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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2015

Entrevista a Aitor Martnez, abogado de Derechos Humanos y autor del informe Masacre de Curuguaty
Paraguay es uno de los pases de Amrica Latina con ms lderes campesinos asesinados

Enric Llopis
Rebelin


Desde que finalizara la dictadura de Stroessner y comenzara el periodo democrtico en Paraguay, en el ao 1989, han resultado asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos, segn el informe Chokokue. Paraguay registra una de las cotas ms elevadas de Amrica Latina, aunque el hecho no trascienda habitualmente fuera del pas. Recuerda esta circunstancia el abogado en materia de Derechos Humanos, Aitor Martnez, autor del informe Masacre de Curuguaty (presentado en octubre de 2012) para la Plataforma de Estudios e Investigacin de Conflictos Campesinos (PEICC). El abogado e investigador trabaj en el equipo de defensa de los campesinos imputados por la masacre entre agosto de 2012 y enero de 2013. La causa fue elevada al Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidi contra Paraguay, y a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, donde est pendiente de resolucin.

Aitor Martnez es tambin abogado coordinador de la querella por crmenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), presentada en agosto de 2013 en Argentina. Actualmente trabaja en la Fundacin Internacional Baltasar Garzn (FIBGAR) y en el despacho jurdico ILOCAD, dirigido asimismo por Garzn. El caso Curuguaty no puede entenderse con independencia de la lucha por la tierra en Paraguay, afirma Aitor Martnez, el pas ms desigual de Amrica Latina. Un pas que tiene como fuente econmica principal el sector agrcola-ganadero, y que presenta tal concentracin de tierras, genera un conflicto social imposible de contener. Algo ms del 2% de los hacendados acumula la propiedad de la tierra en un pas que, pese a ser uno de los principales productores de alimentos de la regin, tambin es uno de los pases con mayor malnutricin. Este modelo de inequidad se gest en gran medida durante la dictadura de Stroessner, remata el abogado.

P-El 15 de junio de 2012 se produjo la llamada masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policas). Por los hechos, que terminaron en la destitucin del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, hay actualmente procesados 13 campesinos (ningn miembro de las fuerzas policiales). Por qu se ha postergado el juicio en diferentes ocasiones, hay algn inters en ello? Hay alguna posibilidad de que se aplace de nuevo?


La investigacin de los hechos est llena de irregularidades. Se presentaron numerosas nulidades en la audiencia preliminar que ni siquiera se evaluaron, por lo que el caso se elev a juicio oral en situacin precaria.

Todas estas irregularidades, nulidades y acusaciones sin fundamento fueron elevadas en queja a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2014 (se abri la P-417/14 actualmente en curso).

Entre otras graves irregularidades, se alert del hecho de que se estaba acusando a los campesinos por invasin de inmueble ajeno sin que se hubiera aportado el titulo de la tierra por parte del Fiscal. Evidentemente no puede aportarlo porque la tierra no pertenece a Blas N. Riquelme, terrateniente que haba accionado el desalojo. Esto significa se ha realizado una acusacin sin que exista la mnima y elemental prueba de cargo, la ajenidad del inmueble, lo que convierte la acusacin en inquisitoria.

Es difcil para las autoridades paraguayas atreverse a celebrar un juicio que est siendo analizado por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y que, de finalmente producirse, inapelablemente producira la nulidad del mismo. No s si se producir un nuevo aplazamiento. Es probable que se vean forzados a hacerlo. Pero tambin puede suceder que no quieran seguir manteniendo esta situacin y se celebre finalmente.

Me gustara asimismo recordar que realmente murieron 18 personas. No debemos olvidar que Vidal Vega, el Presidente de la Comisin de Familiares Vctimas de Curuguaty, fue asesinado en la puerta de su casa por dos sicarios. Vidal Vega se encontraba colaborando con la Plataforma de Estudios e Investigacin de Conflictos Campesinos (PEICC) en la defensa de los campesinos y el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relacionado a la situacin de la tierra. Ha sido la vctima 18 de este luctuoso hecho.

P-Como autor del informe Masacre de Curuguaty y abogado de las vctimas, observaste alguna relacin entre la escabechina y la destitucin del expresidente Fernando Lugo?

