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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-10-2015

Entrevista a Marco Gandarillas, director del Centro de Documentacin e Informacin de Bolivia (CEDIB)
El divorcio entre los movimientos sociales y el Gobierno es notorio

Erika Gonzlez
la marea.com


En estos ltimos meses, la tensin entre el Gobierno de Bolivia y algunas organizaciones sociales ha ido a ms. En agosto pasado, lvaro Garca Linera acus a cuatro de ellas de estar mintiendo para favorecer a intereses y empresas extranjeras; segn el vicepresidente, reciben dinero del exterior para que nos convirtamos en guardabosques. Entre esas organizaciones estaba el Centro de Documentacin e Informacin de Bolivia (CEDIB), un centro de estudios que alberga el mayor fondo hemerogrfico del pas y tiene una amplia trayectoria en la difusin de pensamiento crtico, que respondi diciendo que se intenta acallar nuestros estudios, que muestran la inviabilidad del extractivismo. Aprovechando su paso por Madrid esta semana, entrevistamos a Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, para conocer sus impresiones sobre esta y otras cuestiones relacionadas con el momento actual que vive Bolivia.

-El Gobierno boliviano ha sostenido que la fase extractivista es indispensable en el corto y medio plazo para alcanzar el buen vivir. Es posible partir del extractivismo para llegar a ese buen vivir?

La primera cuestin es que haba la creencia de que no se poda, ni se deba inicialmente, hacer un desacople de la globalizacin, es decir, del papel histrico de Bolivia de ser un proveedor de materias primas y recursos naturales. De lo que se trataba, en opinin de los gobernantes, era de sacar un mayor provecho de esta relacin, casi necesaria, a travs de impuestos. Creo que este es el inicio del crculo vicioso que ha llevado a una profundizacin del extractivismo.

En el momento en que entra Evo Morales al Gobierno se da un cambio en la economa mundial: suben los precios de casi todas las materias primas, como el petrleo, los minerales y la soja. Esto repercute en mayores ingresos para el Estado boliviano y, en consecuencia, en una profundizacin de la dependencia de las exportaciones, en vez de en un desacople de la globalizacin. Se da, adems, un cambio fundamental en la manera de concebir el Estado en la economa: este pasa a ser un gestor de las exportaciones, su papel fundamental es garantizar que haya un flujo constante de materias primas al exterior, que no se interrumpa de ninguna manera. As que se orienta la mayor parte del presupuesto pblico a mantener este flujo. Y esta es la curiosa particularidad de la nacionalizacin del gas: no se nacionalizan los campos, lo que ms se nacionalizan son las infraestructuras de transporte. Con lo que este deja de ser un costo para las empresas privadas, que son las principales extractoras.

-YPFB no tiene un fuerte papel en la exploracin y explotacin de petrleo?

En la exploracin s, porque es una inversin sin retorno. Es como en los aos previos a la privatizacin, cuando el Estado hizo una inversin enorme en exploracin para determinar los lugares donde haba yacimientos. Pero luego se dio a las empresas la exploracin especfica orientada a la explotacin. Es decir, el mayor riesgo que hay en el sector se asume por el Estado y se aminora para las compaas.

El Estado dijo queremos ser socios de las empresas, no que sean patrones. Esa sociedad consiste en que las compaas exportan y Bolivia les da todo tipo de facilidades a nivel comercial, de infraestructuras, de rgimen impositivo, laboral y ambiental, para tener las rentas. Cuanto ms exporten, ms gana el Estado. Y ahora, con la cada de los precios, para compensar la prdida de ingresos se tiene que exportar ms y las inversiones del Estado se destinan a este fin. Este es el crculo vicioso.

-Entonces, hacia dnde se dirigen principalmente los ingresos pblicos?

La enorme cantidad de recursos que recibe el pas por este boom le ha generado un problema: tiene ms recursos que nunca en la historia, sin tener claro cules deben ser las prioridades en la inversin pblica. De forma muy pragmtica, se decide que las inversiones prioritarias se destinen a favorecer las exportaciones y entonces el 80% se destina a todo lo que las facilite y las ample. Entonces, esto repercute en el pas en la proliferacin de infraestructuras; como deben hacerse con mucha rapidez, eso conlleva incumplir acuerdos sociales y legales que involucran los derechos de aquellos que van a ser afectados, sobre todo de los pueblos indgenas.

