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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-09-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (11)
El Acuerdo sobre Tribunales: sin derrota ni derroteros de justicia?

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


1. Las palabras de los contendientes

En la tarde noche de ayer 23 de septiembre de 2015 en La Habana, se lleg a un (pre)acuerdo sobre unos principios, unas reglas de procedimiento, un listado de eventuales sanciones, unas pautas y unos aparatos que regiran, en un conjunto de interacciones lgicas. Regiran para lo que hace unos aos el Gobierno concibi como un Sistema de justicia integral, conocido tambin como modelo de justicia transicional. Con ese fin fue adecuando por aos su juridicidad dominante, una de cuyas piezas fue y es todava el denominado Marco Jurdico para la Paz (reforma constitucional de julio de 2012), disponindose ya mismo el Estado para nuevas reformas constitucionales y legales, para un ensamble jurdico-poltico, sin que haya terminado el proceso con las FARC-EP, y sin haber siquiera iniciado dilogos en etapa pblica con el ELN. Esto puede predecir en perspectiva una nueva e importante brecha, a juzgar por los enunciados de fondo de esta ltima organizacin poltico-militar.

Inicialmente basado en una frrea posicin punitivista, el Estado colombiano tuvo que virar y en el curso calculado de las conversaciones de paz que ya llevan ms de tres aos debi aceptar otra realidad a la esbozada, y en concreto un esquema propuesto por las FARC-EP desde 2013, basado no en la preeminencia del castigo, sino en la necesidad de una justicia reparadora, as como de verdad histrica que hiciera puente con una verdad extrajudicial casustica y una verdad judicial remitida tras procesos selectivos.

Todo ello se fue forjando en la dialctica de dos partes sentadas en igualdad de condiciones formales, de las cuales una tiende a resguardar una institucionalidad y el statu quo, y la otra a potenciar compromisos y garantas instituyentes, que remuevan un oprobioso orden de exclusin, en el que con razn se ha justificado el derecho a la rebelin.

Dicho derecho a la resistencia en s mismo conlleva lmites en la tensin de su coherencia tica, en una sucesin poltica, cultural e histrica, motivo por el cual, en la vista de eventuales responsabilidades de naturaleza penal a establecer, y no de antemano, es una obligacin de la rebelin producir veridiccin (verdad) y reparacin, no a las vctimas que dicte el adversario sino a las que realmente lo sean, por todo aquello que no hubiera estado en consonancia con los objetivos altruistas que definen no slo el delito poltico y su ms amplia conexidad, sino la propia capacidad auto-correctiva o reguladora de s, que la insurgencia se supone tiene al plantear un nivel determinado de disciplina y juridicidad rebelde, sin que sea su deber acoger una jurisdiccin que opere como extensin del sistema dominante.

Estamos entonces ante un (pre)acuerdo que se ir articulando en el tejido de las otras partes de la agenda ya tratadas o por ver todava. Es decir, no es definitivo, aunque su celebracin en Cuba, con testigos internacionales, comenzando por el Presidente Ral Castro, y con despliegue en la prensa mundial, le definan ya ante pblico en general o ante foros de expertos, un significado histrico y un carcter casi irreversible, que slo la historia juzgar como liberador o no, como acertado o no, pues hablamos hoy solamente de la posibilidad y no de la certeza de realidades jurdicas y polticas, congruentes con un ideario determinado, segn sean los derroteros de cada parte.

Para una organizacin concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definicin ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, mxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito poltico y sus conexidades, ni se han aplicado amnistas generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayora de ellos: ostenta la calidad hegemnica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrtico en el papel, cuando simultneamente en estos cincuenta aos de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio poltico y un holocausto social.

Los crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, el terrorismo del Establecimiento, el paramilitarismo, la impunidad, no tienen hasta ahora ms fronteras que las de su conveniente contencin y reciclaje en una frmula de pacificacin. Haciendo trnsito las FARC-EP a la legalidad, no hay bsicas garantas de no repeticin por su adversario, no hay depuracin del Estado, ni reformas que aseguren que nunca ms se incurrir en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quiz hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar slo hacia un lado.