Desde que Lugo lleg al poder en 2008 comenzaron los movimientos de la oligarqua para expulsarlo del poder. Yo recuerdo haber llegado al pas en esa fecha y ser raro el da que no haba rumores de un golpe. Su promesa de una distribucin ms equitativa de la tierra era una amenaza que deba ser frenada a toda costa. De hecho, los cables, revelados por Wikileaks, de la embajadora norteamericana muestran abiertamente las conversaciones de polticos colorados que venan planeando de manera recurrente dar un golpe, duro o blando, contra Lugo. Finalmente ese golpe se materializ el 15 de junio de 2012.

Cuando ese da se produjo la masacre, los medios de comunicacin cerraron inmediatamente una versin oficial: los campesinos, radicalizados por las polticas de la distribucin de la tierra de Fernando Lugo, llegaron al punto de enfrentarse a la Polica. Sentenciaron ipso facto que un reducido grupo de campesinos haba emboscado a la Polica y haba producido la masacre. Los medios sentaban una versin oficial sin investigacin alguna, como forma de coadyuvar con los partidos tradicionales, colorados y liberales, para poder destituir as a Fernando Lugo, un outsider de la poltica que haba llegado al poder despus de ms de 60 aos de monopolio poltico del Partido Colorado.

Lugo era una amenaza para el statu quo de Paraguay, con uno de los ndices de desigualdad ms altos del mundo, donde una pequea oligarqua disfruta de una masiva concentracin de la riqueza. Los principales medios de comunicacin y la jerarqua poltica colorada son esa oligarqua que tena como objetivo la destitucin de Lugo para acabar con sus planes de distribucin de la tierra a travs de la recuperacin de las tierras malhabidas.

Esto sent las bases para que se planteara un juicio poltico de urgencia contra el Presidente de la Repblica, en el que se le acusaba de haber sido el responsable de la masacre. El 22 de junio, slo 7 das despus de que sucedieran los hechos, y sin permitir ni una investigacin (incluso se neg al Presidente crear una comisin de investigacin), Lugo fue destituido. Se le dejaron unas pocas horas para su defensa, en una total violacin del derecho a la defensa y el debido proceso.

P-Afect la defenestracin de Lugo a la investigacin posterior de lo sucedido en Curuguaty? Por otra parte, han observado la defensa y las organizaciones de derechos humanos irregularidades en el proceso de Curuguaty?


Lo peor es que con la destitucin de Lugo, se sent una verdad en sede legislativa que ya no poda ser alterada. Si posteriormente se demostraba que la masacre no era tal y como se haba descrito por los medios, y como los parlamentarios colorados y liberales haban relatado, se caera toda una destitucin presidencial; desde ese momento haba que asegurar que la investigacin posterior cuadrara con lo afirmado en sede parlamentaria.

Y es ah donde empiezan todas las irregularidades de este proceso. Cuando yo llegu a Paraguay a investigar la masacre, la verdad oficial estaba asentada, pero a medida que investigbamos, descubramos que nada era como se haba afirmado. Fuimos desmontando la versin oficial y descubriendo las falsedades de la Fiscala en el proceso que avanzaba, hasta el punto de que Paraguay fue condenado nada menos que por el Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, tras la presentacin de nuestro informe.

Por ejemplo, encontramos un vdeo en el que se observa que no se haba producido ninguna emboscada, sino que los campesinos estaban con sus mujeres y nios en medio del recibimiento a la comitiva policial. Adems, pudimos observar la diferencia de fuerzas en el procedimiento, con 354 efectivos policiales especializados que, supuestamente, fueron emboscados por una treintena de campesinos.

Acreditamos que la tierra no era de Blas N. Riquelme, terrateniente de la zona y ex Presidente del Partido Colorado que haba instado el desalojo, sino que efectivamente la tierra era pblica y estaba destinada a la reforma agraria, tal y como argumentaban los campesinos. Tambin pudimos determinar que la Fiscala vena solicitando desalojos, mientras que el juez de zona le otorgaba permisos de allanamientos, afirmando constantemente ambas autoridades la existencia de ttulo de propiedad de Riquelme, algo radicalmente falso.

