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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-12-2015

El fallo de la Corte Internacional de Justicia entre Costa Rica y Nicaragua: breves apuntes

Nicols Boeglin
Rebelin


El pasado 16 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio lectura al fallo entre Costa Rica y Nicaragua relacionado a dos demandas (a las que nos referimos en una nota anterior publicada enGlobal Research: una demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua en noviembre del 2010 debido a los efectos ambientales negativos del dragado y a la ocupacin ilegal de su territorio por parte de Nicaragua; y una demanda presentada por Nicaragua contra Costa Rica en diciembre del 2011 por la construccin de una ruta de 160 kilmetros bordeando la frontera fluvial y un sector de la frontera terrestre. Como se recordar, las audiencias orales, que constituyeron la ltima etapa procesal entre Costa Rica y Nicaragua antes de la lectura del fallo, se celebraron entre el 14 de abril y el 1ero de mayo del 2015 (ver nota al respecto publicada en el sitio de la Maestra en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR con un juego de mapas).

Con relacin a la primera demanda , las pretensiones finales de Costa Rica se pueden encontrar en las pginas 64 y subsiguientes de esta acta del 28/04/2015, mientras quelas de Nicaragua se encuentran en las pginas 59 y subsiguientes de esta acta de las audiencias orales celebradas el 29/04/2015. Con relacin a la segunda demanda , las pretensiones finales Nicaragua figuran en las pginas 64 y siguientes del acta del 30/04/2915 y las de Costa Rica figuran en pginas 47 y subsiguientes del acta de la audiencia celebrada el 1/05/2015.

Si contabilizamos los puntos solicitados a la CIJ en sus conclusiones finales en ambas demandas, por ambos Estados, fueron un total de 31 peticiones hechas al juez internacional por parte de Costa Rica, y fueron 9 las presentadas por parte de Nicaragua.

Si hacemos memoria, el 13 de julio del 2009, ambos Estados vivieron una jornada muy similar con respecto al fallo de la CIJ sobre los derechos de navegacin y derechos conexos en el ro San Juan, como resultado de una demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua en el 2005. Se trata de una decisin de la CIJ sobre la cual existen pocos anlisis: uno de ellos afirma que se trata de la peor sentencia jams redactada por la CIJ en toda su historia (Nota 1). En aquella oportunidad, de 9 puntos solicitados, la CIJ le concedi 7 puntos a Costa Rica, reconociendo derechos de navegacin para sus embarcaciones tursticas, derechos de pesca de subsistencia y otros derechos conexos, y negndole a Costa Rica el derecho de vigilar con sus policas su territorio desde el Ro San Juan:un derecho reconocido en el tratado de 1858 a ambos ribereos bajo el trmino de competencias en materia de guarda y de proteccin del San Juan (Nota 2). Desde aquella fecha, Costa Rica qued impedida de navegar en el ro San Juan que marca gran parte de la frontera entre ambos Estados con sus policas, fueran estos armados, o desarmados, o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos ubicados en la frontera. Un ao ms tarde, en el 2010, la ocupacin ilegal en Isla Portillos por parte de efectivos de Nicaragua revelara las enormes dificultades de Costa Rica para vigilar su frontera fluvial (y lo que ocurre en su extremidad Noreste): esta vulnerabilidad extrema de Costa Rica dio lugar a un fuego cruzado (de intensidad no tan moderada) entre los dos mximos responsables de la seguridad pblica en Costa Rica durante la administracin (2006-2010) (Nota 3).

En su decisin dictaminada el pasado 16 de diciembre, cada uno de los distintos requerimientos hechos por ambos Estados en sus conclusiones finales encontr algn tipo de respuesta por parte de la CIJ (a menos que esta no los considero pertinentes por alguna razn, debiendo el juez explicar porque los descart).

A diferencia de los tribunales nacionales de algunos pases, la CIJ pone a disposicin del pblico el texto completo de sus sentencias casi en tiempo real. El texto del fallo est disponible desde el 16 de diciembre en los dos nicos idiomas oficiales de la CIJ, en francs y en ingls. No existe versin en otro idioma y se recomienda la mayor cautela con traducciones de algunas partes del texto, en la medida en que cada trmino usado por la CIJ es el resultado de meses de un laborioso trabajo de redaccin, fruto de una larga reflexin colegial entre sus integrantes realizada en la tranquilidad y la majestuosidad del Peace Palace en La Haya (con excepcin del accidente ocurrido en julio del 2009 sobre el que no ha profundizado mayormente). La lenta reflexin de la CIJ durante la fabrication de un fallofue descritapor el juez argelino Mohamed Bedjaoui (ex Presidente de la CIJ) en un artculo publicado en 1991,y que sigue siendo, en nuestra modesta opinin, unverdadero referenteen esa materia (Nota 4). Se puede tambin referir al lector al comunicado de prensa oficialelaborado por el servicio de prensa de la CIJ (en ingls y en francs) divulgado al concluir la lectura del fallo por parte del Presidente de la CIJ: su comparacin con los comunicados oficiales elaborados de cada lado del San Juan permite evidenciar algunas (discretas) omisiones.

Contenido del fallo de la CIJ

Si bien algunos anlisis, notas de prensa, cables de agencias de noticias y hasta artculos de opinin publicados en das recientes en ambos lados del San Juan tomaron como base los comunicados de prensa de la CIJ, muchos se basaron directamente en los comunicados y en las declaraciones oficiales emitidas en las primeras horas por cada uno de los dos aparatos diplomticos. De este lado del San Juan, en el comunicado publicado la cancillera de Costa Rica (ver texto). Es una opcin informativa que evidentemente se arriesga a cierta parcialidad, y difcilmente permite ofrecer un anlisis integral del texto de la sentencia. La puesta a disposicin del texto completo de la sentencia de la CIJ (casi en tiempo real) en ambos idiomas oficiales por parte del servicio informtico de la CIJ, constituye una moderna herramienta que debe ser mejor aprovechada: ello en aras de ofrecer una lectura ms balanceada con relacin al alcance del texto elaborado por los jueces en La Haya.

Con relacin a la primera demanda (Costa Rica c. Nicaragua):

En su sentencia, la CIJ atribuyo a Costa Rica la "zona en disputa" (declarada como tal en marzo del 2011 por ella misma), tal y como se consignaba en los mapas oficiales cartogrficos de ambos Estados desde el ao 1900 (ao en que se adoptaron las actas de una comisin binacional de demarcacin que inici sus labores en 1897). La plena coincidencia de los mapas oficiales entre Costa Rica y Nicaragua sobre la frontera terrestre, y ello desde 1900, descartaba (al menos en buena teora) cualquier duda con relacin a la soberana ejercida por Costa Rica en el sector de Isla Portillos. A este respecto vale la pena recordar que en octubre del 2010, Nicaragua procedi a retirar sus mapas en formato digital y a editarlos con un cambio en Isla Portillos al iniciar el mes de febrero del 2011. Mientras tanto, a partir de octubre del 2010, los encargados del dragado del ro San Juan refirieron insistentemente a un mapa de Google Earth para justificar su localizacin en Isla Portillos: la empresa Google Earth reconoci de forma inmediata el error contenido en sus mapas, haciendo no obstante ver que nunca recibi una solicitud formal de parte de Costa Rica antes del 2010 para proceder a rectificarlo. Este artculo de prensa publicado en Espaa contiene, a la izquierda, el mapa usado que contiene un error y a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver tambin al respecto esta nota de prensa).