Como debo hacerlo por honestidad ante algunas organizaciones populares, gente de izquierda y vctimas de esa poderosa mquina de muerte y opresin dirigida por los de arriba, colectivos y personas en lucha digna frente a las cuales lo mnimo es surtir ahora unas notas de asomo de pensamiento crtico para acompaar una opinin, eso intento cumplir modestamente, ms por ser parte -quien esto escribe- del equipo de asesores jurdicos de la Delegacin de Paz de las FARC-EP en La Habana desde 2013, con el apoyo de los pases garantes, Noruega y Cuba. Labor desde la cual he dejado por escrito algunas reflexiones pblicas que ahora sin duda ratifico.

Este anlisis, exclusivamente personal, en la premura, no compromete a nadie ms, pues mira con aproximacin y sesgo hacia un escenario de afirmacin poltica, tica y judicial, no hacia ninguna simetra en un burladero o escena teatral. Un escenario del que se estn montando unas tablas. Las mismas pueden ser luego para mesas en las que se siga debatiendo con pruebas, o pueden ser para amplias y modernas celdas que simulando bosques sustituyan patbulos. Crceles simblicas a donde no se imaginaron llegar como condenados los que emprendieron ayer una opcin rebelde contra un sistema que sigue en pie y que ni siquiera promete desmontar pronto su doctrina letal de seguridad que apunta a un enemigo interno, ni desmantelar los organismos y relaciones que la aplican.

2. Las palabras del Presidente

No todo el mundo va a quedar contento pero estoy seguro que a la larga ser mucho mejor, porque no importa que unos queden descontentos. Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo. Fue lo que expres con sombras de realismo trgico el presidente Santos el martes 22 de septiembre de 2015, cuando se anunci que estara prximo el acuerdo en materia de justicia transicional entre el Gobierno y las FARC-EP (http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-no-todos-van-a-quedar-contentos-sobre-acuerdo-de-justicia/16383950).

En ltimas, la lgica de todos ceden estara reflejndose en ese tema especfico de la justicia a aplicar en relacin con responsabilidades por hechos del conflicto armado. Lgica en la que se han desarrollado los procesos de paz no slo en Colombia, hace unos 25 aos con algunas guerrillas desmovilizadas, sino los que despus tuvieron lugar en Centroamrica (con pactos firmados en El Salvador en enero de 1992 y en Guatemala en diciembre de 1996). Igualmente es lo que cabe concluir sobre el caso de Irlanda del Norte (1998) y otros pases.

Es decir que lo suscrito en La Habana, en esa suposicin, estara en ese fatal marco de realidad histrica, con experiencias en las que se impone el peso de una correlacin de fuerzas negativa para los movimientos revolucionarios o de independencia, que terminaron aceptando, no su derrota, pues sta en muchos casos no fue total, pero s acogieron fundamentales derroteros del sistema al que combatieron.

Podran decir con pruebas quienes defienden la justeza y viabilidad de esa salida negociada, que mirar hoy cmo un presidente salvadoreo es un ex comandante insurgente, o cmo un corrupto ex general derechista acabada de ser obligado a renunciar a su cargo de presidente en Guatemala, es estar ante signos vigorosos y esperanzadores de una democracia que no es falsa del todo, sino que puede ensancharse a favor de los excluidos y empobrecidos.

3. Las palabras del maana

Pero tambin pueden escucharse otras voces, como la de la ex combatiente del FMLN, Deysi Cheyene:

Quin gan la guerra? Uno dice que el ejrcito la perdi en tanto no la gan. Esto quiere decir que, con ayuda del Pentgono y un milln de dlares diarios por parte de EE.UU., el ejrcito tena que ganar: en tanto no la gan, la perdi. Pero, a la luz de lo que hoy se analiza, quien gan fue la derecha oligrquica, aun cuando nunca estuvo de acuerdo con la negociacin (...) Desarmar a la guerrilla y convertirla en ese partido que empez a dar los votos para el andamiaje del modelo econmico favoreci a esa derecha oligrquica que era nuestro enemigo, contra el cual nos alzamos en un principio. Hay un camino muy conocido: desarmar a los insurgentes y convertirlos en partido poltico es la mejor frmula para que el poder siga intacto (http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/los-errores-de-el-salvador-sus-acuerdos-de-paz-articulo-579440).

