Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2015
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2015

Algunas consideraciones sobre el momento actual, los alcances y la potencia transformadora del proceso de paz en Colombia

Jairo Estrada lvarez
Rebelin


A cerca de tres aos de haberse iniciado el proceso de dilogos y negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) resulta conveniente aproximar un balance del estado actual del proceso, as como de algunas de sus implicaciones sobre el proceso poltico nacional y la geopoltica y la integracin regional. Entre tanto es evidente que las condiciones de contexto registran cambios de tendencia que deben ser estudiados a fin de valorar las posibilidades de la potencia transformadora que se podra desatar en Colombia como resultado de una solucin poltica al largo conflicto social y armado y las incidencias que sobre la Regin tendra la perspectiva de avanzar hacia un proceso de democratizacin real, en un pas que hasta el momento se ha erigido en estandarte de la estrategia geopoltica de dominacin y control territorial de los Estados Unidos y en referente de las derechas en Nuestra Amrica.

La tesis que se sostendr en este escrito consiste en afirmar que la alta probabilidad de transitar hacia escenarios de paz en Colombia incidir favorablemente sobre el actual campo de fuerzas, imprimindole un nuevo impulso al proceso de cambio poltico, socioeconmico y cultural democrtico en Nuestra Amrica, en momentos en que ste muestra signos de agotamiento en unos casos y de declive en otros, como resultado de los lmites que en forma desigual y diferenciada registran los proyectos polticos de contenido popular, reivindicatorios de la soberana y la autodeterminacin, emprendidos hace un poco ms de tres lustros en diferentes pases de la Regin y tambin de aquellos definidos como progresistas. Todo ello, desde luego, sin dejar de considerar que lo que suceda en Colombia podra tener los alcances de una revolucin pasiva, si no se logra desatar - con un importante respaldo social y popular - la potencia transformadora que tiene un (eventual) Acuerdo de paz [1]. En ese sentido, la tendencia del proceso poltico colombiano no difiere sustancialmente de lo que es vlido para el conjunto de los pases de Nuestra Amrica y para la Regin en general: se encuentra en disputa.

Razones para el inicio de los dilogos y la negociacin de La Habana

Para el inicio de los dilogos de La Habana, las consideraciones realizadas por las partes acerca del balance poltico-militar de la guerra jugaron un papel definitivo. Del lado del Estado, es evidente que los propsitos de una derrota militar de la guerrilla, que la llevara a su sometimiento y rendicin, no se pudieron cumplir. Ello pese a haber desarrollado un concepto de guerra integral que comprometi, entre otros:

1. Un enorme esfuerzo fiscal, que llev al gasto en seguridad y defensa a un promedio del 5.2 por ciento del PIB (incluidas las pensiones militares), muy superior al que registran los promedios internacionales, con el cual se financi la innovacin tecnolgica, el aumento del pie de fuerza a cerca de medio milln de hombres, es decir, a un tamao similar a las fuerzas militares de Brasil, un creciente involucramiento de la poblacin civil a travs de las delaciones, programas de desercin y guerra sicolgica, entre otros.

2. El apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos a travs de la llamada ayuda militar, contentiva de recursos frescos, tecnologa militar e inteligencia humana y tecnolgica; as el concurso de los servicios de inteligencia britnico e israel.

3. La organizacin de estructuras complejas de contrainsurgencia, que incluyeron la disposicin y operacin de fuerzas paramilitares, las cuales contaron adems con la financiacin por parte de grupos econmicos, empresas transnacionales, ganaderos, latifundistas y narcotraficantes.

4. La puesta en marcha de dispositivos culturales, apoyados en el despliegue impresionante de una ofensiva meditica nacional e internacional, encaminada a producir la idea de la insurgencia armada, especialmente de las FARC-EP, como el principal enemigo de la sociedad colombiana y como organizacin degradada hacia un cartel del narcotrfico [2], con lo cual se desconoci la naturaleza poltica, econmica y social del conflicto armado hasta negar su existencia y calificar la rebelin como una amenaza terrorista.

Por otra parte, del lado de la insurgencia es evidente que su propsito de toma del poder por la va armada tampoco se cumpli. Aunque en aras de la verdad histrica debe afirmarse que su estrategia nunca se limit al uso exclusivo de las armas, sino que contempl tambin la bsqueda de una solucin poltica, as como el impulso de proyectos polticos en la legalidad o en la clandestinidad y en el acompaamiento a mltiples procesos organizativos sociales y populares, especialmente en el nivel local.

La ofensiva poltica, militar y cultural del Gobierno durante los ltimos lustros oblig en todo caso a un replanteo de las tcticas guerrilleras y a una nueva valoracin de las posibilidades del accionar militar en un contexto de inmensa asimetra. En medio de la fuerte ofensiva del Plan Colombia y del Plan Patriota y de sus mltiples variaciones y actualizaciones a lo largo de la dcada anterior, la guerrilla pudo recomponerse y adaptarse a las nuevas condiciones y continuar su trabajo poltico.

Adems de las consideraciones que resultan del balance poltico-militar de la guerra, hay otras de gran significado que se explican, por una parte, por los cambios en el bloque dominante en el poder ocurridos en Colombia tras la eleccin presidencial de 2010 y la valoracin que hace la faccin desde entonces gobernante acerca de los impactos de una continuidad de la guerra sobre la estrategia de acumulacin y el modelo econmico, particularmente en lo referido a la colonizacin capitalista de nuevos territorios de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacfico colombianos, a fin de ser incorporados en la dinmicas de acumulacin transnacional ahora financiarizada; territorios por cierto en los que la presencia guerrillera contina siendo significativa.

La normalizacin de esos territorios para el despliegue de megaproyectos minero-energticos y de infraestructura, sustentados en la inversin extranjera y de poderosos grupos econmicos, devino en necesidad para la acumulacin capitalista en su etapa actual. Frente al alistamiento y el despojo basado en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, que ha producido ms de siete millones de desplazados, le sigue, como resultado de un eventual Acuerdo de paz, la pretensin de continuidad, ahora basada en el restablecimiento de un orden del derecho. Dicho en otras palabras, se considera que la guerra ya cumpli su funcin de expropiacin violenta para apuntalar el rgimen extractivista de acumulacin y lo que contina es su institucionalizacin, la cual se presenta adems como democrtica y modernizante del capitalismo [3].

Por otra parte, la valoracin guerrillera del campo de fuerzas, que la lleva a considerar nuevas condiciones de posibilidad para un acuerdo poltico que permita terminar la confrontacin armada. Ello teniendo en cuenta un contexto regional en el que en medio de mltiples conflictividades y dinmicas diferenciadas en el orden nacional, se asiste a una redefinicin de las relaciones de poder, bien sea para propiciar la superacin de las predominantes o para producir su recomposicin, con un saldo general que hasta ahora muestra un debilitamiento de la injerencia estadounidense y un resurgir de principios de soberana y autodeterminacin, y se acompaa de la crtica a la economa poltica neoliberal, en algunos casos con elementos de anticapitalismo.

