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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-08-2015

Con miras a una Comisin de la Verdad
De Santander a Santos: Impunidad sin lmite de una casta en Colombia

Alberto Rojas Andrade
Rebelin


El Informe de la organizacin estadounidense Human Right Watch (HRW), sobre la existencia de relaciones directas de los ms altos mandos militares colombianos con los asesinatos por parte de agentes del estado de alrededor de cinco mil personas, denominados eufemsticamente falsos positivos, ha puesto sobre el tapete un sensible tema criminal que ya muchos en Colombia y por supuesto en el exterior intuan: estos homicidios (2003-2008) constituyen un plan diseado para hacer parecer en un momento determinado al aparato estatal armado colombiano de entonces, como un efectivsimo destructor de la insurgencia de ese pas.

Los militares involucrados figuran en el citado documento, fundamentado en investigaciones de la Fiscala colombiana y entrevistas propias, como criminales obsesionados unos y forzados otros al cumplimiento de ostensibles rdenes inhumanas y absurdas por motivos ftiles. Ahora bien, Son nicamente militares y asimilables responsables de tales crmenes de guerra, ya sin duda establecidos como de lesa humanidad? Quines son sus jefes constitucionales? Cuales funcionarios son polticamente sus superiores? Quin imparte las rdenes a la cpula militar resultantes en tan abyectos actos? En ltimas, Acaso no son selectos civiles al ms alto nivel los responsables por accin u omisin en este caso?

La respuesta inequvoca es que en Colombia de acuerdo a su carta magna, el Presidente de la Repblica ha sido y es el Jefe de Estado, de gobierno y el Comandante en Jefe de todos y cada uno de los cuerpos armados estatales (Constitucin de 1991 art.189- 3 y en la de 1886 art. 120- 6); jerrquicamente todos los niveles de la milicia armada conducen a la cima donde se encuentra aquel. No hay excepciones en este sentido. A su vez, inmediatamente debajo de l en los aspectos de la guerra, se encuentra el Ministro de la Defensa (desde 1991 un civil), tambin superior jerrquico de los cuerpos armados.

Ms an, tozudos hechos muestran como en Colombia el Presidente de la Repblica en el escenario de poderes, es una especie de monarca electo de tiempo en tiempo, mediante un sistema electoral siempre propenso al fraude; dicha seleccin se produce al interior de una cerrada casta emparentada y sus fieles allegados, acaso excepcionales advenedizos autoritarios para puntuales situaciones (lvaro Uribe), as mismo esto ocurre si es necesario a travs de golpes palaciegos (Gustavo Rojas Pinilla). Este titular del poder ejecutivo es un autcrata intocable durante el lapso del ejercicio de su mandato y tambin por el resto de sus das; es tal la inmunidad presidencial de facto que en la cotidianidad poltica ni siquiera puede ser convocado a rendir cuentas en persona por sus actos en ejercicio de sus funciones (y fuera de ellas), ante las cmaras legislativas. La identidad con el absolutismo es clara.

El nico caso de un jefe de estado procesado y condenado por los rganos judiciales pertinentes de acuerdo a la Constitucin, ocurri en el siglo XIX e involucr a quien haba osado afectar profundamente los intereses de la poderosa iglesia catlica con la desamortizacin de manos muertas, el liberal-conservador Toms Cipriano de Mosquera (1866-1867). La condena fue por traicin a la patria a travs de un hecho que hoy sera estimado simplemente como de poltica de estado latinoamericanista; se le sentenci por haber intentado ayudar a Chile y Per en su guerra con Espaa (Guerra del Guano 1865-66), comprando a nombre de Colombia en Europa unos barcos de guerra para estas naciones. El resto de la historia ha sido muy distinta a este episodio.

A continuacin un recuento, no pormenorizado, de algunos de los delitos ms perturbantes perpetrados por personas que han ejercido o an ejercen la jefatura del estado en Colombia, incluyendo ostensibles latrocinios, unos y otros impunes, con su correspondiente tipologa delictual contempornea en el derecho colombiano, y/o la pertinencia de un juicio poltico, todo ello con base en datos histricos reconocidos. Naturalmente, el lector agregar ms hechos argumentados contra este pequeo grupo de parientes y allegados, enquistados en el poder en Colombia. Para ello acogindonos al derecho penal (artculo 29 Cdigo Penal colombiano), aplicaremos la autora mediata en aparatos organizados de poder, relacionada con estructuras jerarquizadas, plenamente aplicable al Derecho Internacional Humanitario. Esto es, el Jefe de Estado posee dominio de la organizacin estatal, la cual se compone de personas fungibles cumpliendo un fin, por fuera del orden jurdico (crimen), el cual se produce por accin u omisin, sin que exista contacto entre quien se encuentra en la cspide del aparato y el ejecutor material del hecho punible, quien posee una elevada disponibilidad para cometerlo. Este planteamiento ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia en el Derecho Internacional Penal, teniendo como origen al tratadista Claux Roxin.