En su paso por Colombia en agosto pasado, esta militante feminista nos record cmo al menos en El Salvador de 35 atribuciones que tenan las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro funciones, estrictamente de seguridad nacional. En su balance tambin esboz crticas a los acuerdos sobre derechos humanos y el modelo econmico, al haber quedado en el papel compromisos de reformas. Concluye: Vindolo en retrospectiva, lo que verdaderamente se estaba negociando era que el modelo neoliberal que haban querido implementar, pero que por la guerra no se haba desarrollado plenamente, tuviera la posibilidad de concretarse.

Lo que Cheyene refiere para El Salvador hace 23 aos en el campo militar, sobre quin gan la guerra?, en un ejercicio no libre de espejismos, puede ser pensado tambin para Colombia, pues es cierto que las fuerzas armadas estatales y paraestatales no vencieron del todo, aunque voceros civiles del Gobierno afirmen que la guerra estratgica ya termin y fue ganada por el Estado. Se vanaglorian quienes al tiempo dicen que este escenario de conversaciones no hubiera sido posible sin una definitiva presin de fuerza militar mltiple por etapas, que sera la que llev al desgaste paulatino de la guerrilla y a la necesidad de sta de sentarse a dialogar para una salida poltica.

En este paralelismo, de ejrcitos que no ganaron demoliendo al adversario, sino obligndolo a ceder, por un lado; y por otro, en la victoria resultante de un rgimen oligrquico y neoliberal que cedi en un momento dado (por ejemplo en El Salvador no llevando a la crcel a los comandantes guerrilleros, pues un tanto de s les hubiera obligado a sus fuerzas armadas, como puede pasar en Colombia), para poder ganar progresivamente en el terreno fundamental de la legitimidad de un modelo econmico y poltico, debe desentraarse lo que precisamente ahora en nuestro caso significa el viraje de la Fiscala General, concretado horas despus del anuncio pblico en La Habana. Es a modo de ejemplo, que destaca por la elocuencia de la poltica que se patenta.

4. Las palabras del Fiscal

Dice el Fiscal Eduardo Montealegre, al exponer la medida material ms importante desatada tras la firma del (pre)acuerdo del 23 de septiembre de 2015, que se procede a suspender todas la imputaciones de cargos contra la cpula de las Farc, debido al nuevo modelo de justicia transicional que se pact.

En este informe la Fiscala General no har imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las Farc ni a sus dirigentes sino que se limitar a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los derechos humanos por parte de la cpula de las Farc y por todos los miembros de la insurgencia colombiana, explic Montealegre al sealar que no se calificar si es un delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otro, esto lo har el Tribunal Especial (Diario El Espectador, 24 de septiembre de 2015, noticias en desarrollo).

En esa dimensin histrica y funcional, hay que preguntarse por qu dicha Fiscala cambia de opinin sbitamente, siendo parte de la maquinaria estatal con una tarea represiva establecida en el conflicto. Este ente investigador, aplicando tambin un tipo de fuerza real, simblica y material, que va de la mano con el cdigo penal, no se nos olvide, manteiene rdenes de captura contra luchadores sociales, y tuvo y tiene, para ello, al igual que las fuerzas armadas, cuantiossimos recursos del presupuesto nacional. Pese a esas cuentas abultadas, no gan, como prometi, su guerra contrainsurgente, no al menos como buscaba. En trminos de Santos: tuvo y tiene que ceder, y no quedar contenta. Sin embargo, esto puede ser mera apariencia.

Para entender el rol de la Fiscala en esta estrategia a largo plazo, y por dnde puede ir en la prctica una importante parte del engranaje de la jurisdiccin especial para la paz que se acaba de pactar en La Habana, hay que pararse un momento a ver la clave que nos develan unas informaciones sobre un escndalo calificado de corrupcin.

