Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2015
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-09-2015

Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del posconflicto

Jos Antonio Gutirrez D.
Rebelin


La firma de un acuerdo en materia de vctimas en las negociaciones de paz [1], sellado con un simblico apretn de manos entre el comandante mximo de las FARC-EP, Timolen Jimnez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -al fin!- un gesto inequvoco de avance en unas negociaciones que, cclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses despus, es decir, a finales de Mayo, tendra que estar concluyendo el proceso de dejacin de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no est, desde luego, exento de los ritmos y clculos de la poltica.

Presidente de la paz?

En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del presidente de la paz, de Santos posicionado como el hombre que pasar a la historia como el artfice de la paz, rumbo al Nbel, etc. [2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto que histricamente los nicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo deca con pluma magistral William Ospina, sorprende que la astuta dirigencia de este pas una vez ms logre su propsito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre all, en el centro del escenario, no slo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no slo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan [3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.

Pero tambin estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Mircoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedaggica de Tunja; contina el asesinato sistemtico y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el ms reciente informe del Programa Somos Defensores [4]; la accin del Ejrcito y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San Jos de Apartad, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es ms, toda su agenda legislativa va a contrava de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundizacin de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de vctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yar y Planadas, Tolima [5]; por ltimo, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llev, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilizacin, que incluy la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho ms difcil para el pueblo y los clculos alegres son ms fruto de un excesivo optimismo que de un anlisis riguroso de la realidad.

Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un presidente de la paz, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegacin de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociacin. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo ms grave de esta afirmacin, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en ltima instancia forz el escenario que llev a Santos a negociar. Santos no gan las elecciones para negociar, sino que para continuar las polticas de Uribe Vlez, y fue el enrome contexto de movilizacin popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forz el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesin gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentacin en la que ha cado parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa poltica [6].

La relatividad de lo ganado

Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemticamente crcel y ms crcel, impunidad, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las ltimas dcadas. En lugar de esta visin, se ha impuesto una visin de justicia que pone la reparacin como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,

Este acuerdo de justicia crear una jurisdiccin especial para la paz, en la que se constituir un tribunal al que llegarn todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarn siempre en una sentencia.

Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliacin de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito poltico y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisin de la verdad. [7]

Esta jurisdiccin especial ser aplicable a todos los actores del conflicto, incluida la Fuerza Pblica, aunque queda ver cmo se compatibilizar esta jurisdiccin con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pblica sean equiparados a los terroristas, cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesin por parte de los insurgentes. Uribe est en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pblica, pero no por las razones dadas por l. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelin por ms de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelin en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pblica no fueron hechos ni en rebelin ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pblica deba, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que adems, deba ser el garante ltimo del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teora, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves este argumento, ha sido debidamente sealado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crmenes de agache [8].

Puesto en esta perspectiva, quienes ms se beneficiarn de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histricamente Uribe, sern el Ejrcito y la Polica, as como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.

Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptar esta jurisdiccin especial segn lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes an ms legtimas cuando se tiene en consideracin la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarqua colombiana.

Para una organizacin concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definicin ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, mxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito poltico y sus conexidades, ni se han aplicado amnistas generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayora de ellos: ostenta la calidad hegemnica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrtico en el papel, cuando simultneamente en estos cincuenta aos de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio poltico y un holocausto social.

() Haciendo trnsito las FARC-EP a la legalidad, no hay bsicas garantas de no repeticin por su adversario, no hay depuracin del Estado, ni reformas que aseguren que nunca ms se incurrir en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quiz hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar slo hacia un lado. () Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurdicos amnistas e indultos, con una necesaria nueva legislacin sobre las conexidades del delito poltico, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado contina persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantas de remover sus instrumentos criminales. [9]

Superado el punto ms difcil de la negociacin?

No es verdad, como afirmaron los medios de comunicacin, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema ms espinoso se haya resuelto. Quizs sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento meditico, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los dilogos de La Habana, quiz porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco dcadas, aunque, en realidad, los nicos grandes responsables sean esta oligarqua indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno [10].

Pero no es el tema ms complejo. Queda an el tema de la dejacin de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarqua quiere ver la entrega de armas como un acto de humillacin y de conquista simblica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dar y que optarn por la dejacin de armas. Quedaron tambin en el congelador dos temas del punto sobre la cuestin agraria que son, de hecho, los ms espinosos: el tema de los lmites a la concentracin de tierras, es decir, la cuestin del latifundismo, y el tema de los lmites a la extranjerizacin de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enrgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideologa fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.

An quedan esos temas y ser muy difcil destrabarlos, ms an cuando vemos que todas las medidas que est tomando el gobierno van en contrava de una resolucin medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarqua, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotacin de los territorios, se est aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto lmite a la expansin del gran Capital hacia las zonas rurales de economa campesina. Ya estn comenzando a estallar conflictos en todo el pas debido a esta presin sobre la tierra que estn viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presin popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qu se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilizacin, la lucha, la organizacin y la presin creciente es, por esto mismo, mucho ms importante en esta fase de la negociacin que nunca. Solamente as se podr alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, tnica y popular.

Y la cosa no acaba ah. Tampoco se ha abordado el tema de refrendacin de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitucin necesariamente ms progresista y ms proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes tambin estn agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realizacin implica una aguda lucha poltica en condiciones desfavorables con los sectores oligrquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlacin de fuerzas que sustent el compromiso constitucional de ese entonces, an ms a su favor. Esto, sin entrar todava en la fase de implementacin, que promete ser an ms difcil que la negociacin de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confindose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo estn (an).

Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN an no arranca formalmente, aunque se lleven aos de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicacin con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociacin de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP [11], lo cierto es que esta es una negociacin que, necesariamente, tendr sus propios ritmos. La oligarqua puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energtico, claves para la actual estrategia de acumulacin capitalista. Tampoco el EPL est en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones ms complejas del pas, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.

Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases

El proceso no es irreversible. Debido a la frmula de nada est acordado hasta que todo est acordado, en cualquier momento la oligarqua puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo poltico para Santos de patear la mesa en estos momentos sera ms alto, muchsimo ms alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estar calculando, y calcular hasta el mismsimo final, cul es la alternativa ms conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemnica con algunas concesiones, ms o menos importantes segn sea la fuerza popular que enfrenten.

Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos an para el bloque dominante que en todo momento est presto a recomponer su hegemona. Y digo bloque dominante porque, pese a quienes ven en el gesto del apretn de manos un gesto entre iguales, esto solamente es as y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano poltico y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, est claro que la oligarqua colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no ser puesto en cuestin ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no ser una paz de vencedores ni vencidos en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarqua mantiene su hegemona, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto poltico y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemona absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarqua sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este anlisis no significa que esa correlacin de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso ms largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construccin de poder popular y de autonoma que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace dcadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretn de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histrico.

Existe una tendencia a suspender el anlisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizs por la hegemona que el liberalismo ha mantenido por dcadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo poltico entre partidarios y enemigos de la paz, obviando que por paz se estn entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumpla acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto poltico bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habr quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de unidad para el posconflicto en las elecciones del 2018 dando as nuevos bros a esa oligarqua moribunda. Estos sbitos cambios de opinin en ciertos sectores de izquierda reflejan un anlisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensin clasista de la realidad, sino en un anlisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construccin de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas polticas del momento y decidan un curso de accin para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cmo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligrquica, con fachada democrtica. Retomar el anlisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse polticamente para las luchas que se vienen.

Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen

Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmacin, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como tambin decamos, qu tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilizacin popular, tendencia que objetivamente reforzar a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organizacin populares, tendencia que, objetivamente reforzara las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarqua, ve la opcin de paz o guerra en funcin de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarqua va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusin.

Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (as como a los sectores oligrquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidacin de los derechos ms bsicos, represados por una poltica feroz de represin centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriquecindose a costa de la miseria popular. Esta contradiccin no se definir de manera puramente superestructural, ni en base a ningn sofisma jurdico, ni en base a ningn acuerdo de paz. Esta contradiccin se definir en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, ser la que incline la balanza a su favor. Como decamos, la oligarqua lleva la delantera y son ellos los que estn, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulacin por despojo proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.

Una de las primeras que sali a opinar despus del apretn de manos de Timolen Jimnez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernndez en su columna de El Mundo. En ella, la periodista espaola afirma que la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y forneas hacia su pas ()sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la poltica de seguridad que emprendi lvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pas de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios [12].

En la misma nota, Hernndez plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotacin por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:

El Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea, sellado en el 2013, tambin contribuy a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nacin sudamericana. En el 2014 la inversin espaola alcanz los 2.154 millones de dlares, un crecimiento del 126% sobre el ao anterior, convirtindose en el tercer principal inversor () Hace unos das el Presidente Santos recibi a una amplia delegacin de empresarios espaoles, entre los que estaban presidentes de compaas grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo inters por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarn un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciar que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente.

Sabemos que el pueblo no se cruzar de brazos a ver cmo le dejan el hueco donde haba monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visin dominante de la paz como una extensin de la perversa poltica uribista-santista de la seguridad inversionista, lo cierto es que todo depende de cmo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no est escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto depender del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, depender de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La ltima palabra la tienen las organizaciones populares.

Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminacin en un acuerdo de paz cuya implementacin, sabemos, ser, en el mejor de los casos, extraordinariamente difcil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habr conseguido lo ms importante, ms an si se impone la paz minimalista de Santos. Como lo seala el mismo Ospina, Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia econmica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podr ser una buena campaa de comunicacin, pero no llegar al corazn de millones de personas que necesitan ser parte de ella [13] . An estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrir espontneamente.

Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debera ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde si las cosas salen como deberan, algo altamente improbable- la oligarqua debera, en teora, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos y esto lo sabe la comunidad internacional y los burcratas de la resolucin de conflictos y construccin de paz- que el gobierno no cumplir los acuerdos, mentir y mantendr niveles importantes de represin, que sern descritos como niveles aceptables por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratgicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusin burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabar a la oligarqua la excusa para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amlcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: slo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratgicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la nica barrera objetiva que tendr esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del posconflicto.

 


Notas

[1] http://caracol.com.co/radio/2015/09/24/politica/1443058060_336247.html

[2] Ver, por ejemplo, http://prensarural.org/spip/spip.php?article17791

[3] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles

[4] http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/134-los-nadie

[5] Sobre este ltimo punto ver http://anarkismo.net/article/28474

[6] Sobre el particular, ver dos artculos anteriores, escritos en el contexto de la re-eleccin de Santos http://anarkismo.net/article/27091 & http://anarkismo.net/article/27046 . Ver tambin http://anarkismo.net/article/27180

[7] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203690&titular=%93debemos-prepararnos-para-la-paz%94-

[8] http://prensarural.org/spip/spip.php?article17810

[9] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203667&titular=el-acuerdo-sobre-tribunales:-%BFsin-derrota-ni-derroteros-de-justicia?-

[10] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles

[11] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203740&titular=%93el-proceso-de-paz-colombiano-es-uno-solo%94-

[12] http://www.elmundo.es/economia/2015/09/24/56041e27268e3e2b1a8b45cb.html

[13] http://www.elespectador.com/opinion/los-invisibles


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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