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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-08-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (9)
Culpables inocentes, amnista e indulto

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


Como ya est expuesto, la amnista y el indulto componen un binomio fundamental, un doble instrumento de la misma fuente y tensin filosfica, que es crucial como paso hacia atrs, para no caer en el abismo del sometimiento. Su discusin es de las ms importantes en la formulacin de una coherente superacin poltico-jurdica del conflicto armado desde una perspectiva de reversibilidad que le atae al Estado. Su tratamiento entonces en el proceso de paz se hace ineludible, viendo en qu tiempo y con qu alcances se adoptan.

Aunque a la vista de otros parezca prematuro o deba hablarse slo al final de la oferta de subordinacin, sobre qu delitos cubren (razn objetiva y general) y quines seran sus beneficiarios (factor personal o subjetivo), una correcta posicin tica, jurdica y poltica es reivindicar que su tiempo lleg; que es ya mismo y no ms tarde; que es ahora cuando debe discutirse con transparencia hacia el pas sobre las caractersticas y dimensiones que debern tener la amnista y el indulto en este pretendido cierre de la confrontacin.

Dicho debate es multifactico por las cuestiones que deben estudiarse y encajarse jurdicamente a partir de realidades en el vaivn de una polarizacin de las opiniones polticas, que en el caso colombiano en gran medida se han incubado o inducido estratgicamente desde un poderoso sector de derecha y sus medios de comunicacin de masas.

Interesadamente en sus ncleos, y no siempre en los ms reaccionarios, se crea y defiende de manera subrepticia una radical contradiccin: exonerar de responsabilidades por los hechos del terrorismo de Estado o la guerra sucia que impuls el Establecimiento, o sea seguir burlando el mandato de su propia institucionalidad deshaciendo ataduras en la tramoya de la legalidad santanderista que arrastra el pas por casi dos siglos, y por otro lado alegar la necesidad y supremaca de esa juridicidad en ese sentido sacralizada, en busca de toda la dureza penal posible contra el enemigo subversivo, aplicndole reglas de castigo por haberse atrevido a desconocer la legitimidad de dicho orden.

Es en ese campo de verdaderos clculos de conveniencia o de perfidia, donde se explica actualmente la lgica de la negativa de concebir y aplicar una amplia ley de amnista e indulto. Se aduce que si eso se llegara a hacer, se dejara en la impunidad a los rebeldes, por delitos que no son polticos ni conexos. Siendo en realidad muy fcil salvar ese obstculo plantando unas claras excepciones, en las que estara adems de acuerdo plenamente la insurgencia, pues a ella se le deber consultar, como seran los actos atroces que se oponen a la propia entidad moral de la rebelin, derecho ste del que cada alzado en armas es sujeto constituyente y regulado, as como su organizacin. La violencia sexual, la tortura o el enriquecimiento personal, por ejemplo, que no hayan sido sancionados por las propias normas insurgentes, seguro que debern ser acciones que la guerrilla misma rechaza puedan ser beneficiadas en cualquier norma de amnista o de indulto.

Pero la razn que no se aduce pblicamente o con nitidez por el Establecimiento, relativa al rechazo de la amnista y del indulto, tiene que ver en realidad con una operacin histrica y poltica no contada: que si se gestan, como debe ser, supone por el Estado reconocer derechos que son solamente predicables respecto de un actor en el arco ideolgico, viables slo para opositores, o sea recursos de los que no van a poder gozar naturalmente los responsables de crmenes de Estado ni sus aliados. No hay simetra posible. Es un sustancial reflejo jurdico de una distinta esencia moral.

La amnista y el indulto seran slo aplicables para dos grupos de personas y dos clases de lucha: para quienes cometieron actos inmersos en el derecho de la rebelin, orgnicamente tales en tanto derivados del levantamiento armado o accionar poltico-militar de las guerrillas (FARC-EP y ELN) en esta guerra irregular que libraron o todava libran, y para quienes no siendo guerrilleros puedan identificarse o ser catalogados como sujetos afectados en una casustica cuya base es el sealamiento, procesamiento y juicio que el Estado ha configurado para reprimirles de hecho y de derecho.

