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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-10-2015

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (12)
Conexidad y Ruptura

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


1. Posible error

Agradezco al Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, a la Universidad Pedaggica, al Congreso de los Pueblos y a otras entidades por la invitacin a este encuentro, donde hemos podido escuchar esta maana un saludo fraterno de la Delegacin de Paz de las FARC-EP y explicaciones de expertos sobre la jurisdiccin especial para la paz, acordada en La Habana el 23 de septiembre pasado. Agradezco especialmente la conferencia de Luis Carlos Domnguez, del Partido Comunista, y del profesor Mario Aguilera, sobre la juridicidad insurgente.

Al or o ver sobre esas explicaciones en los vdeos que acaban de ensear, me doy cuenta que estoy frente a tres problemas: 1) me referir a un texto que no es pblico, que el pas en su conjunto no conoce, 2) por ello asumo el gran riesgo de equivocarme, basado apenas en suposiciones, pues cuando se conozca el texto ya acabado, quiz se ver que rotundamente estaba yo en un error (ojal de verdad mi ponencia sea descalificada como una torpe disertacin), y 3) me es difcil, teniendo un pie en el pragmatismo, no tener el otro pie en la utopa, en el ensueo, en la vagancia de las ideas, de las fantasas o de los amores.

Lo digo porque me acaban de aterrizar, al enterarme ahora mismo que habr pleno reconocimiento del delito poltico y de su ms amplia conexidad; que habr plena amnista; pleno indulto; y que habr, todo esto, ms sustanciales garantas de no repeticin de la guerra sucia, antes de empezar a andar dicha jurisdiccin especial o al menos de forma paralela.

Si eso es as, de antemano pido disculpas, pues estas lneas en esencia se reduciran a casi nada. El Establecimiento habra comenzado a cumplir, estara pasando de las palabras a los hechos, como lo acaba de sealar el comandante Pablo Beltrn en el vdeo enviado por el ELN, y apenas quedara la constancia de tensiones que habran tenido fugazmente sentido o valido la pena.

Como se me ha pedido referirme a lo que conceptualmente se denomina juridicidad insurgente, con la excelente obra conocida del profesor Aguilera, quien me antecedi en la palabra, tratar el tema pero desde un ngulo especfico, en la geometra de la rebelin, que sera el de la disputa de legitimidades o construccin de una nueva, en un proceso jurdico-poltico.

2. Situacin

Por diferentes razones, el Acuerdo o preacuerdo de La Habana del 23 de septiembre de 2015, ser en estos das, ahora mismo, complementado, u objeto de trabajo sobre puntos pendientes. Una gran polmica le ha rodeado, sin conocerse por la opinin pblica en qu consiste en detalle dicho pacto suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, y en qu sentido son necesarios los ajustes del andamiaje trazado o qu reglamentaciones deben producirse.

Basado de nuevo escrupulosamente en lo que al respecto se ha dicho a la prensa por ambas partes y en lo que sta ha informado en anlisis de variada calidad, a continuacin intento un examen abierto, con el propsito de sealar la posibilidad de que ms all de las materias que seran tratadas en dicha revisin impulsada por el Gobierno, como la extradicin, la conexidad o la restriccin de la libertad, otras cuestiones fueran re-planteadas o aclaradas en favor de una mejor posicin de los rebeldes.

Dicha reflexin la hago desde una perspectiva y un inters concreto, que es la defensa de la rebelin en tanto derecho universalizable y de confluencias polticas, ticas y culturales. Y secundariamente desde la perspectiva de las vctimas de crmenes de Estado, que seguramente desarrollarn con ms autoridad y propiedad sus respectivas crticas u observaciones. Ya algunas circulan y esperaremos qu soporte tienen. Para ello es necesario el texto ntegro del Acuerdo.

Aclaro s que una y otra perspectiva no estn separadas, pues existe de raz una evidente comunidad histrica entre vctimas de la injusticia sistemtica y sistmica, y las organizaciones rebeldes FARC-EP y ELN, pues sus correspondientes resistencias convergen en el anhelo de construccin de una paz digna o transformadora de la realidad. La referencia que Luis Carlos Domnguez ha hecho ac sobre Walter Benjamin y la justicia restaurativa es pertinente en este puente de pensamiento y reconocimiento desde el vigor de la historia de las resistencias.

3. Dos referentes

El mencionado preacuerdo de La Habana puede ser visto desde dos grandes referentes:

Primero, el de las experiencias de tribunales establecidos en medio o al final de guerras, cuya masa en esencia son los graves crmenes internacionales, con escasa o nula remisin a los contextos histricos, sociales, econmicos y polticos en los que tienen lugar esos conflictos. As, por ejemplo, est la mayora de los casos africanos o asiticos, ya sea de cortes mixtas, internacionales o internacionalizadas, casos en los que, en principio, puede decirse que no se trata de tribunales de vencedores sobre vencidos, sino que, con auspicio de una esquizofrnica comunidad internacional, se lleg a la supuesta victoria del Derecho y de la civilizacin, representada en los veredictos de esos jueces contra la barbarie.