Este 16 de diciembre, en su fallo el juez internacional orden a Nicaragua compensar a Costa Rica por los daos causados en Isla Portillos (tanto en el 2010 con el cao "Google" o cao "Pastora" como en el 2013 con dos nuevos "caos" detectados gracias a las imgenes satelitales proporcionadas por un satlite de Colombia a Costa Rica), y fij un plazo de 12 meses para que ambos Estados acuerden el monto indemnizatorio de forma conjunta (prrafo 142 de la sentencia).

Con relacin a esta primera demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua en noviembre del 2010, varias de las peticiones hechas por Costa Rica no fueron aceptadas por parte del juez internacional.

Es el caso de la peticin tendiente a obtener que la CIJ declarara que Nicaragua haba violado las obligaciones del Artculo IX del tratado Caas-Jerez de 1858 que se lee as. Por ningn motivo, ni en caso y estado de guerra, en que por desgracia llegasen a encontrarse las Repblicas de Nicaragua y Costa Rica, les ser permitido ejercer ningn acto de hostilidad entre ellas en el puerto de San Juan del Norte, ni en el ro de este nombre y Lago de Nicaragua de no usar el ro ejercer ningn acto de hostilidad entre ellas para realizar hostilidades. El rechazo a esta peticin obedece, segn la CIJ, a la ausencia de elementos probatorios demostrando que el Ro San Juan fuera escenario de algn tipo de hostilidades (prrafo 96 de la sentencia de la CIJ). Una peticin similar de Costa Rica ala CIJ, esta vez con relacin a la prohibicin del uso de la fuerza plasmada en el Artculo 2, prrafo 4 la Carta de Naciones Unidas, y a la prohibicin de ocupar un territorio militarmente aunque sea de manera temporal consagrada en el Artculo 21 de la Carta de la OEA, tambin fueron rechazadas por la CIJ (prrafos 96-99).

Otras peticiones hechas por Costa Rica tendientes a acreditar la idea que el dragado realizado por Nicaragua conlleva el riesgo de provocar un dao transfronterizo al ro Colorado y a otros cuerpos de agua situados en Costa Rica fueron rechazadas por la CIJ. En el prrafo 105 se lee que. Aprs examen des lments de preuve verss au dossier, y compris les rapports et exposs des experts que les deux Parties ont fait entendre, la Cour conclut que le programme de dragage envisag en 2006 ntait pas de nature crer un risque de dommage transfrontire important, que ce soit lgard du dbit du fleuve Colorado ou de la zone humide du Costa Rica. En labsence de risque de dommage transfrontire important, le Nicaragua navait pas lobligation deffectuer une valuation de limpact sur lenvironnement. Esta conclusin permiti a la CIJ descartar el examen de una eventual obligacin de notificacin y de consulta basada en el tratado de 1858, solicitada por Costa Rica. El juezinternacionallohizo en los siguientestrminos en el prrafo 108 de su fallo: La Cour observe que le fait que le trait de 1858 nonce, en matire de notification et de consultation, des obligations limites visant certaines situations prcises na pas pour effet dcarter dautres obligations de nature procdurale relatives aux dommages transfrontires, qui pourraient exister en droit international conventionnel ou coutumier. En tout tat de cause, la Cour estime que, puisque le droit international nimposait au Nicaragua aucune obligation deffectuer une valuation de limpact sur lenvironnement en labsence de risque de dommage transfrontire important (voir paragraphe 105 ci-dessus), il ntait pas tenu dinformer ou de consulter le Costa Rica . De igual forma, se rechaz una solicitud de Costa Rica para que el juez ordenar que Nicaragua viol lo dispuesto en materia denotificacin y consulta que derivara de la Convencin Ramsar (prrafos 109 y 110).

Con relacin a otras obligaciones relacionadas con la proteccin del ambiente, la CIJ rechazvarios puntos formulados por Costa Rica en sus conclusiones finales para que se declarara que Nicaragua viol obligaciones procedimentales de carcter convencional o consuetudinario (prrafo 112). En el prrafo 120, la CIJ declar que Nicaragua no ha violado ninguna obligacin al proceder al dragado del San Juan en su curso inferior. En cambio, dictamin que Nicaragua viol las obligaciones impuestas en las ordenanzas del 2011 al proceder a construir dos nuevos caos detectados en setiembre del 2013 (prrafo 129): notemos que dicha deteccin se dio gracias a tomas satelitales proporcionadas por Colombia a Costa Rica.

En el prrafo 136 de su sentencia, el juez internacional estim que los derechos de navegacin de Costa Rica que resultan del tratado de 1858 fueron violados en dos incidentes (de cinco reportados por Costa Rica), y se abstuvo de examinar la conformidad del reglamento 079-2009 adoptado por Nicaragua en octubre del 2009 para regular la navegacin en el San Juan (prrafo 134). Recordemos que Costa Rica haba solicitado a la CIJ abrogar el decreto 079-2009, por considerar que limitaba los derechos de navegacin de Costa Rica en el San Juan, provocando una pregunta un tanto airada del juez marroqu Mohamed Bennouna durante las ltimas audiencias orales celebradas en abril del 2015 (Nota 5): estapeticin fuedenegada por la CIJ en su fallo dado a conocer el 16 de diciembre (prrafo 138).

En el prrafo 144, el juez internacional consider que sera inapropiada aceptar una peticin de Costa Rica para que Nicaragua cubriera los gastos en los que incurri Costa Rica relativos a la etapa que inici con la deteccin de dos nuevos caos en septiembre del 2013 y culmin con la adopcin en noviembre del 2013 de una ordenanza de la CIJ. Se trata de un interesante intento realizado por Costa Rica tendiente a obtener algo similar a la figura (que existe en el ordenamiento jurdico costarricense y en otros sistemas jurdicos) de una condenatoria en costas con relacin a este preciso episodio del 2013. El juez internacional la rechaza al considerar que una condenatoria de este tipo sera inapropiada, sin dar mayores explicaciones al respecto.

Con relacin a la segunda demanda (Nicaragua c. Costa Rica):

La CIJ conden a Costa Rica por no proceder a realizar una Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) al ordenar la construccin de la Ruta 1856. En el prrafo 162, leemos que esta obligacin deriva del derecho internacional general. Al igual que en el caso anterior, la CIJ procede luego a rechazar varias peticiones hechas por Nicaragua al juez internacional.

La primera, tendiente a ordenar que Costa Rica viol obligaciones de tipo convencional que tambin exigen la realizacin de un evaluacin de impacto ambiental, y derivadas de la Convencin sobre la Biodiversidad (prrafo 164); la segunda, derivada del tratado de 1858 que, segn Nicaragua, obligaba a Costa Rica a notificarle y consultarle sobre los trabajos realizados con la construccin de la ruta 1856: en este caso, la CIJ consider que la constatacin de una violacin de Costa Rica a la obligacin derivada del derecho internacional general de proceder a una EIA la eximi de analizar la primera peticin (prrafo 169) y que no existe, segn ella, obligacin de notificacin que se pueda establecer enel tratado de 1858 para una ruta paralela al San Juan (prrafo 171).