Se inicia la exposicin histrico-delictual con el protervo prcer de la independencia Francisco de Paula Santander (presidente 1832-1837), quien en su vida pblica tiene a su haber varios homicidios selectivos de rivales polticos, fusilamientos de enemigos bajo su custodia, la participacin en la conspiracin para el asesinato del Libertador-Presidente Simn Bolvar (juzgado y condenado este le conmut la pena de muerte por el destierro), el negligente manejo del emprstito con Inglaterra gnesis de la deuda externa actual de Colombia, y un enriquecimiento injustificado notable incluso para sus contemporneos. Delitos cometidos: genocidio, homicidio en persona protegida, intento de homicidio, detrimento patrimonial culposo, enriquecimiento ilcito.

La dura realidad para los colombianos del carcter belitre de sus gobernantes se hace palmaria aos despus cuando un mandatario como Manuel Mara Mallarino (1855-1857), suscribe un contrato con la compaa francesa Saint Rose, por medio del cual vende a esta ms de 30 millones de hectreas de suelo de la nacin; por fortuna para el pas el Congreso no aprob dicho negocio. Tamao exabrupto no puede haberse producido sino a ttulo intencional, el cual en aquellos tiempos daba para la pena capital. Delitos para responder: traicin a la patria en la modalidad de tentativa, peculado en la modalidad de tentativa.

Su sucesor, el fundador del partido conservador, Mariano Ospina Rodrguez (1857-1861), no se qued atrs poniendo un punto muy alto en la felona antinacional; tuvo la intencin, no entregar slo un pedazo de nacin, sino la totalidad! Propuso la anexin de la Confederacin Granadina (as se llamaba en ese momento Colombia), a los Estados Unidos. Fue derrocado. Si esto no es traicin a la patria lo de Ospina, habra que cambiar el significado del trmino. Juicio poltico por indignidad e inexorable condena.

A su vez el presidente liberal pasado al bando conservador Rafael Nez (1884-1886), acuciosamente solicit la invasin de marines gringos de territorio colombiano a fin de castigar a sus ex copartidarios liberales en el Departamento de Panam, que se haban sublevado contra su trnsfuga mando; el saldo fue de incontables colombianos muertos a manos extranjeras (1885). Delitos perpetrados: determinador de genocidio, traicin a la patria. La indignidad es irrebatible.

El conservador, poeta y fillogo Jos Manuel Marroqun (1898-1904), obra con evidente desafecto por los intereses de su pas, asistiendo impasible a las circunstancias que rodean lo que en Colombia se llama El Robo de Panam, cometido por el gobierno de Washington (noviembre de 1903). Teodoro Roosevelt, actor del despojo, saudo jefe imperial de la poca y arquetipo de los gobernantes de la Casa Blanca, manifest sin ambages que los gobernantes en Colombia eran despreciables criaturas. Marroqun a su vez respondi a quienes le increpaban por su infinita necedad en el episodio: de qu se quejan? Cuando asum la presidencia me entregaron un pas; ahora yo les devuelvo dos. Un impudor difcil de superar an en el cnico mundo contemporneo. Juicio poltico por separacin de una aparte del territorio, con aclamada condena por indignidad a aquel cobarde y desvergonzado personaje.

Un jefe de estado posterior legaliz dicho robo panameo aceptando con desfachatez un pago gringo como indemnizacin: Carlos E. Restrepo (conservador 1910-1914); es decir, perfeccion ms an el latrocinio de 1903. Simultneamente un advenedizo a la casta instaura un credo poltico el cual en este campo de las relaciones internacionales, equivale a la aceptacin traumtica de una persona abusada del dominio hacia el futuro de quien fue y es su abusador; es la infausta doctrina respice polum, del conservador Marco Fidel Suarez (1914). Es decir, mirar al norte, al imperio naciente para seguir sus dictados. Este paradigma del jefe de estado colombiano acomplejado y falto de carcter, ser Presidente en el periodo 1922-1926 (). Juicio poltico por palmaria indignidad relacionado con la desmembracin de una parte del territorio con condena para los dos prohombres.

El mandatario conservador en cuyo periodo ocurre la tristemente recordada Masacre de las Bananeras (6 de diciembre de 1928), Miguel Abada Mndez (1926-1930), su ministro de guerra Ignacio Rengifo y el militar ejecutor de este sangriento episodio Carlos Vargas Cortez, jams fueron siquiera acusados formalmente por tamao crimen colectivo de entre mil y tres mil muertos de acuerdo a las diferentes versiones, sirviendo directamente intereses gringos de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands). Esta matanza marc la historia de Colombia y a la vez no caus ninguna condena ni poltica ni judicial; prcticamente ha sido borrada de la memoria colectiva. Adems de impunidad aqu hay intencional olvido. Delitos perpetrados por aquel despiadado tro: genocidio, homicidio en persona protegida y traicin a la patria agravados.

Qu decir de aquellos dos presidentes liberales, Eduardo Santos Montejo y Alfonso Lpez Pumarejo (1938-42 y 1942-45 respectivamente), quienes a espaldas del pas y por supuesto de la Constitucin y la ley, celebran pactos secretos (proscritos en el derecho internacional) con el gobierno de Washington durante la Segunda Guerra Mundial, mediante los cuales EE.UU. poda tomar posesin indefinidamente a su antojo de territorio colombiano, en medio de las operaciones militares de aquella guerra (de hecho existi por entonces una base gringa cerca a Barranquilla). Delitos cometidos: traicin a la patria agravada, sometimiento de una parte del territorio a dominio extranjero. Juicio poltico por indignidad y violaciones a la Constitucin.