En La Habana se ha llegado a un preacuerdo que para algunos tendra que ver con ese horizonte de oficiosidad del derecho penal internacional, bajo el apremio de que existe una vigilante y formalmente autorizada Corte Penal Internacional, cuyos requerimientos habra de incorporar - y se aceptaron de plano - para que sta no intervenga directamente. Dicho pacto del 23 de septiembre de 2015, influido por esa advertencia general, refleja no obstante un sendero en parte novedoso y particular, como en su momento lo fue el Tribunal Especial para Sierra Leona o el Iraqu, o como lo fueron las Salas Especiales para Camboya (alojadas en la juridicidad estatal; frmula que se parecera en lamentable coincidencia a lo que se hara en Colombia) o para Timor-Leste, y ms recientemente el Tribunal Mixto de la Repblica Centroafricana. Variantes que son diferentes de los Tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda que marcaron un hito, fruto de Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esos Tribunales o Salas es caracterstica y lgica una interpretacin o comprensin en una sola direccin, ms lineal, ms tcnica, ms acrtica o convencional de los derechos humanos y de las relaciones internacionales hegemnicas, partiendo de la adopcin de una supuesta o real evolucin del derecho penal internacional que reproduce la relacin centro-periferia, y por lo mismo se marca un escenario donde est ausente la impugnacin al sistema dominante.

Por los graves crmenes que sustancia, es tribunal y no tribuna en la que se pueda, en Derecho, hablar de las condiciones de opresin de muchos pueblos y de los desencadenantes de violencias mltiples.

No hay cmo reclamar all al orden desptico de la ley formal ni invocar luchas histricas contra su predominio. De acuerdo a esos rasgos, no valdra entonces ningn discernimiento ideolgico subalterno, ninguna declaracin o justificacin que tomara en cuenta condiciones socio-econmicas y el contraste de proyectos polticos. Se juzga el hecho de haber cometido crmenes espantosos, y punto.

En ese circuito, la justicia poltica no se llama tal, sino que se renombra aspticamente sin apellidos, en una poca de aparente victoria de los derechos de las vctimas. Se ve reducida entonces a un esquema ms o menos previsible. Es como una autopsia de rutina, que busca revelarnos de qu muri un ser criminal sometido a juicio, pero no nos pone de presente cmo vivi y qu desarroll dicho ente en sus interacciones. O peor an: no lo hace respecto a todos los cuerpos polticos concernidos. La cuestin est en saber por qu muchos ncleos responsables de crmenes permanecen y permanecern inclumes tras las necropsias. Debe ser que en realidad la justicia poltica por definicin no es igualitaria, y mientras decreta en el proceso poltico que unos deben desaparecer, desarmarse y transformarse, mira hacia otro lado tratndose del Estado y sus mecanismos de violencia. Para aproximarnos al tema, recomiendo leer al profesor italiano Danilo Zolo, entre varios autores.

Hay un segundo modelo -el que me importa realmente hoy subrayar, ms a efectos tericos- que podra resultar importante para el anlisis que algunos de nosotros y nosotras no queremos que desaparezca de nuestras cabezas. Es el que puede aplicarse desde la perspectiva no clsica de los derechos humanos ni neutra de los derechos de todas las vctimas, sino que se estructura a partir de una visin de confrontacin histrica, ideolgica, tica y poltica, que retoma con beneficio de inventario los alegados progresos del derecho nacional e internacional y refuta las soluciones formales de supuesta igualdad o simetra. Su objetivo ltimo es deslegitimar el orden de sojuzgamiento y proponer procesos emancipadores o transformadores desde los humanismos radicales de convergencia que forjan la base del derecho a la rebelin y sus propuestas de paz con justicia.

Para dicho modelo, son tiles herramientas sustantivas que nos vienen dadas en el curso histrico y cultural, siendo una de ellas, precisamente, el derecho a la rebelin o a la resistencia (violencia por mviles altruistas frente a estructuras de injusticia). Y tambin hay instrumentos que se derivan del reconocimiento directo de experiencias jurdico-polticas a travs de los siglos y de ciclos dismiles en muchas partes de nuestro arruinado mapamundi. Seran no slo instrumentales sustantivos sino tambin de carcter procedimental. Recursos a los que acudieron o acuden acusados tan lejanos en el tiempo como Scrates o Jesucristo, o recientemente el comandante Fidel Castro o los guerrilleros del FLN argelino. Tambin presos vascos e irlandeses, o saharauis y palestinos, de las organizaciones de resistencia. Vemoslo enseguida.

4. Defensa de connivencia o de ruptura

En tal herencia crtica se nos presenta un enfoque, que hallamos expuesto hace dcadas por el francs Jacques Vergs, de quien hemos hecho referencia otras veces. Me refiero a ese libro de 1968 titulado Estrategia judicial en los procesos polticos (ver edicin en Anagrama, Barcelona, 2009), que conocimos hace unos treinta aos de la mano del compaero Eduardo Umaa Mendoza, asesinado por el Estado colombiano, quien siendo abogado defensor en varios procesos, por ejemplo en el famoso de La Picota contra el M-19, asesor a ese grupo que determin en ese momento una lnea de ruptura vigorosa en tiempos de tribunales militares, que quiz comparativamente eran mejores para la reivindicacin y resonancia histrica de la rebelin, mejor que las cortes o juzgados penales que hoy condenan subversivos por doquier, presididas sin interrupcin desde hace tres dcadas por funcionarios no castrenses.

No entro a precisar ni brevemente lo que es ms o menos comprensible, aunque no sea fcil de sintetizar. Los procesos de connivencia seran los que la defensa del acusado encauza principalmente con acatamiento de las leyes del orden que le juzga: reconoce las reglas y la competencia del tribunal que se presta a dictar sentencia. Los de ruptura, por el contrario, tienden a impugnar esas normas dominantes, a no someterse a ellas, a desconocer a los jueces que se erigen como autoridad moral sin serlo, y a develar lo que hay tras su teln. Un ejemplo relevante y muy conocido de esta matriz es La historia me absolver, del comandante Fidel Castro.