Ni que decir tiene que cuando acudimos a la Carpeta Fiscal del proceso abierto descubrimos que ninguna prueba apuntaba a lo que se afirmaba. Por ejemplo, segn las pruebas de hisopos las 6 escopetas incautadas no haban sido disparadas, es decir, no tenan resto de plvora, excepto una de ellas, que aunque tena restos precisamente estaba rota y no pudo accionarse. Adems, las pruebas de parafina en las manos de los campesinos demostraron que no haban disparado armas.

Por otro parte, encontramos que se haban introducido pruebas falsas en la causa, como una escopeta Maverick calibre 15 cuya desaparicin haba sido denunciada una semana despus. Adems, se haban ocultado pruebas, como los cientos de casquillos 5,56 mm que se encontraban en la zona y que pudimos acreditar mediante un vdeo que fueron entregados al fiscal de la causa, habiendo desaparecido de la misma. Lo mismo que ocurri con la cmara del helicptero que sobrevolaba la zona, que tambin desapareci sin ninguna explicacin. Y todo ello con un rigor probatorio que llega hasta el punto de que se haya incluso denegado pruebas tan elementales como la dactiloscopia (toma de huellas dactilares) de las armas.

P-Qu conclusiones pueden extraerse del accionar de la polica?


Desde un primer momento se afirm que los policas haban accedido desarmados. Sin embargo, presentamos un vdeo en el que se identificaba una cadena de disparos de armamento automtico que abra la balacera. El Fiscal siempre neg que ah hubieran comenzado disparos automticos, aunque posteriormente acreditamos que haba escondido los casquillos de armamento automtico que le entregaron (grabado en un vdeo que puede consultarse).

Tampoco se investig el accionar policial en relacin a las ejecuciones extrajudiciales que le denunciamos al Fiscal. Se estima que, entre 7 y 8 campesinos pudieron morir ejecutados a sangre fra. Algunos han muerto por disparos en la boca, otros con disparos que han hecho estallar el crneo a can tocante, otros campesinos heridos llamaron a sus familiares mientras estos escuchaban su ejecucin, entre otros muchos casos.

Un caso particularmente sangrante es el hecho de que el da siguiente, los familiares de los campesinos, junto con periodistas que ya se haban desplazado a la zona, se decidieran a entrar en el predio para buscar a familiares que estaban desparecidos. Los propios medios de comunicacin registraron cmo encontraron cuerpos de campesinos que haban sido escondidos entre los maizales de la finca. Con disparos en la frente de trayectoria descendente los cuerpos de Lus Paredes y De los Santos Agero haban sido deliberadamente escondidos. Denunciamos estos intentos de comisin de desaparicin forzada por parte de agentes de la autoridad y nada se ha investigado hasta el momento.

P-Cmo se produjeron las detenciones?


Los propios campesinos denunciaron que se haban cometido detenciones arbitrarias. Algunos de los detenidos afirmaban que jams haban estado en esa finca. La orden de detencin se haba librado contra toda persona que estuviera en la finca en el momento de los hechos, o contra cualquiera que se encontrara inscrita en una pequea lista que los campesinos tenan dentro de la finca para los pequeos aportes de alimentacin del asentamiento (aunque la defensa jams la ha visto, ya que parece ser que un Polica se cay al agua con ella y se destruy, lo que no evit que se memorizaran todos los nombres).

Con una orden de detencin tan genrica era normal que se produjeran detenciones arbitrarias. Sin embargo, ante el reclamo de algunos campesinos de haber sido detenido por animadversiones con policas, el fiscal jams procedi a investigar. Por ejemplo, conseguimos vdeos donde se grababa a policas deteniendo a uno de los campesinos, Marcelo Trinidad, en el hospital cuando iba a visitar a un familiar, lo que demostraba que el informe de detenciones estaba falseado. Pedimos que imputara a los policas que se vean en el vdeo y al Polica que haba falseado ese informe de detencin, negndose a ello.

A todo lo anterior se une que pudimos demostrar denegacin de auxilio a campesinos gravemente heridos. Incorporamos a la investigacin fotografas donde se observaba a Arnaldo Quintana, con un disparo de entrada y salida en el intestino, que iba a ser recogido por una ambulancia, cuando dos policas cerraron la puerta del vehculo sanitario y le obligaron a montarse en una camioneta policial. Arnaldo Quintana estuvo a punto de fallecer por falta de atencin mdica. Incluso el propio conductor de la ambulancia reconoci los hechos a los medios. Pedimos al fiscal que imputara a los policas que se vean en las imgenes e igualmente se neg.