En el rediseo de las estrategias guerrilleras para la bsqueda de una solucin poltica incidi de manera significativa el despliegue de un nuevo rgimen de movilizaciones y luchas sociales y populares en diversos pases de la Regin que tras procesos organizativos previos irrumpiera con fuerza desde fines de la dcada de 1990 y se extendiera hasta entrada la segunda mitad de la dcada anterior para producir cambios polticos democrticos, nacional-populares y progresistas.

En el mismo sentido influyeron los lmites de una dominacin de clase basada en la guerra y el ejercicio estructural de la violencia y expresiones variadas de la crisis nacional, as como los impactos de la reorientacin del modelo neoliberal hacia un rgimen de economas de extraccin, que viene desatando nuevas conflictividades socioterritoriales (polticas, sociales, ambientales), ha estimulado importantes procesos organizativos y generado un nuevo ciclo de movilizaciones y luchas sociales y populares (con sus flujos y reflujos), en las que el campesinado pobre y desposedo principal afectado por la guerra- se ha constituido en baluarte, junto con procesos indgenas y afrodescendientes [4]. Todo ello, unido a los efectos que ha producido la urbanizacin forzada y a los problemas que genera el dominio del capital financiero sobre la economa y la vida cotidiana en los principales centros urbanos.

La lectura guerrillera del proceso poltico parece consistir en que a su juicio hay condiciones para pensar en el impulso a un proceso constituyente y que un eventual Acuerdo de paz representara robusto un aporte a ese propsito [5].

En suma, el inicio de la negociacin entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP dej abierto un comps de opciones para el curso futuro del proceso poltico. Incide sobre la cohesin del bloque dominante en el poder, produciendo y acentuando tendencias hacia su quiebre y puede contribuir a la mayor articulacin del campo popular, todava disperso. Sin duda, se est asistiendo a la recomposicin del campo de fuerzas, sin que todava estn suficientemente definidos los vectores de salida. El contenido de la paz y de escenarios tras un eventual acuerdo final entre las Partes est en disputa.

La Agenda de dilogos y negociacin y sus alcances

La Agenda pactada para adelantar los dilogos de La Habana es una buena expresin del balance poltico y militar de la guerra, as como de la valoracin que hicieron las partes del contexto y del momento poltico y socioeconmico. No se trata de un sometimiento o de una rendicin guerrillera al establecimiento; tampoco comprende una revolucin por decreto.

A mi juicio, es un acuerdo de negociacin de mnimos que se inspira, por una parte, desde la perspectiva del Estado en la posibilidad de terminar la confrontacin armada sin cambios que puedan afectar el sistema poltico y el modelo econmico. Se busca hacer realidad una pretensin de reinsercin y de absorcin sistmica de la rebelda armada, tal y como ocurriera con otros movimientos guerrilleros colombianos al finalizar de la dcada de 1980. Para ello fue necesaria una concesin: el reconocimiento de la naturaleza poltica y social de la insurgencia armada, que es lo que permite precisamente iniciar las negociaciones. En ese sentido, lo que se espera no es ms que una revolucin pasiva.

Desde la visin guerrillera, da cuenta, por otra parte, de los mnimos requeridos para producir el trnsito hacia la poltica abierta a travs de su conversin en movimiento poltico, con la expectativa que el escenario de reformas a acordar e implementar en un eventual Acuerdo final logre articularse con algunas aspiraciones histricas del campo popular y contribuir a fortalecer diversas dinmicas constituyentes en curso. De ah su tesis acerca de la necesidad de impulsar un proceso constituyente y de la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente como estacin necesaria para darle al rgimen de luchas un nuevo marco normativo (jurdico-institucional), sustentado en mejores y mayores condiciones de democratizacin.

Una lectura simple de la Agenda permite identificar que lo que es objeto de negociacin, coincide en principio con lo que se podra caracterizar como (algunas) causas histricas y factores principales de persistencia del conflicto colombiano [6]:

a) a) La no resuelta cuestin agraria a la que, a la histrica concentracin de la propiedad latifundista sobre la tierra (acompaada de su contracara, la recurrente expropiacin violenta del campesinado pobre y desposedo), se le agregan contenidos prevenientes de la tendencia del desarrollo capitalista: los conflictos de uso de la tierra (ganadera extensiva, agricultura para los agronegocios en detrimento de la produccin de alimentos, extraccin minero-energtica), la dimensin territorial y socioambiental, y la insercin en los procesos de la especulacin financiera.

b) b) El rgimen de excepcionalidad permanente de la organizacin del poder y la dominacin, que an bajo la forma jurdico-poltica del Estado social de derecho y de un rgimen de democracia electoral, se fundamenta en la conformacin de un sistema poltico y de representacin clientelista, corrupto, criminal y mafioso, en la continua restriccin y la pretensin de disciplinamiento al ejercicio de la oposicin poltica y social, as como en la estructuracin y activacin recurrente de complejos dispositivos contrainsurgentes, que han comprendido la conformacin de fuerzas paramilitares para combatir mediante el ejercicio estructural de la violencia toda forma de subversin social.

c) c) La irrupcin de la economa corporativa transnacional de la cocana con indiscutibles impactos sobre el conjunto de la formacin socioeconmica y sobre la propia tendencia y configuraciones del conflicto armado, incluida la creciente injerencia estadounidense en el marco de la llamada guerra contra las drogas.

d) d) Los impresionantes impactos del conflicto sobre la poblacin, que han producido una de las mayores tasas de desplazamiento forzado del mundo (ms de siete millones de hombres y mujeres durante las ltimas tres dcadas), la expropiacin violenta de tierras y territorios, en cifra que se acerca los ocho millones de hectreas (algo ms del 7 por ciento del territorio nacional), ms de 200.000 homicidios por razones polticas, y ms de 50.000 desapariciones forzadas, adems del extermino de organizaciones polticas, sindicales y sociales. Todo ello da cuenta de cifras muy superiores a las que registraron las dictaduras ms sangrientas en Nuestra Amrica.

En efecto, la Agenda es contentiva de puntos concernientes a la Poltica de desarrollo agrario integral (Punto 1), la Participacin poltica (Punto 2), la Solucin al problema de las drogas ilcitas (Punto 4) y a las Vctimas del conflicto (Punto 5) [7]. Junto con estos temas, de cuyos acuerdos se generarn impactos sobre el conjunto de la sociedad colombiana, se encuentra el Fin del conflicto (Punto 3), que comprende requerimientos especficos de las FARC-EP para transitar a la poltica abierta.

Hasta el momento se han logrado acuerdos parciales de los Puntos 1, 2 y 4 y se espera un pronto anuncio de acuerdo sobre el Punto 5. Asimismo, se ha iniciado el abordaje simultneo de los componentes del Punto 3 Fin del conflicto, que fue definido en la Agenda como un proceso integral y simultneo.

