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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-01-2016

El TTIP, TPP, TISA, CETAvulneran el sistema internacional de los derechos humanos

Juan Hernndez Zubizarreta
Alainet


Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Estn reformando el sistema jurdico internacional por la va de los hechos y profundizando en la fragmentacin del Derecho Internacional.

El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboracin, la forma de aplicacin y su posible colisin con el sistema internacional de los derechos humanos; tambin supone estudiar sus impactos en la funcin reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, econmicos, culturales y medioambientales.

Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados en julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo [1]. Tambin vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos indgenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indgenas.

Una primera cuestin de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin ms, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) -compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuestin especfica de derechos humanos.

La expresin "procedimientos especiales" se refiere a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en pases concretos o a cuestiones temticas en todo el mundo.

Experto independiente sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo

El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adopt la resolucin 18/6 sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo [2].

La resolucin tambin cre el mandato del Experto independiente sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo por un periodo inicial de tres aos. El mandato fue porrogado por un periodo de tres aos, hasta el 30 de abril de 2018 [3].

Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversin, los tratados bilaterales de inversin y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democrtico y equitativo [4] y el otro informe hace hincapi en los efectos de la solucin de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrtico y equitativo [5].

Para la elaboracin de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los rganos de tratados como el Comit de Derechos Humanos, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y el Comit de los Derechos del Nio [6].

El Experto independiente considera que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresin en la proteccin de derechos como el derecho a la vida, a la alimentacin (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educacin, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una legtima preocupacin por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversin agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociacin de la deuda externa, la regulacin financiera y los derechos de los pueblos indgenas, las minoras, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables.

Antecedentes

La desaparecida Subcomisin de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolucin 2004/16 decidi prorrogar por otros tres aos su mandato y tom el acuerdo en la resolucin 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los mtodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los daos causados por la actividad comercial [7]. A su vez se design a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle OConnor para que elaboraran un documento sobre Acuerdos econmicos bilaterales y multilaterales y sus repercusin sobre los derechos humanos de los beneficiarios y otro titulado La funcin de los Estados en la garanta de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, encargado al Sr. Gaspar Bir.

En la 21 sesin de la Subcomisin, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos econmicos bilaterales y multilaterales y su repercusin sobre los derechos humanos de los beneficiarios [8] se centr en cuatro ideas. La primera, en cmo el papel de las transnacionales en los acuerdos econmicos es fundamental y cmo la red econmica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferacin de los tratados bilaterales. La preocupacin deviene de la falta de transparencia y cauces democrticos en su negociacin, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los pases pobres y de las dificultades jurdicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analiz los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidi en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableci diversas frmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos econmicos, aplicar la clusula de excepcin general de los acuerdos de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la doctrina Calvo respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia.

El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garanta de los derechos humanos [9] se centr en lo que denomin la renuencia de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relacin con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores bsicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones pblicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, stas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de inters.

El marco normativo

La adecuacin de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones a la legalidad internacional implica contrastar el contenido de los mismos con los tratados de derechos humanos, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario, las declaraciones y las resoluciones; todo ello constituye un orden pblico esencial y de obligado cumplimiento.

Por otra parte, tal y como analizaremos, este rgimen jurdico prevalece sobre el orden y la estabilidad de los intereses de los inversores.

Sobre la elaboracin de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones

En primer lugar, la elaboracin, negociacin y aprobacin de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadana y a los representantes democrticos tal y como obliga el artculo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos [10]. La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional [11].

En el informe titulado La Defensora del Pueblo Europeo apoya el carcter secreto de las negociaciones del TTIP y publicado en la pgina web de economa CIUDADANA [12], se recoge como la Defensora del Pueblo Europeo, Emily OReilly, ha decidido que en la reclamacin 1777/2014/PHP contra la Comisin Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatlntico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unin Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a travs de su blog Economa Ciudadana, lo siguiente: No ha habido mala administracin por parte de la Comisin Europea, procediendo al cierre de la investigacin. El informe aade con esta decisin, OReilly consolida la posicin de la Comisin Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no slo a la ciudadana y su derecho a la informacin, sino tambin al Tribunal Europeo de Justicia, nico rgano legitimado para la interpretacin de la legislacin de la Unin Europea, y la interpretacin del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casacin.

