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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-09-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (10)
Solucin penal y honor poltico

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


1. Aclaracin

No obstante su diferente punto de partida, hemos intentado en desiguales escritos que convergen, aproximar elementos para una reflexin que se antoja por algunos como demasiado jurdica. Acogiendo esa crtica, sea sta la primera aclaracin: si bien toca con normas expedidas tanto por el Estado colombiano como en el orden internacional, corresponde este ejercicio ineludiblemente a un debate de Derecho. En l, ms all del positivismo jurdico, se trata de procurar un discernimiento sobre la rebelin en sus diversas dimensiones (jurdica, histrica, tico-poltica, armada...).

Si especular sobre la rebelin ya trae y atrae de por s una carga de responsabilidad, es todava ms exigente pensar la rebelin tal y como sta es desangrada y a la vez desangra en la materialidad de un conflicto como el colombiano, uno de los pocos en el mundo donde todava podran recomponerse ejemplos de dignidad rebelde, para que la rebelin como derecho humano no resulte deshonrada, ni por sus autores ni por sus detractores, aunque incluso haya sido o pueda ser vencida.

He escuchado sobre esa inquietud entre insurgentes que saben que lo que se teje en los dilogos de paz no atae slo al pueblo colombiano, sino a la humanidad entera, y al futuro de un legado de los pueblos. Por ello, el predicamento de la coherencia, de los lmites, de los medios, de las explicaciones, de la resistencia moral, supone mirarse y mirar lo que se ha hecho, la razn de ser de acciones, o sea por qu ocurri lo que hoy est en la mesa de la polmica penal. Efectivamente, por tedioso que sea el tema, debemos comprender lo que est detrs de tal o cual categora jurdica que concierne al cuidado del bien comn de la rebelin, bien del que nadie puede desligarse como heredero en tanto la evolucin misma del ser humano y la mejora de las sociedades estn indisolublemente encadenadas a la lucha por condiciones dignas de vida contra las adversas condiciones de muerte y opresin.

Un bien comn por el que, cesada eventualmente la experiencia armada en Colombia, se continuar luchando por mujeres y hombres en otros sitios del planeta donde tal forma resulte justificada. Incluso aunque del Prembulo de la Declaracin Universal de Derechos Humanos (1948) se borrara ese enunciado superior, que se refiere al recurso ltimo al que pueden y deben acudir las comunidades polticas a las que se les sojuzga. Lo que se resuelva en Colombia les ayudar en sus argumentos a rebeldes del maana, o les quitar sustento.

2. Santanderismo

En torno a esto, como un compaero me lo indic, conviene explicar que lo reseado en anterior artculo (Culpables inocentes, amnista e indulto), mencionando la legalidad santanderista (trmino no muy conocido en otras latitudes), hace referencia a esa tendencia de privilegiar el dictado de la ley, la supremaca de la ficcin jurdica, sacrificando en su hoguera las necesidades de la realidad poltica. Tiene que ver con la nefasta herencia de Santander, hombre de las leyes al servicio de unas castas, contra Simn Bolvar, hombre de la utopa de liberacin de nuestros pueblos.

Tal contradiccin adquiere hoy relevancia, est vigente, cuando hay quienes en Colombia emulan la pose de Hegel que resume en parte su pensamiento sobre el Derecho y concluyen que si la formulacin terica y autoritaria de un mandato est en oposicin a la realidad, peor para la realidad: que venza el dictado del capricho normativo contra la razn de la evidencia de valor poltico.

3. Las vas jurdicas, en La Habana, tres aos despus

El 26 de agosto de 2015, tres aos despus de la firma del Acuerdo General entre Gobierno y FARC-EP, el Jefe de la Delegacin gubernamental, Dr. Humberto de la Calle, expres que es obligacin elemental del Gobierno prepararse en su organizacin jurdica para cumplir la palabra empeada: hay procedimientos que tenemos que agotar (...) las leyes se hacen como lo ordena la Constitucin. El Gobierno acta en la Mesa para lograr acuerdos. Pero corresponde a sus obligaciones constitucionales y su competencia soberana la bsqueda de los mecanismos para agilizar la adopcin de las leyes que se requieran (...) el Gobierno viene buscando con el Congreso los mejores mecanismos para los desarrollos jurdicos necesarios a fin de cumplir lo que se convenga y hacerlo de la manera ms rpida y eficaz.

Eso no es santanderismo. Es una absoluta verdad de constreimiento constitucional y legal, impecable bajo el predicamento de un Estado de Derecho. Una obvia obligacin, a la que, no obstante, se le puede ir haciendo el quite a su automatismo interno, si existe no slo la contingencia de la creatividad sino el deber de la voluntad.

El mismo da, el comandante de las FARC-EP, Ivn Mrquez, acentuando pblicamente que para implementar los acuerdos de paz se requiere un nuevo proceso constituyente, explicaba adems que para esta organizacin guerrillera ninguna iniciativa trasladada al parlamento es vinculante si previamente no se ha consensuado en La Habana tanto sus contenidos como el mtodo de su tramitacin legislativa. Y agreg: Ello no significa que nos cerremos a utilizar cualquier mecanismo de los actualmente existentes en la Constitucin.

Tal dialctica pone de presente que no slo existe la necesidad de un encaje jurdico, sino que, antes, y sobre todo, existe la eficacia vinculante de un pacto poltico: lo que determinen las partes contendientes que son en ese horizonte partes con capacidad de convenir, de obligarse, de firmar lo que van a cumplir. Si no fuera as, por encima de quienes estn en La Habana deberan estar otros. Estn por eso los plenipotenciarios: con facultades de comprometer sus respectivas estructuras polticas y jurdicas.

Cmo adecue las FARC-EP las decisiones que plasma en acuerdos con su contraparte para cumplirle, es un asunto que atae primero y quiz exclusivamente a las FARC-EP.

Cmo adecue el Gobierno las decisiones que moldea en acuerdos con la guerrilla, es un asunto sobre el cual las FARC-EP ahora mismo quiz tengan poco que opinar, dado que opone una propuesta constituyente frente al corrupto e ineficaz poder constituido, cuyos cauces institucionales suponen, demuestran y reproducen una apabullante lgica de exclusin y descomposicin.

Precisamente, si la idea de una potencia constituyente es la que ordena su planteamiento de salida del conflicto armado, es lgico esperar que, en consecuencia, deba centrarse en esa posibilidad, y con ello en la exigencia de una ruptura del orden vigente (ruptura consensuada y reglada, no revolucionaria, por las condiciones histricas y la correlacin de fuerzas). Quiz por lo mismo no debe distraerse la guerrilla en las comas y comillas del silogismo jurdico ajeno, en cmo internamente se engarza el rgimen y resuelve la filigrana de su problema de incapacidades o capacidades polticas, en cmo se tramitan en el fuero estatal actual cuestiones secundarias. Aunque sea comprensible, sin embargo, que se preocupe en que hoy por lo ya instituido se resguarde lo pactado, en que no se afecten por definiciones institucionales y de ley los contenidos de esos mnimos ya (com)prometidos por el Estado (en el tema agrario, la participacin poltica, la cuestin de las drogas ilcitas y si acaso sobre la Comisin de Esclarecimiento).

El discurso insurgente, hasta ahora, parece apuntar ms a las convergencias instituyentes, que por su propio peso definen otra etapa, la de una transicin verdadera que conlleva asumir transformaciones que en el actual rgimen sus centros de decisin ven como inviables. No por ser socialistas las reivindicaciones de la oposicin, en absoluto, sino porque siendo bsicas reformas liberales, de elemental ajuste y justicia social, progresistas y de modernizacin, son incompatibles con la estructura neo-seorial, representada en el cerrado poder que controlan grupos polticos y empresariales, ligados a redes transnacionales neo-conservadoras y neo-liberales.