A riesgo de ser coyuntural y recaer sobre un asunto aparentemente aislado y banal, ante la importancia de algo monumental como dicho (pre) acuerdo sustancial sobre justicia logrado hace unas horas en Cuba, debo explicar de manera resumida y no en detalle la inconsistencia simulada del Fiscal y la consistencia histrica que tendra su apuesta ms adelante, junto con los emplazamientos de otras agencias del rgimen, precisamente en tanto actan coordinadamente y pueden tergiversar mediante mecanismos polticos lo que sera un buen sistema de justicia, si no es interferido por esas necesidades del statu quo.

La cadena de hechos aparentemente secundarios es la que sigue (cientos de notas en Internet la corroboran):

Tras Luis Camilo Osorio, sealado de ser funcional al paramilitarismo, y otros Fiscales Generales de dudosa trayectoria, como Mario Iguarn, en 2012 fue nombrado en el cargo Eduardo Montealegre. Se ha mostrado como no enemigo del proceso de paz con las FARC-EP, organizacin a la que dijo acusara como responsable de crmenes de guerra y de lesa humanidad, para lo cual la Fiscala estaba desarrollando un modelo de imputacin novsimo contra los mximos responsables, el cual hemos descrito someramente en otros artculos. A lo largo de julio de 2015 lo asegur de nuevo: En este segundo semestre vamos a formular las primeras imputaciones por crmenes de guerra contra el estado mayor y el Secretariado de las Farc; Si las Farc no aceptan esos mnimos de justicia, es mejor que el Presidente se levante de la mesa de negociacin....

A finales de agosto de 2015 es descubierta la millonaria contratacin de tenebrosos consultores de la Fiscala, como el espaol Baltasar Garzn o Natalia Springer (o Lizarazo Tocarruncho), es decir asesores privados, a quienes se les suministra informacin de expedientes judiciales y bases de datos contra la insurgencia, para que sirvan a una pretendida irrebatible estrategia jurdica. Springer, basada supuestamente en aplicaciones y operaciones matemticas haba prometido resultados implacables e impecables contra los asesinos guerrilleros, pero fue rpidamente detectada en su falacia por reflexivos e importantes fiscales que ven peligrar las investigaciones contra la guerrilla si se basan en esa chapuza. As, el formado jurista Alejandro Ramelli, quien, pensando en trabajos de calidad contra la guerrilla, dijo que aquello no servira para llevarlo ante ningn juez". El Fiscal Montealegre no consider mal lo hecho por Springer, y por el contrario le encarg ms obra a dicha consultora, quien adems busca ahora usar su mtodo contra el ELN.

Desde que estall la controversia, que ahora decae, y que es probable sea tapada con los hechos de La Habana, qued en entredicho no slo la transparencia u honradez que algunos esperaban del Fiscal, sino que para algunos tambin se ve en juicio algo de su intelligentia (intus [entre] y legere [escoger]: etimolgicamente saber elegir). Se cuestiona no slo la forma y el volumen de los millones depredados en esos contratos sealados de leoninos (bolsa de favoritismos en un carrusel de encargos supermillonarios, reprobables ticamente), sino tambin que haya elegido dar impulso a una consultora y a un enfoque de mala o baja calidad, cuyo resultado sera un fiasco, estando en contra de las lneas de investigacin y metas que buscaba originalmente la propia Fiscala, pues es evidente la escasa higiene de su base cientfica, que tiene la coherencia de un corta y pega sobre un cartn de alucinaciones tericas.

Queda muy fcil comprobar cmo en decenas de entrevistas se prometieron resultados slidos, alardeando la Fiscala con su nuevo fetiche jurdico: una tcnica de impugnacin en la cabecera mundial, una miscelnea doctrinal, una caleidoscopio de dogmtica penal frente a la criminalidad organizada, un arsenal con el que se dara la estocada inquisitorial moderna a la guerrilla, sealada de ser una empresa criminal que se propuso y cometi, segn Montealegre y Springer, delitos en masa, sistemticos, de lesa humanidad, de guerra, una barbarie en toda regla.