Una valoracin preliminar de lo hasta ahora acordado permite afirmar que en lo esencial se han sentado las bases para un impulso democratizador en lo poltico, lo econmico y lo social, el cual puede ser definido en trminos de la posibilidad de apertura de un ciclo reformista. Tal posibilidad se comprende como un campo de fuerzas en disputa en el que se deber enfrentar la persistencia y continuidad de la poltica neoliberal, as como el miedo a la reforma que ha caracterizado histricamente a las clases dominantes colombianas, lo cual las ha llevado de manera recurrente a la organizacin y disposicin de estructuras contrainsurgentes.

Para comprender los alcances y las posibilidades de los acuerdos parciales, sobre todo cuando se hacen comparaciones con otras experiencias de la Regin, es necesario considerar historicidad particular del proceso poltico colombiano. A diferencia de los pases de la Regin, en Colombia se ha vivido la excepcionalidad de la guerra y el ejercicio de la violencia durante ms de medio siglo, en medio de un rgimen que se ha proyectado como la democracia ms estable de Nuestra Amrica. As es que lo que aqu se define como la posibilidad de apertura de un ciclo reformista representa una respuesta a un conjunto de acumulados no resueltos histricamente que hoy, con nuevos contenidos, requieren ser superados para transitar efectivamente hacia lo que en el lenguaje del Acuerdo de La Habana se califica como una paz estable y duradera.

Acuerdos sobre Poltica de reforma rural integral

Los acuerdos en materia agraria implican un reconocimiento implcito del campesinado pobre y desposedo del pas; fuerza poltica y social que no slo ha estado excluida de la poltica estatal por el predominio de un modelo agroexportador que ha desconocido (y destruido) la economa campesina, sino que ha sido la principal vctima del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar. Lo acordado apunta en lo esencial al buen vivir y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

Sin que se pueda afirmar que se pondr en marcha un proceso de reforma agraria en el sentido clsico del trmino, el Acuerdo deja sentada las bases para una transformacin estructural del campo colombiano a travs de la implementacin de una poltica de reforma rural integral que, poniendo en el centro al campesinado, comprende, entre otros:

1. 1. Definiciones sobre la democratizacin del acceso a la propiedad sobre la tierra para campesinos sin tierra o tierra insuficiente y para las comunidades rurales ms afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo al distribucin equitativa de la tierra, a travs de la creacin de un Fondo de Tierras de distribucin gratuita y de otros mecanismos de acceso que incluyen subsidios de compra y crditos especiales de compra, la formalizacin masiva de la pequea y mediana propiedad rural y la restitucin de tierras despojadas [8].

2. 2. La formulacin de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las caractersticas de su vocacin, el bien comn y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de instancias de participacin y teniendo en cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservacin de los recursos hdricos y la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre la vocacin y el uso del suelo rural; 3) la prioridad de la produccin de alimentos para el desarrollo del pas (); 4) las particularidades sociales, culturales y econmicas de los territorios [9].

3. 3. La formacin y actualizacin del catastro e impuesto predial rural, que apunta a castigar la gran propiedad latifundista y los usos improductivos de la tierra.

4. 4. El cierre de la frontera agrcola y la proteccin de zonas de reserva, que incluye el reconocimiento del papel de los territorios campesinos en la forma de Zonas de Reserva Campesina, as como el compromiso de definicin de las reas de tales zonas con las comunidades interesadas.

5. 5. El diseo y puesta en marcha de Programas de Desarrollo con enfoque territorial, que deben cobijar la totalidad de las zonas rurales del pas, atendiendo criterios de priorizacin para las zonas ms necesitadas.

6. 6. La formulacin y puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, orientados a la superacin de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la poblacin rural; () y a la integracin y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Dichos planes comprenden infraestructura y adecuacin de tierras; desarrollo social (salud, educacin, vivienda, erradicacin de la pobreza, formalizacin laboral rural y proteccin social; estmulos a la produccin agropecuaria y a la economa solidaria y cooperativa [10].

Este Acuerdo parcial est acompaado de un conjunto de salvedades formuladas por la guerrilla de las FARC-EP, las cuales se enfocan en aspectos de carcter estructural referidos, entre otros, a la erradicacin del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso, a la redistribucin democrtica de la propiedad, al freno a la extranjerizacin de la tierra, a la declaracin del carcter estratgico de los recursos naturales energticos y mineros y a su recuperacin, a la regulacin de la extraccin minero-energtica y de la produccin de agrocombustibles, a los conflictos de uso de la tierra, a la revisin y renegociacin de los tratados de libre comercio, a ajustes en el ordenamiento territorial, a la financiacin de la poltica de desarrollo rural y agrario integral, a la cuantificacin del fondo de tierras, a la creacin del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y a definicin sobre el derecho real de superficie [11].

Acuerdos sobre Participacin Poltica

En lo concerniente al punto de Participacin Poltica, los acuerdos apuntan en lo fundamental a la ampliacin del espacio democrtico a fin de proveer nuevas condiciones para el ejercicio de la poltica en general, y para los partidos, organizaciones y movimientos polticos y sociales que ejercen la oposicin y buscan convertirse en alternativas de poder y de gobierno. En atencin a ello, se concentran en:

1. 1. La definicin de lineamientos de poltica y en la formulacin de medidas y acciones para dar garantas plenas a la oposicin poltica y, en particular, a los nuevos movimientos que surjan tras la firma de un (eventual) Acuerdo final. En ese sentido comprenden, a) el reconocimiento de derechos y garantas en general, tanto para organizaciones polticas que ejercen oposicin dentro del sistema poltico y de representacin, como para aquellas organizaciones o movimientos sociales y populares que lo hacen por fuera de l, lo cual deber traducirse en la formulacin de un Estatuto de garantas para el ejercicio de la oposicin poltica, b) la provisin de garantas de seguridad para el ejercicio de la poltica a travs de la creacin de un sistema integral de garantas [12].

2. 2. La superacin de restricciones a los mecanismos de participacin poltica y social, que incluye garantas para los movimientos y organizaciones sociales y para la movilizacin y la protesta social; la participacin social a travs de medios de comunicacin comunitarios, institucionales y regionales; garantas para la reconciliacin y la no estigmatizacin; el control y la veedura ciudadana; el fortalecimiento de la planeacin democrtica y participativa [13].

3. 3. Medidas para promover la mayor participacin poltica en todos los niveles, en igualdad de condiciones y con garantas de seguridad, dentro de las cuales se encuentran la promocin del pluralismo poltico, de la participacin electoral y de la transparencia de los procesos electorales; la reforma al rgimen y la organizacin electoral, la promocin de una cultura poltica y democrtica participativa, el impulso a la representacin poltica de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, a travs de la creacin de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que elegirn Representantes a la Cmara; y la promocin de la participacin poltica de la mujer.