A esos grupos en el cuadrante nacional, con los que se negocia y hay que convivir y forjar consensos, hay que forzarlos polticamente a cambiar comprometindose y prestando garantas, sin sustituirles sus costos, ni por ficciones propias, ni por ficciones forneas. Esto, como se ver ms adelante, es central en la recomposicin de mecanismos de justicia, y ms especficamente de la llamada justicia transicional.

4. Fetichismo jurdico y decisin poltica

En las teoras crticas del Derecho es frecuente hallar referencias al proceso explicativo que Marx desencaden al tratar la fetichizacin de la mercanca, con clara extensin a todas las regulaciones que nos limitan o determinan existencialmente en la lgica del capital y sus sistemas.

Tanto al Gobierno o en general al Estado colombiano se le puede culpar de fetichismo jurdico, al aferrarse a las normas existentes como si fueran invariables y autnomas de la poltica, como si ellas por s mismas constituyeran la solucin, la sustancia y la razn justa en el devenir del final del conflicto. A las FARC-EP, por su propuesta persistente de cambio constitucional, le cabra igual cargo, segn una crtica ejercida por gran parte del centro-derecha que defiende el actual orden jurdico, conforme a la cual ya existe una buena Constitucin, y no es necesario cambiarla, con el riesgo adicional de retrocesos sensibles.

Al jurista Carl Schmitt se le asocia con la paternidad del decisionismo, que en la experiencia histrica sirvi de base a la fundamentacin del nacismo frente al liberalismo social, por su afirmacin de que debe superarse el debate racional normativista con la fuerza de resoluciones de quien se ensea como autoridad decisora en situaciones de excepcin.

El Presidente Santos una y otra vez imprime velocidad y fuerza invocando la hora de las decisiones en el proceso de paz. Tal apelacin a esa necesidad de tomar determinaciones drsticas, no puede confundirse como tal con el decisionismo, aunque subsistan rasgos que llamaramos nacional-uribistas en sus polticas. En realidad no es ms que un llamado a que la guerrilla, dice l, elija por dnde quiere ir. Esto expres el 9 de julio de 2015: Por qu digo que estamos en un momento de inflexin? Porque ha llegado el momento de tomar decisiones, ha llegado el momento de las determinaciones. Y se lo hemos dicho a los seores de las Farc: es el momento de las decisiones... Tenemos que tomar decisiones de fondo y de una vez por todas. Definir si hay paz o si seguimos en la guerra.

En el mismo discurso, Santos menciona el derecho de las vctimas a la justicia, que es una obligacin hoy, legal y poltica, nacional e internacional. Porque estamos supeditados a los tratados que hemos firmado, a nuestra propia Constitucin y tambin a la voluntad de nuestro pueblo y a la opinin de la comunidad internacional / Por eso les hemos explicado a las Farc que no puede haber ni va ha haber esas amnistas generales que estn pidiendo. Entre otras cosas, porque no quedara blindada esta negociacin, no quedaran seguros jurdicamente ninguno de sus participantes / La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tumbado todas, todas, todas las amnistas que se han decretado en el continente americano en este ltimo siglo. No hay una sola que hayan dejado en pie... si queremos cerrar este conflicto de por vida tenemos tambin que pasar por el cedazo de la justicia transicional.

Concluye: Y si eso lo entienden los seores de las Farc, habr paz. Si no lo entienden seguiremos en la guerra. Pero es el momento de definir ese tipo de puntos.

Es claramente una argumentacin que ronda la decisin poltica definitiva, de cierre de una etapa e inaugural de otra, y que amaga con acabar el debate de las normas, cuando en realidad fusiona disposicin poltica y disposicin jurdica en un eje excluyente, en el que la (auto)referencia es la poltica de la norma fetiche.

5. Amnista no...

La posicin del Gobierno Santos negando una amnista general, es la misma que mantiene (sin que sea de su competencia tal materia) el Fiscal Eduardo Montealegre, que sentencia una y otra vez en relacin con otra restriccin: Que se olviden las Farc de amnistas incondicionales (Revista Bocas, edicin 43, julio de 2015, pg. 30). Uno y otro hacen referencia a dos necesidades jurdico-polticas referidas a la naturaleza de un instrumento de resolucin como es la amnista: que sea general y que sea incondicional. Es decir sin limitaciones, predicable obviamente de los delitos polticos y conexos. O sea de la rebelin como accionar complejo en la guerra irregular, aplicable en el mismo el derecho internacional humanitario.

El Presidente Santos y el Fiscal desvirtan as un instrumento clave que, al empobrecerse por esas limitaciones, deja de ser tal y slo conserva el nombre, amnista (o indulto), y un alcance adulterado y precario alusivo a un rango y a un sentido poltico que dejan de corresponder a la realidad de la rebelin en la guerra irregular y a una lgica de negociacin, para resultar meramente funcional a una propuesta penal restrictiva que traduce rendicin o sometimiento, en caso de ser aceptada por la insurgencia.

Comentado someramente qu es el santanderismo, as como el fetichismo jurdico y el decisionismo, surge el interrogante sobre cules son las bases en las que fundamenta el Estado colombiano este ultimtum, derivado de la negacin a su contraparte poltica de la presuncin de politicidad y en consecuencia la presuncin de rebelin y conexos, para hacerla como organizacin insurgente beneficiaria de medidas ya previstas constitucional y legalmente de solucin jurdica y poltica como son la amnista y el indulto.

En qu se inspiran entonces para negar a los integrantes del colectivo rebelde el acceso sin cortapisas a dichas medidas? Si no es en la compulsin santanderista ni en el fetichismo jurdico, ni menos an en el decisionismo autoritario, puede pensarse que sea en una inadecuada lectura de los textos jurdicos nacionales e internacionales.

Siendo, como son, altas cabezas de instituciones muy bien informadas, queda el desconcierto, o simplemente la prueba, de que lo afirman y lo sostienen por simple decisin poltica escudadas en razones de Estado, revestida, indudablemente, de un supuesto argumento jurdico: que el derecho internacional lo prohbe.

No es as. Es perfectamente compatible una amnista amplia, general e incondicional, as como un indulto igualmente flexible, para las organizaciones insurgentes, en tanto rebeldes (o sea para el accionar de la rebelin y su complejidad o conexidades en el conflicto armado interno e irregular); es absolutamente compatible, se insiste, con la obligacin, igualmente compartida por las partes hoy sentadas a la Mesa de conversaciones, de esclarecer, reparar y sancionar infracciones graves cometidas por miembros de estos grupos alzados en armas.

No acceder a una amnista e indultos fecundos en tanto concesin a unas organizaciones polticas que dialogan para desembocar en su trnsito sin uso de las armas hacia la vida poltica legal, equivale a presumir de ellas su entidad criminal y no su naturaleza poltico-militar. Como absurdo sera de igual forma dejar de dialogar con el Estado y tratarlo como conjunto en irredimible situacin sub jdice (pendiente de resolucin judicial).

Ninguna disposicin internacional ordena negar la presuncin de politicidad al adversario rebelde; ninguna establece tratar a la contraparte presumiblemente como entidad criminal homologable a una empresa de crimen organizado; ninguna norma internacional prescribe que las amnistas generales o los indultos incondicionales se puedan negar para delitos polticos y conexos; ningn mandato internacional fija la presuncin de culpabilidad de crmenes internacionales de las guerrillas en guerra irregular contra el Estado; ninguna dispone que tiene ms valor la persecucin penal del insurgente que el derecho a la paz.