O es la historia muy posible del capturado-acallado, del que siendo infractor no fue imputado para no darle la oportunidad de defenderse altivamente y activamente siendo en el juicio-teatro superior a su juzgador. Un escenario judicial que no fue, al cambiarse una sentencia por una rfaga. Me refiero verbigracia a los comandantes Ernesto Che Guevara o Alfonso Cano. Qu habra pasado en sus correspondientes defensas personales y colectivas en un estrado judicial? No se habran quedado silentes ni habran resultado vencidos.

Dice Vergs que el proceso de Guevara era irrealizable, hubiera conducido a un enfrentamiento de dos concepciones de la legitimidad en Amrica Latina, cosa que los jueces militares no podan aceptar. Por eso se esfumaron para dejar sitio al pelotn de ejecucin / En un proceso de connivencia no hay ms que una voluntad de vencer: la de la acusacin. En un proceso de ruptura, hay dos (pg. 64).

Esta cardinal idea, connivencia o ruptura, que para algunos hoy mismo no es ms que una vetusta consigna, algo muy viejo e impertinente, con mayor razn ad portas de un acuerdo final que ya se anunci, adquiere sin embargo una fecunda importancia, en mi opinin, la cual busco reflejar como preocupacin de quien acompaa como asesor jurdico de la insurgencia algunos debates en la Mesa de conversaciones de La Habana.

Por eso interesa poner de relieve el derecho a la estrategia de ruptura, sin que eso sea encapsularse en el destino de la guerra o esgrimir su fatalidad y perpetuidad, por supuesto que no queremos ms sufrimiento, pues el conflicto armado ha de superarse, pero tampoco hay que doblegarse en la connivencia con un orden de cosas terriblemente injusto que no cambia hacia adelante, que no genera condiciones de vida digna para las mayoras ni compromisos y mecanismos ciertos de no repeticin de la guerra sucia. Eso es lo que se impugna, creo con razn, basada en fundamentos del derecho internacional ms progresista, que llama a los Estados a emprender slidos esfuerzos de depuracin, de reformas a instituciones que han cometido terrorismo y paramilitarismo alentados desde las elites. Ya ni siquiera menciono que pueda haber derecho -y por lo tanto luchas por transiciones- a una paz que no sea la pacificacin que propone el modelo neoliberal, el cual pareciera es nuestro nico puerto.

Para aclararnos: se propone apenas ver necesidades y posibilidades de ruptura en la dialctica jurdica, no como retrica, escenificacin o histrionismo, sino a fin de probar hasta dnde el rgimen dominante se reforma, admite la otredad de las alternativas y responde a la alteridad rebelde en ese terreno, en ese campo de batalla. Explicaba Vergs: por la forma en que el poder regule sus conflictos judiciales de ruptura ser posible apreciar su contenido, su futuro, su fuerza (pg. 141).

5. Lo alcanzado en La Habana

Como espejo de esa cuestin poltica que adquiere a veces formas jurdicas, en La Habana las FARC-EP han desarrollado pasos acertados de impugnacin frontal, de ataque razonado y razonable del rgimen que han combatido, entrecruzada cada palabra de crtica hacia esas instituciones con el podero de las ideas de cambio, para que una nueva institucionalidad surja en funcin de la paz. De ah que han hecho en sus exposiciones lo que tambin es correcto replicar ms adelante, si llegara a ser necesario ante una maraa de acusaciones infundadas: Hay que defender la publicidad de los debates frente a los juicios a puerta cerrada (Vergs, cit., pg. 141). Por eso esta guerrilla aboga por debates pblicos y participacin social.

Atinadamente por eso propusieron las FARC-EP, entre varias labores del proceso de paz y sus derivaciones, que se investigara sobre el origen del conflicto, su causalidad, su desarrollo, sus efectos, sus vctimas, para lo cual se estableci una Comisin Histrica de 14 investigadores que presentaron sus informes en febrero de 2015, tras casi medio ao de pesquisas. Luego hubo otro paso en esa lnea defendido por la guerrilla: el acuerdo del 4 de junio de 2015 para que una especie de Comisin de la Verdad cumpla con la tarea de esclarecerla. Y as, hay un nimo de que se devele el llamado orden social injusto que explica la confrontacin en diversos niveles.

Es entonces inters de las FARC-EP acusar a su acusador. Es su derecho hacerlo, sin que ello signifique soslayar su compromiso con la construccin de una paz democrtica, firme, con justicia social. Por eso no slo rechaz esta guerrilla ser juzgada como vencida, impugnando inicialmente el unilateral Marco Jurdico para la Paz (reforma constitucional de 2012), sino que, fruto de esa batalla ganada no aceptando esa normatividad tal cual se le quera imponer, oblig al Estado a cambiar un poco de rumbo, teniendo el Gobierno Santos que asumir en parte otra frmula.

As, el preacuerdo del 23 de septiembre de 2015 denota una victoria y una derrota relativas del Establecimiento, pues por el momento acepta manejarse con otras reglas, que expresan el compromiso de crear, en su seno, con sus plataformas instituidas, unos rganos nuevos para dirimir responsabilidades penales.