El asunto de las flagrantes violaciones constitucionales y crmenes va en sostenido con el Jefe de Estado que propina un autogolpe en 1949 (del estilo de Fujimori en el Per en 1992), justamente para evitar un juicio poltico en su contra clausurando las cmaras legislativas simple y llanamente a golpes de culata de fusil, el conservador Mariano Ospina Prez (1946-1950), nieto y sobrino de dos presidentes (Mariano Ospina Rodrguez ya citado y Pedro Nel Ospina respectivamente). A este redundante delfn, tambin se le debe atribuir nada ms y nada menos que la despiadada represin del 9 de abril de 1948, El Bogotazo, punto de aceleramiento de la guerra contrarrevolucionaria llamada Violencia; hubo una violencia indiscriminada. All el aparato estatal armado es usado como legin fulminatriz de los todopoderosos terratenientes contra el campesinado. Adems Ospina emplea al gobierno y su partido para el fraude electoral favorecedor de su sucesor. De todo ello ni siquiera hay juicio histrico y la amnesia es inducida posteriormente. Delitos perpetrados: genocidio, homicidio en persona protegida, usurpacin de funciones, rebelin, abuso de autoridad, fraude electoral, violencia contra servidor pblico, constreimiento al elector. As mismo un juicio poltico es pertinente por motivos obvios.

Directas violaciones a los ms elementales principios de la carta magna colombiana las produce quien le sigui a Ospina Prez, continuando con la utilizacin de la mquina blica del estado contra la poblacin rural, con un saldo de muertes sin igual para la poca en Latinoamrica (unas doscientas mil personas en el periodo 1946-57), el conservador Laureano Gmez Castro (1950-1953). Como si fuera poco, este dictador (su eleccin fue violenta y descaradamente amaada), suscribe tambin aciagos pactos secretos de sometimiento militar de Colombia con el omnipresente gobierno gringo, negando de plano lo preceptuado constitucionalmente, elemental a cualquier estado del siglo XX: su soberana (1952). Gmez Castro es de hecho un diletante fascista haciendo mritos ante el gobierno de Washington. Delitos perpetrados: genocidio, homicidio en persona protegida, delitos contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH, a partir de las Convenciones de Ginebra de 1949), traicin a la patria, abuso de poder, usurpacin de funciones pblicas. Un juicio poltico hubiera detallado an ms su profunda indignidad.

Naturalmente para la situacin latinoamericana no falt el cruel dictador tropical de tipo mesinico y corrupcin emblemtica, el clasemediero advenedizo general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957); su prontuario se encabeza con la utilizacin de NAPALM contra la poblacin de Villa Rica (Departamento del Tolima junio de 1955), la masacre de nueve estudiantes en pleno centro de Bogot el 8 y 9 de junio de 1954 y la del Circo de Santa Mara el 5 de febrero de 1956 (Bogot, sin nmero de vctimas concreto), habiendo ya participado en la represin del 9 de abril del 1948 y los meses siguientes en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). El enriquecimiento de este personaje durante su dictadura es colosal y muy ostensible; utiliza la banca pblica para su beneficio personal mediante un desfalco que llega a ser descomunal (el equivalente a unos 80 millones de dlares de 2003), se apodera de tierras y ganados utilizando su ominosa categora de dictador, etc. Juzgado posteriormente, pero absuelto increblemente al final por las instancias judiciales del momento (aplicando las consabidas leguleyadas 1966). Es el caso de un usurpador sanguinario que le da un golpe de estado a otro usurpador encarnizado. Delitos perpetrados: genocidio, homicidio en persona protegida, delitos contra el DIH, usurpacin de funciones, abuso de autoridad, peculado por apropiacin, enriquecimiento ilcito, detrimento patrimonial, concusin. Nuevo juicio poltico con base en hechos conocidos luego de 1961.

El mandatario posterior, ya en el denominado Frente Nacional (un acuerdo intraoligrquico excluyente del partido Liberal y el Conservador para repartirse el estado desde 1958 a 1974), es permisivo hasta la complicidad con misiones militares gringas evidentemente inconstitucionales e ilegales, las cuales violando incluso las propias Convenciones de Ginebra instauran el paramilitarismo como forma de control social violento desde finales de los ao 50 e inicios de los sesenta, con la ferocidad y terror presente en Colombia hasta la fecha. Es el intocable en el recuerdo histrico de los medios controlados, el patricio liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), siempre cercano a los EE.UU. (fue incluso secretario de la OEA); con ello mucho puede explicarse. Instaura la desastrosa e inconstitucional poltica denominada Doctrina Lleras, la cual consiste en que los civiles no sern molestados en adelante por los militares en la aplicacin de sus infaustas polticas de manejo del estado (designacin neptica de cargos pblicos, aplicacin de doctrinas econmicas pauperizantes, cultura dependiente, administracin pblica corrupta, etc.), y estos a su vez tienen carta blanca de los civiles para el manejo de la represin (presupuesto de guerra desmesurado, garantas de impunidad, organizacin interna antidemocrtica, privilegios injustos), al descontento social causado por aquellas polticas. Lo anterior explica en buena parte la ausencia de gobiernos militares en Colombia luego de 1957. Delitos cometidos: traicin a la patria agravada, prevaricato, delitos contra el DIH, omisin de funciones pblicas (creacin y aplicacin de su doctrina). Juicio poltico por violaciones a la Constitucin e indignidad.