En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se est produciendo un incumplimiento sistemtico de la legislacin internacional y de la legislacin comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicacin del Derecho de la UE en la Comisin de Asuntos jurdicos del Parlamento Europeo [13].

Sobre el cuerpo normativo de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaracin Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino tambin instrumentos jurdicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos [14] e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Econmico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organizacin Internacional del Trabajo Convenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organizacin Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convencin para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convencin sobre la Proteccin del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico, as como la Declaracin sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Econmico Internacional, la Declaracin sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existe crea un marco jurdico internacional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme o ratifique un acuerdo con otros Estados. El rgimen de derechos humanos, debe considerarse superior a otros acuerdos, incluidos los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje internacionales deben estar subordinados a ese rgimen.

Sobre el Orden Pblico Internacional

Hay que tener en cuenta el carcter dinmico del Derecho Internacional, ya que ste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son slo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificacin de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construccin del ius cogens o normas de orden pblico internacional se regula en el artculo 53 de la Convencin de Viena sobre Derecho de los Tratados [15]. El ius cogens integra un nuevo orden pblico internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y mltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999) [16] ha ratificado las caractersticas descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptacin mayoritaria de la comunidad internacional. En esta lnea de interpretacin expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que, Los instrumentos normativos universales de proteccin de los derechos humanos tienen un carcter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores ticos-polticos relevantes, reconocen los principios jurdicos rectores en la materia, establecen un estndar minimum normativo de carcter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional ms favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus polticas, medidas legislativas y administrativas. Los principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este mbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jurdicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales (Galinsoga, 2002: 353 y 356) [17].

As, la Declaracin Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendacin tica. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artculo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jurdico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario est en vigor y es obligatorio. La Declaracin Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que segn el artculo 53 de la Convencin de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa [18].

El Derecho Internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento y tiene una jerarqua superior a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones.

Sobre la superioridad jerrquica de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones

Los tratados de comercio e inversiones deben respetar y someterse son jerrquicamente inferiores- a la Declaracin Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas.

La Carta de las Naciones Unidas en su artculo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contradas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contradas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecern las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones estn subordinadas a las nomas sobre derechos humanos [19]. En esta direccin el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradicin y, por extensin, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004) [20].

El Comit del Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales emiti una declaracin en la que se dice: Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duracin limitados y susceptibles de transaccin, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresin de una reivindicacin fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regmenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan proteccin a los autores y creadores individuales - se centran cada vez ms en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales. Por su parte, en la resolucin 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisin de derechos humanos de la ONU ha dicho: Afirma que la proteccin de los intereses morales y materiales que resultan de toda produccin cientfica, literaria o artstica de que una persona es autora es, de conformidad con el prrafo 2 del artculo 27 de la Declaracin de Derechos Humanos y el inciso c) del prrafo 1 del artculo 15 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los lmites del inters general; declara, sin embargo, que dada que la aplicacin del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debera la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos cientficos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentacin y del derecho a la autodeterminacin, hay conflictos visibles entre el rgimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primaca de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las polticas y los acuerdos econmicos.

La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opinin Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convencin, se expres en estos trminos: los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convencin Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en funcin de un intercambio recproco de derechos para el beneficio mutuo de 1os Estados contratantes. Su objeto y fin son la proteccin de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien comn, asumen varias obligaciones, no en relacin con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdiccin.

Tambin la Comisin Europea de Derechos Humanos, basndose en el Prembulo de la Convencin Europea expres en el caso 788/ Austria vs. Italia que: el propsito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convencin no fue concederse derechos y obligaciones recprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y establecer un orden pblico comn de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia comn de tradiciones polticas, ideas y regmenes de derechos.

Por consiguiente, es imprescindible comprobar que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y los mecanismos de solucin de controversias entre inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas que regulan los derechos humanos.

Sobre las Observaciones Generales

El Experto internacional afirma que las Naciones Unidas ha establecido mecanismos de aplicacin, incluidos los rganos creados en virtud de tratados, como el Comit de Derechos Humanos y el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, que han llevado adelante la labor de fijacin de normas mediante la aprobacin de observaciones generales sobre las disposiciones de los pactos internacionales y han participado en las actividades de vigilancia, el examen de los informes peridicos de los Estados partes y las visitas sobre el terreno. Las observaciones generales son interpretaciones autorizadas realizadas por los distintos rganos credos en virtud de los tratados de derechos humanos.