En sus conclusiones finales, Nicaragua solicitaba a la CIJ una indemnizacin por daos al Ro San Juan: para la CIJ, Nicaragua no logro aportar datos que demuestren un impacto significativo con relacin a la carga sedimentaria adicional causada y sus efectos en la morfologa del San Juan (prrafos 196, 207), como tampoco a los ecosistemas y a la calidad del agua (prrafo 213), o con impactos en materia de la salud y de turismo (prrafo 216).

El balance del juez internacional

Como se puede apreciar, los integrantes de la CIJ, fiel a su tradicin,se mostraronparticularmente balanceados en el texto que dieron a conocer el pasado 16 de diciembre mediante su Presidente, permitiendo a ambos Estados hacer ver ante sus respectivas opiniones pblicas que sus peticiones fueron aceptadas, mientras que las del adversario fueron rechazadas. Es usual que en esos casos, el primercomunicado de prensa elaborado por cada uno de los dos Estados ponga el acento en lo que mejor imagen le proporcione, pasando por alto las peticiones que le fueron rechazadas y las peticiones del contrincante que si fueron aceptadas por la CIJ. Este ejercicio es inevitable, y responde a una clara intencin del juez internacional, que posee una particularidad con relacin a otros jueces: la de buscar siempre una formulacin equilibrada en sus sentenciasque permitaser positivamente recibidas por ambos contendores. Su intencin es lade contribuir de esta manera a apaciguarlos nimos,usualmente enardecidos (en particular cuando se trata de Estados vecinos).

La necesidad de trabajar de forma conjunta

En varias partes de la sentencia, la CIJ llam a ambos Estados a cooperar de manera conjunta en asuntos que se relacionen con el Ro San Juan, tal y como por ejemplo en el prrafo 228 que se lee as: Elle tient par ailleurs rappeler limportance dune coopration continue entre les Parties dans lexcution des obligations qui leur incombent respectivement en ce qui concerne le fleuve San Juan. Este llamado a cooperar en asuntos tcnicos relacionados con aspectos ligados a la gestin ambiental de una cuenca compartida como la del San Juan nos recuerda el llamado en un sentido similar hecho desde la primera ordenanza dictaminada en marzo del 2011 con relacin a la demanda relacionada a Isla Portillos, y que fue desaprovechada por uno de los contrincantes con base en informacin a la fecha no revelada (Nota 6).

Con relacin a actividades futuras de Costa Rica en la zona aledaa al Ro San Juan, la CIJ indic que Costa Rica deber consultar a Nicaragua cuando los trabajos relacionados con la ruta 1856 supongan un riesgo de dao transfronterizo importante. Lo hizo en los siguientes trminos que procedemos a reproducir, del prrafo 173: En conclusion, la Cour constate que le Costa Rica a manqu son obligationdvaluerlimpactenvironnemental de la construction de la route. Il demeure tenu de procder une valuation approprie relativement tous nouveaux travaux quil envisagerait dexcuter sur la route ou dans la zone adjacente au fleuve San Juan et qui prsenteraient un risque de dommage transfrontire important. Le Costa Rica admet lui-mme tre tenu pareille obligation. Il ny a pas lieu de supposer que, lorsquil entreprendra de nouveaux travaux dans ce secteur, notamment dans le cadre de la construction de la route, il ne tiendra pas compte des motifs et des conclusions noncs dans le prsent arrt. La Cour relve par ailleurs que le Nicaragua sest, laudience, engag cooprer avec le Costa Rica pour lvaluation de limpact de tels travaux sur le fleuve. Elle considre cet gard que, si les circonstances lexigent, le Costa Rica devra consulter de bonne foi le Nicaragua, qui a souverainet sur le fleuve San Juan, en vue de dfinir les mesures propres prvenir la survenance de dommages transfrontires importants ou en rduire le risque. En el prrafo 227 precisanuevamentelosealado en el prrafo 173, haciendonfasis en que la obligacin de Costa Rica de proceder a una EIA aplicanicamente para actividades que supongan un riesgo de daotransfronterizo importante: Comme elle la dit au paragraphe 173 ci-dessus, lobligation du Costa Rica deffectuer une valuation de limpact sur lenvironnement ne vaut que pour les activits comportant un risque de dommage transfrontire important, et il ny a pas lieu de supposer que le Costa Rica ne se conformera pas aux obligations lui incombant en vertu du droit international, telles qunonces dans le prsent arrt, dans le cadre des activits quil pourrait mener lavenir dans la rgion, y compris de nouveaux travaux routiers.

Con relacin a las futuras operaciones de dragado a ser emprendidas por Nicaragua, en el prrafo 122 de la sentencia leemos que la CIJ tom nota de aseveraciones hechas por Nicaragua durante su defensa con relacin a cualquier ampliacin de sus operaciones de dragado futuras y el compromiso de proceder a un nuevo estudio de impacto ambiental: Elle prendacte de lengagement du Nicaragua, formul aucours de la procdure orale, de procder une nouvelle tude de limpact sur lenvironnement avant toute expansion dampleur de son programme de dragage actuel. Elle remarque par ailleurs que le Nicaragua a dclar quil veillerait ce que pareille tude comporte une analyse des risques de dommage transfrontire et ferait en sorte dinformer et de consulter le Costa Rica dans le cadre de ce processus.

Para llegar a estas y muchas otras conclusiones, el debate interno en la CIJ parece haber sido lgido , en la medida en que 10 jueces titulares de los 15 externaron algn desacuerdo con alguna parte del texto acordado por la CIJ: ver sobre este aspecto el listado y el acceso al texto de cada una de las declaraciones individuales y conjuntas. A estas ltimas hay que aadir la disonancia tradicional que externan usualmente los dos jueces ad hoc designados por cada parte: en este caso la opinin individualde 16 pginas (ver texto en ingls) del juez John Dugard (sudafricano, juez ad hoc de Costa Rica) y la declaracin de ocho pginas del juez Gilbert Guillaume (francs, juez ad hoc de Nicaragua) (ver texto en francs).

Breves observaciones con relacin a la Ruta 1856 o trocha fronteriza"

Como bien se sabe, se trata de lo que la CIJ denomina como una ruta paralela al ro, y que ha sido presentada por las autoridades de Costa Rica durante la administracin (2010-2014) como una obra prioritaria de 160 kilmetros que bordea el ro San Juan y parte de la frontera terrestre entre Puesto Delta y Los Chiles, iniciada en diciembre del 2010. De manera a apreciar la relacin existente entre esos 160 kilmetros y la ubicacin geogrfica de Isla Portillos, remitimos al lector al tercer mapa de esta modesta nota publicada por el ObservatoirepourlAmrique Latine et les Carabes (OPALC) en mayo del 2015.