El conservador Guillermo Len Valencia (1962-1966) con su ebriedad crnica, prontitud y complacencia para tomar las ms abusivas medidas dentro del marcial Estado de Sitio, practica durante su mandato una entusiasta continuidad de los feroces planes contrainsurgentes. A este dignatario se le debe la orden de ejecucin de la operacin soberana (con asistencia directa de EE.UU.), la cual de acuerdo a las mismas versiones oficiales no puede tener peor resultado histrico y militar: es la circunstancia propiciante de la creacin y posterior expansin de las FARC (1964). Delitos perpetrados: genocidio, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras), delitos contra el DIH. Juicio poltico por traicin a la patria. La dipsomana ilimitada no es delito y es dudoso que constituya indignidad.

Del liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), primo de Alberto Lleras, podemos esgrimir como acto para ser juzgado y condenado, el ostensible fraude en las elecciones a la Presidencia de la Repblica de abril de 1970, toda una aagaza al pas, junto con la subsecuente represin en muertos y detenidos arbitrariamente cuando los electores indignados del partido defraudado (justamente el del ex dictador Rojas Pinilla), protestaron. Delitos por responder: genocidio, fraude electoral, abuso de autoridad, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por violaciones de la Constitucin.

Con tamaa ilegitimidad a la vista, el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) no puede augurar nada positivo. Empleando toda la ferocidad a disposicin se ejecuta un brutal castigo al estudiantado universitario reclamando autonoma y presupuesto adecuado para la educacin. El 26 de febrero de 1971 el ejrcito bajo mando de aquel abre fuego contra una manifestacin estudiantil en Cali (Valle del Cauca) dejando un saldo de siete muertos y numerosos heridos; el 4 de marzo del mismo ao mueren dos estudiantes ms, uno en Medelln (Antioquia) y otro en Popayn (Departamento del Cauca), otro joven cae el 4 de mayo de este ao 71 en Neiva (Departamento del Huila) y dos ms son ultimados por agentes estatales en Bogot (abril 1974). Del lado de los campesinos las elementales garantas constitucionales tampoco existen; marchas campesinas pidiendo reforma agraria efectiva (agosto-septiembre 1972) son atacadas por cuerpos armados del gobierno, y a las tomas de tierras se les da trato manu militari presentndose un nmero de muertos y lesionados no cuantificado. Delitos de Pastrana B.: genocidio, homicidio en persona protegida, abuso de autoridad, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por abuso de poder con la persecucin sistemtica de campesinos y estudiantes, e ilegitimidad.

De su parte del mandatario del periodo 1974-1978, Alfonso Lpez Michelsen (hijo de Lpez Pumarejo), liberal para ms seas, es penosamente clebre por su cruenta represin del Paro Cvico Nacional del 14 de septiembre de 1977, con un nmero incontable de muertos principalmente en Bogot. De facto esto fue la ejecucin exacta de procedimientos de castigo aplicados por entonces en las dictaduras del Cono Sur en casos de protesta popular. A partir de all toda duda sobre la supuesta diferencia entre las acciones de la democracia colombiana y la infausta Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) queda borrada. Lpez Michelsen tambin expide el decreto de Estado de Sitio 070 de 1977, el cual de hecho constituye una facultad abiertamente inconstitucional, a los cuerpos armados oficiales de aplicar la pena de muerte (instituye una causal de exoneracin de responsabilidad penal por el slo hecho de que un agente estatal acte en una accin policial represiva); as se perpetra la llamada Masacre de Contador en Bogot causando siete muertes (abril de 1978). Bajo su gobierno se presenta la primera desaparicin forzada en Colombia a manos de agentes gubernamentales de la que se tenga noticia, la de Omaira Montoya (Barranquilla septiembre de 1977), iniciando una cadena de crmenes de lesa humanidad en una modalidad de terror continuada hasta la fecha. Delitos perpetrados: genocidio, homicidio en persona protegida, vulneracin del debido proceso, delitos contra el DIH, desaparicin forzada, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por fragrantes violaciones a la Constitucin.

En el periodo siguiente el liberal Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), intonso jefe de estado y advenedizo a la casta, es el firmante de una dictatorial legislacin de excepcin llamada Estatuto de Seguridad, la cual deroga de plano la Constitucin en todo lo relativo a garantas y derechos individuales y colectivos (Decreto de Estado de Sitio 1923 de 1978), colocndose Colombia en la materia a la lamentable altura de las dictaduras del sur del continente. El clima poltico por entonces es de muertos, desaparecidos, torturados, detenidos y exilados como el futuro premio nobel Gabriel Garca Mrquez; notables y no tanto huyen del pas o al monte para evitar padecer lo relatado por quienes han estado en sitios como Las Caballerizas de Usaqun en Bogot (centro de torturas de la poca a la manera de la ESMA en Buenos Aires). Hay sentencias judiciales acreditando dichos crmenes. Delitos perpetrados: homicidio, violaciones al DIH, torturas, desaparicin forzada, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por abuso de poder, y violacin de la Constitucin. La ignorancia no es delito en ninguna legislacin, ms si indicio de ineptitud.