El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales ha formulado observaciones generales pertinentes: nm. 12 sobre el derecho a una alimentacin adecuada (art. 11), prrafos 19 y 36 (Los Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atencin al derecho a una alimentacin adecuada); nm. 14 sobre el derecho al disfrute del ms alto nivel posible de salud (art. 12), prrafo 39 (En relacin con la concertacin de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud) y prrafo 41, que prohbe imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo mdico; nm. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), prrafos 31, 35 y 36 (Los Estados Partes debern velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atencin al derecho al agua y, con tal fin, debern considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jurdicos. En cuanto a la concertacin y aplicacin de otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes debern adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua potable); nm. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y nm. 19 sobre el derecho a la seguridad social (art. 9).

Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben tener en cuenta y adecuarse a las diferentes observaciones mencionadas.

Sobre los Principios Generales

Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia figuran los principios generales del derecho (art. 38, prrafo 1 c), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que configuran el orden jurdico nacional e internacional. Entre esos principios fundamentales estn el de buena fe que significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antitticamente para destruir derechos. La Declaracin Universal de Derechos Humanos consagra este principio en el artculo 30, que se refleja en el artculo 5 de los dos Pactos. Otros principios generales del derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad, previsibilidad, rebus sic stantibus, la prohibicin del abuso de derecho, de incitacin a la comisin de un delito y de tratados o contratos que sean contra las buenas costumbres y la ilegalidad del enriquecimiento injusto.

Los tribunales tambin puede aplicar el principio de equidad, en la medida en que en todos los acuerdos existe un elemento inherente de la misma.

Los inversores pueden invocar el principio pacta sunt servanda -los acuerdos deben cumplirse- regulado en el artculo 26 de la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero requiere de la buena fe y aplicarse de una manera que no contravenga la Carta o los tratados de las Naciones Unidas.

En virtud del artculo 28 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, los Estados establecern un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaracin se hagan plenamente efectivos. Este principio est reforzado por el artculo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el artculo 2 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.

En conclusin, los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben respetar el conjunto de los Principios Generales del Derecho.

Sobre el Derecho Penal Internacional

El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg tambin podran ser pertinentes para examinar los tratados y acuerdos de comercio e inversin. Como manifiesta el Experto independiente, sera apropiado comprobar si el concepto de conspiracin para cometer actos contra bonos mores (o empresa criminal conjunta, en la expresin utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al mtodo aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversin. Son los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de conspiracin? Los actos constitutivos de una conspiracin de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente informacin falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen informes teleolgicos; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicacin para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversin y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polmicos. La cuestin de la responsabilidad penal de las empresas por ecocidio y otros delitos es merecedora de un anlisis a fondo en un informe futuro.

Sobre los Estados

El Experto independiente sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo recoge reflexiones importantes que se reproducen a continuacin:

La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados estn obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus artculos 1, 2, 55 y 56 [21].

Los Estado legtimos deben promover el bienestar de la poblacin que se halle bajo su jurisdiccin; las funciones esenciales del Estado no pueden ser privatizadas. La adopcin de tratado o acuerdos de comercio e inversiones requiere evaluaciones de impacto en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente.

Como establece el informe del Experto independiente, un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdiccin traiciona su propia razn de ser y pierde su legitimidad democrtica. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participacin en los asuntos pblicos, a una patria, a la libre circulacin, a la salud, a la educacin, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos estn consagrados, entre otros, en los artculos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y en los artculos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos.

Por ejemplo, los Estados deben garantizar el acceso a medicamentos asequibles es esencial para proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegacin de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que ms bien deben ser compartidos en un espritu de solidaridad internacional. La confrontacin entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestin de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y 9, que los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prcticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y que los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos polticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a travs de tratados o contratos de inversin. Por tanto, todos los acuerdos y tratados de comercio e inversin que se negocien deben incluir una clara disposicin que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecern los instrumentos de derechos humanos.

La validez de los tratados bilaterales de inversin y los acuerdos de libre comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible demostrar que hubo una violacin manifiesta de la constitucin del Estado, errores referentes a un hecho o a una situacin cuya existencia se diera por supuesta en el momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora (art. 49), engao deliberado o afirmaciones falsas, corrupcin (art. 50), coaccin (arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53). La terminacin de un tratado o la suspensin de su aplicacin son posibles a causa de una violacin grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones, este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que los tratados bilaterales de inversin y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto ser causa de su modificacin o terminacin. El procedimiento se establece en los artculos 65 y ss.