Tambin en este punto, la guerrilla de las FARC-EP formul un conjunto de salvedades al Acuerdo parcial, cuyo alcance es buena medida de carcter estructural. stas se refieren a su demanda por una reestructuracin democrtica del Estado y una reforma poltica en funcin de la expansin democrtica; a la revisin, reforma y democratizacin del sistema poltico electoral; la reforma a los mecanismos de participacin ciudadana, en especial a persistentes restricciones y limitaciones reglamentarias; la proscripcin del tratamiento militar a la movilizacin y la protesta social; la eleccin popular de los representantes de los organismos de control; la participacin ciudadana en la definicin de asuntos de inters nacional; la democratizacin del espacio radioelctrico, la informacin y la comunicacin; el ordenamiento territorial y el estmulo a la participacin de las regiones; la participacin y en control social en el proceso de la poltica pblica, la planeacin y la poltica econmica; la participacin social en los rganos e instancias de direccin de la economa; la democratizacin y garantas de participacin, reordenamiento territorial y descentralizacin para la justicia social urbana; el reconocimiento de derechos polticos para garantizar la participacin poltica y social de campesinos, indgenas y afrodescendientes; la participacin social en los procesos de integracin de Nuestra Amrica, especialmente de Unasur y la Celac; el control social y popular y la veedura ciudadana sobre los tratados suscritos por el Estado, incluyendo medidas transitorias de proteccin frente a aquellos que vulneren los derechos de la poblacin [14].

Acuerdos sobre Solucin al problema de las drogas ilcitas

Los acuerdos parciales sobre la Solucin al problema de las drogas ilcitas comprenden un reconocimiento del fracaso de la poltica de guerra contra las drogas impulsada por los Estados Unidos y aceptada por los gobiernos colombianos de las ltimas dcadas. Asimismo, dejan atrs la idea de una guerrilla degradada en industria criminal y reconvertida en organizacin narcotraficante. En lugar de ello, parten de un reconocimiento, primero, de la problemtica social, de abandono y pobreza, que se esconde tras los cultivos de coca, erigidos en alternativa econmica de sectores de la poblacin rural; segundo, del carcter de salud pblica que tiene el fenmeno del consumo; y tercero, de la necesaria distincin que debe hacerse frente a la criminalidad organizada asociada con el narcotrfico.

Los acuerdos su fundamentan en la necesidad de ofrecer opciones distintas a la erradicacin forzada de cultivos basada en la aspersin area con agentes qumicos, especialmente con glifosato, y la persecucin y la criminalizacin de los productores de coca, a travs de la formulacin y puesta en marcha de un Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito, como parte de la transformacin estructural de campo que busca la Reforma rural Integral, el cual se sustenta en la ms amplia participacin de las comunidades afectadas, especialmente campesinas, y en la implementacin de planes integrales municipales y comunitarios de sustitucin y desarrollo alternativo. El carcter voluntario y concertado de la poltica acordada comprende la decisin de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilcito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y el buen vivir [15].

En cuanto al consumo de drogas, adems de enfatizar su tratamiento como un asunto de salud pblica, se pact el compromiso gubernamental de crear el Programa Nacional de Intervencin Integral frente al Consumo de Drogas Ilcitas, as como de disear y poner en marcha un Sistema Nacional de Atencin al Consumidor de Drogas Ilcitas [16].

Respecto de la produccin y comercializacin de narcticos se acord intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, incluida una estrategia integral de lucha contra la corrupcin asociada al narcotrfico, la identificacin de la cadena de valor del narcotrfico para enfrentar el lavado de activos y las diversas formas de incorporacin de esos activos en la actividad econmica, controles estatales estrictos a la produccin, importacin y comercializacin de insumos y precursores qumicos, as como el rediseo de la poltica criminal en funcin de esos propsitos. En atencin al carcter global del negocio del narcotrfico se pact el compromiso del Gobierno de promover una Conferencia internacional en el marco de la Naciones Unidas [17].

Y finalmente, teniendo en cuanta las dimensiones de lo acordado de seal que ello solo ser posible si se cuenta con el compromiso del Gobierno, en cuanto debe proveer las condiciones para que lo acordado se pueda materializar; de las FARC-EP en el sentido de contribuir de manera efectiva en lo que est a su alcance, y en un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relacin, que con ocasin de la rebelin, se hubiese presentado con ese fenmeno"; y de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organizacin poltica y social, que de una manera u otra han consentido o se han involucrado con la economa del narcotrfico [18].

Tambin en este punto, la guerrilla de las FARC-EP dej sentadas unas salvedades respecto de la nueva poltica criminal que a su juicio debe centrarse en la persecucin y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del marcado de las drogas ilcitas, as como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de trfico y lavado de activos. Asimismo, demandaron la suspensin inmediata de las aspersiones areas con glifosato y la reparacin integral de las vctimas de tales fumigaciones; sealaron, en el contexto del tratamiento de salud pblica que se le debe dar al consumo, la necesidad de una reforma al sistema de salud; y abogaron por la realizacin de una Conferencia nacional sobre poltica de lucha contra las drogas, que se analice y arroje conclusiones sobre el problema de la comercializacin y produccin de drogas ilcitas, como fenmeno ligado al paramilitarismo. Y aborde el asunto concerniente a la relacin entre conflicto, narcotrfico e impacto sobre la institucionalidad [19].

Acuerdos sobre Vctimas

Aunque todava no se han dado anuncios que indiquen un Acuerdo parcial en el punto de Vctimas, los comunicados conjuntos producidos por la Partes indican que se est cerca de concreciones en este aspecto. Por lo pronto, se puede afirmar que el Acuerdo representar un avance muy significativo en lo que concierne al necesario proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto.

En desarrollo de ese propsito, se pact la conformacin de la Comisin histrica del conflicto y sus vctimas, que produjo el informe Contribucin al entendimiento del conflicto armado en Colombia, el cual ofrece en doce trabajos de acadmicos e investigadores sociales y dos relatoras, una visin plural, con enfoques tericos y nfasis distintos, acerca del conflicto colombiano, que aportan a la comprensin de su complejidad, a la identificacin de causas histricas y de factores de persistencia, a la caracterizacin de los impactos sobre la poblacin y a una definicin de las responsabilidades [20]. La Mesa de dilogos acord igualmente la conformacin de una Comisin para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repeticin, que funcionar por tres aos tras la firma del (eventual) acuerdo final y deber producir un informe para aportar al esclarecimiento de la verdad, promover y contribuir al reconocimiento de las vctimas, y para propiciar la convivencia en los territorios [21]. Estos acuerdos sobre verdad indican que no habr una verdad oficial sobre el conflicto y sus vctimas, sino que sta responde a una construccin social que en sentido estricto representa un campo en disputa [22].