En Costa Rica, es ms conocida popularmente como la "trocha fronteriza", que analizamos desde la perspectiva internacional en una publicacin de la UCR (Nota 7). Fue tambin denominada por el ingenieroRen Castro Salazar (Canciller y luego Ministro de Ambiente de Costa Rica entre el perodo 2010 -2014) como un camino rstico en un artculo publicado en enero del 2012 (ver artculo). Ruta, camino rstico, trocha son trminos distintos que evidencian la riqueza de la lengua de Cervantes, pero refieren a la misma iniciativa. Esta obra fue objeto de un interesante primerinforme en junio del 2012 por parte de un ente que puede ayudar a entender mejor la diferencia entre estos trminos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Dejamos al lector revisar las conclusiones del CFIAen ese informe preliminar (en pginas 26-26) de manera a no provocar sonrojos innecesarios que alteren la visin de nuestros lectores.Al finalizar el 2012,la antes mencionada obra fue calificada como el escndalo del ao (ver nota de CRHoy). Las comillas usadas por el autor en lasdos frases precedentesse deben al hecho que una obra presupone un diseo y estudios previos: tenemos sobre este punto preciso la firme conviccin que las obras, como entidades, tambin merecen respeto.

Sobre este ltimo punto cabe sealar quelos funcionarios responsables de sugerir tan peculiar iniciativa se han mostrado extremadamente evasivos (ver nota del Semanario Universidad de abril del 2013 titulada Todos alabaron la trocha, pero nadie asumi la paternidad). En agosto del 2012, un reportaje de La Nacin dio pe para una accin penal por presunta difamacin contra una periodista por parte de dos figuras pblicas de Costa Rica al ver su nombre aparecer en un reportaje sobre la trocha fronteriza, accin finalmente desestimada por los tribunales de justicia en enero del 2013 (ve nota de prensa titulada Tribunal vio innecesario juicio contra periodista). En declaraciones ante diputados se oy que, en realidad, se trato de coordinacin de esfuerzos de rganos diversos // en aras de afrontar la emergencia que se viva (escuchar parte deaudio de declaraciones del Ex Ministro de Seguridad Jos Mara Tijerino Pacheco). En agosto del 2012, declaraciones ante una Comisin Parlamentaria arrojaron algunos nombres, pero sin que se tenga claridad de cmo oper la cadena de mando que permita remontar a lo que podramos denominar el punto de ignicin (ver nota de CR Hoy). Se indic sobre una de estas comparecencias en Cuesta de Mora (sede de la Asamblea Legislativa) que hubo intentos de acallar a los comparecientes por parte de algunas bancadas parlamentarias (ver nota del Semanario Universidad de junio del 2012 titulada CONAVI paga a contratistas de trocha mientras se investiga corrupcin): Sera muy lamentable que con esas bravuconadas pretendan acallar gente o sepultar el trabajo de esta comisin, solo por las crticas que se lancen a la cuestionada va, dijo el diputado socialcristiano Luis Fishman, quien con su compaero de bancada Walter Cspedes y Manrique Oviedo, del Partido Accin Ciudadana, ofrecieron disculpas al representante del CFIA.En febrero del 2013 se ley en el Semanario Universidad (ver nota titulada Comisin legislativa sobre trocha llamar a los actores polticos) que para Jos Mara Tijerino Pacheco, ex Ministro de Seguridad de Costa Rica: es una idea tan buena, que no quiero ser inmodesto y arrogarme la paternidad de ella. En un artculo anterior publicado en La Nacin al finalizar enero del 2013 el mismo funcionario haba hecho ver dos graves imprecisiones con relacin a una cadena de mando publicada dos das antes en La Nacin sobre la construccin de una va paralela al San Juan (ver artculo titulado Dos graves inexactitudes): se lee que La primera de ellas es la de que la presidenta de la Repblica, Laura Chinchilla, deleg en m la tarea de construir dicha carretera, aseveracin errnea puesto que la construccin de caminos o carreteras no es atribucin del Ministerio de Seguridad Pblica. Tambin se lee que La segunda inexactitud consiste en que se me vincula con dicha ruta en setiembre de 2011, mes en el que yo ya tena cinco meses de haber cesado en el cargo de ministro de Seguridad Pblica y ya estaba nombrado como embajador ante el Gobierno de la Repblica Oriental del Uruguay. Las dos imprecisiones sealadas no responde al punto de saber quin fue la persona que sugiri realizar la trocha, una incgnita que se mantiene al da de hoy,

En marzo del 2013, diputados de oposicin, quines s benefician de inmunidad a diferencia de una periodista - insistieron nuevamente sobre el tema (ver nota de prensa titulada Diputados insisten en participacin de Adrin Chinchilla y Carlos Espinach en decisiones sobre trocha). Las diversas comparecencias ante una comisin legislativa no lograron nunca identificar con precisin a los responsables de sugerir la construccin de la hoyfamosatrocha fronteriza costarricense.

A la fecha, la trocha fronteriza es objeto de 31 informes relativos aposibles anomalas (segn nota reciente de La Nacin del 18/12/2015). Las posibles anomalasdeben ahora ser dilucidadas de manera a explicar el destino exacto de una cifra de millones de dlares: el Fiscal Adjunto Anti Corrupcin recientemente, en declaraciones a la radio, dio el dato de unos 16.000 millones de colones, reportados tambin por la prensa en marzo del ao en curso (ver nota de CRHoy): si bien la suma avanzada ya es cuantiosa, refiere nicamente a los fondos recibidos por una sola institucin, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). En la nota precitada del Semanario Universidad, se indica que: Entre las cosas que los diputados buscan aclarar, a cunto asciende lo gastado en la trocha; lo que no est claro, ya que el CONAVI haba dicho que el gasto era de 19.500 millones, y la CNE report a la Contralora General de la Repblica un presupuesto de 9.000 y otro de 10.000 millones en fondos destinados a la trocha, lo que sumara ms de 38.000 millones. Pero el ejecutivo haba autorizado adems gastos por miles de millones de colones del Ministerio de Seguridad, MOPT, MINAET, y no se ha aclarado cunto del dinero se ha gastado.

Ms all de los nmeros y de los intentos de unos y otros de maquillar o minimizar el monto (o emprenderla contra expertos) para evitar saber cul es la magnitud exacta del dao causado al erario pblico costarricense, es de recordar que esta trocha fronteriza siempre se justific oficialmente como una "respuesta" a la "invasin" y a la "agresin" sufridas por Costa Rica en Isla Portillos. Las comillas usadas nuevamente por el autor en la frase anteriorobedecen al hecho que lo ocurrido en Isla Portillos nunca calific, desde la perspectiva del derecho internacional, como una "invasin" o una "agresin", sino como una incursin y ocupacin ilegal del territorio costarricense. Sobre este preciso punto (de carcter estrictamente semntico para algunos, y como tal de relevancia relativa), un funcionario de la cancillera de Costa Rica admiti en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodrguez Mata la diferencia existenteentre estos diversos trmino: reconoci que desde el punto de vista jurdico agresin e invasin no aplicaban a la situacin acaecida en Isla Portillos (ver el video disponible en YouTube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR). El funcionario justific no obstante ante las cmaras del canal universitario el uso de la palabra "invasin", segn sus propios trminos "para que la gente entienda" (Minuto 7:23).