P-Ante todas estas denuncias, de qu modo ha obrado la Fiscala?


Evidentemente la pregunta que todos se deben hacer es, quin es el fiscal de la causa? Pues bien, lo ms importante que hay que sealar es que el fiscal de la causa fue cambiado en el momento en se decidi que se iba a hacer juicio poltico a Lugo. En ese momento la fiscal Ninfa Aguilar fue apartada de la causa y se entreg unilateralmente la investigacin a Jalili Rachid, hijo de Bader Rachid, ex Presidente del Partido Colorado y amigo ntimo de Blas N. Riquelme, el tambin ex Presidente del Partido Colorado que haba usurpado esas tierras y haba accionado el desalojo sin ser legtimo propietario. Por si fuera poco, adems, encontramos fotos del Fiscal Jalil Rachid en una cena ntima con Patricia Riquelme, sobrina nieta de Blas N. Riquelme, con la que presumiblemente mantena una relacin sentimental, foto tomada slo 4 meses antes de la masacre, el 15 de febrero de 2012.

Es decir, el padre del fiscal Rachid, ntimo amigo de Blas N. Riquelme, decida en el mximo rgano de direccin del Partido Colorado llevar a Lugo a juicio poltico, mientras se colocaba a su hijo unilateralmente y sin explicacin alguna al cargo de la investigacin. Fiscal Rachid es incluso militante del Partido Colorado.

Ninguno de estos hechos ha facilitado que se separe al Fiscal Rachid de la causa. En dos ocasiones se le recus y en dos ocasiones fue negada su separacin de la causa por parte de la Fiscala General del pas. Evidentemente no se debera ni haber llegado a plantear la recusacin, simplemente porque l se debera haber inhibido de actuar en una causa que vincula penalmente al amigo de su padre, en la que su partido tiene intereses polticos, y en la que su padre cerr una versin oficial de los hechos que a todas luces iba a condicionar la objetividad investigadora de su hijo.

El Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas inst a Paraguay a apartar al Fiscal Rachid para garantizar la independencia de las actuaciones. Ni aun siendo solicitada por una de las principales autoridades internacionales se consigui. Evidentemente, que el Fiscal Rachid siga al frente de las investigaciones es determinante.

P-Apunta directamente el Caso Curuguaty a la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay (el 2,6% de los propietarios concentra el 80% de las tierras cultivables) o adems se sealan otros intereses?


El caso Curuguaty no puede ser entendido al margen del contexto de la lucha por la tierra que existe en Paraguay. Estamos ante el pas con la mayor desigualdad de Amrica Latina (segn el ndice Gini). Un pas que se dedica bsicamente a la exportacin de produccin agroganadera del sector primario, y que tiene esa concentracin de tierras, genera un conflicto social imposible de contener.

Es decir, el nico medio de produccin del pas est en manos de poco ms del 2% del pas, mientras el resto slo puede, en el mejor de los casos, trabajar en condiciones infrahumanas para esa minora oligrquica. Curiosamente, Paraguay es uno de los principales productores de alimentos de la regin, pero el que mayor malnutricin registra. Una tierra en manos de unos pocos, destinada a producir para vender fuera, con mano de obra campesina que no tiene acceso a esa mnima alimentacin. Un escenario insostenible para crear una sociedad que se quiere llamar justa.

P-Cul es el origen de este modelo de distribucin desigual?


Este modelo de inequidad se gest en gran medida durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador que ms dur en el poder en toda Amrica Latina entreg unilateralmente y sin arreglo a ningn procedimiento las conocidas como tierras malhabidas a allegados del Partido Colorado y militares fieles al rgimen. La Comisin de Verdad y Justicia, rgano encargado de investigar los crmenes de la dictadura, determin que aproximadamente 8 millones de Hectreas fueron repartidas discrecionalmente entre lo que hoy es la oligarqua terrateniente paraguaya, pagada por favores al rgimen dictatorial.