Por el contrario, no slo disposiciones normativas vinculantes, sino construcciones y orientaciones dadas en el derecho internacional ms progresista, definen principios de presuncin de valor y ejercicios de derecho-s, en torno no slo a la rebelin o a la resistencia como atributos, necesidades y libertades excepcionales, colectivas y personales, sino que en general defienden la presuncin de no culpabilidad o no reproche penal, el cual sobreviene slo cuando se prueba un hecho repudiable, merecedor por lo tanto de castigo en nombre de valores superiores.

En el caso de las y los rebeldes esto debe ser explicado, dado que s asumen ser responsables de su decisin poltica, la cual conlleva por definicin una infraccin penal al orden que combaten.

6. Una vieja pregunta

En alguna ocasin en conversacin con los comandantes del ELN Pablo Beltrn (Maguncia, 1998) y Antonio Garca (Ginebra, 2000), y en otra reciente (2015) con el comandante Jess Santrich de las FARC-EP, una inquietud encarnada en su propio reconocimiento y responsabilidad como luchadores integrantes de organizaciones poltico-militares en ejercicio del derecho a la rebelin, termin por reflejar no slo una cuestin terica sino una viva determinacin tico-poltica a la luz de ciertas consecuencias jurdicas. Los cito por cuanto son ellos quienes sustentaron con sentido del honor que aceptar eventualmente una amnista (olvido) o un indulto (perdn) implica tener que olvidar lo que ellos con decoro desean no se olvide (la lucha rebelde) y ser perdonados por su adversario por algo que ellos no consideran un delito, sino que fue su derecho y su obligacin: alzarse en armas contra estructuras de injusticia.

Tal signo referido a la dignidad u honra, no est en la lnea argumentativa y crtica de El honor del guerrero, el libro de Michael Ignatieff (1998) sobre la moralidad y eficacia relativa de las leyes humanitarias, la guerra tnica y la conciencia moderna, en cuanto que poco o nada tiene que ver con el caso colombiano, sino que cae ms del lado de la reflexin que en 1968 Jacques Vergs realiz sobre la Estrategia judicial en los procesos polticos. Y quiz especficamente con lo que este abogado del FLN de Argelia describe, acerca de cmo los rebeldes atacaban a los tribunales franceses sealndoles que no eran competentes para acusarles, y ms bien acusaban a sus jueces en nombre de otra legalidad (Anagrama, Barcelona, edicin de 2009, pg. 129).

Es una visin y una (sub)versin que antepone a la ecuacin jurdica, una racionalidad rebelde, por lo tanto no sumisa, de no sometimiento, frente a medidas que indudablemente se deberan producir para el desarrollo de unas conversaciones y de acuerdos de paz definitivos.

Ahora bien, efectivamente, en cualquier caso, en el plano tcnico jurdico, en tanto el Estado inici investigaciones por infracciones a su ordenamiento penal o emiti sentencias contra los responsables, puede aminorar efectos o deshacer del todo eso que entreteji con sus cdigos. Para ello, para beneficios penales, mnimos o mximos, en general, tiene a la mano instrumentos sin distinguir el delito y su autor, mediando algunos requisitos. Tanto en la etapa de investigacin como de juicio, y en la fase misma de vigencia de una condena en firme.

Especfica y privativamente, reservado exclusivamente para los rebeldes, en razn de los delitos polticos y conexos, tiene el Estado colombiano a la mano el instrumento de las amnistas y los indultos, como medios amplios que en s mismos traducen la presuncin de politicidad del adversario rebelde, de su organicidad y colectividad.

Como ya hemos explicado, esta realidad jurdica, conforme a la realidad poltico-militar de la insurgencia, es lo que teme reconocer y aplicar el Estado colombiano, pues le espanta tener que dar status de rebeldes de derecho a sus opositores y rodearlos de estas medidas nicas para ellos (en razn de su carcter altruista), sin que lo mismo pueda decirse y hacerse respecto de los agentes propios, pues si perpetradores pertenecientes a cuerpos del Estado o a redes semi-privadas (paramilitares, parapolticos, paraempresarios), llegaran a beneficiarse de alguna medida, lo ser no por rebeldes sino por delincuentes que habrn tenido que cumplir determinadas condiciones.

Es comprensible y respetable lo que expresaron en ese momento los comandantes insurgentes del ELN y las FARC-EP en relacin con su reconocida responsabilidad como delincuentes polticos, que en lugar de eludir un juicio lo buscan desarrollar en el transcurso de la historia, inquietos sobre cmo puede entenderse mal la amnista y el indulto, cuando ellos ni buscan que se olvide por qu lucharon ni otorgan a su enemigo capacidad alguna de perdonarles. Sin embargo, pareciera, no hay otro camino que exigir una amnista y un indulto, evidentemente slo por razones tcnico-jurdicas, en este caso no provenientes de santanderismo alguno, ni del fetichismo legal, sino del pragmatismo de tener que desvanecer el Estado el juicio de reproche que edific por dcadas con su poltica de persecucin penal a su adversario.

Es previsible tambin que si la guerrilla dejara de demandar una amnista amplia o general, as como un indulto incondicional, por los delitos polticos y conexos, olvidando estos mecanismos a los que tiene derecho (ver ms adelante), y olvidando el derecho mismo que les asiste en trminos no slo histricos sino ticos y polticos con vigencia, dejara el camino libre para que la frmula estatal de justicia transicional que se adopte hoy en la Mesa sea la de una perversa simetra (cotejo de responsabilidades para intercambio de impunidades), para poner a todos en el mismo saco. Lo cual contraviene normas del derecho internacional que ordenan al Estado tratar sus crmenes de lesa humanidad y de guerra, los de su responsabilidad, sin acudir a subterfugios. Y obviamente para la guerrilla la obligacin de producir veridiccin, reparar a las vctimas y sancionar congruentemente crmenes graves, sean cometidos por algunos de sus miembros (explicando qu medidas jurdicas tom o prev) o a ttulo de responsabilidad colectiva.

7. Ensayos de ayer

En el caso colombiano, son precisas ciertas referencias a fracasados o exitosos intentos de amnistas o indultos. En la larga historia nacional de aplicacin de tales institutos jurdico-polticos (vase por ejemplo el trabajo de Natalia Castaeda para un registro parcial: http://www.bdigital.unal.edu.co/39944/1/1052380923.2013.pdf), debe tomarse en cuenta esfuerzos de estudio, como el que realizaron hace ms de treinta aos los juristas Eduardo Umaa Luna y Eduardo Umaa Mendoza, en una poca (1982-1985) que puede considerarse la primera oleada y ms coherente (la segunda vendra a finales de los 80 y comienzos de los 90 con la desmovilizacin de algunas guerrillas), que vincula la reivindicacin de la amnista y el indulto, la experiencia de defensa de presos polticos, as como una perspectiva social de los derechos humanos y de los pueblos, en la encrucijada de una negociacin de salida poltica a un conflicto armado que por esos aos apenas cumpla dos dcadas de existencia. Hoy llevamos del mismo ms de medio siglo.