Por otra parte, las partes anunciaron que en atencin a la necesidad de reconocimiento de las vctimas y sus derechos, se disear y pondr en marcha un Sistema integral de verdad, justicia, reparacin y no repeticin, del cual se espera un conjunto de polticas, medidas y acciones, que deberan superar los diseos institucionales vigentes en ese aspecto, especialmente los contenidos en la Ley de vctimas y de restitucin de tierras (Ley 1448 de 2011), expedida por el Gobierno antes del inicio de la negociacin.

En la negociacin de este punto de Vctimas, una de las mayores dificultades se present en lo concerniente a la problemtica de la justicia a aplicar para posibilitar la terminacin de la confrontacin armada. Tras posturas iniciales del Gobierno que afirmaban fundamentarse en la llamada justicia transicional, pero preservando componentes de punicin, incluida la crcel para la comandancia guerrillera, se ha abri paso una solucin ms ajustada a la realidad de una negociacin que no descansa sobre el sometimiento y la rendicin del adversario. Las Partes anunciaron la conformacin de una jurisdiccin especial de justicia que, a partir de un concepto de justicia restaurativa y prospectiva, adems de atender requerimientos de las vctimas del conflicto, se ocupar de resolver la situacin jurdica de los guerrilleros (garantizando su ingreso a la poltica abierta), as como de los dems actores intervinientes de manera directa o indirecta en el conflicto, incluidos los no combatientes.

Con el acuerdo para la conformacin de la jurisdiccin especial de justicia se puso de presente que la terminacin del conflicto no puede descansar sobre la tesis del juzgamiento y la condena a la rebelin armada, sino que sta debe ajustarse a la verdad histrica del conflicto, la cual comprende una definicin compleja de responsabilidades diferenciadas que comprometen al Estado, a las fuerzas militares y de polica y organismos de inteligencia, a diferentes expresiones organizadas del poder poltico y econmico (partidos, grupos econmicos y empresariales, medios de comunicacin, entre otros), a gobiernos extranjeros, especialmente a los Estados Unidos, a grupos narcoparamilitares y a la propia guerrilla.

El previsible acuerdo sobre Vctimas y en especial la solucin de Justicia acordada hacen pensar que el proceso de La Habana entra en el terreno de la irreversibilidad, aunque sta desde luego no puede ser considerada absoluta, si se considera un contexto poltico en el que sectores de las derechas mantienen su empeo en retornar a la confrontacin armada abierta y no renuncian al deseo de la derrota militar de los rebeldes y de su sometimiento. Si el Acuerdo parcial sobre el Punto de Vctimas y la solucin de justicia se acompaan de un cese bilateral de fuegos y hostilidades los caminos hacia la paz con justicia social en Colombia tendrn mejores trazos [23].

Como ya se seal, est pendiente el abordaje del Punto 3 Fin del conflicto que es contentivo de los requerimientos especficos que exigen las FARC-EP para producir su trnsito a la poltica abierta y convertirse en movimiento poltico. Entre otros se trata del cese bilateral de fuegos y hostilidades, la dejacin de armas, la reincorporacin de la guerrilla a la vida civil en lo poltico, econmico y social, el compromiso gubernamental de combatir organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o polticos, el esclarecimiento del paramilitarismo, la provisin de garantas de seguridad y las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construccin de la paz [24]. Por los comunicados expedidos por las Partes se sabe que se est trabajando de manera simultnea en subcomisiones conjuntas especializadas, en las que se ha producido aproximaciones, pero sin el logro de acuerdos especficos, salvo aquellos asociados con medidas para el desescalamiento del accionar militar.

La dinmica actual de la negociacin sugiere que as como han sido posibles los acuerdos parciales ya analizados, tambin deben esperarse convenios en este punto, sin que se puedan arriesgar hiptesis acerca de los tiempos. Las Partes ya manifestaron en todo caso su voluntad de llegar a la firma de un acuerdo final hacia finales de marzo de 2016.

Adems de un (eventual) Acuerdo final estn pendientes los asuntos relacionados con la implementacin, la verificacin y la refrendacin de lo acordado. Tambin en esta materia se espera un pulso fuerte entre el Gobierno y las FARC-EP, si se tiene en cuenta que lo hasta ahora tiene al alcance de un conjunto de buenas intenciones. Para que lo negociado tenga mejores condiciones de materializacin, an est por definirse, por una parte, la fuerza normativa que debe adquirir lo acordado, es decir, su incorporacin en el ordenamiento jurdico en el nivel constitucional, legal o reglamentario segn el caso. Por la otra, quin produce tales desarrollos normativos. En sana lgica podra afirmarse que le corresponde a quienes han negociado y pactado desarrollar normativamente lo acordado. Pero evidentemente existe el propsito del Gobierno y de los partidos que conforman la coalicin gobernante de sacar lo acordado de la Mesa de La Habana, para que sus desarrollos normativos se hagan en el marco de la institucionalidad vigente, as sta tenga que acondicionarse para sacar adelante ese propsito [25].

En la formalizacin jurdica de lo acordado y en la solucin de las salvedades se encuentran parte de las expectativas guerrilleras por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, a la que adems se le otorga la funcin de refrendacin del (eventual) Acuerdo final. La terminacin del largo perodo de excepcionalidad que ha significado la guerra se concibe en la lgica guerrillera como el diseo de un verdadero pacto de paz que no sera otro que aquel que surja del nuevo diseo jurdico-poltico que produzca el constituyente primario.

Pero adems del debate sobre los desarrollos normativos, se halla lo concerniente a lo que se podra caracterizar como las consecuencias econmicas de la paz. Cmo se va a financiar un (eventual) Acuerdo final y quin lo va a pagar? Eso tambin est por definirse. Es evidente que desde la perspectiva de las clases dominantes se aspira a una paz gratis o por lo menos muy barata, ms an cuando el contexto macroeconmico se ha deteriorado sensiblemente por los efectos de la persistente crisis capitalista sobre el rgimen de acumulacin basado en la exportacin minero-energtica.

La potencia transformadora de un (eventual) Acuerdo final

Hacia dnde se inclina finalmente la balanza para terminar el conflicto, implementar, verificar y refrendar los acuerdos y para proveer los recursos para financiarlos no es asunto exclusivo de la Mesa de dilogos de La Habana. En realidad, todo ello hace parte del campo de fuerzas en el cual se disputa actualmente la orientacin del proceso poltico y socioeconmico. Como aqu se ha sealado, lo valioso del proceso de La Habana se encuentra en la potencia transformadora que l encarna. Para que sta se desate, ser necesaria no solo una aprehensin social de lo acordado, sino ante todo que ello se comprenda en los trminos que corresponde: como una contribucin a los mltiples esfuerzos del campo popular por propiciar un proceso de democratizacin real en los diferentes mbitos de la vida econmica, poltica, social y cultural del pas.