Del siguiente jefe de estado, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), basta sealar su funesto papel (declarado por una instancia judicial como la sala penal del Tribunal Superior de Bogot y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en los mortferos hechos cometidos por las FF.AA. en respuesta a la barbrica accin del grupo subversivo M-19, durante la toma del Palacio de Justicia de Bogot el 6 y 7 de noviembre de 1985. All a tan slo unos cuantos metros del despacho presidencial donde se halla Betancur, son asesinados ms de un centenar de seres humanos y resultan desaparecidos once, otros torturados, asuntos directamente relacionados con su accin u omisin. Delitos perpetrados: genocidio, desaparicin forzada, torturas, violaciones al DIH, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por violaciones a la Constitucin e indignidad.

A Virgilio Barco Vargas (1986-1990) podemos razonablemente acusar y condenar tambin por accin u omisin, en el concienzudo exterminio al que es sometido el partido poltico Unin Patritica, mediante ms de tres mil homicidios cometidos en buena medida, segn se ha demostrado posteriormente, por miembros de los cuerpos armados que, al menos nominalmente en la Constitucin, se hallaban bajo su mando. El paramilitarismo est al orden del da en su periodo en forma primigenia; nada de fondo se hace al respecto para revertir su expansin. Nuevamente la DSN resulta ser el marco conceptual por el cual es sometida por el terror la poblacin colombiana en su cuatrienio, cuando se implantan las primeras medidas pauperizadoras del Consenso de Washington. Se cometen matanzas impactantes en las cuales participan cuerpos armados oficiales: Masacre de Trujillo Valle del Cauca (1989-1991) o la Masacre de Segovia en Antioquia (noviembre de 1988), para slo citar las ms tristemente clebres. Se producen desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales, como la del abogado Alirio Pedraza (Bogot julio de 1990). Delitos cometidos: genocidio, torturas, terrorismo, desaparicin forzada, delitos contra el DIH, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por extrema negligencia

Respecto de Csar Gaviria Trujillo (1990-1994), podra conformarse un expediente judicial de decenas de miles de folios. La ley 100 privatizadora del derecho a elementales servicios de salud empeorando las de por s precarias condiciones sociales de los colombianos, es impulsada decididamente por aquel hacindolo responsable en buena parte del deterioro de la calidad de vida de millones. Adems su permisividad con la introduccin y permanencia de tropas extranjeras en Colombia en el Departamento del Valle del Cauca (1993) a la vista de todos, como violacin flagrante de la recin promulgada Constitucin de 1991, le hace encajar perfectamente en la categora de inverecundo feln. Contina la Masacre de Trujillo bajo su mandato como jefe de las FFAA. La tragicmica fuga del jefe del cartel de Medelln Pablo Escobar, de una crcel construida por este mismo bajo pleno consentimiento de Gaviria, burlando fcilmente un cerco militar (Envigado Antioquia julio de 1992), constituye una vergenza mundial. As mismo, usando funcionarios subalternos y bienes pblicos hace campaa poltica internacional a fin de hacerse elegir Secretario de la OEA, una vez concluye su mandato (1994). Delitos perpetrados: genocidio, torturas, traicin a la patria, sometimiento a dominio extranjero de una parte del territorio, abuso de poder, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras), peculado por destinacin de bienes pblicos, fuga de presos culposa. No obstante, un juicio poltico a sus desastrosas decisiones econmicas que instauran el modelo de salud pblica privatizado y la venta de bienes pblicos a menos precio, con el empobrecimiento general de la poblacin como accin estatal sistemtica, le conducira a una importante sancin; asimismo le cabe juzgamiento poltico por la indignidad presidencial largamente demostrada en la fuga de Escobar, etc., etc.

En lo que tiene que ver con el liberal Ernesto Samper Pizano (1994-1998), hay mltiples razones para ser sujeto de un juicio poltico y penal; dineros de traficantes financian su campaa (asunto pasado por alto en las anteriores elecciones como motivo de investigacin exhaustiva). Sabemos el desenlace de impunidad de este nuevo frustrado intento de juzgar a un jefe de estado en Colombia en el siglo XX (el anterior fue Rojas Pinilla). El poder dominante en Colombia, Estados Unidos, prefiri un presidente fcilmente chantajeable a uno destituido. El paramilitarismo en este periodo prosigue sin freno efectivo, las masacres aumentan como las sucedidas en la llamada Recuperacin de Urab (Antioquia 1995-1997), o la Masacre de Mapiripn (Departamento del Meta julio de 1997). Delitos consumados: genocidio, desaparicin forzada, fraude electoral, lavado de activos, trfico de influencias, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por evidente indignidad.