Umaa Luna (en su libro Hacia la Paz? -1985 [Comit de Solidaridad con los Presos Polticos]-, previamente publicado en parte en 1982: La violencia y la paz, ediciones Tercer Mundo, Bogot), quien realiza un anlisis de medidas aplicadas desde los aos cincuenta, resea lo que el entonces comandante del M-19, Jaime Bateman Cay expres en noviembre de 1980, cuando se estaba tramitando una propuesta de ley de amnista: no queremos una amnista de deshonra y de humillacin, porque nosotros no estamos cansados, ni derrotados ni desmoralizados (pg. 75). Efectivamente, la contraprestacin para la amnista condicionada era como tal la rendicin (ley 37 del 23 de marzo de 1981). Por eso fracas ese ensayo y otros con posterioridad, que apuntaron a desconocer la finalidad en la resolucin equilibrada de un conflicto, y la amplitud y generalidad en la propia naturaleza y en el sentido de justicia que una amnista supone.

Cita Umaa al magistrado Carlos Medelln (asesinado en los hechos de la re-toma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985), quien cuatro aos antes (22 de octubre de 1981) sostuvo en el debate del fallo sobre dicha ley, emitido por la entonces Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Al expedirse una ley de amnista, no como gracia que otorga el Congreso sino como acto debido a su responsabilidad institucional, de ella procede un derecho para quienes resulten comprendidos en sus normas, y de ese derecho, sin duda, resultan beneficios para los mismos. Asunto suyo, de su voluntad, es hacer uso de tal derecho, como tambin querer del legislativo que los destinatarios de la ley obtengan el beneficio mediante el uso del derecho que se les concede... La voluntad de las partes para acogerse a ella, o lo que es lo mismo, para ejercitar su derecho, no puede sujetarse a requisitos que en la prctica lo impidan (pg. 98).

Por su parte el excepcional jurista defensor de derechos humanos y presos polticos Eduardo Umaa Mendoza (asesinado por el Estado colombiano en 1998), se refera diecisis aos antes a esa ley 37 de 1981 y al decreto 474 de 1982 que reproduca una amnista que l calificaba de improcedente, porque vuelve a tomar los presos polticos como rehenes condicionados para que la totalidad de los alzados en armas se entreguen (negrilla fuera de texto: ver ms adelante). Explicaba que era injurdica porque no se puede condicionar una accin de extincin penal a terceras personas ajenas totalmente a los procesados que estn juzgando, y que era impoltica, porque una ley de amnista debe ser general, es decir simultnea para todos.... Agregaba: Toda ley de amnista debe ser incondicional, que no genere condiciones onerosas o problemas polticos para los alzados en armas. Y debe ser tambin una amnista total, es decir, con la nueva concepcin de los delitos polticos, de los hechos que engloban la rebelin no una concepcin formal (sic) delitos tpicamente polticos como la rebelin, la sedicin y la asonada excluyendo actos que son propios de la guerra de guerrillas y de la guerra irregular... (Revista Solidaridad, aportes cristianos para la liberacin, Bogot, abril de 1982, pg. 38).

En ese entonces, terminando uno de los gobiernos tildado como de lo ms represores (1978-1982), a la postre, en comparacin, mucho menos que dinmicas de terrorismo de Estado todava ms graves como fue en los perodos de Uribe (2002-2010), el entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala, responda de forma ladina las crticas a la amnista propuesta, explicando que habra un decreto con un procedimiento diferente: porque no vamos a llegar a la amnista misma como la concibe el constituyente, sino a unas formas distintas para producir en algunos casos la extincin de la accin penal (Umaa Luna, cit., pg. 113, citando la entrevista de Turbay en la revista Consigna, en febrero de 1982). As como lo anunci, el decreto 474 mencionado contempl la posibilidad de extinguir la accin penal (artculo 3 y ss.), no haciendo uso del dispositivo de la amnista o del indulto. La guerrilla rechaz esa medida, que buscaba provocar divisin al interior de la insurgencia, y rendicin.

Correspondera hoy, en el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, a la posibilidad de acudir a procedimientos y medios penales ya existentes como la suspensin de la ejecucin de la pena o la terminacin del proceso penal acudiendo al llamado principio de oportunidad (ley 906 de 2004, Cdigo de Procedimiento Penal, art. 321 y ss.). Este problema, aparentemente tcnico-jurdico, va ms all: implica, con las categoras a las que se recurra, un juicio no slo tico-poltico sino histrico. Tiene que ver con las necesidades de reconocimiento y auto-reconocimiento de la insurgencia como actor diferenciado, si esto es o no importante, como tambin tiene que ver con las limitaciones prcticas o normativas que alega el Estado, que por supuesto pueden ser modificadas si existe voluntad.

Al respecto, ya en pasada ocasin me refer al tema sealando que hay quienes abogan para que la guerrilla renuncie a exigir amnistas e indultos como corresponde a ser parte alzada en armas por mviles altruistas contra el statu quo, y acepte beneficios ms prcticos, ms fciles de tramitar, ms expeditos, indistintos y viables, descargados de connotacin poltica, como la renuncia condicionada de la persecucin penal por el principio de oportunidad o lo que equivalga como remedio. Que es lo que podra ser igualmente aplicado a contratistas corruptos, pedfilos, mafiosos, militares, paraempresarios o parapolticos. Es decir, como cuando opera la delacin para rebaja de penas, invitan a que la guerrilla misma sea expeditiva, se acuse, se desdiga y desnaturalice su razn e identidad poltica (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197542: La tal justicia: una trampa moral a las FARC-EP?).

En ese recorrido histrico, Umaa Luna analiz tambin la ley 35 de 1982, del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), la cual fue consentida por una parte de la guerrilla. Cita al poltico y acadmico socialista Gerardo Molina, quien expres en el debate de esa ley que La amnista se concede con amplitud o generalidad, buscando la raz de las perturbaciones sociales y polticas, y tratando de extinguirlas. Si pierde este sentido ya no es amnista (pg. 133).

En dicha ley 35 de 1982 se entendi los delitos polticos y la conexidad, en tanto los delitos comunes hayan sido cometidos para facilitar, procurar, consumar u ocultar la rebelin, la sedicin o la asonada (artculo 2).

En el mismo sentido de esos cuatro verbos, qued aos despus la ley 49 de 1985 de indulto, en cuyo debate intervinieron con una propuesta los polticos comunistas Gilberto Vieira y Hernando Hurtado, que sustentaban una propuesta nacida del IV Foro Nacional de Derechos Humanos (agosto de 1984). Citando al tratadista liberal Carlos Lozano y Lozano, se analiza: Ya expresamos la doctrina cientfica segn la cual los ms variados delitos pueden asumir carcter poltico por virtud del motivo determinante, noble, altruista e inspirado en el servicio pblico que pueda haber animado a la gente / En la prctica es casi imposible encontrar un caso de infraccin poltica, sin acompaamiento o mezcla de delito comn. Para deponer o atacar a las autoridades o para verificar cambios sbitos en la organizacin constitucional hay constantemente que cometer homicidios, heridas, atentados contra la propiedad, etc. Separados de estos hechos los delitos polticos quedaran reducidos a la nada (Umaa Luna, cit. pg. 160).

En ese entonces sobre el indulto el hoy senador del centro-derecha Antonio Navarro Wolf, siendo guerrillero, expres al gobierno: le regalamos el indulto a cambio del estudio de los problemas del pas, sobre una reforma agraria, a los programas de salud y de la educacin, porque a nosotros no nos interesa las mejoras como guerrilleros, nos interesan los problemas del pueblo (sic) (Umaa Luna, cit., pg. 167).