Los tratados internacionales deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmtica de la Constitucin en lo que se refiere a los derechos y garantas contenidos en ella y ms particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarqua de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional). Un Estado no puede renunciar a su funcin esencial de legislar en inters pblico (Teitelbaum, 2004)

A modo de conclusin, afirma el Experto independiente, sera apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversin tienen su razn de ser, la funcin principal del Estado es actuar en inters del pblico. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios legtimos y establezcan autnticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asimtricas. La norma bsica debera consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberana y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin mtodos no democrticos como el secreto y la aprobacin mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participacin pblica, el debido proceso y la democracia.

Sobre los tribunales arbitrales

Los Estados tienen la responsabilidad de brindar proteccin, en particular con respecto a la administracin de justicia. El artculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos requiere que los Estados velen por que los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes en un rgimen de transparencia y rendicin de cuentas. Paradjicamente, los Estados han acordado la creacin de tribunales ad hoc de solucin de controversias entre inversores y Estados que no suelen ser independientes y transparentes y no suelen rendir cuentas. El informe sobre los efectos de la solucin de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrtico y equitativo establece que:

Los ltimos 25 aos han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escrpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una parlisis normativa o incluso una congelacin, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminacin de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de solucin de controversias entre inversores y Estados. El Experto independiente declaraba en el peridico theguardian -el 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo - el sistema de resolucin de controversias inversionista-Estado (ISDS) - pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras [22].

En una direccin opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: "no hay una tensin inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que sera devastador' para el orden pblico es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva [23]. Es decir, segn el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la poblacin debe situarse en el mismo plano que los intereses econmicos de los dueos de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital.

El seor Zayas considera que hay mltiples razones para oponerse a la solucin de controversias entre inversores y Estados sobre la base de las necesidades de una gobernanza democrtica, la administracin de justicia mediante tribunales transparentes y responsables, la doctrina de la soberana del Estado y el derecho de los derechos humanos.

Las sentencias que resuelven las controversias entre inversores y Estados han llevado a estos ltimos a abandonar medidas para proteger la salud pblica y a reducir las exigencias de las normas ambientales. La parlisis normativa derivada de la mera existencia de un sistema de solucin de controversias entre inversores y Estados ha disuadido, y podra disuadir en el futuro a los Estados, de tomar medidas para respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por lo tanto, tiene un efecto negativo en el orden internacional democrtico y equitativo.

Si bien los tribunales internacionales pueden y deben declarar inadmisibles los casos improcedentes de abuso del derecho a presentar comunicaciones (vase el artculo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos) o de abuso de procedimiento, los tribunales de solucin de controversias entre inversores y Estados rara vez lo hacen y aceptan los litigios improcedentes y vejatorios que ocasionan enormes gastos a las partes, lo cual es especialmente perjudicial para los pases en desarrollo.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indgenas

La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe [24] relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indgenas [25] y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confiri el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9 [26].

Sobre los antecedentes

En los antecedentes del informe la Relatora afirma que le causa una gran preocupacin el aumento de las inversiones extranjeras relacionadas con las tierras de los pueblos indgenas, las aguas y la extraccin de recursos naturales como minerales y metales, petrleo, gas y madera, entre otros. Adems, considera que hay que analizar a fondo los regmenes internacionales de inversin y el modo en que afectan al respeto o a la violacin de los derechos humanos de los pueblos indgenas; se produce una colisin con la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Para la elaboracin del informe se han tenido en cuenta de manera especial el informe que el Experto Independiente sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo present en el 70 perodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/44) sobre los efectos negativos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversin, los tratados bilaterales de inversin y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional, el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentacin al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/59/Add.5) y el informe que el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental present en el sexagsimo noveno perodo de sesiones de la Asamblea General (A/69/299), que analiza el impacto de los acuerdos de inversin en el derecho a la salud. Adems, en 2015, diez titulares de mandatos han expresado pblicamente su preocupacin por el impacto que los acuerdos de libre comercio e inversin tienen en los derechos humanos.