Es derrota parcial y temporal al tener el Estado que renunciar a parte de su guion de sometimiento y humillacin del adversario subversivo, debiendo afrontar que dicha jurisdiccin especial para la paz podra recaer tambin sobre agentes estatales o paraestatales que compareceran con la carga de decir la verdad que declaren conocer de crmenes cometidos por ellos en algn grado o modo. De ac se desprenden contingencias que sern analizadas con posterioridad.

Siendo en esos trminos una derrota coyuntural, al tiempo es una inacabada victoria del rgimen por esas mismas razones, pues se sirve del anuncio de dicha jurisdiccin consensuada que actuara frente a individuos y no central ni necesariamente ante instituciones con responsabilidad penal, para estampar una fecha del acuerdo final y el comienzo del calendario para la dejacin de armas de las FARC-EP, con todo lo que dicha cadena de compromisos vincula para un cierre real y formal del conflicto armado, sin cambios de fondo constatables en dichas instituciones, sin garantas reales de no repeticin por parte del Estado.

Ese ejercicio de relegitimacin dominante conlleva poner en marcha, al compartir un mismo escenario, una injusta homologacin o igualacin por hechos de polticas que no la merecen, sin que sea igual ni la naturaleza de los crmenes estatales o paraestatales, ni su volumen, ni su impunidad, en relacin con las infracciones cometidas por la insurgencia.

Diferentes razones de mediano plazo y estratgicas se anan en el arco triunfal con el armazn de esa jurisdiccin especial para la paz ligada a una institucionalidad o a estructuras sin reformas democrticas, como la Fiscala General de la Nacin, que debera significarse por no tener manchas de corrupcin, siendo obscura e ineficaz al respecto, as como frente al paramilitarismo y los crmenes de Estado. Otras instituciones que definirn el funcionamiento de esa jurisdiccin, como el Congreso, son verdaderos antros donde la mayora de sus protagonistas responden a intereses mezquinos. Contrario a lo que aspirbamos, la poltica tradicional hoy se regodea jubilosa.

En el camino o esbozo de dicha jurisdiccin, teniendo baluartes luminosos como el enunciado o premisa de la verdad plena a cambio de reduccin del peso punitivo, como sucedi en parte en Surfrica, se fortalece no obstante la impronta pica y el halo ideolgico de un statu quo como el colombiano, que no se reconoce victimario, que no se descubre generador de segregaciones y victimizaciones, y que no se remueve al desaparecer el alzamiento en armas que le ret, acudiendo la rebelin a diversidad de prcticas irregulares, naturalmente.

Dicho sistema, que se proyecta ahora sin adversarios polticos que (in)surgieron en nombre de otra tica, al producirse la convalidacin prctica de un gran recorte de la conexidad del delito poltico, o sea la precariedad jurdica cuando no el vapuleo de esta categora, subsiste como vencedor de una moral que irradia ahora como colectiva, desde la cual resultan condenadas acciones propias de la rebelin de los de abajo, de la lucha irregular, del alzamiento popular. Esto desemboca en la re-judicializacin de la rebelin.

Quiz tambin (a la espera de ver cmo queda el texto definitivo del Acuerdo) resultar que no cumpla con la expectativa de la mayora de las vctimas de crmenes de Estado, si se llegara a tratar como delitos o infracciones en relacin con el conflicto armado, crmenes sistemticos que en realidad no tienen necesariamente que estar definidos por el contexto de la confrontacin armada, sino que, siendo adems de lesa humanidad, tienen otros derroteros, otras fuentes, otras lgicas, como los falsos positivos, el desplazamiento forzado masivo o la inmensa mayora de las desapariciones forzadas, que se han cometido por ejemplo por razones de exterminio de la oposicin social o para asegurar prebendas econmicas personales, gremiales o acceso de grandes capitales nacionales y transnacionales.

6. Contrasentidos:

a. Amnista y conexidad

En el Comunicado conjunto del Gobierno y las FARC-EP, del 23 de septiembre de 2015, acerca de dicha jurisdiccin, se lee que a la terminacin de las hostilidades, de acuerdo con el derecho humanitario (DIH), el Estado otorgar la amnista ms amplia posible por delitos polticos y conexos. Se dice: Una ley de amnista precisar el alcance de la conexidad. En todo caso no sern objeto de amnista o indulto las conductas tipificadas en la legislacin nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crmenes de guerra, entre otros delitos graves....

Aunque exactamente el DIH (v.gr. artculo 6.5 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949) no dice eso, pues no se refiere a los delitos polticos, la solucin plasmada en el Acuerdo del 23 de septiembre, siendo beneficiosa y positiva slo en parte cuando restringe la amnista para ser aplicada a los rebeldes exclusivamente, podra haber sido no slo ms categrica en la enunciacin invocando valores del derecho penal liberal y no slo el humanitario, sino ms coherente con la realidad de un proceso de movimientos recprocos. Es decir, se habra podido no haber aplazado o diferido la amnista y el indulto para cuando terminen las hostilidades, circunstancia que de inmediato impele al desarme de la guerrilla, sin verse todava otras claves; no tena que haberse hecho dependiente de la dejacin de armas (punto 9 del Comunicado) y de otras condiciones, cuando el Establecimiento y el Estado continan actuando criminalmente, sin depurarse.

Tal y como queda, parece ya no es posible ahora mismo exigir que haya previamente una amplia, general e incondicional ley de amnista e indulto, sino que sta, cuando nazca, emerger ya (firmado est) en el marco de condiciones (auto)impuestas y (auto)cumplidas, pues se remite su existencia a la terminacin de las hostilidades (punto 4 del Comunicado) y a la verificacin de un itinerario incierto.

