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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-09-2015

Ayotzinapa: criminalizacin y esperanza

Cristbal Len Campos
Rebelin


No hay lmites para el pas del crimen.

No hay nombre para el pas del crimen.

No hay pas con nombres del crimen.

No hay crmenes para el pas del crimen.

Oscar Oliva, Tuxtla, noviembre, 2014.


I

Transcurrido el primer ao de la desaparicin de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Ral Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y el asesinato de otras 6 personas, muchos siguen siendo los hechos por esclarecer, lo acontecido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, permanece rodeado de un sinfn de versiones falsas que el Estado mexicano ha procurado generar sirvindose de la servidumbre que muchos medios de comunicacin le ofrecen, generando una cortina meditica que impide el conocimiento cabal de la participacin abierta y directa que tuvieron la polica, el ejrcito y los organismos gubernamentales tanto de Guerrero como federales. La sociedad es consiente a un ao de que lo acontecido esos trgicos das es un Crimen de Estado. Sin embargo, an hay que determinar aspectos tan fundamentales como el verdadero destino que los 43 estudiantes han tenido, desde luego, el deseo y la esperanza de Mxico es que permanezcan con vida y puedan en algn momento prximo retornar a sus hogares, y an que esta afirmacin pueda parecer para algunos exagerada, baste recordar la perversidad del Estado, muchos son los casos que ayudan a mantener el sueo del rencuentro, adems, el ejemplo de las dictaduras sudamericanas donde miles de seres fueron desprendidos de sus comunidades y familias, para tiempo despus retornar. Por eso la consigna general del movimiento sigue siendo como desde el primer da vivos se los llevaron, vivos los queremos!

II

La Convencin Internacional para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece como desaparicin forzada: el arresto, la detencin, el secuestro o cualquier otra forma de privacin de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actan con la autorizacin, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privacin de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayndola a la proteccin de la ley. Este Tratado Internacional fue ratificado por Mxico el 18 de marzo de 2008 y entr en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Una mirada rpida a los ltimos aos de la vida en Mxico, demuestran lo comn que resulta hablar de la desaparicin forzada, forma parte del habla comn. Se ha convertido en un elemento ms de la cotidianeidad, siento no solamente peligroso, sino que adems lo convierte en un hecho aceptado de manera pasiva, al concebirse como algo incluso normal. Pero una mirada ms profunda a la historia de nuestro pas, permite comprobar el repudiable hecho, de que la desaparicin forzada es una prctica institucionalizada por los diferentes gobiernos, sean estatales o federales, utilizada contra quienes se vinculan o forman parte de los diferentes movimientos sociales que se suscitan. La violencia de Estado es una realidad, y las desapariciones forzadas una de sus expresiones, la guerra sucia no ha terminado, sigue vigente y se extiende con formas mucho ms perversas, aunque mantiene sus elementos centrales que le permiten implantar la impunidad y el miedo entre la sociedad. Es tal el grado de institucionalizacin de la violencia que la gente comn incluso llega a expresar frases que avalan de forma consciente o inconsciente su realizacin, es decir, se ha interiorizado de tal forma con la ayuda de los medios de comunicacin que criminalizan a todo aquel que piense o acte diferente, que se llega al grado de que en ocasiones la sociedad es cmplice de uno de los ms crueles crmenes contra la humanidad. Desde luego nada de ello, exculpa al Estado de su perversidad, muy al contrario demuestra el grado deshumanizado que llegan a tener quienes ocupan y ejercen el poder desde las esferas del gobierno.

III

La criminalizacin de los movimientos sociales o de las protestas, es una estrategia del Estado, que consiste en identificar a los activistas y luchadores sociales, ya sea en lo individual o colectivo, como delincuentes, con el fin de mancillar sus reclamos sociales, sean estos pacficos o violentos. Con esta criminalizacin cada vez ms extendida, el poder ha justificado el uso y el abuso de la fuerza pblica y las leyes para condenar, perseguir, encarcelar y asesinar a todo opositor del rgimen capitalista.