Este injusto status quo social se mantuvo hasta que en 2008 un lder religioso, Fernando Lugo, lleg sorpresivamente al poder desbancando al Partido Colorado despus de ms de 60 aos en el poder. Nucleando el voto de todas las fuerzas minoritarias de izquierdas y con el apoyo del Partido Liberal, Lugo gan las elecciones y trat de implementar un programa reformista, cuyo principal objetivo era la distribucin de la tierra, como nica forma de conseguir una justa distribucin de la riqueza del pas.

P-Amenaz el ejecutivo de Lugo los intereses de la oligarqua terrateniente?


Desde el gobierno de Lugo comenzaron a abrirse procesos civiles para conseguir recuperar las tierras malhabidas, algo que fue visto por la oligarqua como una amenaza que pona en peligro sus histricos privilegios. Los llamados a un golpe de Estado eran constantes. Los editoriales de los medios, en manos de esa misma oligarqua, lo tildaban de radical y comunista al que haba que apartar del poder de cualquier forma posible.

Ese es el contexto en el que se produce la masacre de Curuguaty. Una finca, Marina Kue, que precisamente figura entre las conocidas como tierras malhabidas en el Informe de la Comisin Verdad y Justicia, por haber sido ilegtimamente usurpada por el ex Presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme. Unos campesinos que se asentaron en una tierra que, efectivamente, estaba destinada a la reforma agraria y que contaban con el beneplcito del INDERT, rgano encargado de gestionar esa distribucin. Y una fiscala que de manera clientelar vena recurrentemente desalojando a los campesinos sin cotejar el ttulo de propiedad de los registros pblicos, simplemente como forma de complacer a Riquelme.

Finalmente, la historia de la tierra cierra si tenemos en cuenta que el padre del fiscal que investiga este entramado, el tambin ex Presidente del Partido Colorado, Bader Rachid, figura asimismo como propietario de tierras malhabidas en el informe de la Comisin Verdad y Justicia. Probablemente eso haga comprender por qu su hijo no quiere investigar la titularidad de Marina Kue.

P-Es receptiva la opinin pblica urbana (de las capitales y ciudades de Paraguay) a la batalla de los campesinos por la tierra? Qu idea ofrecen los medios de comunicacin convencionales de las luchas campesinas y, en concreto, de la memoria de Curuguaty?


La divisin social entre el mundo urbano en Asuncin y la realidad rural del interior del pas es palpable. La verdadera conciencia campesina se encuentra concentrada en las zonas ms desfavorecidas del pas. Lo que no quiere decir que en Asuncin no exista una sensibilidad al respecto, pero sigue siendo por parte de grupos minoritarios de la ciudad.

A ello no ayuda el hecho de que los medios de comunicacin, vehculos privilegiados de transmisin de la informacin en la ciudad, deliberadamente desarrollen una campaa de criminalizacin de los campesinos. Es comn vincularlos a terroristas, comunistas, vagos o cualquier otro apelativo que estigmatice cualquier movimiento que hagan las comunidades campesinas del interior.

P-Continan hoy los asesinatos de dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas, tal como sucedi en Curuguaty? Existe alguna contabilizacin de las vctimas en los ltimos aos?


En Paraguay se registra uno de los nmeros ms elevados de asesinatos de lderes campesinos de toda Amrica Latina. Curiosamente es un asunto silenciado que no trasciende fuera de sus fronteras.

Segn el informe Chokokue, que es actualizado continuamente, han sido asesinados o desaparecidos 115 dirigentes campesinos desde la llegada de la democracia en 1989.

En la mayora de los casos las sospechas de los asesinatos recaen en terratenientes de la zona que podran entender que la forma ms fcil de acabar con un reclamo campesino, es eliminar al lder y descabezar al movimiento contestatario. El modus operandi suele ser el mismo: sicarios profesionales con el uso de armamento sofisticado, son quienes cometen los hechos. La respuesta pblica es en la prctica totalidad de las ocasiones la misma, garantizar la impunidad absoluta.

P-Es un reduccionismo afirmar que el pas est controlado por una oligarqua de la soja? Qu peso tienen las compaas transnacionales?