De la gestin del superficial Andrs Pastrana A. (1998-2002), hijo de Misael Pastrana (el presidente espurio por el fraude de 1970), de origen conservador, a fin de condenarlo en un proceso judicial o poltico bastara citar nada ms y nada menos el permitir que un gobierno extranjero, nuevamente el de Estados Unidos, imponga el Plan Colombia; un mtodo de intervencin militar y de espionaje directo en el pas y a la vez de amenaza de accin militar indirecta en naciones vecinas como Venezuela, Ecuador y Brasil, con grandes riesgos de envolvimiento en conflictos o guerras regionales. La mengua absoluta de la soberana de Colombia es inocultable. Puede haber algo ms transgresor de una Constitucin poltica o a una elemental nocin de pas? Los consecuenciales muertos y la destruccin causada por la ejecucin del plan citado dan para una larga pena. Se presentan brutales masacres como la de El Salado (Departamento de Bolvar febrero de 2000), donde se demuestra posteriormente la actuacin u omisin intencional de cuerpos armados estatales. Pastrana, no sobra recordar, como Presidente es el jefe constitucional del aparato represivo. Delitos perpetrados: genocidio, desaparicin forzada, violaciones al DIH, traicin a la patria, concierto para delinquir, todos agravados, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras). Juicio poltico por indignidad e incompetencia; la banalidad no cabe como acto punible o reprochable en este campo

Respecto del insufrible advenedizo lvaro Uribe V. (2002-2010) de procedencia liberal, deseamos no ser demasiado reiterativos con muchos testimonios y documentos que lo vinculan antes y en ejercicio de su presidencia con masacres, paramilitarismo, espionaje, trfico de influencias, variadas formas de abuso de poder, trfico ilegal, etc., pues existen ms de un centenar de acusaciones en la instancia correspondiente (de inoperancia crnica el rgano congresional llamado Comisin de Acusaciones hoy Comisin de Aforados). En Europa Uribe tambin tiene actualmente cargos criminales por espionaje.

Es este presidente responsable por encima de sus militares subalternos, del abyecto caso de los llamados falsos positivos ya citados (cometidos sistemticamente por todo el pas), con la complicidad el ministro de defensa el conservador Camilo Ospina, firmante del respectivo decreto generador de grotescas recompensas, el cual debera correr una suerte correspondiente; dicho conjunto de delitos bajo la actual legislacin internacional les llevara para ser enjuiciados y condenados por crmenes de guerra, a la manera en que es perseguido el jefe de estado de Sudn Omar Albashir (sin embargo, EE.UU. protege a Uribe, al menos por ahora). No estamos hablando de cualquier actuacin delictual, el informe de HRW citado, vincula a Uribe tcitamente con estos crmenes, los cuales constituyen uno de los episodios ms nefastos de atrocidades masivas ocurridas en el hemisferio occidental en las ltimas dcadas. As mismo se presentan homicidios selectivos planificados directamente desde el mismo alto gobierno, de los cuales podemos citar uno con sentencia judicial condenatoria de por medio, el asesinato de Alfredo Correa De Andreis (Barranquilla septiembre de 2004), perpetrado por el jefe de la polica poltica (DAS), inmediato subalterno de Uribe ().

Empero, tambin son ostensibles los actos de Uribe como jefe de estado relacionados con la firma de un tratado que entrega la soberana de parte del territorio colombiano, a travs de varias bases militares estratgicas por todo el territorio (cmo no!), al Pentgono (2009). As mismo sera imposible pasar por alto la perpetracin del cohecho demostrado por la Corte Suprema de Justicia para que pudiera ser aprobada legislativamente la posibilidad de su reeleccin como presidente para el periodo 2006-2010, la cual ocurri.

Los hijos de Uribe resultan notoriamente enriquecidos bajo la clara proteccin del padre Presidente en el periodo de este, mediante prcticas que encajan en el cdigo penal. El descarado espionaje a otros poderes pblicos respecto de todo lo anterior, parece apenas como una travesura de nios frente a los anteriores no taxativos hechos punibles. Delitos perpetrados: genocidio, homicidio agravado homogneo sucesivo (falsos positivos), violaciones al DIH, desaparicin forzada, torturas, traicin a la patria, sometimiento de territorio a dominio extranjero, cohecho, trfico de influencias, actividades relacionadas con trfico de psicoactivos ilegales (anterior al mandato), obstruccin a la justicia, interceptacin de comunicaciones, abuso de autoridad, omisin de funciones pblicas (aplicacin de la doctrina Lleras), etc. Juicio poltico por poner en riesgo las relaciones internacionales del pas, en el caso del artero ataque a territorio de un hermano pas como Ecuador (Sucumbos 1 de marzo de 2008) y por las restantes violaciones a la Constitucin, adems de perfidia y manifiesta mala fe en el uso de sus poderes.

De origen liberal, Juan Manuel Santos actual jefe de estado (sobrino nieto de Eduardo Santos), y quien pblicamente afirma ser pro estadounidense y proisrael, por su parte, an bajo el ocultamiento de sus actos por su poder como actual Jefe de Estado, acarrea el inocultable hecho de haber sido el ministro de defensa durante una parte del mandato de su antecesor Uribe Vlez (2006-2009), por tanto se debera ver afectado por las decisiones polticas y judiciales en la parte correspondiente; en consecuencia le cabe una parte de por ejemplo los asesinatos cometidos por cuerpos armados oficiales por recompensa, falsos positivos, crmenes de guerra y de lesa humanidad. Adems es culpable de la continuidad de la presencia de tropas gringas por todo el territorio colombiano con base en el inconstitucional y vergonzante tratado suscrito con EE.UU. en 2009.