En esta ltima categora estn las personas acusadas de ser combatientes, pero que no son tales y a las que la insurgencia no incorporar en sus listas como militantes suyos, pues sera admitir la impudicia de la justicia oficial del adversario, faltar a la verdad y re-victimizarles individual, familiar y colectivamente: sus ncleos de vida, estudio o trabajo se veran todava ms afectados o amenazados. Estn en esa franja intelectuales como el compaero profesor Miguel ngel Beltrn, los miembros de Marcha Patritica como Huber Ballesteros, el caso de la compaera sociloga Liliani Obando o las trece personas vinculadas al Congreso de los Pueblos detenidas el pasado mes de junio. Hay tambin expedientes abiertos contra estudiantes y sindicalistas, en los que obran manipulaciones y violaciones de su derecho a la defensa.

En el proceso ya sealado de Miguel ngel, salta a la vista que es vctima distinguida en una reedicin del secuestro del que fue objeto en Mxico en el perodo de Uribe Vlez, prolongado ahora en una prisin por un aberrante montaje judicial. Como l, estn campesinos mandados a las crceles por auxiliar a la rebelin: por haber dado un plato de comida, por habitar en zonas de control insurgente, por no dar una informacin a una patrulla militar o por permitir pernoctar a una guerrillera. Estn quienes han quedado registrados de por vida como autores de delitos comunes, habiendo sido encausados realmente por motivos del conflicto social, poltico y armado. Estn presos y han sido injustamente denigrados en investigaciones sin garantas o ya sentenciados.

Sean insurgentes o no, el comn denominador de esos dos grupos en general es que pesa sobre ellos una consideracin ideolgica construida y plasmada a travs de diversos mecanismos que el Estado colombiano en su conjunto ha implementado: ms all del rtulo de infractores de la ley penal, con armas o sin ellas, los ha calificado a unos y a otros de enemigos polticos, porque existe realmente una amplia conjuncin terica desde hace medio siglo, actualizada en tanto se mimetiza, y un funcionamiento adaptado, cuyos resultados son la eliminacin o neutralizacin de estos adversarios incmodos, y de las organizaciones ligadas a unas expresiones histricas de resistencia o disidencia que han luchado por derechos sociales, econmicos, culturales, polticos, territoriales, ambientales y colectivos de los pueblos. Es una de las pruebas de que hay una doctrina de seguridad macartista que est plenamente vigente.

Si la amnista o el indulto caben para quienes han ejercido la rebelin conscientemente en acciones de fuerza, y los nombres de sus beneficiarios dependern en parte de la definicin legal de actos incluidos en su horizonte, es absurdo entonces que, por no pertenecer en verdad a la insurgencia, quienes resulten investigados o enjuiciados por algn caso en ese universo de la resistencia o por infracciones comunes ligadas, permanezcan en la mira y en los circuitos de represin o castigo legal. Resulta injusto que no puedan verse favorecidos por medidas, incluso bautizadas con diferentes ttulos, que en la prctica surtan los mismos efectos de cesacin o renuncia definitiva del proceso o de la condena, anulando las negativas consecuencias que se desprenden tras el sufrimiento ya padecido y reparando por ellas.

Al respecto debe aclararse que la insurgencia no tiene la obligacin de incriminarse, sino el derecho de no hacerlo, y que es el Estado el actor que tiene la carga de la prueba de (s)indicacin; es la parte que debe presentar evidencias conforme a la enunciacin del cargo penal, para lo cual adicionalmente deber fijarse un trmino temporal perentorio para recopilar reportes o noticia con cualquier contenido penal, a partir del cual objetivamente y erga omnes debe cesar toda accin persecutoria contra cualquiera por delitos polticos o conexos. Tras ese paso, complementar el procedimiento la certificacin vinculante y orgnica que emita la guerrilla misma, comprobando, corrigiendo, reduciendo o aumentando las listas presentadas por el Estado. Es en ese cotejo y resultado de nombres, de nombres de personas y no de cosas, donde aparecern, o no, referencias de quienes son sealados como subversivos y no hacen parte de las organizaciones poltico-militares insurgentes.

A eso se le llama, dentro de varias formas posibles, falsos positivos judiciales.