Sin dejar de valorar los numerosos procesos en curso, especialmente de la Marcha Patritica, del Congreso de los Pueblos, de partidos y organizaciones de izquierda, as como los variados repertorios de lucha y movilizacin social y popular exhibidos particularmente durante el ltimo lustro por parte del campesinado organizado, de las comunidades indgenas y afrodescendientes, que se articulan unitariamente en la Cumbre Nacional Agraria, tnica y Popular, y se expresan adems en numerosos movimientos socioterritoriales focalizados, debe afirmarse que an persiste la dispersin y la fragmentacin.

Asimismo, no ha logrado consolidarse an un entendimiento profundo del significado de la solucin poltica y de la nueva perspectiva poltica que ella abre y representa. Son varios los aspectos que se conjugan en ese sentido, entre otros:

a) La normalizacin histrica de la guerra, tras varias generaciones que la han vivido y padecido, impide apreciar el significado sin igual de su finalizacin y de las posibilidades que ello brinda para el pleno ejercicio de la poltica;

b) La consideracin en sectores del campo popular del proceso de dilogos y negociacin como un asunto ms del proceso poltico, paralelo y no necesariamente articulado con sus propias aspiraciones, lo cual se manifiesta en la diseccin que se produce entre la agenda de La Habana y la agenda social. En una falta de sindresis y de valoracin objetiva del momento poltico en algunos casos extremos se ha llegado a calificar el proceso como una claudicacin o un pacto de lites;

c) La persistencia de mezquindades que, sin manifestarlo abiertamente, aprecian en la solucin poltica y la transformacin de las fuerzas guerrilleras en movimiento poltico abierto una redefinicin del espectro de la izquierda y una amenaza para (pretendidos) liderazgos existentes. En este sentido, algunas expresiones propias de la cartografa histrica de la izquierda y del anticomunismo juegan un papel nada despreciable.

d) La visiones distintas (y en ocasiones enfrentadas) de la poltica y lo poltico en la actualidad; algunas privilegiando al extremo tendencias a la institucionalizacin de la poltica y los espacios institucionales, especialmente los derivados del rgimen de democracia (gobernable) electoral; otras, desatendiendo stas y considerando casi en forma exclusiva la movilizacin, el movimiento como un fin en s mismo. Todo ello se exterioriza en enfoques que se mueven entre el pragmatismo electorero de la inmediatez y la magnificacin intil de lo estratgico.

De todo ello surge la necesidad de promover y consolidar procesos de unidad del campo popular que conduzcan al encuentro de las diferentes trayectorias de organizacin y lucha de diversas expresiones de la insurgencia social y armada, si en verdad se busca contribuir a un cambio en el actual balance de fuerzas. Tal propsito pasa en las condiciones actuales necesariamente por construir coincidencias e identidades respecto de la potencia transformadora que se puede desatar con motivo de un (eventual) acuerdo final con la guerrilla de las FARC-EP. Un escenario no deseable para el campo popular consistira en que un eventual acuerdo paz lo encontrase apenas discutiendo acerca del qu hacer.

En ese contexto, adquiere especial significacin el inicio de los dilogos con el Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN [26]. La agenda y los (eventuales) acuerdos que surjan de ese proceso no solo fortalecern la perspectiva de la solucin poltica, sino que potenciarn an ms las posibilidades de unidad y la perspectiva de una redefinicin de la actual correlacin de fuerzas. De la misma forma que en la experiencia de las FARC-EP, tambin en el caso del ELN se est frente a una organizacin con indiscutibles trayectorias de lucha poltico-militar, de organizacin y de construccin de poder social y popular.

La posibilidad real materializar la idea de dos mesas de negociacin y un solo proceso de paz, pese a las evidentes dificultades de sincrona y simultaneidad, debera llevar a mayores reflexiones acerca de la perspectiva poltica para el campo popular, ms all de lo que especficamente se termine acordando por las dos guerrillas.

En ese aspecto, me refiero de manera especial a los debates sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque stos tuvieron al inicio del proceso de dilogos de La Habana la impronta de las primeras discusiones sobre los mecanismos de refrendacin, entre tanto me parece que stas se han ido decantando y han adquirido adems nuevos entendimientos y contenidos. Por una parte, se introdujo la distincin entre proceso constituyente y asamblea constituyente, en el sentido de que el primero, el proceso, debe comprenderse como expresin de diversas trayectorias de experiencia y dinmicas de lucha por la transformacin social que pueden (y deben) encontrarse y unificarse en el recorrido; y la segunda, la Asamblea, es una estacin necesaria del proceso consistente en formalizacin normativa (jurdico-poltica) de la (nueva) organizacin del poder y del rgimen de luchas, en este caso, de acuerdo con lo emergido de los Acuerdos de paz. Por otra parte, en cuanto que el sentido de proceso constituyente y la posibilidad misma de la Asamblea deben comprenderse como una construccin social en disputa, caracterizada por el conflicto social y de clase que es inherente al orden social vigente. Es decir, no est predeterminada o prefigurada, sino que depender en sus contenidos y alcances de lo que las fuerzas y las subjetividades polticas y sociales en contienda logren imprimirle, bien sea para sentar los fundamentos de transformaciones ms profundas o simplemente para renovar el poder y las relaciones de dominacin existentes.

Todo ello, en un marco en el que la Mesa de dilogos ha adquirido una funcin constituyente de facto y se convertido en productora de nuevo derecho, del derecho necesario para avanzar hacia un acuerdo de paz. Debe reconocerse que varios de los acuerdos superan el ordenamiento jurdico y gracias a ellos se ha abierto la posibilidad de superar el orden del derecho existente. Si se juzga por los puntos no resueltos de la Agenda, incluidas las salvedades, es evidente que los debates sobre los lmites de la Constitucin de 1991 adquirirn un mayor significado. Ms an, si se tiene en cuenta que lo que hasta ahora ha sido una negociacin de la guerrilla con el Gobierno y se ha traducido en acuerdos de sta con l, debe comprometer al conjunto de la formacin social, y especialmente al Estado como forma de organizacin y regulacin del poder y de las relaciones sociales existentes.

No es posible consolidar la perspectiva de una paz estable y duradera si sta se concibe como la mera absorcin de la rebelin armada. No se est frente a un proceso que pueda caracterizarse como de desmovilizacin, desarme y reinsercin. Se est asistiendo a la ruptura de los tiempos institucionales que hasta ahora organizan la poltica, a un reacomodamiento a veces imperceptible- de las relaciones de fuerza. En esencia, lo que parece estarse gestando y desencadenando es la posibilidad y la necesidad de un nuevo contrato social. De ah precisamente la importancia de la perspectiva constituyente.

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra Amrica

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra Amrica no ha sido abordado hasta el momento. Adems de la marcada tendencia a realizar anlisis que se mueven en el mbito exclusivamente nacional, es probable que stos se encuentren a la espera de un estado ms avanzado de la negociacin a fin de producir las evaluaciones correspondientes. Tal vez las nicas valoraciones explcitas que se conocen provienen de los sectores extremistas de la derecha colombiana, segn las cuales - apelando a un anticomunismo hirsuto- se estara incubando una entrega del pas al proyecto poltico del castro-chavismo.