En absoluto es un reduccionismo. Si hacemos un anlisis estructural del pas, efectivamente estamos ante un pas netamente exportador de productos agroganaderos, principalmente soja. Adems, con un modelo de produccin latifundista y mecanizado, las grandes plantaciones de soja ni siquiera requieren de una gran cantidad de mano de obra, por lo que es un modelo productivo que produce una enorme pobreza nacional en trminos generales; en cambio, para unos pocos propietarios genera enormes bolsas de riqueza por la exportacin.

A lo anterior se une el drama de los agrotxicos. Para una eficiente produccin de soja los productores recurren al bombardeo de glifosato, destinado a eliminar la maleza de la tierra. Este qumico, que a largo plazo destruye esa tierra y la hace infrtil, adems tiene graves consecuencias para la salud de los asentamientos campesinos cercanos a las plantaciones, sobre todo cuando se lanzan desde las avionetas.

P-Y en cuanto al narcotrfico?


Si a este modelo latifundista sojero, de concentracin de riqueza y graves problemas sanitarios por el uso de agrotxicos, le unimos el negocio del narcotrfico, tendremos un escenario desolador en el interior del pas. Las bandas organizadas normalmente aprovechan esos latifundios enormes para establecer sus plantaciones de marihuana. Un lucrativo negocio que ha creado nuevas fortunas vinculadas a esta actividad ilcita. Fortunas que estn empezando a desplegar la peor cara de este negocio, la violencia, con el repetido asesinato de periodistas en el interior del pas que vienen denunciando esta actividad, como sucedi recientemente con el periodista Pablo Medina.

P-Por otro lado, fuiste autor de la querella que se present en Argentina, en agosto de 2013, por los crmenes cometidos en la dictadura de Stroessner (1954-1989). En qu consistieron estos crmenes?


Paraguay sufri la dictadura ms larga de toda Latinoamrica, 35 largos aos entre 1954 y 1989. Un rgimen totalitario, de corte personalista, centrado en la figura de Alfredo Stroessner, y soportado sobre la triada de la conocida como unidad grantica: Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado.

El stronismo estableci un sistema poltico orweliano, de absoluto control de la ciudadana, con un frreo sistema de vigilancia social a travs de los conocidos como pyragues (del guaran espas, chivatos o confidentes), allegados al rgimen que se esparcan por todo el pas alertando de cualquier persona que pudiera ser sospechosa de animadversin al dictador.

Esta estructura totalitaria estableci una maquina de represin jerrquica, sistemtica y planificada que cometi masivamente ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas sistemticas, exilios forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos. Para justificar todo este tipo de abusos, el rgimen dict el Estado de sitio permanente, a travs de continuadas prrrogas, lo que permita el uso de la detencin arbitraria para la posterior tortura, ejecucin, desaparicin o expulsin del pas. Adems, se aprobaron las conocidas como leyes liberticidas (Ley 294 de 1955 de Defensa de la Democracia y Ley 209 de 1970 de Defensa de la Paz Pblica y Libertad de las Personas) que facultaban a las fuerzas de seguridad para detener a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante de ideologas progresistas.

P-Hay cifras contrastadas sobre estos crmenes/violaciones de los derechos humanos?


Por dar algunos datos oficiales recogidos por la Comisin Verdad y Justicia, un subregistro de lo que se ha podido documentar por este organismo, durante la dictadura uno de cada 124 ciudadanos paraguayos sufri una violacin de los derechos humanos. Se han documentado 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales el 91% de ellas no fueron en dependencias penitenciarias, sino en zulos de comisaras policiales; Paraguay contaba con los presos polticos de ms larga duracin de Latinoamrica, hacinados por ms de 20 aos en calabozos sin luz ni dependencias sanitarias.

Por otro lado, se documentaron 59 ejecuciones extrajudiciales, bsicamente porque el rgimen practic preferentemente la desaparicin forzada de los opositores (se han documentado hasta el momento 395 casos). La tortura fue una prctica generalizada: recibieron este trato el 90% de los detenidos, en 18.772 casos, contando el pas con centros especializados de tortura como la Direccin General de Asuntos Tcnicos (conocida como La Tcnica, hoy Museo de las Memorias). A lo anterior se une el destierro de 3.472 personas que fueron expulsadas del pas a la fuerza. Y todo ello junto a otras graves violaciones a los derechos humanos, de entre las que destacan la prctica de secuestro de menores de aproximadamente 15 aos en dependencias del rgimen, para ser sistemticamente violadas por los jerarcas del pas, como sali a la luz durante los trabajos de la Comisin Verdad y Justicia.