Sobre los derechos humanos de los pueblos indgenas

Los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones y su impacto sobre los derechos humanos incluye aspectos como los derechos sobre la tierra, la degradacin ambiental, la pobreza, la capacidad de reglamentacin y de proteccin del Estado, el dficit democrtico y los desafos al estado de derecho en relacin con la elaboracin y aplicacin de dichos acuerdos, y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de salud y relacionados con el agua.

Derecho a las tierras, los territorios y los recursos

Como se establece, entre otros, en los artculos 8, 25, 26, 29 y 32 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, los pueblos indgenas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han posedo, ocupado o utilizado o adquirido de otro modo, as como el derecho a poseer, utilizar, explotar y controlar dichos recursos. El artculo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, que establece los derechos individuales y colectivos a poseer bienes en propiedad, complementa las disposiciones de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Las clusulas de no discriminacin y expropiacin de los acuerdos de inversin y de libre comercio pueden fcilmente ir en detrimento de la proteccin de los derechos de los pueblos indgenas a la tierra y de los derechos culturales estrechamente conexos. Las clusulas sobre un trato no discriminatorio, como ya se ha sealado, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros pases. En la prctica, esto significa que, si los derechos de los pueblos indgenas no estn expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier proteccin especial de sus tierras, ya con base en el derecho consuetudinario o en leyes especficas de los derechos territoriales de los pueblos indgenas, podra quedar obsoleta en el mbito de las inversiones.

Las clusulas de expropiacin de los acuerdos de inversin pueden ser tambin un importante obstculo para las reclamaciones relativas a las tierras indgenas. Si, para cumplir la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas y otras normas de derechos humanos, los gobiernos receptores que tienen suscritos tratados y acuerdos de comercio e inversiones adoptan medidas positivas para devolver las tierras en rgimen consuetudinario tomadas por los inversores extranjeros a los pueblos indgenas, podran tener que pagar una compensacin a esos inversores a valores de mercado. Los tribunales de solucin de controversias entre inversores y Estados han impuesto esa compensacin a valores de mercado, incluso cuando la expropiacin de tierras se haba realizado con un fin pblico legtimo o para remediar una apropiacin injusta de tierras y territorios de los pueblos indgenas.

Consentimiento libre, previo e informado

El derecho de consentimiento libre, previo e informado est incluido en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, y el derecho de consulta lo est en el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de esas disposiciones, solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversin, que a menudo se elaboran en estricta privacidad. La Relatora Especial no tiene constancia de que los representantes de los pueblos indgenas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno indgena hayan sido invitados a participar en la negociacin y redaccin formales de los acuerdos de libre comercio e inversin que les afectarn directamente. Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversin tienen un gran impacto sobre los pueblos indgenas, esa situacin es, por s sola, una violacin de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participacin, consulta y libre determinacin.

Cuando se emprenden proyectos de inversin que afectan directamente a los pueblos indgenas es preciso mantener con ellos consultas de buena fe, conforme a lo exigido en los artculos 19 y 32, prrafo 2, de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y el artculo 6, prrafo 2, del Convenio 169 de la OIT. La aplicacin de esos artculos a los acuerdos de inversin y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indgenas en las disposiciones de los acuerdos y evitar futuras violaciones de sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos, se suspendan proyectos y se pierdan beneficios.

Las violaciones se agravan por el hecho de que existe el riesgo potencial de que la responsabilidad econmica por daos y perjuicios atribuida al Estado parte sea trasladada a los gobiernos indgenas. Por ejemplo, algunos gobiernos, como el del Canad y Mxico, han pretendido recaudar las indemnizaciones concedidas a las empresas en concepto de daos y perjuicios reteniendo fondos a los gobiernos locales.

Las violaciones del derecho de consentimiento libre, previo e informado pueden tambin contribuir a posteriores abusos contra los derechos de los pueblos indgenas en el marco de los acuerdos de inversin y de libre comercio. La aplicacin del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversin y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indgenas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, el posible efecto preventivo de la observancia del derecho de consentimiento libre, previo e informado se malogra.

Derechos culturales

Hay muchas maneras en que los posibles efectos de los acuerdos de inversin y de libre comercio podran socavar los derechos culturales de los pueblos indgenas. En primer lugar, a las graves consecuencias que los acuerdos de inversin y de libre comercio tienen para las tierras y los derechos territoriales de los pueblos indgenas se aade la importancia cultural de las tierras y los territorios indgenas.