En esta parte del texto se proponen algunas apreciaciones preliminares, que tienen adems el propsito de situar el proceso en el contexto de la geopoltica y de los procesos de integracin regional. La probable terminacin del conflicto armado ms largo y cruento del hemisferio occidental en una excelente noticia para la Regin, ms an cuando en ella se ha manifestado la voluntad poltica colectiva de hacer de Nuestra Amrica una zona de paz [27].

Es indiscutible que la persistencia del conflicto armado y, sobre todo, su encuadramiento dentro de la estrategia geopoltica estadounidense ha constituido un factor nada despreciable de justificacin del intervencionismo imperialista no solo para combatir la rebelin armada, sino para contribuir a contener la avanzada de los proceso de cambios poltico democrtico y popular que se han llevado a cabo en algunos pases de la Regin. Con el pretexto de la llamada guerra contra las drogas, cuyo epicentro ha estado justamente en Colombia, se ha producido una creciente presencia e injerencia militar estadounidense, que alcanz a convertir el pas no solo en el segundo receptor de ayuda militar despus de Israel, sino a todo su territorio en un portaviones terrestre de los Estado Unidos [28], merced al acuerdo de instalacin de siete bases militares a lo largo y ancho del pas.

Dicha presencia militar hace parte de una estrategia ms compleja, de militarizacin integral, diseada bajo la doctrina de la dominacin de espectro completo [29] que, tras la pretensin de controlar el acceso a largo plazo a recursos minerales, energticos, de fuentes de agua y de biodiversidad, conjuga elementos del dominio poltico (incluidos los llamados golpes blandos) y tecnolgico, dispositivos jurdicos, econmicos y culturales, con fuerte presencia e intromisin militar. Con ella se busca por otra parte, afianzar la debilitada hegemona estadounidense en la Regin, en un contexto de redefinicin de las alianzas internacionales y de reacomodos geopolticos, propiciados por los pases en los que se han producido cambios polticos reivindicatorios de la soberana y la autodeterminacin y se han puesto en marcha polticas de Estado hacia el multilateralismo. En ese sentido, se trata tambin de esfuerzos de contencin de la presencia de China y de Rusia y de las pretensiones de Brasil en erigirse en potencia regional y mundial.

Un eventual acuerdo de paz en Colombia no modifica desde luego en lo esencial la estrategia geopoltica estadounidense. En las condiciones actuales podra incluso afirmarse que un acuerdo tambin es del inters estadounidense. An ms, la suscripcin de un acuerdo por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP no es posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Por ello, no es ninguna casualidad la presencia y el seguimiento continuo al proceso de dilogos de La Habana a travs del enviado especial Bernard Aronson [30]. As como la guerra ha sido funcional a la estrategia y ha favorecido a empresas transnacionales vinculadas con los negocios que de ella se derivan (armas, qumicos, contratismo mercenario, entre otros), tambin lo ser un escenario de pos-acuerdo, sobre todo por las mejores condiciones para la inversin transnacional. En lo dems, la presencia estadounidense se mantiene inclume. Obliga s a un cambio en las formas de actuar y las lneas de argumentacin, que ya no podrn sustentarse exclusivamente en la guerra contra las drogas y el combate al terrorismo, tal y como se viene apreciando ms recientemente en el discurso (y la retrica) de la poltica exterior de Estados Unidos frente a la Regin [31].

La suscripcin de un (eventual) Acuerdo final aleja la posibilidad de intervenciones ms directas y abiertas en Nuestra Amrica y mejora, dada esa circunstancia, no solo las condiciones internas de seguridad, sino aquellas de los pases fronterizos de Colombia, especialmente de los que controvierten la poltica estadounidense. As como la muy probable superacin del estado de normalizacin de la guerra tendr un significado profundo para el devenir del proceso poltico colombiano, cuyos alcances son an difciles de sopesar, lo mismo ocurrir en perspectiva regional con la superacin del conflicto armado. El sueo de nuestro territorio americano como zona de paz se abre paso.

Por otra parte, si el acuerdo de paz deriva, como se ha dicho, en un desencadenamiento de la potencia transformadora que l contiene, y conlleva por tanto al inicio de un proceso de democratizacin efectiva, se estaran generando nuevas condiciones de posibilidad para reforzar el balance del actual campo de fuerzas a favor del campo democrtico-popular, en un marco en el que ste pareciera debilitarse (o agotarse) por la atenuacin de los alcances reformistas de los procesos de cambio poltico, econmico y social, las dinmicas internas de nuevas y complejas conflictividades, y los impactos de la prolongada crisis capitalista mundial.

En ese sentido, es evidente que el curso del proceso poltico colombiano tras la firma de un (eventual) acuerdo final incidir sobre la correlacin regional de fuerzas y entrar a hacer parte de las trayectorias en disputa: la continuidad y profundizacin del proyecto neoliberal en su escala regional-transnacional; el reacomodo de la dominacin de clase hacia las versiones de posneoliberalismo; la (renovada) persistencia prolongacin de proyectos nacional-populares. De la misma manera, deben esperarse impactos sobre los procesos de integracin en curso. Aunque es mayor la retrica de la integracin, que la realidad material de los procesos, en esta materia el espectro de los proyectos integradores tambin est marcado por la tendencia de la contienda poltica regional y los proyectos econmicos en juego: desde la integracin neoliberal de los Tratados de Libre Comercio y la Alianza del Pacfico, hasta la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica, Alba, pasando por Mercosur.

Consideraciones finales

Llevar a feliz trmino la firma de un acuerdo final no es una tarea fcil. Como se mostrado en este texto, an se encuentra pendiente el abordaje y la construccin de acuerdos sobre aspectos de la Agenda de suma complejidad, cuya solucin se encuentra en manos del Gobierno y de la guerrilla. Hasta las partes han comprobado que si existe la voluntad poltica, como se ha evidenciado hasta ahora, el propsito de la solucin poltica al conflicto social y armado se puede hacer realidad. Y ello es profundamente esperanzador. Ello sin desconocer la an insuficiente aprehensin social del proceso de negociacin y la persistente oposicin de sectores de la derecha y del establecimiento colombiano, empeados en el saboteo sistemtico a un eventual acuerdo de paz.

Con independencia de las valoraciones y alcances que Rudolf Hommes le da al proceso de paz, distintos a lo sostenido en este escrito, considero que es vlido el aserto de Smadar Cohen-Chen y otros, citado por l: La esperanza y el miedo desempean papeles opuestos en el contexto de prolongados conflictos no resueltos. Mientras que la esperanza promueve una orientacin favorable a la paz, induciendo imgenes de un futuro mejor y caminos para alcanzarlo, el miedo inhibe la confianza y la posible resolucin del conflicto, haciendo mayor nfasis en informacin amenazadora [32].