Segn el Gobierno, son decisiones a las que nadie tiene derecho a oponerse, quien lo haga est atentando contra los intereses y la seguridad del Estado. De esa manera, transforma toda esta energa social, que va cuestionando el ritmo de la poltica econmica, en enemigos internos a los que hay que reprimir. En muy poco tiempo, entre 2010 y 2011, se dan las primeras y a la vez ms fuertes acciones represivas del Estado hacia las personas que cuestionan esta manera de conducir el proceso. La marcha contra la construccin de una carretera a travs del TIPNIS (Territorio Indgena Parque Nacional Isiboro Scure) se hace emblemtica por eso, porque supone una represin nunca antes vista hacia el sector ms vulnerable, los indgenas amaznicos, y contra una parte de la sociedad urbana que les apoya. ONG ambientales, defensoras de pueblos indgenas y organizaciones de derechos humanos, entre otras, son duramente atacadas, catalogadas como enemigas del desarrollo. Y se les trata de vincular, sin ningn tipo de prueba, con movimientos separatistas o con fuerzas de la derecha internacional.

-Por qu se utiliza una estrategia de represin y no de dilogo?

Creo que por la naturaleza de la poltica. El Gobierno se halla ante el hecho de mantener el flujo de las exportaciones y esto supone hacer las cosas muy rpidamente. Por ejemplo, hay que hacer una carretera en seis meses, lo que significa construir sin el concurso y el convencimiento de la sociedad, ms bien contra la sociedad. La rapidez est marcada por la demanda del mercado; es decir, si se necesita aumentar la produccin de soja para compensar la cada de precios, esto se debe realizar rpidamente. Y si se hace un proceso de consulta a los indgenas, puede que tarde dos aos. Si estamos hablando de hacer las cosas bien, respetando a la sociedad y el medio ambiente, supone entrar en otra dinmica en tiempos. El Gobierno va entendiendo, entonces, que su proyecto econmico, extractivista a ultranza, supone desconocer derechos.

Por el lado social lo que se produce es una enorme desilusin y, en algunos sectores, desmoralizacin. Porque es un proceso en el que apostaron todo y, de pronto, no es ms suyo sino que responde a intereses empresariales, de grandes transnacionales. Ms bien se les considera hostiles y enemigos por reclamar sus derechos o por exigir participacin. Y este divorcio entre movimientos sociales y Gobierno es cada vez ms notorio. Para m representa el surgimiento de un nuevo proceso social, nuevo porque ha habido un punto de ruptura con nuestra tradicin poltica previa. Hay muy poco que recuperar de las organizaciones histricas, porque casi no existen. El sector que ha quedado desprovisto de sus organizaciones tradicionales se organiza de otra manera, de formas novedosas, fuera de estructuras tradicionales. Es un movimiento social ms heterogneo, pero que tiene ms posibilidades de evitar la cooptacin estatal. Y que es duramente perseguido.

-Ms all de los sectores ms afectados, cul es la respuesta de la poblacin?

Inicialmente se dio un debate que tambin fue indito; un debate entre desarrollo y conservacin que parta, desde el lado gubernamental, de la idea de que hay un costo que hay que asumir: hay quienes se van a perjudicar pero Bolivia tiene que desarrollarse, a pesar de unas minoras. Pero ah la sociedad empez a ver con cierta claridad que no se trataba de unos pocos frente a una mayora, sino de algo que beneficiaba en el fondo a la globalizacin. Es decir, que la construccin de una carretera, como la que pretenda atravesar el TIPNIS, iba a beneficiar a los empresarios de la soja porque su objetivo principal era facilitar la exportacin de este producto.

Fue el momento inicial del divorcio entre una parte que apoy decididamente el proceso de cambio. Los pueblos indgenas amaznicos fueron un pilar fundamental, y las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas fueron parte del movimiento; su alejamiento hizo que el Gobierno interpretara que la oposicin no era tanto la derecha poltica, sino que iba a ser la sociedad organizada independiente del Estado. Y entonces disea una estrategia, que ahora est probada, de ilegalizacin de estos movimientos sociales independientes.

-Ante esta situacin, cules son los escenarios de futuro?

Hay que tener en cuenta el derrumbe de los precios de las materias primas. El Gobierno, entonces, tiene que replantearse varios de sus proyectos porque son econmicamente inviables; va a tener que gestionar una crisis econmica. Por otra parte, est gestionando una crisis poltica, y lo digo porque este divorcio con la sociedad se ha vuelto problemtico. Por ejemplo, en Potos, que vot masivamente a favor de Evo Morales, ha estado paralizada la ciudad con una movilizacin de casi dos meses.

Desde el lado de la sociedad, el dilema actual es si se va a seguir apostando por encaminar las energas hacia lo electoral o si, por el contrario, se va a apostar por recuperar y fortalecer el tejido social. Es posible que la crisis econmica haga que el Gobierno tome cualquier medida que tenga un impacto negativo en la calidad de vida de la sociedad y sin el respaldo social que tuvo, lo que puede dar lugar a una conflictividad inmanejable. Lo que se perfila es un escenario donde va a ganar protagonismo la movilizacin social.

* Erika Gonzlez es investigadora del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) Paz con Dignidad.

http://www.lamarea.com/


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