Lo anterior es casi anecdtico frente a lo que ocurre en el norte de Colombia. En el momento de escribir estas lneas se est produciendo un conjunto de hechos, omisiones y negligencias propiciantes de genocidio contra el pueblo Wayu en el Departamento de la Guajira, el cual fuera de toda duda puede ser interrumpido con base en el poder presidencial de Santos (C.N. art. 188): El gobierno colombiano repres el nico ro (Rancheras) en una regin desrtica y destin el agua del mismo para irrigar cultivos industriales y servir las operaciones de El Cerrejn, la mina de carbn a cielo abierto ms grande del mundo (controlada por multinacionales asociadas causando grandes daos ambientales y desplazamiento de poblacin). En palabras de un wayu: En estos momentos el pueblo wayu est siendo azotado por una crisis humana por parte del Estado y una crisis de la naturaleza, que antes nos permita sobrevivir Al no haber agua, qu vamos a sembrar? Ya no hay rboles que comer, no hay animales, ni siquiera pastoreo de chivos, ovejas y vacas El ro era de todos nosotros. Han muerto y mueren como consecuencia de ello una cifra no bien determinada de nios y adultos, que podra alcanzar los catorce mil! Delitos perpetrados a la fecha por Santos: genocidio (por accin u omisin), homicidio agravado homogneo y sucesivo, violaciones al DIH, traicin a la patria agravada, omisin de funciones pblicas por incumplimiento de los deberes constitucionales (aplicacin de la doctrina Lleras). Indignidad manifiesta por violacin al deber de proteger a los habitantes de Colombia.

As mismo debera haber un juicio, por lo menos poltico, por la ineficacia de la gestin presidencial impuesta por la Constitucin de proteger la vida y los bienes, cuando se genera el desplazamiento interno en Colombia de unos seis millones de personas; otros seis millones viven fuera del pas (huyendo de este paraso del inversionista extranjero), caso nico en el hemisferio occidental. Dicha gravsima omisin cobija a los presidentes desde 25 aos atrs (Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos).

Los 70 mil kilmetros de jurisdiccin martima en el archipilago de San Andrs y Providencia, perdidos por la Repblica de Colombia como consecuencia del fallo por el diferendo con Nicaragua, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2012, son la culminacin de una cadena de negligencias, mediocridad y anti nacionalismo, etc., la cual parte concretamente desde el gobierno de Andrs Pastrana () continuando con el del comprometido lvaro Uribe, uno y otro incapaces de defender eficazmente los ms elementales derechos de la nacin. Por este slo hecho en otro pas de la regin y qu decir del primer mundo, el gobierno habra cado y los implicados al ms alto nivel hubiesen resultado en reos o prfugos a causa de la persecucin de las instancias judiciales y polticas respectivas y el rechazo popular. Delitos cometidos en este episodio de los citados ya bien conocidos de autos: traicin a la patria. Juicio poltico por falta a los deberes como presidentes de defensa de la integridad territorial, por el detrimento territorial que sufre Colombia y omisin de funciones pblicas.

De su parte el robo del Metro de Medelln (1983-2083), es el ms descarado y cuantioso desfalco del cual han sido vctima todos los colombianos; se construye el ms costoso sistema de transporte masivo del mundo, con sobrecostos exorbitantes. Este limitadsimo metro es pagado por todos los habitantes de Colombia durante casi cien aos, hasta 2083: 1.600 millones de dlares (en cifras oficiales). El conjunto de violaciones a la Constitucin y las leyes en la materia, hace calificar este negocio como una concienzuda empresa delincuencial. Se encuentran implicados directamente mandatarios como Belisario Betancur, Csar Gaviria, Ernesto Samper y lvaro Uribe. No falta la ayuda de sonados prohombres forneos en este latrocinio (del entorno del ex presidente de gobierno espaol Felipe Gonzlez). Delitos perpetrados: peculado, cohecho, prevaricato, etc.

Como se concluye en esta resea, Colombia es una nacin muy especial dentro de una regin, que si bien dista mucho de ser un dechado de justicia, ha expuesto algunos casos de efectividad respecto al funcionamiento de los rganos de control y accin de las masas organizadas. A la vista se encuentran las circunstancias judiciales y polticas mediante las cuales presidentes como Alberto Fujimori ha resultado tras las rejas en el Per; Carlos Andrs Prez fue condenado escapando de la crcel en Venezuela; Fernando Collor de Mello debi renunciar ante las evidencias de corrupcin a la presidencia de Brasil; Abdal Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutirrez fueron expulsados popularmente del poder en Ecuador; similar destino tiene Gonzalo Snchez De Lozada en Bolivia; Ricardo Martinelli es actualmente procesado en Panam; el guatemalteco Otto Prez Molina se encuentra a punto de perder su inmunidad por acusaciones de corrupcin en su pas, etc. Delitos e indignidades de ostensible menor entidad que el abultado prontuario de los mandatarios colombianos. Ello demuestra al menos un mnimo de funcionamiento del aparato judicial respectivo impulsado por un cierto equilibrio de poderes, y ms importante an, en alguna medida una sociedad activa en estos pases, cuestiones absolutamente ausentes en los escenarios polticos y sociales de Colombia.