Reseando igualmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (22 de octubre de 1981) y la slida tesis clsica de la IV Conferencia Internacional para la Unificacin del Derecho Penal (Copenhague, 1935) se sostiene que son reputados delitos polticos los delitos comunes que constituyen los medios que ponen en obra los primeros, favorecen su ejecucin o permiten escapar de la sancin penal. No obstante, no sern considerados como delitos polticos aquellos en que el autor est determinado por un motivo egosta o vil (Umaa Luna, cit., pgs. 160 y 161).

Finalmente, Umaa Luna consideraba que dicho indulto muy relativo en su exacta aplicacin, ganaba importancia por otros aspectos, un tanto camuflados (ampliacin de la amnista de 1982 y extensin de los llamados autos inhibitorios) (cit. pg. 181).

Esa senda de remedios camuflados hoy da puede ser andada por las partes, no siendo transparente o franco ante al pas y ante los compromisos de construccin slida de una salida poltica al conflicto armado. Un camino turbio y todava ms riesgoso. Me refiero a la posibilidad de beneficios (puesta en libertad de algunos guerrilleros) que estn a medio camino entre una amnista e indulto, sin que sea reconocido plenamente el delito poltico y la entidad poltica de la insurgencia, de un lado; y del otro la utilizacin poltica con cierta flexibilidad de los mecanismos penales que habilitan a formas de perdn o de renuncia de la persecucin penal, produciendo la puesta en libertad o no penalizacin final de algunos insurgentes.

Las partes, cuando deciden, no solamente pueden tener en la mira objetivos inmediatos, en este caso relacionados con algunos avances o muestras de confianza o desescalamiento en el proceso de paz, que ojal se produzcan, sino que deben prever y tensar sus realidades externas e internas, para comprometerse seriamente con cada paso y no desdecirse ms adelante. En cuanto a la guerrilla es compleja la determinacin coherente en el escenario que debe construir con su adversario, no slo frente a la seguridad jurdica que requiere, sino ante el desafo de quebrar un relato histrico en el que el Estado que mantiene a millones en la miseria, se sigue considerando totalmente legtimo, mientras reanuda sus campaas de calificar a la insurgencia como una empresa criminal.

8. Rehenes de hoy...

En situacin de rehenes, deca Umaa Mendoza, quedaban los presos polticos, a la espera el Estado de que se desmovilizaran las organizaciones alzadas en armas que le confrontan. Opinaba igual Umaa Luna, quien agregaba: Puede llegar a ser la ms peligrosa de las presiones (cit. pg. 105).

Si estamos ante un proceso definido por el propio Estado como un proceso que no es de sometimiento o rendicin, sin vencedores, tratndose de una dinmica entre partes contendientes que han pactado negociar en igualdad con base en una agenda, en materia de justicia es preciso hallar entonces los mecanismos que permitan reflejar ese formal punto de partida.

Bien sabemos que la realidad es distinta. El Estado ya tena y tiene una ventaja considerable que le permite ejercer una presin que puede ser leda desde una racionalidad blica: tiene en su poder miles de guerrilleros y guerrilleras presas, prisioneros de guerra, rehenes de una resultante situacin poltico-militar. Se calcula que ms de cuatro mil. Sin contar las y los que siendo acusadas/os de rebelin o responsables de otros delitos, no son en realidad integrantes de la insurgencia, sino muchos de ellos defensores de derechos humanos, acadmicos, lderes campesinos, dirigentes cvicos, etc.

Para cumplir sus respectivas obligaciones ambas partes deben des-obstruir un camino ya sembrado de monumentales problemticas que invitan al pesimismo. Si la guerrilla no tiene medidas pendientes de ejecutar frente a su enemigo, sino que se ha dispuesto a construir con l un proceso y a dar pasos de humanizacin y desescalamiento, impensables hace no mucho tiempo, no es ilgico esperar que el Estado colombiano tambin desactive medidas intiles y lesivas, como son las disposiciones penales y penitenciarias fundadas en un derecho penal del enemigo, que tiene dirigidas claramente contra su oponente.

Intiles para quien las piensa as, as las resiste y as las supera. Pero para el rgimen son tiles, en tanto, conjugadas con otras herramientas de violencia legal o extralegal, aseguran su victoria.

A qu argumentos o elementos se puede apelar para que el Estado colombiano emprenda medidas colectivas y generales como una amnista o un indulto? A los ejemplos de otras pocas y de otros conflictos? A la historia jurdica colombiana?, tan esquizofrnica como toda nuestra estructura social... A la sensibilidad del pas? cuando el alma nacional es la de un conglomerado donde lo sentido no es expresin de las vivencias del individuo...los pobres con mentalidad de ricos, as -en su realidad- sean los meros cuidanderos de los bienes de otros (Umaa Luna, cit. 19). A los pretritos derroteros morales o a la axiologa de la Ilustracin en el devenir de la institucionalizacin liberal o de democracias burguesas, que en ocasiones se mostraron benvolas con sus adversarios, ms si stos eran de sus propias huestes?

Lo cierto es que aunque existen mecanismos constitucionales y legales como las amnistas (de amnesia: olvido) y los indultos (perdn poltico-penal) para los infractores rebeldes, no se han activado por una cuestin eminentemente de voluntad poltica que depende de un clculo estratgico.

Pueden llegar a aplicarse dichos instrumentos, tomando caminos diversos y proporciones dismiles, bajo una comprensin de cesin trascendental por el Estado, a cambio de algo todava ms trascendental. Quiz esto, per se, supone no reconocer la dignidad del oponente armado y sus derechos, por lo menos no en el momento actual, sino desmembrar stos prorrogando ese significado para ms adelante: cuando ya haya declinado l mismo y su organizacin del accionar armado. Es entonces una consideracin de valor que no es tal, en ese sentido una dignidad sujeta a no poder ser asumida, o a ser tan despreciada como estafada. A ese enemigo se le aplican medidas de favorabilidad en tanto deje de serlo y se reconozca a s mismo, y se le trate por otros, como criminal, como parte doblegada y vencida en el terreno militar, poltico y judicial.

Es ah donde hallamos el actual problema que no es secundario sino que hace parte del ncleo ms delicado y crucial, a la vez ms pblico y ms ntimo, al momento de verse ineludiblemente el tema de la aplicacin de disposiciones jurdicas para continuar (en la visin insurgente, quiz) o para terminar la negociacin (en la segura visin estatal).

Hemos insistido que hay ya una contradiccin grave, en la medida que el Estado en este tema se olvid que existe una negociacin y se inclina en el tema judicial por una lgica de venganza y amenaza; mientras por el lado de la guerrilla mantiene sta un sentido propio de dignidad, de decoro, al que ya hemos hecho referencia, exigiendo no slo ser beneficiaria como tal de amplias y generales medidas jurdicas (amnista e indulto) que efectivamente son importantes para asegurar el proceso, pues reconocen el trasfondo de los delitos polticos y dan relativa seguridad jurdica, sino que, a cambio de sta, no se le busque humillar, no se le enrostre una supuesta y publicitada derrota.

Es lgico que as lo entienda y as se defienda por la guerrilla, pues no siendo ciertamente vencida, sino desarrollando todava con control un proyecto poltico-militar y de presencia en sus bases sociales y territorios, debe ser visto como elemental requisito en todo el recorrido de un proceso de paz, que no se le sojuzgue o aplaste ni material ni simblicamente, como est pasando con el cerco y el ensaamiento meditico y poltico pidiendo punicin para las comandancias, a fin de inhabilitarlas en los escenarios futuros.

