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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-07-2015

Scioli y los derechos humanos en dos informes recientes
Un colapso humanitario en la provincia de Buenos Aires que amenaza nacionalizarse

Jose Schulman
Rebelin


La violacin de los derechos humanos en la Pcia. de Buenos Aires en dos informes recientes. Un verdadero colapso humanitario provocado por las polticas de Scioli. Las palabras y los hechos. O ser que el futuro es esto?

Se acaban de publicar dos informes sobre la situacin de los derechos humanos, uno de mirada nacional, el del Cels, pero con foco en la provincia de Buenos Aires, y el otro, el de la Comisin Provincial de la Memoria, centrado en la provincia pero con referencias nacionales. Es llamativo que con miradas ideolgicas distintas se llegue a las mismas conclusiones que intentar resumir en una primera nota (el problema es tan vasto que requerir de una serie de artculos) con las conclusiones ms generales.

Veamos algunas afirmaciones de la Comisin Provincial de la Memoria estampadas como apertura del Prlogo y a modo de anticipo general: La poltica criminal impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha desencadenado una situacin de colapso que se traduce en la mayor tasa de encarcelamiento registrada, la profundizacin del hacinamiento en crceles y comisaras, y la vulneracin masiva y sistemtica de los derechos de amplios segmentos de la poblacin, fundamentalmente los sectores populares. Esta situacin se agrav durante la gestin del gobernador Scioli, cuya poltica de seguridad se focaliz en la persecucin del delito desorganizado y/o de aquellas personas que integran los eslabones ms dbiles de las cadenas delictivas. Se intensific tambin el histrico sesgo clasista del sistema penal, colmando las crceles y acentuando la estigmatizacin y la violencia policial hacia los jvenes de los sectores populares. Todo esto ha provocado que en la ltima dcada las polticas de seguridad se hayan constituido como un freno a las distintas polticas de inclusin a travs del trato discriminatorio y la vulneracin de derechos. Ms an, la intervencin selectiva de las instituciones policiales, penitenciarias y judiciales en la vida de los pobres genera especficas y nuevas marcas de vulnerabilidad y sufrimiento que condicionan las trayectorias familiares. Al mismo tiempo, este tipo de polticas anacrnicas y violatorias de derechos humanos han sido incapaces de intervenir con eficacia frente al delito complejo y la diversificacin de los mercados ilegales.

Ms adelante agrega: ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no slo en prcticas sistemticas de torturas y detenciones arbitrarias sino tambin en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturacin territorial a travs de la presencia de efectivos y patrulleros en el espacio pblico de un sector de la poblacin estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecucin arbitraria por parte de la polica, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos.

Ratifica lo denunciado tantas veces: la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla. Las condenas por las torturas infligidas por la polica a Luciano Arruga y por el homicidio en manos de penitenciarios bonaerenses de Patricio Barros Cisneros son una excepcin que la confirma.

Puntualiza que no albergamos ninguna duda que la declaracin de la emergencia en seguridad, va decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activ una aceleracin profunda en el deterioro de la situacin de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales al tiempo que min el financiamiento de las ya deficitarias polticas de promocin y proteccin porque reorient el gasto a la poltica represiva. La ecuacin no puede ser peor.

Tentado de seguir citando, me limitar a consignar las muertes por encierro: durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otros 18 en comisaras de la Polica Provincial. Otras 111 personas abatidas en enfrentamientos entre abril y octubre de 2014. y tambin en los neurosiquiatricos mueren ciudadanos, solo en el Korn murieron 133 personas entre febrero de 2012 y 2014. Estas 548 muertes, que adems son un sub registro, se produjeron por accin u omisin del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y proteccin del Estado.

En el apartado Democratizacin de las estructuras de seguridad como condicin para la gobernabilidad y la inclusin social, Capitulo V del Informe 2015 del Cels (Pgs. 203 en adelante ) se sigue la misma lnea de reflexin y se llega a similares conclusiones, ampliando la mirada a lo nacional, sin dejar de destacar lo grave de las polticas de Scioli en la Provincia: En los ltimos aos las iniciativas polticas no avanzaron en afectar de manera estructural los intereses corporativos de la fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios. Que este objetivo no haya estado entre las prioridades del gobierno nacional tuvo y tiene consecuencias graves para la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad del sistema democrtico.

