictaminada a favor de los campesinos en la dcada de 1960, pero que terminaron siendo cedidas a terratenientes cercanos al Partido Colorado y al general Alfredo Stroessner, y que an hoy continan siendo reclamadas por los campesinos. El autor concluye que las tierras malhabidas que disputan los campesinos al estado y los hacendados ascienden a 8 millones de hectreas.

En el Informe Chokokue (1989-2013) publicado hace un ao, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) subraya que en los 25 aos que abarca el estudio (a partir del final de la dictadura) fueron ejecutados y desaparecidos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas. Sobre escabechina de Curuguaty, el estudio explica que la ocupacin era una estrategia de los campesinos para sealar la propiedad estatal, y dejar claro asimismo que las tierras en disputa estaban destinadas a la reforma agraria. Las ocupaciones siempre fueron pacficas, las salidas se negociaron con la polica. Hasta la fecha de la masacre, se produjeron siete desalojos. El 15 de junio de 2012 los campesinos exigieron, como en los casos anteriores, la presentacin de documentos que justificaran la evacuacin de unas tierras de titularidad estatal. En medio de la discusin, un polica del Grupo Especial de Operaciones (GEO) dispar y mat al vocero de los campesinos, Avelino Espnola Daz, relata el informe. As comenz la matanza.

Las tierras eran pblicas, por lo que los fiscales han actuado en connivencia con el verdadero usurpador, el terrateniente Riquelme, sostiene el abogado espaol Aitor Martnez Jimnez, autor del informe Masacre de Curuguaty para la Plataforma de Estudios e Investigacin de Conflictos Campesinos (PEICC). En una sntesis de las principales irregularidades publicadas por Nanduti.com.py, el letrado critica que no se hayan investigado las supuestas ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparicin forzada de personas o torturas, que, afirma Aitor Martnez, estn debidamente documentadas y denunciadas. Adems, segn el abogado, los disparos no provenan de las armas aprehendidas pues ninguna haba sido disparada (salvo una, que estaba rota). El captulo de irregularidades afecta a las pruebas falsas (escopetas que no pertenecan a la causa), omisiones (cmara del helicptero que grab la represin) y ocultamientos (casquillos de armas automticas). Las denuncias de los familiares de las vctimas nunca han sido investigadas, concluye el abogado.

La subdirectora del Programa de las Amricas de Amnista Internacional, Guadalupe Marengo, abunda en la misma idea. Apunta la inclusin de testigos mayoritariamente de la polica. Esta organizacin informa, adems, de las referencias de la defensa sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la polica; o la utilizacin de armas de fuego contra campesinos cuando la violencia haba terminado, hechos que sostienen los letrados- no han sido considerados por la Fiscala.

Estas crticas, a las que se ha sumado el Comit de Derechos Civiles y Polticos de Naciones Unidas (marzo de 2013), no terminan con las sombras sobre el proceso. El movimiento social seala abiertamente al fiscal del caso, Jalil Rachid, hijo de un expresidente del Partido Colorado, Bader Rachid (ha llevado a cabo una investigacin unilateral, con el nico fin de culpar a los campesinos, afirma Aitor Martnez). Adems, en diciembre de 2012 fue asesinado en su domicilio Vidal Vega, testigo en la masacre, colaborador de PEICC y la Comisin Sin Tierra de Marina Kue. Vidal Vega acompaaba a las organizaciones sociales movilizadas para aclarar la matanza. La Comisin Interamericana de Derechos Humanos tambin le ha recordado al Estado de Paraguay sus obligaciones, en una visita a Curuguaty el pasado mayo.

Las movilizaciones han sido constantes en el ltimo trienio. El 27 de junio un centenar de campesinos, miembros de la Asociacin de Familiares y Vctimas de Marina Kue Yui ande Rekove, retornaron a las tierras donde se produjo la matanza para reivindicar la reforma agraria, informa el digital paraguayo EA. La asociacin pidi tambin la libertad de los 13 acusados, el resarcimiento a las vctimas y una solucin en el sumario abierto a los abogados de las personas procesadas, Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, por supuestas acciones dilatorias. El colectivo califica estas maniobras de amenaza y coaccin a la defensa de los campesinos.

En el mbito internacional, Articulacin Curuguaty que agrupa a ms de 40 organizaciones-, las comunidades afectadas e Intermn-Oxfam han recabado ms de 35.000 firmas en 62 pases para que el presidente Horacio Cartes ofrezca una solucin a los campesinos, particularmente los jvenes. Recuerdan que Curuguaty es un pequeo municipio al este de Paraguay, cerca de la frontera brasilea, donde la expansin de la soja causa notorios fenmenos de acaparamiento (la soja ocupa 3,5 millones de las 3,8 millones de hectreas cultivables del pas). Por otro lado, critica la iniciativa, en la ltima dcada los procesos de acumulacin y la falta de apoyo estatal han expulsado de la tierra a 585.000 jvenes campesinos. El 2,6% de los propietarios concentra ms del 80% de las tierras cultivables en Paraguay.

En un reciente artculo de sntesis publicado en Resumen Latinoamericano (De Lugo a Cartes: el Paraguay sin tierra), Federico Larsen recuerda que actualmente el 92% de las tierras cultivables se dedican a producir alimentos para la exportacin (el 20% bajo el control de propietarios extranjeros, sobre todo brasileos). Paraguay es el cuarto pas en la ratio mundial de productores de soja y el sexto en el de exportadores. El gobierno actual liber seis variedades de semillas transgnicas, con capacidad para resistir a los pesticidas. Las denuncias por contaminacin debida al agronegocio, explica el autor del artculo, se multiplicaron en el ltimo ao; los movimientos campesinos llevan adelante desde hace tres aos movilizaciones multitudinarias en defensa de la semilla nativa y las formas de produccin tradicional. En 2014 murieron dos nias de seis meses y tres aos de edad, por las fumigaciones en Huber Dur (departamento de Canindey).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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