En una de las pocas notas de prensa (titulada Asesor jurdico tico admite que lo ocurrido en Portillos no es invasin ni agresin) sobre esta interesante aseveracin hecha pblica tan slo en el mes de agosto del 2013, se ley que: "existi un engao para el pueblo" y que: "sin proponrselo, viene ahora a revelar la existencia de una conducta cnica e irresponsable del gobierno de Costa Rica, que exagera y deforma los hechos con fines patrioteros y demaggicos". En recientes declaraciones, el Fiscal Adjunto Anti Corrupcin acot que precisamente, en el marco de la investigacin realizada por la Fiscala, parte del ardid segn sus propios trminos - consisti en aumentar la situacin de emergencia para distraer el uso de los fondos pblicos (ver segundo audio en esta nota del programa Radial Amelia Rueda del 17/12/2015).

Un detalle en el fallo de la CIJ pasadocasi desapercibido:

Notemos que en junio del 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (ms conocida como Sala IV) rechaz "ad portas" un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de emergencia (ver texto del voto 8420-2012) que consagrjurdicamente una situacin de "emergencia" en Costa Rica. Al revisar lo que dijo la CIJ, nos encontramos con que la CIJ en su fallo lleg a una conclusin totalmente opuesta sobre este preciso punto. En efecto, en el prrafo 158 de la sentencia leda en La Haya el pasado 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:. .. la Cour estime que, dans les circonstances de lespce, le Costa Rica na pas dmontr lexistence dune urgence justifiant de construire la route sans entreprendre dvaluation de limpact sur lenvironnement. En effet, lexcution des travaux tait prvue ds le dpart pour durer plusieurs annes, ce qui sest confirm par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux tait le thtre avait dj t porte devant la Cour, laquelle a, peu de temps aprs, indiqu des mesures conservatoires. Si le Costa Rica soutient que la route tait destine faciliter lvacuation de la portion de territoire costa-ricien adjacente au fleuve San Juan, la Cour constate que la route ne donne accs qu une partie de cette rgion et ne pouvait donc constituer une rponse lurgence allgue que dans une mesure limite. Par ailleurs, le Costa Rica na pas dmontr lexistence dune menace imminente daffrontement militaire dans les rgions traverses par la route. Enfin, il est rappel que le dcret proclamant ltat durgence a t pris par le Costa Rica le 21 fvrier 2011, soit aprs le dbut des travaux routiers". En caso de algunaduda de nuestroslectores, reproducimos la versin en inglsdelmismoextractodelprrafo 158 de la sentencia de la CIJ leda el pasado 16 de diciembredel 2015:"the Court considersthat, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency thatjustifiedconstructing the road withoutundertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures. Although Costa Rica maintains that the construction of the road was meant to facilitate the evacuation of the area of Costa Rican territory adjoining the San Juan River, the Court notes that the road provides access to only part of that area and thus could constitute a response to the alleged emergency only to a limited extent. Moreover, Costa Rica has not shown an imminent threat of military confrontation in the regions crossed by the road. Finally, the Court notes that the Executive Decree proclaiming an emergency was issued by Costa Rica on 21 February 2011, after the works on the road had begun .

Estamos por lo tanto en presencia de un fallo de la CIJ que contradice lo dispuesto en una decisin de la Sala Constitucional de Costa Rica: sobre esta ltima, compuesta por siete integrantes,cabe sealar que su Presidenta en aquel momento Ana Virginia Calzada Miranda y el Magistrado Fernando Cruz Castro salvaron ambos su voto, optando por admitir el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto de emergencia, en junio del 2012. No se ha tenido acceso a las razones expuestas por ambos magistrados para separarse de la posicin de sus colegas en la Sala Constitucional, y sera tal vez de gran inters conocer que fue los que ambos juristas consideraron incorrecto con relacin a la posicin mayoritaria.

Independientemente del debate interno en el seno del mximo rgano de la justicia constitucional de Costa Rica sobre lo qu se debe entender por una emergencia nacional (que dicho sea de paso, pese a declaraciones sobre una invasin y agresinpor parte de Nicaragua, no provoc ruptura alguna de las relaciones diplomticas ni comerciales entre Costa Rica y Nicaragua), los medios de prensa, los analistas y observadores, as como los rganos de control y fiscalizacin del Estado costarricense tienen ante s un interesante desafo que ahora se abre posterior al fallo de la CIJ. En efecto, sin proponrselo, los jueces de La Hayahan puesto en entredicho gran parte de la retrica discursiva usada por parte de las autoridades de Costa Rica para justificar la denominada "trocha fronteriza" entre el 2010 y el 2012. Parte de esta retrica, que refiere a la urgencia y a la emergencia para justificarla,se dej nuevamente entrever durante un debate reciente que tuvimos, previo a la lectura del fallo de la CIJ, con el periodista Carlos Roverssi Rojas (quien durante la administracin (2010-2014)fueraen un primer momento designado como Vice Canciller en el perodo mayo 2010- junio 2013 y a partir de junio del 2013 Ministro de Comunicacin): el debate matutino fue realizado en el programa RTNoticias, 24 horas antes de leerse el fallo de la CIJ (ver video en YouTube de emisin matutina realizada el 15/12/2015). Al insistir por ensima vez sobre el punto de saber quin sugiri la trocha, y pedir, por parte de la periodista Denise Mora Lpez que se confirmara si se puede considerar al Ministerio de Obras Pblicas y Transporte (MOPT) como responsable de la trocha, se oy por parte de nuestro distinguido contrincante que: No, los responsables de la trocha somos todos, y Costa Rica en general (Minuto 24:18).

Dado a conocer el fallo de la CIJ, el jurista AlvaroSagot Rodrguez , renombrado especialista en derecho ambiental en Costa Rica, quien interpuso el recurso ante la Sala contra la emergencia decretada como tal el 7 de marzo del 2011 hizo ver que ahora la Sala Constitucional deber tambin explicarse: ver al respecto nota con audio del 17/12/2015 en el Programa radial Nuestra Voz, de Amelia Rueda titulada Abogado ambientalista: Quienes criticamos daos por trocha no somos malos costarricenses. En ese mismo programa radial odo 24 horas despus del fallo de la CIJ, el Fiscal Adjunto Anti Corrupcin precis que el fallo de la CIJ nos viene a dar la razn en una de las hiptesis que nosotros tenemos planteadas (ver el segundo audio disponible en la nota del programa Nuestra Voz de Amelia Rueda titulado Llegan a 44 los imputados por peculado en construccin de trocha fronteriza, confirma Fiscala). La diferencia entre los buenos y los malos costarricenses a los que alude el profesor AlvaroSagotRodriguez proviene de declaraciones (a nuestro modesto entender sumamente cuestionables) de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda contra los ciudadanos costarricenses que se opusieron desde un inicio a la construccin de la trocha sin ningn estudio sobre su posible impacto ambiental (ver nota de CRHoy titulada Decreto de emergencia por trocha violenta principios de la Sala IV). Es menester recordar que fue un puado de pequeas organizaciones sociales en Costa Rica las que en diciembre del 2011 externaron su oposicin a la ausencia de una EIA para construir la va paralela al San Juan y que sealaron de manera categrica que: 7. Solicitamos que se investigue de manera exhaustiva la existencia de daos ambientales causados por la construccin de la carretera y se aclare de una vez por todas si existen estudios previos de impacto ambiental para su construccin. 8. Solicitamos al Poder Ejecutivo de la Repblica de Costa Rica que proceda a corregir, con la mayor brevedad posible, con el afn de proteger nuestro ambiente, por el bien de las comunidades fronterizas y por el correcto uso de los fondos pblicos de todas y todos los costarricenses, las omisiones que en materia de proteccin ambiental y legal existan en relacin con esa carretera. 9. Solicitamos al Poder Ejecutivo costarricense que de manera transparente se aplique la va ordinaria (no de emergencia) para contratar y planificar la mejor carretera que podamos tener los costarricenses, con apego irrestricto a la legislacin en materia ambiental y de construccin de obra pblica. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la poca, en un clima hostil ante cualquier crtica a la denominada trocha, merecen ser mencionadas y recordadas al pblico: Arte por la Paz, Asociacin Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociacin Conservacionista Yiski, Comit Bandera Azul Ecolgica de San Miguel de Santo Domingo, Comit Cvico de Caas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patritico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unin Norte por la Vida (UNOVIDA) (ver texto de comunicado conjunto publicado en Tribuna Democrtica).