Cuando el Estado aplica determinados instrumentos jurdicos de favorabilidad al autor de alguna infraccin, debe producir una argumentacin concordante desde la cual explica qu delito se beneficia, con qu condiciones, por qu y a efectos de qu. No es lo mismo surtir una medida que beneficie a un violador de menores que a un conductor ebrio o a un insurgente. Estas diferencias slo es posible comprenderlas con una aproximacin analtica, bien por mera capacidad u obligacin acadmica o por bsica necesidad de discernir en las funciones y esferas polticas y judiciales.

Hay que recordar en esta materia que existe y se ha venido desarrollando con fuerza un gran nmero de subrogados penales, de medidas que no son ni amnistas ni indultos; unos medios relacionados con esas facultades del Estado, como la suspensin condicional de la ejecucin de las penas privativas de la libertad. Mecanismo ste que se puede aplicar tanto a un banquero delincuente de cuello blanco, como al acusado de rebelin. Su puesta en prctica no hace distincin.

Y es precisamente esa distincin no slo doctrinal sino poltica y moral la que hay que introducir con claridad, desde ahora y de manera congruente, en atencin a los rasgos propios de las organizaciones insurgentes, de sus luchas polticas por razones altruistas, como de hecho y de derecho se reconocen, y de lo que proyectan al asumir el valor de las mismas con todas sus consecuencias, en atencin a su opcin poltica, ideolgica y tica que hace referencia al sentido superior del delito poltico, como lo sustentan ahora mismo las FARC-EP y el ELN en la construccin misma de una solucin poltica a la confrontacin blica.

El Estado colombiano, en el arco de la llamada poltica anti-terrorista desplegada desde los aos 80, y con mayor fuerza desde el 2001, a nivel global y bajo la tutela de centros como los EE.UU. y de teoras jurdicas avaladas en Europa, ha apuntado tradicionalmente a negar la naturaleza de los delitos polticos, las causas del alzamiento, tratando a los luchadores revolucionarios como terroristas o delincuentes comunes, y por eso prefiere, en el sendero de esa estrategia de no reconocer al rebelde, de mostrarlo como simple delincuente peligroso para la sociedad y de despolitizar el conflicto, favorecerlo una vez deponga sus ideales, preste colaboracin eficaz, delate y afirme estar en un desplome existencial.

Ah s, si acaso, en ese ocaso poltico, se le pueden aplicar, para su situacin jurdica individual, no los mecanismos tradicionales que se reconocan y que estn vigentes para el delito poltico y conexos, o sea la amnista y el indulto generales en relacin con organizaciones insurgentes y sus actuaciones rebeldes, sino una serie de herramientas para actores por fuera de la ley, sean paramilitares o guerrilleros, es decir herramientas uniformes, indistintas, tcnicas, discrecionales, condicionadas, temporales, parciales, inciertas, despolitizadas, de peso negativo vinculadas a un intercambio: se le aplican a cambio de su sometimiento o desmovilizacin, de que siga una ruta de reintegracin (Artculo 6, numeral 2, ley 1424 de 2010, relativa a disposiciones de justicia transicional, por ejemplo).

El llamado principio de oportunidad y la oferta normativa y poltica de terminacin anticipada del proceso, como encaje jurdico en el procedimiento penal para resolver la situacin del delincuente arrepentido, son expresiones que pueden valer para otra clase de infractores de la ley penal, pero no para las y los insurgentes. Esto se concluye del actual tenor de sus intervenciones pblicas. Caben s, desde hace dcadas, para quienes de forma manifiesta dejen de ser tales, en el sentido moral de la rebelin, y acojan la juridicidad del Estado que antes combatan y las opciones que celebra el statu quo.

Aun con lo espinosa que resulta toda esta cuestin, sta es no slo inteligible sino que admite ver alternativas, siendo preciso pensar o examinar unas proposiciones y unas lneas de actuacin congruentes en el proceso de paz, sin que se acalle el debate ahora mismo absolutamente necesario, sobre cul es la razn de Estado (de Derecho) que se esgrime para mantener como rehenes a miles de mujeres y hombres, y el motivo por los que no se presentan ya mismo por el Gobierno y el Congreso amnistas e indultos generales, que tengan como destinatarios a todos los integrantes de la guerrilla, reconocidos como actores polticos.

Est claro que no se hace mientras no depongan las armas colectivamente y mientras no se asegure una claudicacin que se vea reflejada en la adopcin de una frmula de justicia transicional en la que las comandancias suscriban pactos de nuevos tribunales y mecanismos, y pagars en blanco del que stos harn uso, para ser con posterioridad atomizadas dichas dirigencias, con parte de los mandos cumpliendo penas, mientras otros intentan re-hacer un proyecto poltico ya desaprobado histricamente al ser acusado por el Estado de un considerable nmero de crmenes de lesa humanidad. Mientras las castas polticas y de empresarios que manejaron el poder pblico en favor de un poder privado salen exentas.

As, algunos de los enunciados cambian radicalmente. Pues s estaramos ante una justicia de vencedores sobre vencidos. En medio de la descomposicin de su justicia, como ha quedado patentado en sucesivos casos de corrupcin y felona de altas esferas (ver ms adelante referencia a la Fiscala General y al seor Baltazar Garzn) y a lo largo y ancho de toda su estructura, se habr tenido que pasar (como lo hacen las vctimas del propio terrorismo de Estado pidiendo a los victimarios algo de justicia) por demandar a las instituciones adversas, resolver favorablemente para la insurgencia la situacin de algunos de sus miembros. Ya no aplicando indultos y amnistas, sino otros medios, cayendo por pragmatismo sin salvedad en una validacin moral de la juridicidad y de los trminos jurdicos de la institucionalidad estatal.

Pero otro puede ser el espritu, si se comprende y acompaa el planteamiento de que se trata llanamente hoy de demandar del Estado que desembroce el camino, retirando los obstculos que su poltica ha interpuesto. En primer lugar, ya mismo, reconociendo el delito poltico, recuperando legalmente de forma difana su aplicacin, con las conexidades y el alcance complejo que supone. En segundo lugar o de forma paralela, abandonando dicha confusin intencional con delitos comunes, trazando ya el dispositivo conforme al carcter mltiple o heterogneo de la rebelin, para decidir e implementar las medidas propias de amnista e indulto generales. Es el Estado el que puede y debe desatar lo que at. Esta no es una facultad de la insurgencia, no est en su campo de capacidades, pues hablamos de la juridicidad estatal, que es la que entr en dicha contradiccin y la cultiv. A la guerrilla le corresponden otra clase de obligaciones. Esta no.

Cuando hablamos de amnista e indulto para los guerrilleros y guerrilleras, hablamos no de un favor, sino de un derecho que les asiste, que deviene de la ndole reconocida del delito poltico como ejercicio del derecho a la rebelin, en la ms amplia teora penal liberal-social de un humanismo que busca cesar violencias y recobrar tambin legitimidad para un sistema que se postula incluyente. Contrario sensu, es al Estado al que corresponde aplicar lo que adeuda, en consonancia con la categora de la rebelin que desvirtu empleando la perfidia del terrorismo; est en mora por lo tanto de reconocer a su oponente como es, en el camino de la construccin de un Acuerdo final de paz en el que dicho Estado, transformado en ese trnsito, se propone desarrollar nuevos consensos.

Aspirar a esas medidas, exigirlas, no significa en absoluto entrar en la repudiable lgica de un canje de impunidades. Nada de esto se puede prestar a confusin. Cuando hablamos de medidas de amnista e indulto, lo son para los delitos polticos, la rebelin y todos sus conexos, no para otro tipo de delitos (ni para una violacin o acceso carnal violento, ni para torturas, ni para nada que no tenga que ver con los objetivos y medios de la rebelin). Por lo mismo, si no se le puede aplicar a un insurgente por actos que no son conexos, mucho menos, nunca, se le deben aplicar a quienes no estn incursos en delitos polticos sino que son responsables de otro tipo de hechos.