Libre determinacin, pobreza y derechos econmicos y sociales

Como ya se ha sealado, los pueblos indgenas no participan en las negociaciones ni en la redaccin de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, las disposiciones de dichos acuerdos afectan a su rgimen de autogobierno y al uso de sus tierras, territorios y recursos.

Un efecto concreto de ese desequilibrio en la labor de los gobiernos indgenas y la negacin de los derechos de libre determinacin en la redaccin de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones podra ser la restriccin de la imposicin fiscal. En las clusulas sobre un trato justo y equitativo que se incluyen en los tratados y acuerdos mencionados se han cuestionado diversos tipos de impuestos, como los impuestos sobre el valor aadido, los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, los timbres fiscales sobre el tabaco, los impuestos de sociedades o los impuestos sobre los recursos naturales. Un impuesto que solamente se impone a los pueblos no indgenas (entre los que pueden estar los inversores extranjeros) podra infringir las disposiciones nacionales sobre el trato, por ejemplo, las disposiciones del modelo de TBI de los Estados Unidos.

Entre las violaciones cabe citar los ataques flagrantes y sostenidos a la integridad cultural de los pueblos indgenas; el menosprecio y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario y los sistemas de gobernanza; la falta de elaboracin de marcos que permitan a los pueblos indgenas ejercer su derecho al desarrollo y al autogobierno; y las prcticas que despojan a los pueblos indgenas de autonoma sobre sus tierras y recursos naturales.

Esas relaciones desiguales de poder entre los pueblos indgenas y las empresas y los Estados contribuyen tambin a la existencia de niveles endmicos de pobreza entre los pueblos indgenas. Aun cuando los pueblos indgenas conforman el 5% de la poblacin mundial, representan el 15% de todas las personas que viven en la pobreza. Y una enorme proporcin del 33% de las personas que viven en la pobreza extrema rural a nivel global proceden de comunidades indgenas. Esas cifras son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta la riqueza de recursos naturales que existe en los territorios indgenas. Ese nivel de pobreza es una violacin del derecho de los pueblos indgenas al desarrollo, as como de sus derechos econmicos y sociales a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentacin, al agua, la salud y la educacin.

Las violaciones del derecho de los pueblos indgenas a la libre determinacin y de otros derechos econmicos y sociales estn estrechamente vinculadas a las experiencias que los pueblos indgenas han sufrido histricamente de marginacin, desposesin y destruccin ambiental de sus tierras ancestrales, y a la falta de libre determinacin sobre las vas de desarrollo. El impacto de los tratados y acuerdos de comercio e inversin agrava an ms todos esos factores. Adems, los efectos sistmicos de dichos acuerdos, contribuyen tambin a las causas de la pobreza y a la negacin del derecho a la libre determinacin.

Los costos que los Estados tienen que afrontar para defender los casos de solucin de controversias entre inversores y Estados y para pagar las indemnizaciones que puedan imponrseles pueden llegar a ser extremadamente altos. Ello desva los recursos pblicos, lo cual podra limitar la capacidad de los Estados para invertir en la plena efectividad de los derechos econmicos y sociales de las comunidades indgenas.

Efectos sistmicos de los regmenes de inversin y libre comercio

El informe aborda la asimetra entre los Estados y los agentes econmicos, la limitacin del marco normativo y legislativo de los Estados, la prdida de fondos pblicos, la perpetuacin de los desequilibrios internacionales de poder y el crecimiento econmico a nivel nacional.

Los regmenes internacionales de inversin y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indgenas. A pesar de las importantes cuestiones de inters pblico que estn en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carcter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversin y libre comercio respeten los derechos humanos. Adems, como ya se ha sealado, el propio rgimen de inversin y de libre comercio es impreciso, complejo y opaco. Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulacin de las polticas tener una visin sistmica de los regmenes internacionales de inversin y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indgenas y poder as tomar decisiones para una reforma eficaz.

Notas:

[1] Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos.

[2] Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato

[3] A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex....

[4] A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas

[5] A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas

[6] El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atencin a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentacin (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos econmicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunin pacfica y de asociacin (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuestin de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuestin de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, prrs. 30 y 31), apoya firmemente los artculos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los rganos de tratados como el Comit de Derechos Humanos, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y el Comit de los Derechos del Nio. Acoge con beneplcito la actuacin de la UNCTAD, plasmada en sus diagnsticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes.