La dureza de los trminos usados por la Presidenta Chinchilla sobre los malos y los buenos costarricenses recuerda un discurso pronunciado en octubre del 2010 por la misma Presidenta Laura Chinchilla en San Carlos ante la Cmara de Ganaderos, llamando al auditorio a ayudarla a levantar la voz contra algunos grupos radicales que quieren convertir a Costa Rica en un museo de historia natural (escuchar audio).

En la precitada nota de CRHoy se lee que para la Defensora de los Habitantes de la poca (Ombdusman), una duda se debi de imponer desde un inicio al tratarse de una extensa lnea de160 kilmetros en la geografa nortea Costa Rica: Va a haber una frontera de 166 kilmetros abierta, lo que era fango y selva qued abierta. Est Costa Rica en la capacidad de vigilar 166 km de frontera abierta? Esta es una pregunta interesante.

Conclusin

Si bien de ambos lados del Ro San Juan, se oyeron maaneros cantos de sirena este 16 de diciembre, consecuencia casi natural de los fallos de la CIJ, las sirenas se hicieron un poco ms insistentes de este lado del Ro San Juan, debido a la soberana recobrada por Costa Rica en Isla Portillos: ello es entendible en la medida en que se trata de un mbito en el que la opinin pblica y los decisores polticos se muestran siempre mucho ms sensibles. No obstante, y conforme a su prctica, el fallo de la CIJ equilibra de manera muy sutil las obligaciones de ambos Estados con relacin a proyectos susceptibles de generar un dao transfronterizo, invita en varias partes del texto a ambos Estados a coordinar esfuerzos y a retomar iniciativas conjuntas; y, como era previsible, recrimina a los dosEstados por justificar y defender dos proyectos verdaderamente originales:

1- Una operacin de dragado en el delta del San Juan ubicada de manera equivocada a partir de un mapa de Google Eartherrneo, y liderada por el popularmente conocido Comandate 0, llevando este ltimo a ubicarse en un territorio considerado como costarricense desde el acta de demarcacin conjunta adoptada en 1900 por Costa Rica y Nicaragua, y;

2- la respuesta (tambin original, y, a diferencia de la anterior, sin paternidad asumida a la fecha) larga de 160 kilmetros que bordea el ro San Juan y parte de la frontera terrestre. Si bien se denomina popularmente trocha, el ancho en algunos de sus segmentos (ver foto usada para ilustrar el nmero especial de la Revista Ambientico)indica que tampoco entra en la definicin dada de este trmino por la Real Academia Espaola. Ni es una obra, ni tampoco una trocha: obtener la identidad de sus escurridizos autores intelectuales permitir, estamos seguros, conocer ques lo que tenan en mente desde un inicio.

Conforme vayan perdiendo intensidad los cantos de victoria, es posible asistamos a un acercamiento entre ambos ribereos del San Juan, siempre y cuando ambos aparatos diplomticos deseen aprovechar esta ocasin que les brinda la justicia internacional. Este espacio de tiempo para intentar relanzar una relacin bilateral venida a menos responde precisamente a la intencin del juez internacional, que siempre se deja entrever en sus decisiones. Ello podra explicar (al menos en parte) la mesura externada en las primeras declaraciones del mandatario Luis Guillermo Solis Rivera y de la vocera del Gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana horas despus de odo el fallo de la CIJ.

Las comunidades fronterizas en ambos Estados que comparten la misma pobreza y falta de oportunidades, como muchas de las comunidades fronterizas en Amrica Latina - son las ms afectadas por estas repetitivas, recurrentes y largas justas en sede judicial internacional, as como la comunidad nicaragense en Costa Rica y la comunidad costarricense en Nicaragua: estas, y muchas familias con miembros pertenecientes a ambos Estados, esperan ansiosas desde muchos aos que sus respectivas capitales inviertan su valioso tiempo y susrecursos,que se dicen ser escasos, en iniciativas conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos Estados, y por ende, relanzar la agenda binacional y la cooperacin entre las regiones fronterizas.Un reciente ejercicio legal ante la justicia chilena forz al Ejecutivo a precisar con exactitud un dato sobre lo gastado por Chile en su contienda contra Per, evidenciando el alto costo de estas demandas: la suma develada es de 20,3 millones de US$ (ver nota de prensa). Sera interesante, a este respecto, realizar un ejercicio similar sobre esta informacin precisa, que ambos ribereos del ro San Juan estiman en mucho menos, pero sin detallar en un informe la base usada para calcular el monto y los rubros contenidos en l.En Costa Rica, recientemente, se hizo saber que: A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limtrofe cobraron al pas $1 por sus servicios profesionales (ver nota de CRHoy), un dato verdaderamente curioso que nos ha parecido oportuno mencionar (y que hay que dar a conocer urgentemente a los que velan por la hacienda pblica chilena) (Nota 8).

Desde el punto de vista internacional,el fallo ledo viene a resolver dos de las tres demandas pendientes de resolucin en La Haya. Como se recordar el perodo (2010-2014) fue el escenario de una recurrencia nunca vista en la historia mundial de la diplomacia: Costa Rica y Nicaragua acumularon tres demandas distintas en tres ao y medio, habiendo Costa Rica presentado la ltima en febrero del 2014 sobre la delimitacin en ambos ocanos, la cual constituye un ejercicio sumamente riesgoso para Costa Rica (Nota 9). A diferencia de un acuerdo mutuo para someter de manera conjunta una controversia a la CIJ, estas tres demandas fueron presentadas de forma unilateral: bien se sabe que la demanda unilateral siempre es percibida por el demandado como un gesto poco amistoso. Segn las palabras del ex juez de la CIJ (1987-2003) y ex Presidente de la misma (2000-2003), el jurista francs Gilbert Guillaume (y que nos permitimos citar en razn de su larga experiencia como juez): Cest que l le recoursunilatral la justiceinternationaleesttropsouventvcu par les Etatscomme une dtrioration de leursrelations. Il est frquemment ressenti comme un ultime appel ou comme un atout supplmentaire dans une ngociation parallle difficile. Dans lune ou lautre perspective, il est une ncessit difficilement accepte plus quune solution aisment consentie (Nota 10).

