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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-08-2015

Guerra antipopular prolongada

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Ostula y la masacre de la calle Luz Savin en la colonia Narvarte de la ciudad de Mxico son dos hechos que vienen a ensombrecer an ms el de por s oscuro panorama del pas en la ltima dcada. Lejos de ser hechos aislados son parte de la oleada de violencia que desde la criminalidad y desde los poderes pblicos se ha enseoreado en la sociedad mexicana.

En el caso de la agresin contra los comuneros de Santa Mara Ostula, del municipio de Aquila, las preguntas a esclarecer no se limitan a quin dispar contra los habitantes de esa poblacin, dando muerte a un nio de 12 aos e hiriendo a cuatro civiles ms, incluyendo una nia. Se trata de saber qu haca ah una partida militar frente a una manifestacin que reclamaba la detencin del lder de las autodefensas de esa comunidad Ceme Verda Zepeda, reconocido por el gobierno como integrante de la Fuerza Rural del municipio y al que se detuvo sin pruebas, como habra de establecerlo el juez federal que conoci de la causa.

Las armas que le decomisaron a Verda, as como el vehculo blindado que usaba, le fueron proporcionadas por el gobierno federal que ahora intent acusarlo de los mismos cargos (al menos no le sembraron drogas) que ha usado para mantener al mdico Jos Manuel Mireles en prisin: posesin de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Desechadas las acusaciones por falta de pruebas, es el gobierno estatal el que toma la estafeta y lo reaprehende acusndolo de delitos de orden comn: de robo y del homicidio de un sicario que particip en un atentado contra su vida el pasado 25 de mayo y que qued gravemente herido en el enfrentamiento con Verda y su escolta.

Coincide esto exactamente con la ratificacin, tres das despus de los hechos de Ostula, de los cargos federales que mantienen en una prisin en Hermosillo a Mireles, y ahora, si bien Verda ha sido exonerado del delito de homicidio, con la ratificacin de su formal prisin por el de robo. Es clara la intencin del gobierno del pas y del de Michoacn de escarmentar a los lderes de los grupos de autodefensa que no se sometieron al imperio, primero del comisionado Alfredo Castillo y luego al de su relevo militar, el general Felipe Gurrola, e impedir su expansin. Para ello, se ha echado mano no slo del aparato de procuracin de justicia sino tambin del poder Judicial y, sobre todo, de los cuerpos de seguridad tanto policiacos como militares.

Se trata de los mismos organismos que en casi nueve aos, desde la declaratoria de guerra al narcotrfico de Felipe Caldern en diciembre de 2006, no han logrado contener en diversas regiones (Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Michoacn, Sinaloa, Guerrero, etc.) el avance y crecimiento de los grupos delincuenciales. Si a lo largo de 2013 y 2014 se logr enfrentar realmente a estos grupos en Michoacn, fue precisamente gracias al surgimiento de las rondas o policas comunitarias en algunas de las comunidades indgenas (Chern, Ostula, Chinicuila, Aquila, Urapicho, etc.) y de las autodefensas en el Valle de Apatzingn. Sin embargo, desde el inicio de la gestin de Castillo Cervantes como comisionado federal para la Seguridad en Michoacn fue claro que el combate a la delincuencia organizada no era su nica prioridad; tambin lo era el controlar y someter a su mando a las autodefensas. La prisin de Verda y de Mireles tiene su origen en esa estrategia federal.

En Oaxaca, al mismo tiempo, el gobierno del pas y el del Estado deciden dar tambin un golpe decisivo a la combativa Seccin XXII del SNTE, cabeza visible de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacin y de la oposicin magisterial a la mal denominada reforma educativa. Su exclusin del nuevo rgano que sustituir al Instituto Estatal de Educacin Pblica de Oaxaca (IEEPO), el embargo de las cuentas bancarias de la XXII y la reactivacin de averiguaciones previas y rdenes de aprehensin contra sus dirigentes, adems del uso consabido de los grandes medios de comunicacin para satanizar a los maestros y culparlos del atraso educativo en su entidad, constituyen tambin una estrategia de contrainsurgencia civil diseada y montada para liquidar ese importante foco de resistencia. La ocupacin por la Polica Federal el martes 21 de julio de las instalaciones del IEEPO equivale a la que en octubre de 2009 realiz el Ejrcito en las instalaciones de Luz y Fuerza para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas.