Sabemos bien que los mtodos de perversin de muchos Estados y sus normas, as como modelos de la denominada justicia transicional, han acomodado o acoplado de manera tergiversada amnistas e indultos en procesos de trnsito poltico de regmenes o conflictos, sean o no rebeldes los beneficiarios de esas medidas. Lo que ha ocurrido, en la inmensa mayora de esas experiencias, es que esos mismos Estados legisladores y transgresores de su ley y del derecho internacional, decretaron y usaron para s mismos esos instrumentos, que estaban reservados exclusivamente para los insurgentes u opositores, no para los agentes e instituciones represivas que tales Estados formaron para la guerra sucia. Por eso, ello no fue en estricto sentido una amnista, sino una auto-amnista. Ese dato protuberante lo olvid el Presidente Santos en su discurso del 9 de julio de 2015 (atrs citado), cuando se refiri a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tumbado todas, todas, todas las amnistas que se han decretado en el continente americano en este ltimo siglo. Esto no es exacto. Hay que hablar de las auto-amnistas. Y de la pudricin que suponen.

Por eso, debe ser radical la distincin. Si el Estado va a aplicar medidas de favorabilidad para sus propios agentes o para sus aliados paramilitares, como ya lo ha hecho y lo prepara por diferentes vas, dichas medidas de inmunidad, impunidad o alternatividad penal, deben ser nombradas, independientemente de su xito, de acuerdo al sujeto, a sus caractersticas, a sus articulaciones, a sus organizaciones y estrategia, o sea sin confundirse en absoluto con el delito poltico o la rebelin, como lo pretendi hacer Uribe Vlez hace unos aos al pretender que los paramilitares fueran declarados sediciosos.

Y nunca deberan ser tratadas esas medidas de auto-beneficio como contrapartida, como la otra parte de la balanza. Es perversa la simetra establecida con la idea de que hay que dar a ambos demonios el mismo trato; que hay que hacer o compensar para una parte estatal o paraestatal, ofreciendo lo mismo o ms de lo que se le otorgue a la guerrilla, sea sta destinataria nominalmente de amnistas o indultos o de otras medidas bajo otras denominaciones. Si eso no es detectado y recusado, puede quedar dicha operacin como un intercambio de impunidades. Y no es as.

Pues cuando se aplican medidas de amnista o indulto a los rebeldes, o si hubiera lugar para otra figura nueva consensuada que se conciba en la Mesa de conversaciones, no lo es en trminos de impunidad, sino como derivacin de una solucin de transparencia, esclarecimiento y justicia (o sea, todo lo contrario a la impunidad), pues se parte del reconocimiento del delito poltico, es decir per se del reconocimiento de hechos y de responsabilidades en el contexto del conflicto generado que se pretende acabar; no es su negacin ni el negacionismo, ni por el Estado, ni menos por la guerrilla, que, al contrario, y es lgico que as sea, se demuestra no arrepentida de la lucha abanderada. Hablamos de infractores a una ley penal (la de su enemigo, no la propia), por necesidad y convencimiento. Ese es el delincuente poltico: el que orienta valores de lucha sin avergonzarse de ella.

Por eso la amnista no es para los-as rebeldes en ningn momento amnesia. Es todo lo contrario en un itinerario de reconstruccin moral: memorias de sus luchas, y, ms all del predicamento personal e inmediato, el no olvido de las luchas y contingencias de las organizaciones insurgentes y populares de ahora y del pasado, producidas en los cursos histricos. De ah que, como parte de su discurso identitario, que le vincula a una demanda de coherencia, reivindica sin vergenza alguna a vencedores y a vencidos del pasado: a un Galn desmembrado y a un Bolvar traicionado. A un Ral Reyes (2008) cado en bombardeos en otro pas, a un Alfonso Cano asesinado una vez puesto en indefensin (2011) y a un Camilo Torres muerto en combate (1966). Recuerdan sus gritos y programas de emancipacin en la sucesin de las gestas de independencia inconclusas, en las que se identifican hoy los insurgentes, en sus palabras, como herederos o continuadores de esas bregas.

Esa memoria colectiva e histrica, no puede significar, por definicin, ni olvido de los yerros propios de la rebelin en los sucesos que haya que mantener como consciencia y lucidez de lo que nunca debi acontecer en el conflicto, an en las peores circunstancias de presin; ni olvido alguno de las prcticas de violencia sistemtica del terrorismo de Estado: lo que nunca ms debe volver a pasar tras un Estado que d garantas de ello. En esto est cifrada la no repeticin histrica. Por eso la guerrilla podra dejar de serlo, como lo busca, pasando como movimiento social y poltico a una lucha ya no armada; y el Estado debe emprender fehacientemente, en esa recomposicin de estructuras y voluntades que supone un proceso de paz, las urgentes reformas necesarias, a fondo, para que sus propios crmenes nunca ms vuelvan a ocurrir. Por eso debe verdad, justicia, reparacin y cambios institucionales sustantivos.

Dicha amnista que no se opone a la memoria sino que la recobra (de la mano del indulto como una categora tcnica que no implica autoridad moral para perdonar), deben ser por eso nica y exclusivamente las piezas de un binomio orientado a la insurgencia atendiendo la razn de la rebelin. Ni puede aplicarse a delitos no polticos o conexos cometidos por insurgentes (de nuevo cito: el enriquecimiento personal, por ejemplo), ni debe aplicarse a actores contrainsurgentes en el conflicto, que, si llegaran a gozar de algn tipo de rebaja de pena o medida de atenuacin, insisto, debe ser a cambio de ofrecer toda la verdad posible y contrastable sobre las rdenes superiores en la cadena de crmenes planeados y ejecutados, adems de reparar y prestar garantas de no repeticin.

9. Colonizacin o dignidad

Uno de los asesores internacionales de Uribe Vlez y actualmente del Gobierno Santos en el proceso de paz es el ex guerrillero salvadoreo Joaqun Villalobos, acusado de ser uno de los asesinos del gran poeta revolucionario Roque Dalton. Sin saber bien si de igual modo dirige opiniones sobre la vergonzosa situacin de El Salvador, sobre el caso colombiano ha escrito recientemente (31 de agosto de 2015) que: A diferencia de la mayora de guerrillas latinoamericanas, que luchaban por vencer o moran en el intento, las Farc y el Eln hicieron de las armas, la coca y la vida rural su razn de ser. Son insurgencias estratgicamente perezosas, con escasa vocacin de poder, con una visin infinita del tiempo y un sentido religioso, conspirativo y paranoico de la poltica (http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-la-impopular-negociacion-prolongada-de-las-farc/16320096).

En realidad lo cito, no por polemizar sobre una exange calificacin que l hace, sobre la cual si valiera la pena - y valiera la pena el interlocutor - responder la misma guerrilla colombiana, sino por el trmino que usa patticamente Villalobos, sea o no metafrico, para referirse con supuesta autoridad tica y acadmica a un vector histrico: pereza.

