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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-09-2015

Ayotzinapa: qu sigue?

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Con la presentacin el pasado domingo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, acerca de sus investigaciones en el caso de Iguala, no slo este expediente sino la defensa de los derechos humanos mismos han entrado en una nueva etapa. Si bien es cierto que el Informe Ayotzinapa, como lo denominaron los expertos, no llega hasta su propsito ltimo, dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, s logra desenmaraar la red de ocultamientos y falsificaciones en la que incurrieron diversas autoridades en torno a los sangrientos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Demostraron fehacientemente que, por la va andada por la Procuradura General de la Repblica primordialmente en el periodo de Jess Murillo Karam, no se encontrara la verdad.

La accin del grupo especial de expertos tiene pocos precedentes. Los que podemos rastrear ms visiblemente se refieren a la bsqueda de desaparecidos y asesinados bajo gobiernos de dictadura militar en distintos pases; pero no en regmenes pretendidamente democrticos, como corresponde al de Mxico. Este solo hecho marca un hito en las luchas por los derechos humanos en el contexto internacional. En naciones como Uruguay, la Argentina, Guatemala y otros, las pesquisas han conducido a enjuiciar a altos mandos del ejrcito y aun a ex presidentes militares que actualmente purgan prisin. Hoy, la pregunta es si en Mxico se podr llegar, dada la densidad del tejido institucional desplegado en torno al caso, a una situacin semejante.

Y es que en el expediente destaca la existencia de ocultamientos de informacin importante en las pesquisas oficiales: el seguimiento en tiempo real a los autobuses en que se trasladaban los normalistas por el C-4 (Centro de Comunicaciones, Cmputo, Control y Comando, a travs del que se coordinan las acciones de las corporaciones federales y estatales de seguridad y el Ejrcito); la presencia, durante los ataques a los normalistas, de elementos de la Polica Federal, la Polica Militar, el Ejrcito y la Inteligencia Militar; la existencia de un quinto autobs, de la lnea Estrella Roja, tomado por los normalistas pero excluido de la escena de los hechos y de las investigaciones de la PGR; tambin la intervencin por la Sedena de las comunicaciones en el lapso despus del primer ataque a los estudiantes y durante el segundo ataque, a las que al GIEI no se dio acceso; la destruccin de grabaciones hechas por las cmaras de seguridad en las carreteras aledaas; la presencia de personal militar la noche misma de los trgicos acontecimientos en el hospital a donde los normalistas llevaron a sus heridos; la imposibilidad de entrar a las instalaciones del cuartel de la 27. Zona Militar y de entrevistar a los militares involucrados.

Pero sobre todo se ha mostrado como una gran mentira oficial lo que la PGR, en sus informes pblicos del 7 de noviembre de 2014 y enero de 2015 present como una verdad histrica: que los muchachos fueron asesinados por el grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que los entreg la polica municipal de Iguala, sus cuerpos incinerados en una gran pira a cielo abierto, durante una noche lluviosa, en el basurero del municipio de Cocula, y los restos que quedaron, lanzados en bolsas de plstico a un ro. Los expertos, auxiliados por el perito en dinmica de fuego peruano Jos Torero, llegaron a la conclusin de que ese escenario, descrito en su momento por Murillo Karam, es fsica y cientficamente imposible.

En conclusin, no hay an evidencias de qu pas realmente con los 43 jvenes, a pesar de que la misma PGR present en su momento un hueso calcinado que en los peritajes s fue identificado por cientficos austriacos como perteneciente a uno de ellos.

Pero con su opacidad, es el propio gobierno federal, particularmente, la PGR, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, Cisen, y la Sedena, ha quedado involucrado, al menos en el nivel de complicidad con los crmenes de Iguala. Por qu la PGR lleg a conclusiones tan absurdas, reidas con la evidencia cientfica pero que en realidad intentaban dar por cerrado el expediente del paradero real de los normalistas? Por qu la obcecacin de la Sedena en no abrirse a las indagaciones tanto de la Comisin Nacional de Derechos Humanos como del grupo de la CIDH? Qu pasa con la informacin de inteligencia recabada por el Cisen en torno al caso a travs de sus complejos sistemas de deteccin y espionaje? De dnde obtuvo la PGR un hueso quemado que s perteneci a uno de los secuestrados?

E GIEI ha expuesto una nueva hiptesis, no investigada hasta ahora. Todo el operativo policiaco (y acaso militar) del 26 de septiembre pudo tener como motivacin principal el impedir que salieran de Iguala los autobuses tomados por los estudiantes para usarlos el 2 de octubre en una manifestacin, particularmente el quinto, pues segn informacin de la DEA de Chicago, el crtel Guerreros Unidos usa esos vehculos para transportar cargamentos de cocana que llegan hasta esa ciudad del norte de los Estados Unidos y para traer el botn obtenido. Pero en la macabra operacin no participaron slo, ni principalmente, los miembros del grupo delincuencial, sin una logstica suficiente, sino las policas municipal, ministerial y federal, e incluso elementos militares.

El narcotrfico y el escarmiento a los estudiantes podran haber sido las causas de la brutal agresin de los policas municipales de Iguala y sus posibles acompaantes de otras corporaciones, y de la saa desplegada no slo en el acto de la desaparicin forzada de los 43 sino tambin en la brutal tortura, asesinato y exhibicin del cuerpo del normalista Julio Csar Mondragn Fontes.

De investigarse y confirmarse dicha hiptesis, aflorara la corrupcin de los cuerpos policiales de elite y al de las propias fuerzas armadas y su vinculacin con el trasiego de drogas al que supuestamente combaten. Pero no slo eso; de las indagaciones del GIEI tambin se derivan las consecuencias de un rgimen amoldado y habituado a la complicidad con las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Iguala, aun las ms altas esferas del poder poltico parecen apegarse a ese patrn de ocultamiento y aun de tergiversacin de la informacin para evitar sealar responsabilidades.

Como se desprende de la presentacin de un resto seo verdadero por la PGR, los responsables de sta saben con certeza dnde fueron a parar los 43 estudiantes desaparecidos, y probablemente muchos elementos ms, claves para el esclarecimiento de las causas, el desarrollo y ocultamiento de los hechos.

No en balde las ms importantes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnista Internacional y Human Rights Watch han demandado al gobierno mexicano llevar ante la justicia a los funcionarios y ex funcionarios que condujeron la fallida investigacin de Ayotzinapa. Un mnimo de congruencia con la nueva posicin anunciada por Enrique Pea al dar instrucciones a las dependencias del gobierno mexicano de analizar y tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el GIEI que, por su parte, la OEA de inmediato ha hecho suyas a travs de su secretario general Luis Almagro en un significativo mensaje ante el Senado de la Repblica, indicara que as debe ser. A la impunidad de los criminales o de una parte de ellos no debe sumarse la impunidad de sus encubridores.

El viraje dado al caso Ayotzinapa no se debe slo a la dedicacin y profesionalismo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: Carlos Beristin (Espaa), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), ngela Buitrago y Alejandro Valencia (Colombia). Mucho debe tambin a la abnegada e inquebrantable decisin de los padres de los asesinados y desaparecidos ese 26-27 de septiembre, de sus compaeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y de las numerosas redes de apoyo que en el pas y en el extranjero se han formado para que este oprobioso caso no se olvide ni sea tratado con menosprecio o ignorado como tantas otras violaciones graves a los derechos humanos por las instancias encargadas de protegerlos. Nunca ms, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-12124



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