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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-10-2015

Colau, Carmena y las nuevas figuras de lo comn

Antoni Jess Aguil
eldiario.es


Durante sus primeros meses de gestin, los gobiernos municipales de Ada Colau y de Manuela Carmena han tomado medidas urgentes de justicia social para contrarrestar los procesos de mercantilizacin y privatizacin impulsados por el actual capitalismo del despojo, en especial en el mbito de la vivienda, donde la crisis ha dejado a miles de personas en las listas de espera de vivienda social y a innumerables familias al arbitrio del mercado de alquiler privado.

Como parte de su poltica antidesahucios, el Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a multar a entidades bancarias con pisos vacos durante ms de dos aos, ha optado por comprar viviendas destinadas al alquiler social, ampliar las partidas presupuestarias para ayudas de alquiler y revisar los criterios de acceso a la vivienda pblica. Adems, ha aprobado una moratoria de licencias para alojamientos tursticos y ha impulsado un plan para convertir el alquiler turstico ilegal en vivienda social y combatir la burbuja especulativa en el turismo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto la Oficina de Intermediacin Hipotecaria para frenar la sangra de desahucios, ha garantizado que las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo amenazadas por fondos buitre no se privatizarn, como tampoco los inmuebles del patrimonio municipal, ha mostrado su intencin de revisar y paralizar, si es necesario, las grandes operaciones urbansticas especulativas con el suelo urbano heredadas de gobiernos anteriores, ha anunciado la puesta en marcha de una auditora ciudadana de la deuda pblica y ha decido prescindir de las agencias privadas de calificacin para auditar la deuda municipal en 2016. Tambin se ha comprometido a ceder espacios infrautilizados a colectivos sociales y ha facilitado un piso social a los vecinos afectados por los recientes derrumbes.

Pero la cuestin de fondo la plante el actual concejal de Ahora Madrid Mauricio Valiente, quien en una entrevista radiofnica reivindicaba la primaca de la funcin social de la propiedad privada. Las declaraciones de Valiente reabren el debate sobre un tema que permanece deliberadamente oculto en el debate poltico y los medios de comunicacin hegemnicos. No slo suponen una contestacin al modelo neoliberal, que rechaza la funcin social de la propiedad y repudia las polticas pblicas que garantizan derechos sociales, sino tambin un desafo al carcter absoluto e inviolable de la propiedad privada, que el capitalismo, como dice Karl Polanyi, coloc bajo la mayor proteccin que se pueda concebir, convirtindola en un derecho natural e inalienable. Y es que somos herederos de una cultura jurdica y poltica elitista, generadora de desigualdad y exclusin, que consagr el derecho a la propiedad privada antes que el derecho a la salud, la vivienda o la educacin.

Ya Marx haba detectado el problema al sealar que la dinmica expansiva del capitalismo est acompaada por la tendencia a transformar formas no capitalistas de propiedad (comunitaria, estatal, etc.) en propiedad privada, vista como un instrumento de dominacin al servicio de lites. De ah que Marx conciba la propiedad privada como un fetiche capaz de perfeccionar su dominio sobre el ser humano y convertirse, en su forma ms general, en un poder histrico-universal utilizado por las clases propietarias para perpetrar el despojo de la inmensa mayora de la sociedad. Despojo de sus tierras y lugares de vida, de su fuerza de trabajo, de su vivienda, etc., en cumplimiento de los imperativos del capitalismo. Ms poticamente lo expres Roque Dalton cuando en un famoso verso escribi: Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo.

Lo que est por ver es en qu medida el escenario postelectoral abre la posibilidad de municipalismos que permitan transformar y democratizar, generando condiciones para que las mayoras desposedas recuperen el poder econmico y poltico en manos de oligarquas. Condiciones que trasciendan lo meramente correctivo (recuperacin de los servicios pblicos, limitacin de salario, implantacin de una fiscalidad progresiva, aplicacin efectiva del principio de funcin social de la propiedad, que consagra el artculo 33 de la Constitucin, entre otras) para actuar contra el entramado de dominaciones y opresiones cotidianas ejercidas por el capitalismo: la opresin hipotecaria, la explotacin laboral, la opresin de gnero, etc. En otras palabras: municipalismos que articulen la lucha por la democracia radical con los impulsos y resistencias populares anticapitalistas, como la Comuna de Pars o, ya en la actualidad, el municipalismo de la CUP.

Nos encontramos lejos de ese horizonte. Para acercarse a l, los nuevos municipalismos tienen que ir en la direccin opuesta a la de un rgimen jurdico y poltico saturado de capitalismo y neoliberalismo. Necesitamos espacios institucionales que aprendan a combinar la lucha defensiva dentro del orden dominante con la lucha ofensiva contra ese mismo orden, como dice Boaventura de Sousa. En la poca de Marx, por ejemplo, el combate de la clase obrera contra la explotacin capitalista inclua tanto luchas defensivas (defensa de los derechos adquiridos, recuperar el valor perdido de los salarios, etc.) como luchas ofensivas (reduccin de la jornada laboral, aumento del valor de los salarios, conquista de nuevos derechos). Hoy los pases del sur de Europa estn inmersos en un contexto de luchas predominantemente defensivas: luchas en contra de la agresin sistemtica de las clases dominantes a los derechos sociales, del desempleo, del trabajo precarizado, de la criminalizacin de los movimientos sociales, de la deslegitimacin de gobiernos democrticamente constituidos, etc. Ampliar el campo de las luchas ofensivas emancipadoras requiere un nuevo horizonte de prcticas y valores que reconecten las luchas cotidianas de la izquierda institucional y extrainstitucional con las luchas anticapitalistas. Son precisamente las luchas ofensivas las que permiten conquistar posiciones, construir otros significados y buscar caminos de superacin que se desven de la normalidad capitalista.

El municipalismo es una herramienta que puede servir para avanzar en este sentido. El reto es evitar que la institucionalizacin suponga el vaciamiento de contenido programtico en nombre de la gobernabilidad y aprovechar el salto a las instituciones para convertirlas en contrapoderes municipales: espacios de resistencia y creacin comprometidos con una poltica de lo comn que reconozca formas de propiedad colectiva y comunitaria gestionadas de manera cooperativa, cree espacios pblicos de autoorganizacin ciudadana, cooperativice bienes y servicios municipales, promueva experiencias de democracia directa y explore nuevas figuras de lo comn que rompan con el imaginario capitalista. As, durante la campaa electoral de mayo, Ada Colau, en sintona con iniciativas econmicas desde abajo, lanz la propuesta de una moneda social para Barcelona como mecanismo comunitario de intercambio y reciprocidad vecinal. Por otra parte, en su programa electoral Ahora Madrid apuesta por crear un banco de tierras agroecolgicas de titularidad pblica y un banco de crdito municipal, aunque el equipo de gobierno parece haber renunciado a esta ltima medida. Son indicios de luchas que permiten vislumbrar nuevas posibilidades, esperanzas de lo que podra ser un futuro en comn.

Antoni Aguil es filsofo poltico y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Combra.

Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/colau_carmena_6_438916130.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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