P-Ha habido en Paraguay una batalla por la memoria histrica, son conocidas estas violaciones de los derechos humanos por la opinin pblica?


Despus de la cada del rgimen de Stroessner en 1989 no hubo ninguna depuracin poltica del pas. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial siguieron en manos del Partido Colorado. Por lo tanto, los responsables de la represin anterior siguieron en la mayora de los casos impunes. Exceptuando algunas pocas causas contra policas de rango inferior, la impunidad fue la norma en el pas.

Sin embargo, las victimas seguan presentando querellas, sealando a sus victimarios y exigiendo justicia. Pero la respuesta judicial era el cajoneo de las causas, quedando olvidadas en una impunidad que afecta a querellas presentadas hace ya ms de 25 aos.

Esta situacin conllev condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegacin de acceso a la justicia de algunas vctimas. Adems, la Comisin Interamericana recomend a Paraguay que abriera una Comisin de la Verdad que documentara los crmenes de la dictadura y diera traslado de sus investigaciones a la Fiscala para que actuara contra los responsables.

De esta forma, y gracias a la presin de la sociedad civil y de las diversas instancias internacionales, Paraguay estableci en el ao 2003 la Comisin Verdad y Justicia, que trabaj en la documentacin de los crmenes de la dictadura hasta el ao 2008. Recogi miles de testimonios, accedi a documentacin clasificada (por ejemplo del Procedimiento 1503 que la Comisin de Derechos Humanos de la ONU abri contra la dictadura) e incluso investig en profundidad el conocido como Archivo del Terror, toda la documentacin de la represin que el rgimen quera destruir pero que un activista, Martn Almada, descubri en 1992 y hoy es material probatorio inmejorable para poder impulsar las causas penales.

La Comisin Verdad y Justicia termin sus trabajos con la publicacin de su Informe Final a mediados de 2008. En este informe se identificaban 448 responsables de gravsimas violaciones a los derechos humanos, dando traslado de todo el material a los poderes del Estado. Pero desde entonces no ha habido ninguna actuacin penal contra estas personas. La Fiscala sigue sin proceder contra ellos y las causas estn paralizadas.

P-Algn organismo internacional ha sealado la responsabilidad del Estado de Paraguay?


El Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas conden a Paraguay por falta de persecucin de estos crmenes en 2013. El Comit contra las Desapariciones Forzadas conden igualmente a Paraguay por no identificar los restos de personas que los familiares encuentraron en las dependencias policiales, para cerrar as su duelo y poner fin a un delito permanente como es la desaparicin forzada.

P-Cmo surgi la idea de la querella argentina?


Ante esta situacin de impunidad, se decidi acudir a la justicia argentina a travs del principio de jurisdiccin universal. Este mecanismo de derecho internacional habilita para que ante aquellos crmenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto (principalmente genocidio, lesa humanidad y crmenes de guerra), por la magnitud de los hechos, cualquier tribunal del mundo pueda conocer de ellos, en el caso de que el pas donde se cometieron y que tiene la competencia territorial, no quiera investigarlos.

La querella fue presentada el 5 de agosto de 2013 en Argentina y correspondi por el turno de reparto al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado n5. Desde entonces se han estado remitiendo exhortos desde Argentina a Paraguay solicitndole informacin.

P-En la querella se incluye el genocidio contra el pueblo Ach. Cules son las caractersticas bsicas de este pueblo y en qu consisti su persecucin?

Efectivamente, la querella fue ampliada con relacin a los crmenes cometidos contra la etnia Ach.

Durante los aos 70 un proceso de expansin de carreteras del pas hacia el norte cort en dos los bosques de Canindey, donde vivan los Ach, una comunidad indgena no contactada. La principal caracterstica de este grupo era su carcter nmada, es decir, vagaban por esos bosques en los que haban vivido desde tiempos ancestrales cazando, sin que tuvieran un asentamiento estable.

Al establecerse esta nueva carretera, la posibilidad de transportar produccin agroganadera desde la zona trajo consigo el establecimiento de fincas en esos bosques. Los Ach, que seguan con su modus vivendi ancestral, en ocasiones entraban en las fincas, evidentemente ajenos al concepto de propiedad privada que jams haban escuchado, y se llevaban algunos cultivos o mataban alguna pieza de ganado.