Junto con la justicia penal, las policas y los servicios penitenciarios conforman los dispositivos centrales de la administracin del castigo. Hoy son estructuras con amplios mrgenes de autogobierno, atravesadas por un legado autoritario compartido que las organiza en forma militarizada y vertical y orientadas a combatir a un enemigo antes que a resolver conflictos y reducir la violencia. Se trata de fuerzas violentas y con gran capacidad de dao que concentran violaciones a los derechos humanos.

Durante 2013 y 2014, las decisiones de polticas de seguridad y penitenciarias implementadas en la nacin y la provincia de Buenos Aires confirmaron, por accin u omisin, amplios mrgenes de autonoma de las estructuras de seguridad. Las policas fueron dotadas de mayores recursos, aument su presencia en las calles y, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades polticas cedieron mayores cuotas de poder a las cpulas policiales. En los servicios penitenciarios, se advirtieron graves situaciones de desgobierno poltico y delegacin del manejo de las unidades penitenciarias en estructuras militarizadas y violentas.

La falta de democratizacin de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupcin insertas en las estructuras policiales y penitenciarias.

En segundo lugar, implica la amenaza cclica a la estabilidad poltica, en la reiteracin de episodios en los que estas estructuras procuran extorsionar al sistema poltico para obtener ventajas corporativas o sumarse al juego desestabilizador de unos sectores contra otros."

Hay una tercera consecuencia crucial: las policas y los servicios penitenciarios actuales son un obstculo insalvable para la inclusin social. Los jvenes que pueblan los barrios pobres y las crceles, quienes deberan ser los destinatarios privilegiados de un proyecto poltico-social que procura el crecimiento con inclusin, estn sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria, que afectan a las polticas inclusivas que se pretenden desarrollar. De esta manera, la faz punitiva del Estado es una barrera que erosiona los esfuerzos inclusivos que se despliegan desde sus otros sectores".

Creo, con toda honestidad, que la simple lectura de los textos elaborados por el Cels y la Comisin Provincial de la Memoria son de una contundencia tal que casi me eximen de comentarios, y eso que ex profeso deje de lado los documentos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o de otras organizaciones y fuerzas como las que actan en las causas del Puente Pueyrredn, la muerte de Luciano Arruga o las que luchan contra los desalojos, la minera a cielo abierto o las voces de los Qom de Formosa dado que muchos de nosotros hemos sido estigmatizados y descalificados por los nuevos dueos de los derechos humanos, algunos de los cuales ni haban nacido fsicamente cuando la Liga ya luchaba contra la tortura de las dictaduras de 1930 o de 1943 o de 1955 o de 1966, solo para nombrar algo de nuestra historia.

Est claro que Scioli s tiene una poltica hacia los derechos humanos, que no es otra que la que aqu se califica como responsable de un colapso humanitario.

A diferencia del gobierno nacional, Scioli casi ni tiene polticas de memoria o de apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad a pesar de contar con una Secretara de Derechos Humanos de la que mucho no se sabe lo que hace, si hace algo.

Scioli asumi como propio el discurso de la derecha de considerar como la ms grave violacin a los derechos humanos el cmulo de delitos menores que ellos llaman inseguridad. La derecha clsica estuvo inhibida de defender la impunidad y el capitalismo neoliberal puro por la grave crisis de legitimidad que le gener la resistencia al neoliberalismo de los 90 y el estallido de la crisis del 2001. Pero encontr un camino sinuoso para reinstalar su discurso represor: fue Blumberg el primero en proclamar que la inseguridad era eso que l defina y que era saturando de policas las calles el modo de combatirlo. Fue Grondona el que perfeccion el discurso atribuyendo al garantismo judicial, impuesto por los mismos que buscbamos venganza contra los represores de los 70 la debilidad de la Polica para combatir el delito. Que la propia presidenta llegara a hablar de la puertas circulares para los delincuentes da cuenta del recorrido que ha tenido ese discurso y del xito cultural que han tenido al punto que algunos referentes de la lucha histrica por Verdad, Memoria y Justicia terminen avalando estas polticas abrazados a Generales con graves responsabilidades por el Genocidio.