Se habra podido, como se expres hace exactamente un ao en este mismo espacio, probar primero el compromiso y apuesta del Estado y del Establecimiento en el proceso de paz, conminando a la efectiva recuperacin previa del delito poltico y al reconocimiento de su ms amplia conexidad. Reconfiguracin necesaria, no despus sino ahora.

Una vez surtida esa prueba poltica y jurdica de fondo, ah s, lo que por aplastante evidencia nunca podra ser admitido como delito conexo a la rebelin ni al desarrollo de la guerra irregular de resistencia, como la tortura, la desaparicin forzada o la violencia sexual, entre otras razones por la propia eticidad y decoro de la guerrilla, esos hechos y otros que no cabe consentir como acciones de congruencia rebelde o de la guerra de guerrillas de liberacin, es decir que no las cobija ningn ejercicio o pretexto de derecho alguno, s deberan ser entonces la materia prima de dicha jurisdiccin especial para la paz.

Slo esos crmenes que la propia rebelin repugna, deberan ser objeto de investigacin y juzgamiento, as como de sanciones con funcin social. Pero no, en absoluto, acontecimientos que hacen parte del universo material o de la casustica de la rebelin, as como de su eclosin tico-poltica en una guerra asimtrica que es preciso caracterizar.

b. Renuncia a la ruptura judicial

La estrategia de connivencia judicial es tambin un derecho, como la ruptura. Esta ltima, la estrategia de ruptura, la hemos visto muchas veces en la historia colombiana. No slo en el drama del lenguaje o del discurso poltico insurgente que expresa posiciones de la confrontacin armada, sino en los momentos judiciales o su antesala, como cuando tras la captura de manera orgullosa se reconocieron as mismos combatientes Simn Trinidad o Rodrigo Granda, comandantes de las FARC-EP, secuestrados por fuerzas represoras o mercenarias respectivamente en Ecuador o Venezuela. Empezaron por romper la mordaza y levantar con honor su voz cuando no su puo.

En la connivencia, en cambio, se desarrolla otra actitud, que corresponde a una culpabilidad o a una defensa que acepta en esencia los trminos de quien se establece como juzgador o representante de la ley. En esa escena, el acusado alcanza la dimensin trgica hacia la que tiende todo proceso de connivencia, escindido como est entre los principios a los que permanece ligado y su crimen, que los niega. Los procesos de culpabilidad son siempre la novela de un fracaso, la historia de una derrota, porque el acusado no puede acusar de incompetencia al nico orden pblico que para l existe, aun cuando lo combata (Vergs, cit., pg. 52).

Si se acusa de injusto un orden y sus tribunales, frente a los que se puede actuar en proceso de ruptura, consecuentemente hay tambin derecho de rechazar el derecho del adversario al castigo, aun cuando dicha pena sobrevenga materialmente. Scrates hubiera podido aceptar un compromiso y proponer el exilio o una multa cuando se le pregunt qu pena debera, a su parecer, serle aplicada. Por el contrario, se mof de sus jueces y sacrific su vida (Vergs, cit., pg. 76).

No todas las experiencias de ruptura terminan en aparente dolor irredimible o esperanza truncada. El comandante Fidel Castro ha vivido y ha hecho vivir a la humanidad dos excepcionales lecciones.

La primera, la ya citada exposicin de La historia me absolver (1953) en el que ejerciendo su defensa tras ser detenido en el asalto al Cuartel Moncada, pasa de acusado a acusador del rgimen opresor. Fidel Castro pronunci una defensa-programa desbordante de optimismo que, de no haber sido coronada por la victoria seis aos despus, parecera la elucubracin de un loco... no se contenta con desarrollar ante los jueces el grandioso plan de insurreccin que tena previsto sino que suea en voz alta; enumera las cinco leyes revolucionarias que pensaba promulgar despus de haber tomado el cuartel: la primera, precisamente, se refera a la justicia... (Vergs, cit., pgs. 124 y 125).

Segunda, el debate pedaggico, poltico y tico que l propuso ocho aos despus en el Palacio de los Deportes en La Habana a los mercenarios de Baha de Cochinos capturados (1961), que debieron escuchar las razones de la rebelin socialista ya triunfante: Al pueblo iban a rendir cuentas, durante cuatro horas, la Revolucin y la Contrarrevolucin. Este proceso puro, desprovisto de toda forma jurdica, constituye una leccin de ciencia poltica, dice Vergs, quien concluye: Seores magistrados, tiren sus pelucas. Ah llegan jueces con los pies desnudos (Cit., pgs. 88 y 89).

Si en lugar de enfrentar las leyes del adversario y sus tribunales, si en lugar de requerirle primero que adopte como obligacin una ley de amnista e indulto que recomponga el paisaje de la conexidad del delito poltico y de la rebelin como complejidad fctica y jurdica, lo que se busca o lo que resulta, en cambio, es la re-creacin de unos nuevos o maquillados aparatos y reglas que aniden en la juridicidad estatal no depurada, no reformada, plagada de corrupcin, las cosas infaliblemente cambian para el rebelde, pues esos ulteriores tribunales y salas, esas normas, en la medida que las suscribe con su puo y letra, y que las sustenta en su pensamiento como obra suya, en unin con su contraparte, difcilmente podrn ser los territorios en los que pueda desarrollar algn tipo de ruptura moralmente eficaz.