Del lado de Costa Rica, conforme los cantos de sirenas embriagantes y sus ecos en algunas repetidoras locales se vayan dispersando, es posible que muchas dudas empiecen a aflorar y que se retomen muchas investigaciones en curso, las cuales, en su mayora, fueron suspendidas en aras de evitar que pudieran ser usadas por Nicaragua contra Costa Rica en La Haya. El retomar sin excusa ni reserva estas lneas de investigacinconstituye, a nuestro modesto entender, una consecuencia que deriva del fallo de la CIJ. Ello en aras de explicar al pas cmo fue que una ocupacin ilegal en un territorio de 2,8 kilmetros cuadrados denominado Isla Portillos en el extremo Noreste de la frontera sirviera de base para crear unaatmsfera de emergencia nacional, de pas invadido, de amenaza inminente, dando pi para algocalificado por uno de los funcionarios de la poca a cargo de su ejecucin,como un verdadero proyecto de guerra (Nota 11).

 

 

Notas

Nota 1 : El Profesor PhilippeWeckel (Francia), a cargo durante muchos aos de la seccin JurisprudenceInternationale en la prestigiosa Revue Gnrale de Droit International Public (RGDIP) calific esta decisin del 13 de julio de la CIJ como una verdadera tarea de vacaciones mal hecha (traduccin de devoir de vacancesbcl ). Sin mayor complacencia por esta tarea encomendada por Costa Rica al juez de La Haya en el 2005, escribi: onnajamaisvudcisionaussi mal rdige ! Le constat est totalement inattendu et, vrai dire, proprement incroyable. A la lecture des motifs on dcouvre que certaines conclusions ne sont mme pas tayes ou alors quelles le sont dune manire si sommaire ou elliptique quelles apparaissent fausses . El profesor Weckel continua con una pregunta a la que el mismo contesta: Que penser, que dire de ce devoir de vacancesbcl ? Larrt du 13 juillet 2009 ne mrite pas un commentaire (Vase WECKEL Ph., Note, Sentinelle, SFDI, Bulletin Numro 196 (Juillet 2009). Disponible aqu. En un comentario crtico sobre esta decisin, tambin publicado en Francia, la autora adverta en el 2010 que, debido a la falta de motivacin en varias partes del texto, era poco probable que esta decisin de la CIJ resolviera definitivamente el tema de la navegacin en el ro San Juan entre sus dos ribereos. Vase CASSELLA S., Rquilibrer les effets inquitables dune dlimitation territoriale: larrt de la Cour internationale de Justice du 13 juillet 2009 dans laffaire du Diffrend relatif des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Volume 55 AFDI (2009), pp. 253-277, p. 254 y conclusiones en p. 277. Artculo disponible aqu.

Nota 2: Cabe recordar que en 1998 Costa Rica y Nicaragua intentaron resolver mediante negociaciones diplomticas el delicado tema de la portacin de armas de policas de Costa Rica en tareas de operaciones de vigilancia y de abastecimiento de puestos fronterizos en las aguas del ro San Juan. Costa Rica basaba este uso en las disposiciones del tratado de 1858 que refieren a competencias en materia de guarda del San Juan (artculo IV), mientras que Nicaragua, si bien no objetaba el ejercicio de este derecho como tal, se mostraba indispuesta con el uso de armas de cierto calibre para estas tareas y cuestionaba que los policas de Costa Rica pudieran navegar con estas sin pedir autorizacin alguna. El acuerdo alcanzado conocido como el acuerdo Cuadra-Lizano suscrito en julio de 1998, en tan solo cuatro artculos (ver  texto del acuerdo), logr plasmar una solucin tcnica a un problema tcnico, en lo que pareciera ser el ltimo ejercicio de negociacin bilateral exitoso entre ambos Estados. Lamentablemente, Nicaragua desconocera das despus este acuerdo debido a cuestionamientos en Nicaragua (ver nota de La Nacin de agosto de 1998). Leemos en esta misma nota un detalle de cierto inters, redactado por quin hoy es Ministro de Comunicacin en Costa Rica: // el director de la Polica de Fronteras, coronel Max Cayetano Vega, circul una nota entre los guardias civiles donde les notifica que podrn transitar el ro siempre y cuando informen a los soldados nicaragenses. La nota advirti a los policas que "debern observar una conducta adecuada, sin hacer alardes de prepotencia o exhibicionismo" /.../. La denuncia posterior del acuerdo Cuadra-Lizano por parte de Nicaragua iniciara una fase de incertidumbre y de turbulencia entre ambos Estados. Posteriormente, las buenas relaciones personales entre los mandatarios de ambos Estados llevaran a negociar un acuerdo para que Costa Rica no presentara demanda alguna durante 3 aos (acuerdo Tovar-Caldera suscrito el 26 de septiembre del 2002). Vencido el plazo establecido, y sin que hayan trascendido datos sobre reuniones o negociaciones entre ambos, Costa Rica anunci que acudira a la CIJ en el 2005 (ver nota de La Nacin ) para defender este y otros derechos de navegacin. Pese a que se present como favorable para Costa Rica dado que la CIJ orden a Nicaragua no exigir visados para embarcaciones tursticas de Costa Rica, obtuvo un fallo adverso sobre el uso de las aguas del San Juan por parte de sus policas (ver texto de la sentencia del 13 de julio del 2009 de la CIJ, y en particular el prrafo 156 inciso h, adoptado por unanimidad por los jueces de la CIJ): se trata de un interesante ejercicio ante la CIJ en el que un derecho de un Estado estipulado en un tratado de 1858 (cuyo ejercicio es aceptado de manera reticente por el otro Estado ms no ignorado) finaliza ante los jueces de La Haya (a solicitud de su titular) con su negacin.

Nota 3: En un artculo de opinin publicado en La Nacin (ver texto) publicado en febrero del 2011, la Ministra de Seguridad de Costa Rica a partir del 14 de abril 2008 hasta abril del 2010 explic que el desmantelamiento de la Polica de Fronteras, cuerpo especializado de la Polica de Costa Rica, se debi a una decisin de la Oficina de Planificacin del 2008 y que (advertimos al lector que se trata de una sola frase que no lleva un solo punto): Miente quien diga que durante mi gestin se elimin la Polica de Fronteras y que hubo un error estratgico, afirmaciones de tipo meditico y propagandstico, sin asidero operativo ni legal, pues antes de que asumiera como ministra, ya la Oficina de Planificacin, ante un dictamen de la Asesora Jurdica del Ministerio, haba concluido que no se poda conformar una Direccin de Polica de Fronteras dejando de lado la vigilancia area de esta zona, que ya exista el Servicio Nacional de Guardacostas para el resguardo de las fronteras martimas, de las aguas martimas jurisdiccionales e interiores, y que al existir organizacionalmente una Direccin de Vigilancia Area, esta no poda estar contenida dentro de la Polica de Fronteras (sic). En enero del 2011, el funcionario que fungi como Ministro de Seguridad de Costa Rica entre mayo del 2006 y su no renuncia el 30 de marzo del 2008 (ver nota de Aldia) (en aras de evitar su comparecencia ante una comisin de la Asamblea Legislativa solicitada una semana antes de su separacin al cargo, como se puede apreciar en esta nota de Alda) afirm en esta mismo espacio de opinin en La Nacin que (ver artculo ) que: En materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana, se cometi el gran error, entre muchos otros, de eliminar la Polica de Fronteras, en el segundo semestre del 2008. Un error estratgico y geopoltico, cuyas consecuencias negativas llegan hasta los hechos de la isla Calero y la ocupacin sandinista. De este intercambio cruzado de recriminaciones, no queda claro cules fueron las decisiones que se tomaron en Costa Rica posterior al fallo del 13 de julio del 2009 de la CIJ para reforzar la vigilancia de la frontera fluvial y superar la limitante que le signific la prohibicin hecha a Costa Ricade usar el San Juan para fines policiales: se trata de un interrogante que, a la hora de redactar estas lneas, se mantiene como tal.