Lo ya dicho: ante los productos confeccionados por Springer, que entraan de alguna manera mentiras, considerando algunos fiscales que no tenan soportes para llevarlos ante un juez, que seran insustentables ante tribunales serios, la posicin del Fiscal Montealegre fue y es avalar hasta el da de hoy todo cuanto ha sido fabricado como conjetura.

No obstante, en camalenico esfuerzo de adaptacin, como en estas horas se confirma, no slo porque sabe que aquello se derrumbar, sino por la realidad de un proceso poltico de bsqueda de una salida negociada, en el que las FARC-EP han logrado una relativa prefiguracin de un sistema integral de justicia ms equilibrado que el que se les quera imponer a rajatabla desde el trmite de la reforma constitucional de 2012, el Fiscal Montealegre ha tenido que reversar o paralizar sus investigaciones prototpicas.

Ha manifestado claramente que ya no; que detendr su marcha por ahora; que es prudente y sensato aplazar las imputaciones prometidas para este semestre; que deber prepararse y ajustarse el modelo de investigacin a lo que se pacte en La Habana, y acoplarse o remover las estructuras procesales que quedaran desfasadas tras ese acuerdo poltico (http://www.elespectador.com/entrevista-de-cecilia-orozco/el-poder-me-ha-cambiado-no-usted-cree-eduardo-montealeg-articulo-585694 y http://www.noticiascaracol.com/colombia/quieren-graduarme-de-corrupto-por-impulsar-contratos-para-la-paz-fiscal). Lo vena diciendo y lo subraya cuando el pacto de La Habana est en la cresta.

De esta manera se nos constata una verdad sabida: el Derecho nace de la poltica, y ms an el derecho penal, y todava ms lo que se elude calificar o puede validarse como medio del delito poltico, que es lo ms puramente poltico del Derecho. Por eso es posible transformar los cnones jurdicos por fuera de sus moldes convencionales y reglados. Para bien o para mal. Por ejemplo para asegurar derechos de las vctimas de los crmenes de Estado o para restarles vigor.

Esto no slo se hace en una Mesa de dilogos, sino que puede crearse como sentido histrico, a partir de las luchas sociales y los avances de mandatos polticos de movimientos y sectores que puedan encarnar nuevos contenidos o paradigmas relativos de justicia transformadora.

Si tuviera fundamento lo que vena construyendo el Fiscal y seguir probablemente re-componiendo con variables contra la guerrilla, si tuviera asidero en nombre de los valores imaginarios que configuran el llamado injusto penal y de la necesidad de investigar a fondo las autoras mximas de hechos considerados graves crmenes, que antes el Fiscal calificaba como de responsabilidad insoslayable de las guerrillas, los mismos no podran regatearse por momentneas lecturas polticas o al vaivn de circunstancias de negociacin. Si un crimen es de lesa humanidad, lo es, independientemente de los pactos a los que hayan llegado las partes en guerra, en cualquier parte del mundo.

El problema es que as como cambia frente a la insurgencia, al calor del pretexto de adecuar modelos o lneas segn utilidades o ventajas polticas, lo cual es bueno en el caso de las guerrillas, puede pasar multiplicado y de hecho ya est sucediendo frente a las responsabilidades de mandos militares y de polica, as como de paramilitares polticos o empresarios, que vern reducidos los elementos cernidos sobre ellos, en una simetra o distribucin perversa y una estratagema de homologacin que incorpora la comisin de crmenes de lesa humanidad en el marco de necesidades colindantes y rasgos del conflicto armado, cuando no es as por definicin.