El uso de la fuerza y la captura de presos polticos Nestora Salgado en Olinal, Guerrero, el yaqui Mario Luna, vocero de la resistencia contra el despojo del agua en Sonora, adems de los mencionados Mireles y Verda, ms los que vengan se han convertido en prcticas constantes y recurrentes. Pero, como lo demuestran las matanzas de Tlatlaya, Iguala, Apatzingn, Ecuandureo, Aquila y Calera, Zacatecas, las fuerzas federales, tanto la Polica Federal como el Ejrcito y la Marina Armada, han sobrepasado sus funciones de seguridad pblica y atacado o secuestrado y asesinado a civiles desarmados. El asesinato del nio Hidilberto Reyes Garca en Ostula, as como las heridas infligidas a seis personas ms, entre ellas la nia Yeimi Nataly Pineda Reyes, de seis aos, no se ha esclarecido con el paso de los das, pese a que los testimonios recogidos por periodistas hablan de que fue el ejrcito el que dispar rfagas contra la gente despus de que un miembro de la Polica Federal dispar cuatro o cinco veces al aire con su pistola.

Ceme Verda Zepeda es hoy un preso poltico ms a cargo del gobierno de Michoacn; y Ostula una mancha ms para las fuerzas armadas. Deca uno de mis profesores, sudamericano refugiado de una dictadura militar, que sacar a las tropas de los cuarteles es muy fcil; lo difcil es hacerlas regresar a ellos. Desde fines de 2006 que el Ejrcito, la Marina y otros cuerpos fueron movilizados contra el narcotrfico y la delincuencia organizada, stos se han adueado del escenario territorial y socialmente hablando. Su impunidad y la incapacidad de los poderes civiles para someterlos los conducen a constantes acciones que se vuelven contra la poblacin como violaciones a los derechos humanos.

Es incorrecto el decir de los dirigentes de Morena y el partido Movimiento Ciudadano en Michoacn acerca de que hay en el Estado un vaco de poder. En poltica, como en la fsica, los vacos tienden a ser llenados de inmediato por los cuerpos ms prximos que puedan expandirse. Siempre hay alguien que de manera formal o informal, legal o ilegal, completa o incompleta, est en condiciones de ejercer el poder. La inexistencia poltica del gobernador Salvador Jara no significa que haya un vaco de poder, ya que ste ha pasado en vastas regiones de Michoacn, desde los tiempos del intendente Castillo, a manos de las fuerzas federales, cuando no a las de grupos delincuenciales que controlan porciones significativas de territorio.

Pero ahora la accin militar y policiaca ha pasado, al parecer, a una nueva fase, de guerra antipopular en la que los cuerpos de seguridad se emplean preferentemente como recurso directo para enfrentar la insurgencia popular y a sus representantes. Y es una guerra que por nueve aos ha ensuciado al pas no slo con la sangre de sicarios y mafiosos, sino tambin con la de defensores de derechos humanos, periodistas, ncleos en resistencia como es claramente el caso de Ostula y poblacin en general ajena a esos conflictos.

El asesinato de cinco personas en el departamento de la Narvarte, entre ellos el periodista Rubn Espinosa Becerril y la activista de los derechos humanos Nadia Vera Prez, cae bajo la sospecha, mientras no sea esclarecido plenamente, del cumplimiento de amenazas por ellos recibidas de personajes vinculados al gobierno de Veracruz, el Estado de la Repblica con ms muertes violentas de periodistas, la mayora de ellas impunes. La forma brutal en que fueron asesinados Espinosa y cuatro mujeres, atados, torturados y con tiro de gracia, no hace pensar en un homicidio comn sino en un acto premeditado y preparado. La Procuradura del Distrito Federal est obligada a investigar hasta las ltimas consecuencias para esclarecer si el gobierno veracruzano est de alguna manera involucrado en el crimen y si ste tiene un carcter poltico, como los dems que han ocurrido en la entidad costera del Golfo de Mxico.

Cuntos captulos ms habrn de escribirse en esta ya demasiado prolongada guerra contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos?

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-11945



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