En unos aos, esas leyes prohijadas sern tambin suyas; esos tribunales le representan; los jueces de esas salas, con o sin pelucas, pero probablemente no de pies descalzos, debern su existencia no slo a la determinacin poltica del Estado sino a la opcin de esas fuerzas que sern en ese momento las otrora subversivas. Dice Vergs: Un proceso no es una trampa del destino. Su desarrollo depende de la eleccin del acusado (Cit., pg. 127).

Si no slo se aceptan sino que activamente se componen o preparan las formas tcnico-jurdicas y los contenidos de esa jurisdiccin especial para la paz, en sana lgica no podrn luego impugnarse sus jueces por falta de competencia, ni podr alegarse falta de legitimidad de sus normas, atadas a instituciones preexistentes, como la Fiscala, que jugar un rol clave, cuyo titular hoy, el doctor Montealegre, ha actuado en esta materia de manera claramente oportunista (lo sostuve en anterior artculo).

Ante lo que se producir como veredicto en esas cortes, con dicha anuencia, no cabe en el futuro atacar sino acatar.

c. Re-judicializacin de la rebelin

Tal y como la prensa informa y lo han declarado emisarios del Gobierno, en medio de gran cantidad de especulaciones, la propuesta de la jurisdiccin especial para la paz comprende una sala de amnista e indulto, que en lgica es para delitos polticos y conexos.

Si previamente al funcionamiento del sistema, debe haber una ley que d certeza total sobre qu hechos quedan cobijados como conexos del delito poltico y por lo tanto pasen a ser amnistiables o indultables, cul sera entonces la peligrosa tarea de dicha sala de amnista e indulto?

Podra ser solamente, ojal lo sea, la de certificar, y nada ms; o sea imprimir una constancia con formal efecto declarativo, sin controversia ni carga alguna, expresando que un rebelde X no tiene por qu comparecer ni obligarse a nada ms frente a esa jurisdiccin especial, que est justificada slo por la impunidad de crmenes internacionales. Igual acto cuasi-administrativo lo podra haber hecho otra dependencia. En eso no habra problema.

Si no es as, si lo que se viene es que no slo tenga una segunda oportunidad un rebelde para acceder a ser amnistiado o indultado por hechos conexos, sino que sea el rgimen el que a travs de esta jurisdiccin especial tenga una segunda oportunidad para procesarle, por crmenes que sus agentes u operadores consideran no son conexos sino graves crmenes, sometiendo la cuestin a controversia probatoria, entonces s estamos ante un muy serio problema. No ser slo una dbil ocasin para David, sino tambin una fuerte ocasin para Goliat.

Probablemente sea delicado tratar un alto nmero y una calidad a precisar de hechos de la rebelin, que sern considerados no en el marco de la ley y su imperioso deslinde, sino que se remitirn o trasladarn a una esfera de eleccin aleatoria, para ser de nuevo objeto de intervencin judicial, o sea re-judicializados, siendo esa sala un componente de la jurisdiccin.

Es decir, objetiva e irrefutablemente se mantiene y agrava la estrategia de someter a juicio de reproche penal hechos que siendo propios de la rebelin como expresin de su conexidad o complejidad, por ejemplo la retencin de un agente enemigo, se calificaron como de delincuencia comn, terrorismo o crmenes contra el derecho internacional, gracias a definiciones o exclusiones legales usadas y abusadas desde 1980, por las cuales esos hechos legtimos de la rebelin dejaron de ser delito poltico o conexos, reforzada esa visin por una oscilante jurisprudencia de unas cortes neo-conservadoras. Tanto la norma como la interpretacin judicial recalcaron al unsono dicha conceptualizacin en contra de la guerrilla, desplegada y recompensada como estrategia por el Estado colombiano, que no slo persegua judicialmente guerrilleros, sino que buscaba aniquilarlos.

La rectificacin justa para recuperar el delito poltico y su conexidad en la propia juridicidad del rgimen, deba haber pasado por una reforma constitucional o legal, para que los jueces tuvieran la frontera de la norma expresa y no resolvieran caprichosamente, sino conforme a una definicin clara: tal delito es conexo y punto. Con lo cual la judicializacin era limitada: se reconoca la organizacin rebelde y sus mviles.

Si no hay suficiente reconocimiento de la conexidad, o sea si no hay amplia conexidad, su reivindicacin producir o debera producir exigencias por la guerrilla, por fuera de los cnones y formas de la ley, es decir procesos de defensa de ruptura. Pero un problema grave se nos enrostra de inmediato. Pues esas salas, ese tribunal, esas reglas, ya se han aceptado como legtimas.

En dicha jurisdiccin especial para la paz se vuelve a dar esa posibilidad no slo de judicializar la rebelin y una importante porcin de sus mltiples hechos o expresiones fcticas, al someterlas all a escrutinio tendencioso, con todas las consecuencias negativas de inseguridad jurdica que afrontarn de nuevo los insurgentes en fila, sino que se corre el riesgo en dicha jurisdiccin que unos magistrados definan tras largas fluctuaciones, que aquello que se re-judicializa no es rebelin. Definirn que la exclusin de un delito operada en la norma, quedando fuera de la ley de amnista o de indulto, s tena razn de ser, y que por lo tanto, efectivamente, deben ser juzgados como crmenes y sus autores como criminales o victimarios.