[7] En el mismo ao, unos meses antes Cetim y la Asociacin Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisin una iniciativa en la direccin de los objetivos de la resolucin referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22.

[8] De conformidad con la resolucin 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada Consejo de Derechos Humanos, todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisin de Derechos Humanos, incluida la Subcomisin, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/... de la serie documentos de la Subcomisin ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/

El documento reseado responde a la signatura A/ HRC/ Sub.1/58/CRPG.8.

[9] ONU A/HRC/Sub.1/CRPG.12

[10] Artculo 25 a) Todos los ciudadanos gozarn, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artculo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades

  1. Participar en la direccin de los asuntos pblicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

[11] Destaca en este sentido, la declaracin del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma que el desarrollo sostenible y los derechos humanos estn relacionados entre s y los derechos de acceso a la informacin, la participacin y la justicia conforman una parte central de esta relacin. Cuando las personas ms afectadas por las polticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indgenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la informacin, la participacin en la toma de decisiones y la justicia, las polticas son ms justas y efectivas. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78

Los Expertos y Expertas de la ONU instan a Amrica Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental, informacin, participacin y justicia.

Sr. John Knox, Relator Especial sobre la cuestin de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible;

Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestin y eliminacin ecolgicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos;

Sr. Dainius Pras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental;

Sr. Lo Heller, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento;

Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentacin;

Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promocin y proteccin del derecho a la libertad de opinin y de expresin;

Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunin y de asociacin pacficas;

Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situacin de los defensores de los derechos humanos;

Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;

Sra. Virginia Dandan, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional ;

Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promocin de un orden internacional democrtico y equitativo;

Sr. Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas ;

Sra. Leilani Farha, Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado;

Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indgenas;

Sra. Eleonora Zielinska, actual presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuestin de la discriminacin contra la mujer en la legislacin y en la prctica.

[12] Economa CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo...

[13] Sobre los informes anuales trigsimo y trigsimo primero sobre el control de la aplicacin del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+...

[14] Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.

[15] Oscar Ermida considera que la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados regul el ius cogens como la Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que slo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo carcter Ermida Uriate, Oscar: Derechos laborales y comercio internacional, en Globalizacin econmica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agustn Garca), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.

[16] Barbagaleta, Hector Hugo: Hablemos de flexibilidad y globalizacin, Derecho Laboral, nm. 194, 1999.

[17] Galinsoga, Albert: Las Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos, El vuelo del ICARO, nm.2-3, 2001-2002.

[18] La posicin oficial y ortodoxa de la academia entiende que los redactores no consideraron la Declaracin como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jurdicas correspondientes a esos derechos seran ms tarde impuestas a los Estados (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicols: Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcal, 2013.

En otra direccin radicalmente opuesta se encuentra, Bartolom Clavero (2009) que considera que la mayora de los instrumentos humanos son expresin del derecho internacional consuetudinario, de derecho que debe en principio practicarse con independencia del carcter del documento que lo declara o por el que se acuerda; es el caso de la Declaracin de Derechos Humanos. Clavero, Bartolom: El valor vinculante de la Declaracin sobre los derechos de los Pueblos Indgenas, 2009 http://www.derechosindigenas.org/docs/clavero-art42/

[19] La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su artculo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y tica de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes.

[20] Teitelbaum, Alejandro: Los tratados bilaterales de libre comercio, Rebelin, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218.

[21] Artculo 1: Los propsitos de las Naciones Unidas son:

Artculo 2: Para la realizacin de los Propsitos consignados en el Artculo 1, la Organizacin y sus Miembros procedern de acuerdo con los siguientes Principios:

Artculo 55: Con el propsito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinacin de los pueblos, la Organizacin promover:

  1. niveles de vida ms elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo econmico y social;

  2. La solucin de problemas internacionales de carcter econmico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperacin internacional en el orden cultural y educativo; y

  3. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distincin por motivos de raza, sexo, idioma o religin, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Artculo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperacin con la Organizacin, para la realizacin de los propsitos consignados en el Artculo 55.

[22] How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu...

[23] Declaraciones recogidas en el peridico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def...

[24] Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado.

[25] Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos indgenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indgenas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual...

[26] Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc...

Juan Hernndez Zubizarreta es Profesor de la Universidad del Pas Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina.

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/174502


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