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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-08-2015

La Escuela de Verano de los Campamentos Dignidad aborda las luchas contra los recortes y la exclusin social
La precariedad: historias de una resistencia

Enric Llopis
Rebelin


El informe de Amnista Internacional Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en Espaa (junio de 2015) seala que desde 2008 (inicio de la crisis) en el estado espaol se han producido cerca de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Las medidas (paliativas) llevadas a trmino por el gobierno, insuficientes y muy restrictivas, han beneficiado slo a 31.500 familias. El Institut dEstadstica de Catalunya (IDESCAT) public el 30 de julio uno de los ltimos balances oficiales que da cuenta de los efectos de la crisis. Segn esta fuente, el riesgo de pobreza afectaba en 2014 a un 20,9% de la poblacin catalana (19,8% en 2013), mientras que la media espaola se sita en el 22,2%.

El 23 de julio el INE hizo pblica la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) del segundo trimestre de 2015. De la nota de prensa pueden extraerse estas cifras: 5,1 millones de parados (22,3% de la poblacin activa), de los que 592.000 tienen ms de 55 aos; y 1,6 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo; adems, 2,6 millones de personas perdieron su empleo hace ms de un ao.

Los nmeros de la recesin esconden las historias de la precariedad, y tambin de las resistencias, relatos de conflicto, lucha y sufrimiento que reivindican los derechos carcomidos por la austeridad. Juanjo Huerta, de 54 aos, trabaj por ltima vez en 2009, en Mercamadrid, para la subcontrata de una contrata de una gran superficie, en la seccin de repartos. No se le poda llamar trabajo a las labores que hizo para un artesano autnomo y otras chapuzas durante seis aos. Agotada la prestacin de desempleo y los subsidios, a este vecino de Fuenlabrada se le ocurri emprender la lucha por la renta bsica, de la que saba por algunas lecturas en Internet y vdeos, sobre todo de Daniel Ravents.

Juanjo Huerta politiz su condicin de precario. El pasado 11 de mayo decidi iniciar una huelga de hambre por la renta bsica en su domicilio, que anunci en la red. Su puso en contacto con l, por ejemplo, Ramiro Pinto, activista por la renta bsica y de las Sillas del Hambre en Len. Despus de dos das de huelga en su casa, reanud la protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde recibi el apoyo de personas y colectivos sociales. Activistas del 15-M, las Marchas de la Dignidad, las Juventudes Comunistas, Ganar Fuenlabrada, MAPrecarios, la marea bsica y miembros de partidos de izquierda respaldaron la huelga de hambre en la plaza. Se acampaba por turnos, algunas noches podan reunirse ms de veinte personas, relata Huerta en la Escuela de Verano de los Campamentos Dignidad de Mrida.

La huelga de hambre dur doce das, y plante segn el activista dos objetivos: denunciar la pobreza y la precariedad en todo el pas (una realidad que no se quiere reconocer: hay pobreza en Espaa); y adems abrir un debate social sobre la renta bsica. Qu ocurri durante los das de protesta? El primer da la polica requis la tienda de campaa grande, pero luego montamos otra, eran tiempos de campaa electoral y no les interesaba un mensaje de represin; la concejal de Servicios Sociales vino a interesarse por mi situacin. Lo mejor de aquellos doce das fue la solidaridad de los movimientos sociales, y la presencia de los vecinos que se acercaban a informarse.

Hubo gente que vino con la guitarra a cantar para que me levantara con ms nimo; otros me decan que estaban igual que yo, y me daban gracias por representarlos. El seguimiento de su estado de salud lo hizo Mar Noguerol, doctora e integrante de la marea blanca, quien le seal que los ltimos anlisis apuntaban riesgos. El activista deba tomar zumos y caldos. Juanjo Huerta abandon la huelga de hambre habiendo cumplido con los objetivos: una cierta presencia meditica de la protesta y el compromiso por parte de diferentes candidatos de llevar la renta bsica a los plenos, despus de las elecciones. La accin termin con una fiesta en la Plaza del Ayuntamiento de Fuenlabrada, escenario de la huelga de hambre. El protagonista, Juanjo Huerta, vecino de Fuenlabrada, participa en el 15-M, las Marchas de la Dignidad, la Marea Bsica y Renta Bsica-Fuenlabrada.