Vale la pena releer apenas un fragmento de la crtica que el escritor, psiquiatra y filsofo francs y argelino Franz Fanon hiciera a quienes igualmente acudieron en la teora oficial contrainsurgente y colonial al expediente de la pereza para descalificar la rebelin. Deca en primer lugar que el colonialismo no ha hecho sino despersonalizar al colonizado. Cuntas veces, en Pars o en Aix, en Argel o en Basse-Terre hemos visto a algunos colonizados protestar con violencia de la supuesta pereza del negro, del argelino, del vietnamita (...).

Fanon controvierte el hallazgo de investigadores muy cuestionados, uno de ellos John Carothers (1954, experto de la OMS), algo as como un oxfordiano Villalobos tras su paso por Oxford, quien sostena que la disposicin de las estructuras cerebrales del norafricano explica a la vez la pereza del indgena, su incapacidad intelectual y social y su impulsividad cuasianimal... La no integracin de los lbulos frontales en la dinmica cerebral explica la pereza, los crmenes, los robos, las violaciones, la mentira.

Explicaba Fanon que Carothers estableca as que el africano normal es un europeo lobotomizado... Segn el doctor Carothers, la similitud existente entre el indgena africano normal y el lobotomizado europeo es notable... Carothers defina la rebelin de los Mau-Mau como la expresin de un complejo inconsciente de frustracin, cuya repeticin podra evitarse cientficamente mediante adaptaciones psicolgicas espectaculares(Los Condenados de la Tierra, Franz Fanon -1961-, Fondo de Cultura Econmica, Buenos Aires, 2007, pgs. 271, 272, 280 y 281).

En realidad esta referencia hecha a Villalobos y su soltura, tiene que ver con un concepto que si fuera vlido aplicar, incluso alegrica o simblicamente, en un debate sociolgico, histrico y una polmica del Derecho y la Poltica en el marco de un proceso de paz que demanda seriedad para soluciones ms justas, sera aplicable en realidad, en primer lugar, a todos los actores nacionales de un conflicto acrecentado por la pereza de los de arriba, y no ni primera ni exclusivamente de la guerrilla, por cuanto aquellos han hecho dejacin de sus responsabilidades.

Fanon, precisamente se refera a la impreparacin de las lites, afirmando la ausencia de enlace orgnico entre ellas y las masas, su pereza y, hay que decirlo, la cobarda en el momento decisivo de la lucha van a dar origen a trgicas desventuras... La debilidad clsica, casi congnita, de la conciencia nacional de los pases subdesarrollados no es slo la consecuencia de la mutilacin del hombre colonizado por el rgimen colonial. Es tambin el resultado de la pereza de la burguesa nacional, de su limitacin, de la formacin profundamente cosmopolita de su espritu (cit. pg. 136).

Esta pereza de las lites, y no slo sospechas de alguna forma de sordidez, engaifa y abuso, es lo que uno deduce al ver cmo, en la Colombia descolonizada del 2015, un Fiscal General de la Nacin, Montealegre, que se precia como cultivado acadmico -y lo es- acude a una conocida embaucadora y a un personaje tan turbio como Baltasar Garzn, implicado en violaciones a los derechos humanos.

La periodista Mara Jimena Duzn escribe difanamente esta semana (7 de septiembre de 2015) sobre la nmina paralela del Fiscal:

Frente a dos de los contratos ms onerosos hay serios reparos que en otro pas tendran al fiscal bastante emproblemado. Un contrato es el de Natalia Lizarazo, mejor conocida como Springer Von Schwarzenberg, por un monto de ms de 4.000 millones para ayudar a la Fiscala en el procesamiento de datos en casos de crmenes internacionales cometidos por las Farc, el ELN y las bacrim / El otro, el del juez Baltasar Garzn, un lagarto internacional que ha sido reencauchado por Montealegre quien tiene contratos por cerca de 1.200 millones, firmados entre 2013 y 2014-, para apoyar al despacho del fiscal en la investigacin penal de la microcriminalidad en contextos de justicia transicional.

Para que la Springer (o Lizarazo?) pueda hacer los algoritmos revolucionarios que le prometi al fiscal debi tener acceso a los expedientes judiciales. Si ese es el caso, la Fiscala estara entregando informacin confidencial a una persona privada, violando la reserva sumarial y afectando los procesos en serio detrimento de las vctimas. Pero adems se le estara entregando una informacin confidencial a una farsante que se ha ganado la vida aparentando lo que no es y a un lagarto internacional que no puede litigar en su pas porque est sancionado / Segn expertos consultados por esta columna, estos contratos podran dar lugar al delito de contratacin indebida, por el cual la Fiscala tiene procesados a muchos colombianos... (ver http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-la-nomina-paralela-del-fiscal/441276-3).

Todo lo anterior debe llevar a un examen con rigor sobre las nuevas instituciones y relaciones que se generaran de ser suscrito un acuerdo en el que se dar vida a reglas y mecanismos de justicia transicional, donde haran arribo personajes como el espaol Garzn o como Natalia Lizarazo, con sus apellidos cosmopolitas.

Lo que se impone como un reto a las vctimas de crmenes de Estado, que en algn momento vieron algunas de ellas como positivo que en una Comisin de la Verdad (de conclusiones no vinculantes) estuvieran integrantes internacionales, es revisar, discernir, estudiar muy bien hoy, si conviene o no, por razn de una perjudicial correlacin de fuerzas internacional, o por razones no chauvinistas sino de coherencia poltica y tica con un proyecto de transformacin nacional ligado a un concepto de honor poltico en una solucin penal, dejar que sean extranjeros como el ex juez Garzn los que, vestidos con nueva toga, vengan a deslumbrar con espejitos, a producir decisiones obligatorias, a relajar de sus responsabilidades a las partes que construyen un Acuerdo de paz.

Sobre todo sustituyendo de sus cargas y exigencias de cambio necesario a unas castas perezosas que, trayendo a algunos de sus amigos con jugosos contratos, podrn ver favorablemente manipulables las condiciones para que ese tribunal mixto aparentemente independiente, con composicin internacional, se luzca como sentenciador imparcial juzgando a los rebeldes, y eventualmente a algunos militares y policas (qu piensan stos, integrantes de la fuerza pblica, de esta injerencia extranjera o que titulares de contratos leoninos y abultadas cuentas hagan algoritmos y fortuna con sus casos? Tienen pundonor poltico para sustentar una respuesta?).

A los interrogantes anteriores, y de cmo y en qu sentido decidir la guerrilla, ponderando entre una reivindicacin de soberana o margen nacional y la necesidad de superar un aparato de justicia corrupto, se suman otros que van desgranndose en el proceso.

Aceptar la guerrilla se le niegue una amnista amplia, general e incondicional, as como un indulto con esas caractersticas, y se le apliquen medidas homologables o de simetra propias para delincuentes comunes, incluyendo paramilitares, parapolticos y agentes del Estado?

Suscribir la creacin de un andamiaje jurdico, sustantivo y procesal, incluyendo nuevas instituciones alojadas en la juridicidad estatal o en nichos internacionales sin autoridad moral, por ejemplo un Tribunal que le juzgar, sin saber antes qu comprende y qu no la definicin de delito poltico y sus conexos?

Ese Tribunal quedar habilitado para juzgarles por algo que no slo podra ser asimilado como delito poltico, sino que, no sindolo, podra haber sido tratado y sancionado desde la juridicidad rebelde con plena veridiccin propia, reparacin y medidas de no repeticin?

La guerrilla validar y pondr en marcha aparatos y compromisos para un funcionamiento de esos jueces, sin haberse aplicado antes una amnista y un indulto de la mayor plenitud posible, mientras miles de mujeres y hombres esperan hoy mismo que se luche por su libertad para salir a trabajar por una Colombia en paz y con justicia?

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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