El argumento de que algunos funcionarios (no representativos del desalmado linaje dominante), han sido juzgados y condenados en Colombia durante la ltima dcada por graves delitos, es apenas una falacia ms de instancias judiciales al ms alto nivel, cmplices con el poder ejecutivo. Las penas en la realidad dado el tamao de las criminalidades, la misma condicin de encumbradas autoridades, representando una nfima minora de empleados sospechosos o razonablemente acusados, han sido mnimas respecto al dao causado. Los centros de reclusin en los cuales han sido confinados los excepcionales culpables de cuello blanco (ministros, parlamentarios, grandes burcratas y contratistas enchufados), tienen ms relacin con unas vacaciones prolongadas pagas con el mismo nutrido producto de sus ilcitos (pabellones especiales, lujosos clubes de academias militares o la difcilmente verificable confinacin domiciliaria), que con una pena por crmenes tan afectantes de la sociedad colombiana en forma de diversas categoras de genocidios, homicidios, terrorismo de estado, ostensibles latrocinios, etc. He aqu un engao ms a manera de acto de justicia.

Luego de lo sucintamente relatado, podemos concluir algo distinto a lo que pensaba Teodoro Roosevelt sobre esta casta colombiana?

Lecturas.

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1930 a 1982. Orden y Violencia. Evolucin Socio Poltica de Colombia Entre 1930 y 1953. Daniel Pcaut. Editorial norma. Bogot 2001; El Jefe Supremo. Rojas Pinilla en la Violencia y en el Poder. Silvia Galvis, Alberto Donadio. Hombre Nuevo Editores-Planeta. Medelln 1998; El Uilargo. La Corrupcin en el Rgimen de Rojas Pinilla. Alberto Donadio. Hombre nuevo Editores. Medelln 2003; Colombia Nazi 1939-1945. Silvia Galvis, Alberto Donado. Editorial Planeta. Bogot 1986; Violencia en Colombia. Gonzalo Guzmn Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaa Luna. Tomo I. Carlos Valencia Editores. Bogot 1980; El Fraude en la Eleccin de Pastrana Borrero. Carlos Augusto Noriega. Editorial Oveja Negra. Santaf de Bogot 1998; La Noche en que Lleras Restrepo Reconoci el Triunfo de Rojas Pinilla (Parte II). Jorge Tllez; Crnica de Dos Dcadas de Poltica Colombiana. 1968-1988. Daniel Pcaut. Siglo XXI Editores. Bogot 1988. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/noche-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pin-articulo-417288; http://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-crimen-de-la-santamaria/ http://www.semana.com/nacion/articulo/fallo-sobre-una-masacre/692-3

1982 al presente. El Palacio Sin Mscara. Germn Castro Caicedo. Editorial Planeta. Bogot 2008; 50 Das Que Cambiaron la Historia de Colombia. Mauricio Archila Neira. Paneta- Semana. Bogot 2005; Los Testimonios que Hunden a Santofimio. Gonzalo Guilln. cono Editorial Limitada. Bogot 2011; Un Pas de Cafres. Antologa de la Corrupcin en Colombia. Gonzalo Guilln. Planeta. Santaf de Bogot 1995; Masacre del Aro, Ituang Antioquia 1997. Gonzalo Guillen y Gerardo Reyes. El Nuevo Herald. 26 de abril de 2008; La Presencia Militar de los EE.UU. en Amrica Latina. Telma Luzzani. http://www.vocesenelfenix.com/content/la-presencia-militar-de-estados-unidos-en-am%C3%A9rica-latina; Documento desclasificado de la Defense Inteligency Agency Sobre lvaro Uribe. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm; HRW. Falsos positivos. https://www.hrw.org/es/report/2015/06/23/el-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos/evidencias-de-responsabilidad-de
Genocidio Wayu
. El Ro que se robaron. El exterminio de la Nacin Indgena Wayu http://cinemateca.univalle.edu.co/index.php/2015/06/01/el-rio-que-se-robaron-el-exterminio-de-la-nacion-indigenea-wayuu/; http://www.elespectador.com/noticias/nacional/somos-desplazados-de-necesidad-no-del-fusil-articulo-577584; http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4913:2013-06-10-10-33-13&catid=91:multinacionales&Itemid=423

Metro. El Metro de Medelln: Historia de una Perfecta Planificacin para Esquilmar al Pas. Jos Alvear Sann. Deslinde No 28. Abril-junio 2001; El Negocio del Metro (experiencia para Bogot). Jos Alvear Sann. Medelln 1990; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-380497; http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mordida-de-los-albertos/29086-3; http://actualidad.economiabasadaenrecursos.co/felipe-gonzalez-se-va-a-colombia-nacionalizado-con-sus-amigos-narcopoliticos-una-comision-de-19-millones/; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1592206

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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