Frente a los, al menos, cinco mil falsos positivos extrajudiciales, o sea el asesinato o masacre de pobladores para ser presentados como guerrilleros a varios efectos abominables (recompensas, permisos, ascensos, etc.), el Estado ha exonerado a las altas cpulas civiles y militares, como si no fuera un problema de instrucciones o necesidades que estim desarrollar en paralelo el Establecimiento para vencer en su guerra sucia estratgica, triunfo del que hoy se ufanan personajes como el ex ministro Pinzn, actual embajador en USA.

Quiz refirindose al uribismo, el Presidente Santos en su disertacin de la semana pasada sobre justicia transicional (Cartagena, agosto 13 de 2015), expres que ...mucho menos se puede acusar a la Justicia de servir de instrumento para una pretendida persecucin poltica a algn sector de la oposicin (...) Los jueces y el Ejecutivo NO nos aliamos para perseguir a nadie (http://wp.presidencia.gov.co / Encuentro-Jurisdiccion-Ordinaria-Justicia-Transicion-Paz-Posconflicto).

No se trata de las artimaas de patrn Uribe sobre la judicializacin de los colaboradores del gran capo. Se trata de la realidad que el Gobierno debe encarar ahora mismo, del problema de la responsabilidad del conjunto del Estado por los falsos positivos judiciales, cuyo trasfondo no cuenta en sus libretos por falta de voluntad. En absoluto se asume: no hay un reconocimiento de la injusta afectacin causada por aparatos revestidos de autoridad judicial que actan en coordinacin con las fuerzas armadas y otras esferas estatales, adems de agencias paraestatales y empresariales.

Ha sido esa la lnea histrica de tirar la piedra y esconder la mano, la irresponsabilidad del que manda apuntar resguardado en la divisin de poderes pblicos, lo que hoy debe quebrarse, pues no es posible rehuir de la cuestin. No revolverla surcando en el negacionismo, no dando solucin a este grave fenmeno teniendo la facultad de correctivos, es sembrar de minas un post-acuerdo.

No solamente debe verse cuantitativamente, o sea contando los cientos de casos de personas perjudicadas seriamente, sino verse cualitativamente, comprendiendo lo que registra esa intencionalidad de persecucin, pues se trata de la semilla y de la potencia de la criminalizacin del pensamiento crtico y de luchas sociales, polticas, sindicales, estudiantiles, campesinas, tnicas, de diferentes sectores de la poblacin en general, que en medio de una alegada solucin poltica negociada del conflicto armado, y en la tendencia, estn quedando expuestos y sin amparo ante campaas de judicializacin.

Tal asunto de los falsos positivos judiciales no es la variable accidental de un juez o de un fiscal que presenta cargos impropios contra un determinado activista de verdadera oposicin o contra cualquier ciudadano tildado de guerrillero, sino que se nos representa como la funcin armonizada de un sistema de poder que articuladamente entrev teatros de confrontacin poltica y social, y frente a necesidades de subordinacin anticipa respuestas. Para ello traza y conforma leyes represivas, como la de seguridad ciudadana, las aplica y direcciona, concibe acciones de inteligencia para armar hiptesis de peligro, sobre las cuales rganos oficiales deciden actuar como actan: dando rdenes de persecucin a fin de paralizar las expresiones sustantivas civiles y populares que dan o pueden dar futuro sustento social a una agenda de dilogos e infundir terror en ellas para dispersarlas y acabarlas.

Con ello, podra llegarse a un escenario paradjico: de un lado la libertad merecida de guerrilleros y guerrilleras, presos polticos y prisioneros de guerra, que en tanto responsables de delitos polticos y conexos deberan ya mismo estar fuera de las crceles; y del otro la postergacin de una solucin justa a lo que es un secreto a mil voces: el procesamiento o la condena de inocentes, como Miguel ngel Beltrn. Cuyo nombre, como el de centenares de personas en Colombia, no aparecern en listas de integrantes presentadas por la guerrilla.

Es urgente entonces ante la desidia o indolencia estatal, tomar conciencia y tomar decisiones conforme a esa realidad de injusticia, que no es nueva en casi nada, pues la historia del conflicto colombiano est cargada de miles y miles de hechos de criminalizacin de un enemigo interno, considerado tal no por hacer uso convencido y rebelde de las armas, sino por pensar, organizar, concienciar, movilizar, educar, investigar, disentir, por objetar en conciencia, denunciar, por no callar, por callar, por indignarse y actuar, por ser resistente...