Los terratenientes de la zona protestaron enrgicamente y la solucin dictada por el rgimen dictatorial fue aprobar la sedentarizacin forzada de la etnia Ach, sacndolos a la fuerza del monte y concentrndolos en una reserva, la Colonia Nacional Guayak, dependiente del Departamento de Asuntos Indgenas, organizacin militar encuadrada en el Ministerio de Defensa Nacional.

P-Cmo se produjo este proceso de sedentarizacin?


Fue traumtico. Las caceras humanas de Ach se sucedieron durante aos, en ocasiones a travs de Achs sedentarizados que se utilizaban como seuelos, otras veces con sicarios de la zona y en ocasiones con la participacin del propio Ejrcito. Posteriormente eran trasladados a la Colonia Nacional Guayaqu, bajo el mando del temible Sargento Pereira. Una vez all solan ser vendidos como mano de obra prcticamente esclava a los estancieros de la zona. Los menores, en muchas ocasiones, fueron vendidos a familias paraguayas, sin que a da de hoy se tenga noticia de muchos de esos nios, ya que slo se han podido recuperar una pequea parte de ellos. Finalmente, una epidemia de gripe afect a la Colonia y devast a gran parte de los Ach, ante una carencia absoluta de medicamentos y alimentacin necesaria. Todo este traumtico proceso ha sido documentado por diversos antroplogos, de entre los que destaca el alemn Marl Mnzel, quien fue testigo presencial de los hechos y llev a cabo diversas denuncias internacionales.

P-Puede hablarse de un genocidio silenciado contra el pueblo Ach?


Los hechos han sido calificados algunas ocasiones de genocidio y otras de crimen de lesa humanidad. La diferencia radica en que el genocidio exige un elemento subjetivo, la comisin de esos crmenes con la intencin de hacer desaparecer en parte o en todo a un grupo racial, religioso, tnico o nacional. En la querella se aplica la frmula genocidio y/o lesa humanidad, dejando abierta la posibilidad de que durante la instruccin se califiquen los hechos en uno u otro sentido.

En mi opinin, los crmenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, traslado forzoso, limpieza tnica de una zona, adems de ser constitutivos de un crimen de lesa humanidad incuestionable, lo seran tambin de genocidio. La intencin del rgimen no fue el exterminio de la comunidad Ach en trminos fsicos, ya que la finalidad era expulsarlos de sus tierras y concentrarlos en la Colonia. Sin embargo, el objetivo final era acabar con la cultura Ach, trasladando a sus nios a familias de culturas paraguayas, impidindoles sus prcticas dentro de la reserva, extirpando su lengua al culturizarlos, y en definitiva, con la finalidad de hacer desaparecer ese molesto grupo que impeda el desarrollo econmico en trminos occidentales de una regin del pas.

P-Por ltimo, en qu punto se encuentra querella? Cul est siendo la posicin del estado de Paraguay ante la misma?


Desde que se present la querella en agosto de 2013, se abri la Causa 7300/2013 y comenz a exhortarse a Paraguay para que identificara si efectivamente all se estaban investigando esos hechos.

En un primer momento Paraguay se neg a cooperar judicialmente con Argentina. De hecho, durante ms de un ao se neg a responder el exhorto del juez Oyarbide. Sin embargo, la presin internacional hizo que finalmente se respondiera, remitindose una simple comunicacin donde se afirmaba que esos crmenes eran competencia territorial de Paraguay y que se estaban investigando all, en un desconocimiento absoluto del mecanismo de jurisdiccin universal.

Sin embargo, el juzgado argentino reiter un segundo exhorto en el que solicitaba ms informacin, al que todava no se ha respondido, por lo que se demuestra nuevamente la falta de voluntad de cooperacin judicial.

La idea es que una vez quede acreditada la impunidad existente en Paraguay, se comiencen a incorporar los testimonios de los vctimas, la documentacin probatoria, y se dicte orden de detencin internacional, para empezar, contra los 18 represores que estn vivos y que han sido identificados por la Comisin Verdad y Justicia, as como las vctimas que son querellantes en Argentina.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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