Scioli fue liquidando paso a paso los pequeos pasos dados en la direccin contraria y asumiendo una poltica que proclama orgulloso como principal apuesta electoral. Que lo sepan los que llaman a votarlo en aras de un supuesto proyecto latinoamericano de liberacin.

Su poltica, desarrollada a pleno desde el 2014 con la dupla Granados Casal y el apoyo total de Berni y la propia Presidenta de la Nacin, se podra resumir en darle autonoma a las fuerzas policiales y penitenciarias (y a este gobierno de los territorios y de los lugares de encierro, la Comisin Provincial de la Memoria denomina el sistema de la crueldad) para saturar con personas armadas por el Estado de modo tal de controlar de todos los modos posibles la poblacin estigmatizada como culpable de la inseguridad: los jvenes pobres, los migrantes y las mujeres. Un Poder Judicial mayoritariamente corrupto y articulado con la Bonaerense y los punteros polticos en una asociacin mltiple para delinquir que suma a los mafiosos de la droga, el trafico de mujeres, nios y nias para el comercio sexual y la venta de autos, garantiza impunidad y articula todo el sistema de la crueldad.

El resultado de tales polticas se podra resumir en tres consecuencias directas y fcilmente comprobables: a) la violacin masiva y sistemtica de los derechos humanos de cientos de miles de habitantes del cono urbano especialmente; b) la mayor capacidad de presin poltica que logran estas fuerzas que arrancan concesiones y producen alteraciones de la gobernabilidad (como fue la asonada policial de diciembre de 2013) y c) estas polticas de violencia institucional terminan afectando, neutralizando o esterilizando las polticas de inclusin social que el propio gobierna muestra como su mayor logro poltico de la dcada.

Los informes traen toneladas de datos y ejemplos de cada una de las afirmaciones aqu sostenidas. A ellos me remito en primer instancia, y a nuestra experiencia viva de acompaar las luchas cotidianamente desde hace dcadas.
Este es Scioli y casi nadie, en el campo de los que luchan por los derechos humanos, se atrevera a discutirlo. Si dos polos de referencia ideolgica tan distintos como el Cels y la Comisin Provincial de la Memoria lo afirman, no queda mucho espacio para relativizar la denuncia.

Pero ha surgido en estos das un argumento algo novedoso.

La alianza de Cristina con Scioli promete, segn algunos compaeros, un sistema de acompaamiento que garantiza la vigencia de las polticas de derechos humanos del kirchnerismo.

En primer lugar, y eso ser motivo de otra nota, los informes confirman un cambio radical, casi un viraje en las polticas de respeto a los derechos humanos que no sean de Memoria y estimulo a los juicios. La palabra y el accionar de Berni dan cuenta de ello.

Pero hay un episodio reciente que me resulta particularmente sugestivo y es el debate sobre las policas locales. Voy a citar el informe del Cels:

A poco de asumir, Granados anunci la necesidad de aumentar la cantidad de efectivos de la Polica Bonaerense de los 55 mil actuales a 100 mil. Las polticas de saturacin policial del Conurbano planteadas desde la provincia, convergentes con los operativos del gobierno nacional, se intensificaron a partir de la declaracin del estado de emergencia en seguridad en la provincia, el 5 de abril de 2014."

Esto dio lugar a una serie de medidas de neto corte punitivista y a la concentracin de ms recursos en manos de la Bonaerense, en un contexto de ausencia o debilidad de los mecanismos de control sobre la fuerza. El otro sesgo de la gestin de Granados fue la creciente visibilidad de los intendentes en las discusiones sobre polticas de seguridad, sin que ello se traduzca necesariamente en una descentralizacin efectiva del poder de la fuerza provincial. La implementacin de los Comandos de Prevencin Comunitaria (CPC) y los debates por las policas locales y su posterior creacin a travs de un decreto muestran estas tendencias.