Derrotar el miedo a un acuerdo de paz, constituye en ese sentido una tarea de gran significado poltico. Y ms all de ello, un propsito an ms difcil consiste en concebir el desenvolvimiento de una transicin poltica que pareciera estar en sus albores, cuando sta tendr que ocurrir en medio de unas condiciones estructurales polticas, econmicas, sociales y culturales, y unas subjetividades polticas y sociales predominantes, que se resisten al cambio, pero cuyos fundamentos se pueden ver afectados y estremecidos por la potencia transformadora de un acuerdo de paz y los nuevos tiempos que ste inaugura para la poltica. Est por verse, si lo viejo que se resiste a morir, muere; y si lo nuevo que no acaba de nacer, nace. El trnsito hacia un pas en paz estable y duradera, con justicia social.


Notas

[1] Gmez Buenda dictamin que el proceso terminar en la simple desmovilizacin de las FARC. () despus de tanto sudor y mucho ruido, el proceso de paz va a terminar en la desmovilizacin de las FARC, pero no en cambios polticos o sociales de mayor envergadura, Hernando Gmez Buenda, La historia del maana, en El Espectador, 18.09.2015. Estrada por el contrario considera que las impactos del proceso se encuentran en disputa. Ver, Jairo Estrada lvarez, Revolucin pasiva o inflexin poltica hacia la democratizacin real, en Revista Izquierda, No. 47, agosto 2014.

[2] Pablo Emilio Angarita, et. al, La construccin del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Medelln, 2015.

[3] Tras de ello se encuentra el propsito de facciones del capital financiero de deshacer su alianza con sectores latifundistas y narcotraficantes, que produjo muchos rditos especialmente durante los gobiernos de Uribe Vlez (2002-2010). La persistencia del proyecto poltico de esta derecha ms extrema con el Partido Centro Democrtico se expresa en su frrea oposicin frente al proceso de paz.

[4] Me refiero a la Marcha Patritica, al Congreso de los Pueblos, la Coalicin de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc, la Cumbre Nacional Agraria, tnica y Popular, entre otros.

[5] Vase, Lineamientos generales para un proceso constituyente abierto para la transicin a la Nueva Colombia. Consultar en: https://resistencia-colombia.org/index.php/dialogos-por-la-paz/comunicados/3540-lineamientos-generales-para-un-proceso-constituyente-abierto

[6] Estos factores fueron abordados, analizados y demostrados en la mayora de en la gran mayora de trabajos que conforman el Informe de la Comisin histrica del conflicto y sus vctimas, Contribucin al entendimiento del conflicto armado en Colombia. La creacin de la Comisin fue pactada por las partes en el contexto de la negociacin del punto de Vctimas, con el propsito de explicar las causas y orgenes del conflicto, los factores de persistencia, los impactos generados sobre la poblacin y de aproximar una caracterizacin de las responsabilidades. El sealado informe fue entregado a la Mesa de La Habana el febrero de 2015. Ver, Comisin histrica del conflicto y sus vctimas. Contribucin al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogot, 2015.

[7] Ver, Acuerdo General para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, La Habana, 26 de agosto de 2012. Consultar en:

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

[8] Vase el texto del acuerdo sobre el primer punto de la Agenda: Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral, Consultar en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20%20Pol_tica%20de%20desarrollo%20agrario%20integral.pdf

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Vase, Primer punto de la Agenda: Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial. Salvedades, consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/desarrollo-agrario-integral

[12] Vase texto del acuerdo sobre participacin poltica: Participacin poltica: Apertura democrtica para construir la paz, consultar en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20Participaci_n%20Pol_tica.pdf

[13] Ibid.

[14] Ver, FARC-EP. Participacin poltica para la democratizacin real, la paz con justicia social y la reconciliacin nacional. Salvedades. Consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/participacion-politica

[15] Se prev que de no lograrse acuerdos con las comunidades el Gobierno proceder a la erradicacin de los cultivos de uso ilcito, priorizando la erradicacin manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Ver, Tercer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz, La Habana, mayo 17 de 2014.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ver, Solucin al problema de las drogas ilcitas. Constancia de salvedades de las FARC-EP. Consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/drogas-ilicitas

[20] Ver Comisin histrica del conflicto y sus vctimas. Contribucin al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogot, 2015.

[21] Ver, Informe conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo, La Habana, junio 4 de 2015.

[22] An est pendiente por definirse lo que la Mesa de dilogos deber acordar sobre el subpunto 7 Esclarecimiento del paramilitarismo (del Punto 3 Fin del Conflicto), aspecto que constituye otro componente esencial de la verdad histrica.

[23] Adems de las medidas de desescalamiento del conflicto acordadas por las partes, dentro de las cuales se encuentra el Acuerdo sobre limpieza y descontaminacin del territorio de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, de marzo 7 de 2015, debe destacarse el cese unilateral de fuegos de las FARC-EP y el anuncio de suspensin de bombardeos por parte del Gobierno.

[24] Ibid., Punto 3 Fin del conflicto,

[25] De eso se trata precisamente con la presentacin unilateral por parte del Gobierno del proyecto de acto legislativo para la implementacin del acuerdo de paz. Consultar en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/proyecto-acto-legislativo-paz-2015.pdf

[26] Al momento de escribir este texto, todo indicaba que se estaba a la espera de un momento oportuno para el anuncio formal del inicio de la negociacin.

[27] Declaracin de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (Celac), La Habana, 29 de enero de 2014.

[28] La expresin es de Renn Vega Cantor y Felipe Martn Novoa, Colombia y el imperialismo contemporneo. Un eslabn geoestratgico de los Estados Unidos, Ocean sur, Bogot, 2014.

[29] Ana Esther Cecea, Dominacin de espectro completo sobre Amrica, enero de 2014, consultar en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180149

[30] La participacin del abogado estadounidense Douglas Cassel como uno de los representantes del Gobierno en la Subcomisin jurdica que se ocup de preparar y proyectar el acuerdo sobre Jurisdiccin especial para la paz es una clara muestra de ello. Cassel, segn sus propias declaraciones a la prensa colombiana, fue propuesto al Gobierno por el seor Aronson.

[31] En ese marco est por definirse cul ser el papel que desempearn las Fuerzas Militares y de Polica colombianas dentro de la estrategia global de imperialismo en escenarios de pos-acuerdo. Cuando menos debera generar honda preocupacin el anuncio presidencial sobre la participacin de tropas colombianas en misiones de paz en el exterior, atendiendo el llamado del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Vase, El Tiempo, 26.09.2015

[32] Smadar Cohen-Chen, et. al, The Differential Efffects of Hope and Fear on Information Processing in Intractable Conflict, Journal of Social and Political Psychology, v. 2, No. 1, 2014. Citado en: Rudolf Hommes, Una oportunidad para la paz, El Tiempo, 27.09.2015.


 

Jairo Estrada lvarez, Departamento de Ciencia Poltica, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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