Otra relato sobre la crueldad de la crisis, y de la resistencia frente al hacha de los recortes es el de Miguel Ballester, vecino de Godella (Valencia) de 51 aos. En lugar de resignarse y ver cmo la tijera socava sus derechos bsicos, ha salido a la calle. Participa en la PAH-Valencia, las Sillas del Hambre y es activista contra la ley mordaza. Miguel Ballester ha trabajado toda la vida de comercial, y en enero de 2009 finaliz su contrato laboral el ltimo que ha firmado- en una empresa de la construccin. A partir de ese momento, slo algn empleo como autnomo. Muchas de las historias se repiten con matices, como relatos paralelos. Miguel tambin agot las prestaciones, de manera que slo le quedaba la ayuda de 100 euros que concede el Ayuntamiento de Godella. Nunca le concedieron la renta garantizada de ciudadana de la Generalitat Valenciana (380 euros), pese a que tengo derecho a ella.

Ante el panorama de pasar un ao con 900 euros (total anual) de la renta municipal relata el activista- tom la decisin de presionar a la institucin ms cercana, el ayuntamiento. Por esa razn empez una huelga de hambre en julio de 2014 en el ambulatorio de Godella, que dur una semana. La reivindicacin era muy clara: dado que la conselleria no le abonaba la renta mnima, que la cantidad de 380 euros mensuales se la pagara el ayuntamiento. El consistorio accedi, y le pag a Miguel Ballester entre septiembre de 2014 y mayo de 2015. Pero a partir de este mes el ayuntamiento incumpli el acuerdo. En mayo y junio no he cobrado (en julio s), y en Servicios Sociales me dicen que es porque me falta un papel. El acuerdo se renueva cada tres meses, y no tengo claro lo que ocurrir a partir de agosto.

Esta situacin se da en un municipio de 13.000 habitantes, Godella, donde en la legislatura anterior gobernaba un tripartito formado por Comproms, EUPV-IU y el PSOE; y despus de las ltimas elecciones rigen el consistorio las mismas formaciones adems de Canviem Godella. El activista explica que cuando alcanz el acuerdo con el ayuntamiento, la alcaldesa era Eva Sanchis, de Comproms, al igual que ahora, cuando la ayuda est pendiente de renovacin. Sin embargo no sabe qu ocurrir. Cuando echa la vista atrs, a la huelga de hambre de hace un ao, recuerda que en el ambulatorio recibi una atencin mdica adecuada. Desde el primer momento cont con el apoyo de una plataforma solidaria de Godella, adems de la PAH de Valencia y Paterna, que le arroparon especialmente al igual que muchos vecinos. Se gan la batalla gracias al respaldo popular; la protesta se difundi en los medios de comunicacin locales y las redes sociales, de lo contrario no me hubieran hecho caso.

A la hora del balance, en un pueblo pequeo de la comarca de lHorta Nord, donde las relaciones son estrechas y difcilmente se pasa inadvertido, gente a la que se considera cercana escatima su apoyo, mientras otras personas de quienes poco se espera, se adhieren a la causa. En cuanto a las administraciones pblicas, son todo dificultades, trabas y zancadillas para recibir las ayudas; los procesos se alargan y los servicios sociales municipales no facilitan nada, cuando hablamos de situaciones de emergencia que no se pueden prolongar; los servicios sociales funcionan de manera arbitraria: no hay criterios bsicos a los que atenerse ni informacin sobre las ayudas. Por eso es tan importante la presin, subraya Miguel Ballester. Adems de la huelga de hambre, influy el envo de correos electrnicos por parte de activistas de la PAH a la alcaldesa, el concejal de Servicios Sociales y la trabajadora social. Fue una forma de escrache. De hecho, el ayuntamiento le pidi al activista que cesara la campaa.