El debate sobre la creacin de cuerpos de policas municipales en los partidos del Gran Buenos Aires se reactiv durante la campaa electoral de 2013. De inmediato se hizo evidente una puja entre propuestas muy diversas: algunas buscaron aprovechar la coyuntura para crear policas con una orientacin democrtica, mientras que otros proyectos, entre ellos el promovido por el ministro de Seguridad Alejandro Ganados, plantearon la creacin de otra fuerza policial que se sumara a las ya actuantes (Bonaerense y Gendarmera) en el esquema de saturacin policial del Conurbano. Distintos sectores del oficialismo provincial llegaron a un proyecto de consenso que fue presentado el 9 de abril de 2014 y que propiciaba la creacin de policas locales en distritos con ms de 70 mil habitantes. Se trataba de policas de prevencin, que dependeran orgnica y funcionalmente del intendente. El proyecto adems dispona que los cuerpos de la Polica Bonaerense que actuaran en los distritos donde se crearan las policas locales tambin dependieran operativamente del intendente. A partir de crticas de La Cmpora y Nuevo Encuentro se incorporaron a la propuesta particularidades interesantes.

El proyecto fue aprobado por la Cmara de Diputados y tambin, en general, por el Senado provincial el 5 de junio de 2014, pero de inmediato comenzaron las disputas, centradas, por un lado, en los mecanismos de financiamiento y de transferencia de fondos desde la provincia hacia los municipios, y por otro, en el modelo de polica que se pretenda crear.

El Frente Renovador se opuso a los artculos que prevean lmites para el ejercicio del uso de la fuerza, a travs de la prohibicin de la portacin de armas fuera de servicio, y a las facultades discrecionales, a travs de la prohibicin de realizar detenciones por averiguacin de identidad.. Las declaraciones de otros referentes polticos mostraron que los alineamientos en torno a este tema no coincidan con las fronteras partidarias y que los sectores que respondan al gobernador Scioli compartan con el Frente Renovador su disconformidad con las limitaciones que la ley impona a la arbitrariedad policial.".

La discusin en particular del articulado de la ley qued en punto muerto en el Senado. Finalmente, el gobierno provincial hizo caso omiso al debate parlamentario y cre el 2 de julio de 2014 las Unidades de Polica de Prevencin Local a travs del Decreto 373/14 del Poder Ejecutivo provincial y de la Resolucin 835 del Ministerio de Seguridad.

De esta manera, ocurri lo que ya haba sucedido con la Polica Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La creacin de las policas locales en la provincia de Buenos Aires signific otra oportunidad perdida para instrumentar fuerzas con nuevos estndares, ms democrticos y adecuados a un trabajo local de cercana. En lugar de ello, se cre otra fuerza cuyo marco normativo es el mismo que el de la Polica Bonaerense, y nada indica que vaya a poder sustraerse de la influencia de una fuerza policial que maneja los territorios y regula negocios legales e ilegales.

A pesar de lo largo de la cita creo que ilustra mi pregunta: Si Scioli aplic estas polticas de violacin a los derechos humanos siendo solo Gobernador y teniendo un Poder Ejecutivo por encima de l y supuestamente sosteniendo otras polticas, por qu razn cambiar de polticas si llegar a Presidente?

No habr que buscar en este cambio de paradigma en el uso de las fuerzas policiales y en la bsqueda de relegitimacin de las Fuerzas Armadas la razn del acuerdo que coloca a Scioli en la carrera presidencial bendecido por una fuerza que se jacta de su compromiso con los derechos humanos?

La Comisin Provincial afirma que las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensin y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrtico. Argentina padece una profunda disociacin entre su condicin de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crmenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrar la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crmenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria.

O dicho de otro modo, se puede mantener la tensin entre la coexistencia de polticas de Memoria, Verdad y Justicia para el pasado con un ataque masivo y sistemtico a los derechos humanos de los ciudadanos pobres del presente. Pero no por mucho tiempo. O al menos, no por todo el tiempo.

El avance de Scioli hacia la Casa Rosada pondr este dilema terico en el terreno donde se resuelven los enigmas de este tipo que no es otro que el de la lucha de clases y all cada quien dir de que lado est de la cuestin: si de los torturadores o de los torturados. Todo lo dems sern palabras sin importancia.

Jos Ernesto Schulman, Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, publica en cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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