El Estado ejerce el poder mediante su aparato judicial, limitando las acciones de todos aquellos a quienes considera atentan contra su norma establecida, como es el caso especficos de las demandas sociales. La criminalizacin utiliza distintas estrategias como son; la judicializacin de la protesta social, la represin poltica abierta y la militarizacin. Los actores de un movimiento o protesta social son coinvertidos en criminales, pues se enfrentan al orden reinante, y al ser convertidos en criminales, el poder justifica el uso del aparato judicial y la violencia contra quienes se atreven a manifestar su inconformidad o rechazo a la injustica, desigualdad y pobreza. La protesta y el movimiento social son derechos de los pueblos, sin embargo, para el Estado son peligros latentes, por ello niega la lucha social y sus exigencias, pretendiendo evitar hacer frente a las problemticas sociales como son: la situacin econmica desigual y la falta de acceso a derechos bsicos como salud, educacin, vivienda y derechos laborales. En todo el pas y pese a las acciones en su contra, las movilizaciones no se detienen y las voces no callan ante la injusticia, pero el Estado mantiene su posicin de no escuchar, de pretender negar y volver invisibles los reclamos de la poblacin.

En Mxico, los lderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados con procesos judiciales absurdos e injustos, mientras los verdaderos criminales permanecen en la impunidad con los bolsillos llenos de la riqueza robada al pueblo. Ahora utilizan en nombre del combate al narcotrfico y la lucha antiterrorista los instrumentos policiales y militares para acallar las voces de protesta y reprimir las movilizaciones sociales. No debemos olvidar que la continua criminalizacin de los movimientos populares pretende presentar las luchas por los derechos sociales como delitos y a los sujetos sociales que las promueven como delincuentes. Esto es fcilmente observable en la manera en que los medios de comunicacin informan (o desinforman) sobre las protestas sociales, ocultando las motivaciones de las misma, la legitimidad de las demandas, y enfatizando en las formas ms o menos violentas de expresin del descontento social. De tal suerte que las acciones represivas contra ellos se oficializan como necesarias ante la sociedad, los medios de comunicacin y el Estado introducen la poltica del miedo entre la poblacin para que lejos de sumarse a las protestas y movimientos

Ms sin embargo, los mismos pueblos criminalizados tienen en la memoria una eficaz herramienta de lucha, por ello, es necesario difundir lo acontecido y clamar justicia. Ayotzinapa es el reclamo ms humano que en nuestro pas se realiza en estas fechas, la voz en alto no clama justicia nicamente por los desaparecidos y asesinados, clama el fin de la injusticia histrica y presente. Ayotzinapa es la esperanza de todo un pas que ofrendando a sus hijos construye su provenir.

IV

Cumplido el primer ao del Crimen de Estado sobre los normalistas de Ayotzinapa, la impunidad se revela como nica certeza, pues nada, absolutamente nada, podr devolver a las familias, amigos y compaeros los momentos perdidos, la distancia y desde luego nada podr reparar el dolor. Ms all de que se conozca el destino de los 43 desaparecidos, la impunidad ha quedado sellada como una ofensa ms a nuestras libertades y a nuestra humanidad. Lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, es sin duda, un delito de lesa humanidad . Es la muestra de la descomposicin social y poltica del pas y de sus estructuras de gobierno llenas de corrupcin.

Sin embargo, y como gesto humano Ayotzinapa sigue siendo nuestra mayor esperanza. Esa esperanza que es todo y nada. Nada en cuanto inmaterial y es todo en cuanto aliento. No hay movimiento alguno sin aliento y por tanto sin esperanza. La esperanza ha contribuido con la historia, tiene un carcter revolucionario alejado de la visin religiosa con la que se le suele relacionar. Muy al contrario, esperanza es el nombre del puo lgido que se levanta contra la opresin. Hoy despus de un ao, Ayotzinapa de pie y con la vista de frente, levanta el puo como seal de que a pesar de todo, sigue siendo la esperanza lo que nos gua.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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