Ah no habr alegato que valga, a no ser de explicacin y matizacin dentro de la aceptacin de responsabilidad por crmenes internacionales, que son la mdula y razn de ser de la jurisdiccin especial. La ruptura no sera posible, no slo porque se est ante tribunales que se propusieron como propios o legtimos, sino porque una ruptura que apele a la dignidad slo puede invocar el sustrato liberador de la rebelin, no de los crmenes que la rebaten.

O sea, en esos estrados se judicializa la amnista y el indulto, pues es all, y no previamente en la ley, donde se concretan o se desechan esos instrumentos de favorabilidad que antes, por ejemplo en los aos ochenta, se aplicaron con menos cortapisas. Pierden as su carcter general e incondicional. Sern slo eventuales beneficios bajo un predicamento individual, caso por caso, teniendo que estar obligados los sujetos que pasen por ese tamiz, a probables cargas de verdad (acaso con delaciones incluidas), y de reparacin, es decir, en prctica simetra, a lo mismo a lo que se le conmina al responsable de crmenes de Estado.

Ante esas cargas ineludibles impuestas por jueces o miembros de esa sala que de antemano se han aceptado como legtimos, con normas previamente validadas por parte de la insurgencia que las aprueba al proponerlas, la rebelin como construccin tica habr perdido un lugar en el mundo, se habr disuelto en ese terreno judicial, dejando atrs la posibilidad que tena de responder a s misma y desde s misma con sus valores, en procesos de ruptura frente a oprobios que no cesan.

Responder sin arrepentirse de la resistencia que ejerci de modo irregular conforme a un derecho (el derecho a la rebelin); responder slo por hechos que eventualmente no hubieran estado en correspondencia con sus derroteros, con su juridicidad, reglamentos y planes, o sea por graves errores, por terribles equivocaciones en las que se ha incurrido. Eso es distinto a tener que admitirse o reconocerse autora de una serie de crmenes de guerra o contra la humanidad, que son la materia prima preeminente de la jurisdiccin pactada, y que sern los casos sin justificacin moral por los que interrogarn unos magistrados ajenos que posarn como autoridad.

Ese obra mal, decir la verdad, que citamos hace unos meses retomando a Michel Foucault, esa idea de parresia era una posibilidad, como decan los griegos, de libertad y coraje para decirlo todo con franqueza, sin que el rebelde deba someterse o negarse en la confesin ante el sistema.

Como queda ahora, ms adelante tendra que dar la cara la insurgencia por hechos de probable conexidad, desestimados como tales por la sabidura de los jueces, y darla no por s misma, no desde su fuerza histrica, no desde su libertad y desde su responsabilidad, sino forzosamente como imputada o condenada a partir de la conclusin imperiosa que realiza un juez tras un examen, funcionario y tribunal frente a los cuales se ha aceptado anticipadamente no ejercer la ruptura. Pues ejercerla all reivindicando la rebelin, frente a un hecho ya nominado como criminal, no como poltico, no tendra cabida, pues se rompera con los presupuestos de dicho sistema y sus eventuales beneficios tras esa aceptacin.

Tiene esta sujecin de la insurgencia otra consecuencia: el Estado colombiano libera a sus rganos polticos por excelencia, Ejecutivo y Legislativo, de responsabilidad por la amnista y el indulto, tramitando apenas una norma marco, unas directrices, dando el poder de definir especficamente sobre estos recursos, en ltimas, a quien ostenta formalmente la calidad de imparcial e independiente: un juez.

Lo anterior significa que el rgimen aprieta en dos momentos: en la hechura de la ley que restringe la conexidad y en el repaso que sobre aquella harn los tribunales, acudiendo a stos inteligentemente para mayor refuerzo, pues se tratara de unos rganos jurisdiccionales que suelen ser vistos y saludados en la cultura y la ficcin o idolatra del sistema dominante como seres neutrales y ecunimes. Los rditos de esta hbil estrategia en donde a la rebelin se le cobra poltica y judicialmente sus desafos, los contaremos en capas de relegitimacin del statu quo.

7. El mando de la realidad

Es cierto, absolutamente, que el mundo de hoy es muy distinto en muchas dimensiones al de hace medio siglo, en el que tuvieron que afrontar un escenario judicial y poltico los combatientes y abogados del FLN argelino. Vergs, uno de sus asesores, reflexionaba desde la historia:

La imposibilidad de la victoria no significaba ausencia de contradicciones sociales sino que la hora de la solucin no haba llegado... El acusado, aun encadenado, se presenta en nombre de otro orden y de otro mundo Toda una concepcin del mundo nos separa. Entre nosotros hay un abismo, declaraba Edgar Andr, dirigente comunista de Hamburgo, a sus jueces nazis... Hasta los procesos del FLN no se ver a los acusados -los acusados argelinos en Francia- atacar con la excepcin de incompetencia a los tribunales franceses y acusar a sus jueces en nombre de otra legalidad (...) Los objetivos del debate judicial se acercaban mucho a los objetivos de la revolucin (cit., pgs. 128, 129 y 131).

Para el impulso de procesos colectivos de ruptura, para una defensa judicial que no rinda culto a la legalidad que discurre en la lgica del rgimen, ms all de lo que sera el remanente de casos individuales, es preciso, como muchas experiencias nos lo demuestran, que exista articulacin dentro y fuera de las crceles, entre organismos solidarios, familiares de presos y perseguidos, entre intelectuales, militantes y organizaciones sociales y polticas, fuera y dentro del pas.