Nota 4: Sobre el lento proceso de fabricacin de un fallo de la CIJ, remitimos a unos de los mejores textos jams escritos sobre el particular, obra del juez argelino Mohamed Bedjaoui : BEDJAOUI M., "La "fabrication" des arrts de la CourInternationale de Justice", in Mlanges Michel Virally, Le droitinternationalauservice de la paix, de la justice et du dveloppement, Paris, Pedone, 1991, pp. 86-107.

Nota 5: Al terminar las audiencias del da 15 de abril, (ver acta disponible aqu), se lee que el juez marroqu Mohamed Bennouna hizo la siguiente pregunta a la delegacin de Costa Rica: Maquestionest la suivante: est-ce que le Costa Rica attend de la Courquelle se prononce sur la compatibilit avec larrt de la Cour de 2009 sur le droit de navigation des rglementations dictes par le Nicaragua pour la mise en uvre de cetarrt ? Et si ctait le cas, le Costa Rica peut-il prciser le lien de cette question avec lobjet du diffrend ? Je vousremercie, Monsieur le prsident (p. 45).

Nota 6: En aquella ocasin de marzo del 2011, la oportunidad brindada por el juez internacional fue desaprovechada por Costa Rica: a pocas horas de dictaminada la ordenanza de la CIJ del 8 de marzo del 2011, el Ministro de Seguridad de Costa Rica refiri a informes de inteligencia (a la fecha no divulgados) sobre un posible minado en Isla Portillos por parte de Nicaragua (ver nota de prensa). Los analistas y observadores descubriran das despus que el 7 de marzo del 2011 (es decir, 24 horas antes de leerse la ordenanza por parte de la CIJ) se haba publicado en el Alcance de la Gaceta Oficial de Costa Rica el Decreto de Emergencia, base legal para lo que se denominara con posterioridad la trocha fronteriza.

Nota 7: Vase BOEGLIN N., La denominada trocha fronteriza desde la perspectiva del derecho internacional, Revista Estudios UCR, 2013, Ver texto disponible aqu.

Nota 8: En noviembre del 2010, se anunci que se presupuestaran 2 millones de US$ por parte del entonces canciller de Costa Rica por cada ao para el caso de la ocupacin ilegal de Isla Portillos (ver nota de prensa de La Nacin titulada Pas presupuesta 2 millones de US$ por ao para juicio en La Haya). De manera a ampliar el panorama, leemos en un artculo reciente sobre gastos en La Haya de Estados de Amrica Latina que: Tras el fallo el gobierno uruguayo transparent las cifras manifestando que en tres aos Uruguay gast US$ 5.449.224 millones en honorarios de abogados y U$S 1.968.662 en viticos, lo que daba un total de US$ 7.417.886. En tanto, la cancillera argentina precis que en el mismo proceso los recursos totales afectados completaron los US$ 2.549.137. Ex cancilleres de Nicaragua consideraron y advertimos desde ya que es una simple estimacin - el costo para su pas de la demanda de Costa Rica por la ocupacin ilegal de Isla Portillos planteada en noviembre del 2010 a un monto situado entre 5 a 7 millones de US$ (ver nota). Colombia por su parte est innovando en este (y muchos otros mbitos), puesto que sin bien no se sabe cunto se gast exactamente en el juicio que dur 11 aos contra Nicaragua ante la CIJ (en parte gracias a incidentes procesales de la misma Colombia, como la presentacin de excepciones preliminares), s se sabe que ya lleva ms de 2 millones de US$ en honorarios a firmas de abogados internacionales y nacionales que la asesoran post fallo de la CIJ de noviembre del 2012 (ver artculo de prensa).

Nota 9: Esta demanda no es exenta de riesgos para Costa Rica: en un fallo del 2007 entre Nicaragua y Honduras, la CIJ rechazo la pretensin hondurea de una lnea horizontal para delimitar el Ocano Atlntico, mientras que en el Pacfico, a diferencia de Costa Rica (que gracias a la isla del Coco, beneficia de una de las mayores Zonas Econmicas Exclusivas (ZEE) en Amrica Latina), Nicaragua no cuenta con ninguna isla. La CIJ se ha inclinado en algunos fallos a favorecer a un Estado geogrficamente desventajado. Sobre el particular, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en su momento, en la que sealamos que: En razn de la configuracin distinta en ambas costas, ambos Estados recurren a criterios un tanto dismiles: mientras que en el Caribe Nicaragua pareciera proceder a una delimitacin de tipo horizontal, como la intentada recientemente por Chile contra Per ante la CIJ, la misma Nicaragua recurre a la direccin del ltimo trayecto de la lnea fronteriza terrestre para delimitar las aguas en el Ocano Pacfico. Recordemos que en el Pacfico se da un fenmeno nico muy importante para la pesca, de forma permanente o casi, el "domo trmico". Estos criterios de delimitacin son muy distintos al de la direccin general de la frontera terrestre usado por la CIJ para fijar las dos fronteras martimas de Nicaragua con Honduras en ambos mares. Este ltimo criterio aplicado a la frontera martima entre Costa Rica y Nicaragua en el Caribe podra dar lugar a una lnea ms inclinada hacia el sur que la lnea horizontal que pareciera querer respetar Nicaragua. Ese mismo criterio tcnico dara un resultado ms favorable a Costa Rica en el Pacfico que la lnea actualmente trazada por Nicaragua. Cada costa siendo distinta desde el punto de vista de su configuracin geogrfica, y desde el punto de vista de los recursos pesqueros y los identificados en su subsuelo, los argumentos debern necesariamente variar en funcin de cada costa. Ello coloca a ambos Estados, en particular a la parte demandante, en una delicada posicin desde el punto de vista de la solidez de la consistencia jurdica que deber defender ante el juez internacional.

Nota 10 : Vase GUILLAUME G., La Cour International de Justice laube du XXI me sicle. Le regarddunjuge , Paris Pedone, 2003, p. 7.

Nota 11 : Referimos al lector a la nota de prensa publicada en La Nacin en diciembre del 2012 titulada Carlos Acosta: Este (la trocha) fue un proyecto de guerra'.


Nicols Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Pblico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (UCR)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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