No se refiere esa categora a quienes en otros pases como Venezuela o Cuba se denominan presos polticos y son en realidad fichajes o tteres de estrategias de desestabilizacin orientadas por centros de poder contra esas sociedades y procesos de construccin de alternativas soberanas fuera del control hegemnico.

Si hoy en Colombia por mltiples motivos es escasa la fuerza con la que pueda hacerse sentir un movimiento social en pro de una amnista general, como la ha habido en otros procesos polticos, una amnista de la que se beneficien combatientes y no combatientes, o lograrse un indulto tanto para culpables de haberse levantado en armas como inocentes (perdonar a un inocente es, al menos, anti-tcnico desde la razn penal, y perdonar a quien ha ejercido el derecho superior de la rebelin es, cuando menos, equvoco [es decir deber explicarse qu se perdona, por qu y a efectos de qu]), no queda ms camino, ahora mismo, mientras social y polticamente se logra concebir e impulsar una amplia convergencia por la amnista y el indulto, que stos instrumentos sean enarbolados slidamente en nexo con medidas homologables para las vctimas de los falsos positivos, donde tiene eco el planteamiento por la propia dialctica a examen: en las Mesas de conversaciones.

La insurgencia, ah y ahora, no puede por elemental responsabilidad eludir esta cuestin, como s la desecha la derecha en el Estado, mirando para otro lado.

Es preciso que la amnista y el indulto -y formulaciones materialmente semejantes en la raz objetiva de la acusacin poltica y no slo jurdica contra ese conglomerado de enemigos a los que unira el altruismo del cambio social (la rebelin histrica)-, se formulen ampliamente por las guerrillas, con alcances generales, sin condiciones inicuas, no slo para s, no slo para sus militantes o filas, sino, con miras ms histricas en una comprensin no slo epistemolgica sino tico-poltica, generando condiciones para que otros que no son combatientes, y que estn bajo investigacin y castigo en razn del conflicto, tengan con independencia cmo decir de s y obtengan su libertad y seguridad jurdica.

No se tratara de suplantar su voz sino de ayudar a que se escuche a esa inmensa humanidad que hoy est aprisionada y prisionera tras los barrotes o que debe mantenerse fuera del pas o en la clandestinidad, por temor a ser apresada, existiendo cientos de rdenes de captura o procesos que se estn preparando o duermen latentes contra acadmicos, contra dirigentes, estudiantes, sindicalistas y activistas sociales y polticos.

Es elemental que no puede discriminarse a ese heterogneo grupo humano que ha resultado objeto y sujeto de persecucin, ya por circunstancias aleatorias o ya por convicciones mantenidas de avanzar en la transformacin social, cultural y poltica.

Hablamos en sentido amplio de los presos polticos, bien sea de conciencia, bien sea por razones de seguridad, ya sea por contingencias de inculpaciones por informes, pruebas y procesos amaados para inflar o tergiversar resultados judiciales, policiales, militares y de inteligencia. Un principio dicta que no puede segregarse y que asiste una igualdad ante la ley.

El Estado, que tiene las herramientas legales, tiene la obligacin de enmendar y de servir garantas de correccin y de no repeticin en este plano. Es el actor que ha causado estas violaciones de derechos. Y la guerrilla, que tiene la palabra, tiene en consecuencia el deber de que se busquen en la negociacin los instrumentos adecuados para que cese la ignominia de los falsos positivos.

Colombia no es Fuente Ovejuna. Ojal lo fuera en parte. Pero la utopa sostiene que tendra que llegar el momento en que un juez deba decir al que se ostenta dirigente con poder de perdonar:

Haciendo averiguacin del cometido delito, una hoja no se ha escrito que sea en comprobacin; porque, conformes a una, con un valeroso pecho, en pidiendo quin lo ha hecho, responden: Fuente Ovejuna / Trescientos he atormentado con no pequeo rigor, y te prometo, seor, que ms que esto no he sacado. Hasta nios de diez aos al potro arrim, y no ha sido posible haberlo inquirido ni por halagos ni engaos. Y pues tan mal se acomoda el poderlo averiguar, o los has de perdonar, o matar la villa toda. Fuente Ovejuna (aparte final del Juez al Rey), Lope de Vega (1613).

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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