Esa reserva, moral y poltica, debera ponerse hoy en la mesa de la realidad colombiana, para el logro de una amplia ley de amnista y de indulto, a fin de que estos recursos sean incondicionales y lo ms generales, con la liberacin lo ms pronto posible de los prisioneros de guerra, de los presos polticos de la insurgencia, de los presos de conciencia, de quienes han sido castigados por pensar en un pas distinto, como el profesor y compaero Miguel ngel Beltrn, Liliany Obando, ac a mi lado, o el compaero indgena recientemente capturado Feliciano Valencia.

A ms del dolor ya vivido por qu tendran ellos y decenas o centenares de presos polticos que esperar a futuras revisiones de tribunales y judicializaciones en las que se les somete a normas que ellos no han suscrito?

Que se reconozca el delito poltico y su conexidad es imprescindible, como hace un ao lo formulamos ac, previamente y no concomitante a la puesta en marcha de un sistema o jurisdiccin especial que, en los trminos en que parece se ha programado, podra no acercarse a los objetivos histricos por los que surgi la rebelin, y por los que ahora se proponen procesos de paz transformadores, sino terminar fortaleciendo inconscientemente unas estructuras antidemocrticas, de exclusin y explotacin; unas instituciones que no se depuran.

Teniendo elementos muy positivos la jurisdiccin especial para la paz, no puede ocultarse sobre ella, en el estadio en que se encuentra hilvanada, que es preciso democratizar un debate sobre sus aristas, sobre la necesidad de que sea superior a fueros aberrantes como el militar o el presidencial. Para que quienes fueron superiores agentes estatales, como Uribe, respondan.

Una jurisdiccin que no se circunscriba en la direccin de beneficios para quienes como imputados o responsables de crmenes de Estado en bajos estamentos, hallan ah la posibilidad de un mejor tratamiento a cambio de un relato objetivamente limitado o inane, en cuanto a la cadena o jerarqua en la que sirvi el crimen corporativo, pues hay determinantes institucionales que no se develarn con la narracin de verdad superficial de un soldado o un general menguado, sino con la oficiosidad o diligencia de unos entes de investigacin o tribunales que deberan habilitarse para ello. Para que su actividad traspase el silencio al que la impunidad institucionalizada obliga, pues quien est por fuera del alcance de una jurisdiccin que no le rastrea ni le roza, permanecer convenientemente al margen.

Queda pendiente tambin no slo cmo se integrar explcitamente lo ya definido por la juridicidad insurgente que cuenta materialmente en muchsimos casos, al actuar la guerrilla conforme a sus propias normativas (reflejadas en el Protocolo II de 1977, por ejemplo), pues a nadie se le puede someter dos veces a un juicio por los mismos hechos (non bis in dem), como lo acaba de analizar el profesor Aguilera. La clara referencia a esa juridicidad debe incorporarse, directa y no lateral o ambiguamente. En relacin con los propios militantes y con las comunidades de las que surgen o con las que interaccionan.

Debemos tambin pensar en la rehabilitacin jurdica, en recobrar tica y polticamente casos y nombres, para la salvaguarda de la memoria histrica popular, rebatiendo la resea como delincuentes de quienes en realidad fueron o son luchadores, de personas que han sido procesadas o condenadas por hechos de la rebelin. Como tambin debemos pensar en lugares de memoria y honra a los combatientes cados, guerrilleras y guerrilleros.

Y deber verse igualmente cmo cuentan, en la dimensin de la verdad, de la reparacin, de la restauracin y la no repeticin, las propuestas y mandatos polticos y sociales de movimientos y organizaciones alternativas, perseguidas o tratadas como enemigo interno por una doctrina se seguridad. Esas clases populares victimizadas, esos sectores concienciados, que, al no compartir ideas de simetra alguna, encarnan y potencian nuevos contenidos o paradigmas relativos de justicia transformadora, deben ser escuchados: comunidades campesinas, afrodescendientes, pueblos indgenas, pobladores, sindicatos, etc.

El mando de la realidad lo ejercen tambin las utopas, los sueos de resistencia, para cambiarla en favor de la vida digna de todos y todas, donde la justicia no sea dispensada por los mismos poderes y elites que sembraron el despotismo, la guerra y la impunidad.

En el prlogo de 1981 a la 2 edicin francesa del citado libro de Vergs (cit., pg. 11), se recalcaba lo que este abogado indicaba para afrontar escenarios poltico-judiciales: Defenderse en un campo minado, hacer referencia a otra moral, a otra ley, no entregarse, no desestimar nada.... Esto vale en primer lugar para los rebeldes y quiz en ltimo lugar para quienes les ayudan en su defensa judicial, donde pueden ser esclavos y dueos de sus palabras o de sus silencios.

Dos preguntas ms de las que hizo Vergs nos interpelan (cit., pg. 83 y 146): Cul es la vergenza -o la astucia- que impide a los jueces y abogados confesar tambin sus convicciones?; Habra podido el abogado Fulvio defender a Espartaco si no hubiese saltado l mismo una noche los muros de Capua para unirse a la rebelin de los esclavos?

Muchas gracias.

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Ponencia presentada en el II Seminario sobre Delito Poltico y Situacin de los Presos Polticos en Colombia. Bogot, 16 de octubre de 2015. Carlos Alberto Ruiz Socha es abogado colombiano, Doctor en Derecho, asesor jurdico en el proceso de paz en La Habana, autor del libro La Rebelin de los Lmites y otros textos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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