Villafranca de los Barros es un pueblo de 12.500 habitantes de la provincia de Badajoz, cuya fuente econmica principal es la agricultura. En esta localidad Pilar Rodrguez, de 45 aos, ha batallado sin descaso contra las grandes compaas de suministros bsicos: le han cortado el agua hasta cinco veces (el ndice de pobreza energtica en el estado espaol casi se triplic durante la crisis, entre 2007 y 2013, hasta alcanzar a uno de cada diez hogares, segn un informe de Economics For Energy). Pilar tena una empresa de productos qumicos y mquinas industriales de limpieza, que cerr en 2007. Sin prestaciones, servicios y ayudas slo algunos trabajos en la economa sumergida como modista o tratando suelos de terrazo- rebuscaba para poder subsistir.

Se apoya en los amigos y familiares, pero tambin ha comido gracias a la beca universitaria de su hija. Tampoco la suya es la historia de una derrota, de un fracaso vital en la sociedad de los emprendedores, de una existencia frustrada. Porque ha salido a pelear en la plaza. Pilar Rodrguez se enrol en los Campamentos Dignidad de Villafranca de los Barros, cuya lucha se centra en tres prioridades: informar a la poblacin de la renta bsica; los desahucios y la pobreza energtica; y mejorar las condiciones laborales de los jornaleros en el convenio de la uva y la aceituna. A Pilar le cortaron el agua por primera vez los tcnicos de Aqualia en 2011, pero ella se enganch al contador.

Cuando pudo, abon la deuda de 120 euros a la compaa, que le retir de nuevo el suministro al ao siguiente, al tener varias facturas pendientes de pago. Finalmente le quitaron el contador. Hizo otro apao. Entonces los tcnicos de Acciona venan a diario, y les dije que no tenan vergenza, les echaba a la calle. Los tcnicos entraban en la comunidad de vecinos acompaados por la polica local y la guardia civil, que le amenaz con la detencin. Despus de una denuncia de Acciona, Pilar Rodrguez tuvo que declarar en el juzgado de Villafranca de los Barros. Al final, ha llegado a un acuerdo con la empresa para que no le corte el suministro hdrico. Mientras, ha cobrado la renta bsica de insercin hasta febrero, que despus ha renovado, con la que mantiene a dos de sus hijos.

Con excepcin de la presencia policial, esta ciudadana ha emprendido una batalla similar con Endesa por el mantenimiento de la luz. Cortes, empalmes, idas y venidas. El apoyo principal lo ha encontrado en los Campamentos Dignidad, de los que forma parte. Uno de los hitos en la resistencia fue la reunin con el alcalde de Villafranca, quien le pidi el nombre y la direccin para solucionar tu problema. No se lo di, explica Pilar Rodrguez. El objetivo no era la resolucin de un problema particular, sino el de todos los afectados del pueblo. La cuestin es de dnde saca esta ciudadana la energa para resistir: Un nio no puede estar sin luz ni agua, si la gente a la que quiero me pide la luna pues subo y la bajo; a veces les miro a los ojos para levantarme: no te queda ms remedio que echarle valor.

En situacin de desempleo y lucha por una vivienda digna, Rosa Cataln, de 60 aos, vive en una zona deprimida del barrio de Vallecas. Recibe una ayuda mensual de 360 euros por una enfermedad crnica. La crisis no empez para Rosa en 2008, sino treinta aos antes, cuando se separ de su marido. Desde entonces nunca ha tenido una vivienda estable, e incluso ha recurrido a albergues. Por tanto, la crisis actual no me ha pillado de sorpresa, porque ya estaba en esa lucha. Tambin ha tenido que engancharse al agua y a la luz. Actualmente est a la expectativa, ya que ha recibido avisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) para que abandone el piso donde vive. Rosa no se considera alguien especial: Como yo hay mucha gente, cada uno se busca la vida como puede. En pocas palabras, resume la situacin poltica actual: Hay mucha gente corrupta y que se ha llevado muchos millones; la cadena formada es enorme, como para resolverla en dos das.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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