Aunque existan hechos o prcticas que absolutamente deban calificarse de crmenes de lesa humanidad a la luz de las caractersticas de su comisin, como los que ha ejecutado sistemticamente el Estado colombiano, el Derecho resulta flexible o deviene como dctil si hay una conjuncin de factores que obliguen a ello. Eso ha pasado en La Habana, en una Mesa de conversaciones, en donde un previo encaje de pruebas polticas por verificar, demuestran la suerte y el costo que tendra una parte de las evidencias penales, pues se corrobora que las FARC-EP y el ELN son en realidad organizaciones alzadas en armas, y que son incompatibles dichas pruebas con el endeble acumulado que se arrastra y con el que se pretenda un impacto con el prfido fin poltico perseguido de castigar al rebelde sin escucharle.

Ahora no. Se le deber escuchar a la insurgencia, como igual oportunidad tendrn de ser escuchados todos los estamentos que participaron en el conflicto. Escuchados con posibilidad de descargar responsabilidades y con la obligacin de enfrentar una muy posible controversia.

As, aunque en estos momentos el Fiscal cambie de opinin y salude el (pre)acuerdo de la Habana, as vuelva pronto a modificar su postura, hay ya una imagen circunstancial o transitoria que, si nos equivocamos, podramos considerar de derrota del sistema, creyndonos que han declinado, que renuncian a ese objetivo de castigar a las guerrillas como adversarios polticos. No por crmenes que sean realmente de lesa humanidad o de guerra, sobre lo cual habr veridiccin de la rebelin, verdad de la guerrilla, sino por haberse levantado en armas contra el rgimen, que insistir en una imposible simetra, a la que aspiran los agentes de crmenes del Establecimiento.

Sin embargo, dicha derrota no es tal, se insiste, pues otros signos ya no de la Fiscala sino del conjunto articulado del poder, representan la mayor inconsistencia funcional, la esquizofrenia que sirve para firmar una cosa y hacer lo contrario, remontando a esa institucin y a otras que se vieron limitadas.

Este aparente fracaso slo se ver redimido estratgicamente por el arrastre que constituye la relegitimacin histrica del conjunto del rgimen cuando logre desarmar y desmovilizar a la guerrilla a cambio de promesas de cambio. Ojal me equivoque radicalmente.

Me explico: si fuera por la Fiscala sola, la guerra en el plano jurdico no la gana el Estado, como tampoco la gan en lo militar slo por su puo el ejrcito o las fuerzas armadas. Acudieron al paramilitarismo y a la accin de los medios de comunicacin para ello. Es el conjunto articulado del Establecimiento, y el sentido de sus autorizaciones e intereses, el que triunfa o proyecta una victoria, en la medida que la combinacin de sus formas de lucha anti-subversiva se impone sobre la que hubiera podido desplegar la insurgencia.

5. Las palabras recuperadas

Queda ver cmo defiende el campo popular un avance significativo irradiado en este histrico acuerdo que no alcanza por obvias razones a todas las organizaciones en lucha rebelde, como el ELN, que deber estudiarlo con todas sus implicaciones, y que no parece acoger todava la dura realidad de los inocentes castigados por un sistema penal degradado.

Se complementa con otras piezas de un sistema que se pretende integral, el cual debera contrastarse con unidad y diversidad poltica y cultural, para que otros derroteros sin derrota todava, se puedan conjugar en alternativas ms amplias de justicia.

Sin triunfalismos, pues igual evaluacin pueden estar haciendo del otro lado. Sin duda.

Estamos ante pasos apenas, para pensar cmo esclarecer la verdad y sealar a los ms altos responsables de la guerra sucia, sus mtodos y beneficios. Queda ver si lo prematuro aparente de lo acordado en La Habana se conjura con el emplazamiento de sincronas, para que el Estado desmonte sus aparatos criminales, as como circuitos de empresas y redes de polticos impunes.

Por ello la gran falencia es la columna de la No repeticin. Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurdicos amnistas e indultos, con una necesaria nueva legislacin sobre las conexidades del delito poltico, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado contina persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantas de remover sus instrumentos criminales.

Carlos Alberto Ruiz Socha es abogado colombiano, Doctor en Derecho, asesor jurdico en el proceso de paz en La Habana, autor del libro La Rebelin de los Lmites y diversidad de ensayos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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