Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2015
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-01-2016

Los dilogos de La Habana bajo la mirada de los atisbos analticos

Humberto Vlez Ramrez
Rebelin


A manera de introduccin


durante estos 36 meses que las dos Delegaciones de Paz han estado sentadas cara a cara en la Habana, el pas, pero sobre todo la niez colombiana, han podido observar cmo, en clave humana, los enemigos y adversarios no existen para eliminarse entre ellos, sino que ha sido posible ponerlos a conversar, dialogar, arreglar y convenir hasta construir acuerdos benficos para todos. Un extraordinario reto que, al mismo tiempo, ha sido una compleja pero vvida aventura- y en Colombia s que lo es!- lo han podido vivir y constatar durante 1095 das los miembros de una sociedad en la que todos los que son menores de 50 aos llevan 18.250 das esperando una anhelada alba en la que no sean despertados por el pum-pum de los fusiles. Como para destacar entonces que por largos, complejos y mentalmente alborotadores que hayan sido las conversaciones entre enemigos que han venido aprendiendo a relacionarse como adversarios democrticos, la Habana ha funcionado como un muy rico curso prctico de induccin a la convivencia colectiva En contraste con una inicial incredulidad casi generalizada de las sociedades civiles, las Farc, que ms que reinsertarse, estn buscando construir una nueva forma de presencia en la vida social, han permanecido fieles a la palabra inicialmente empeada; el Estado, por su parte, a despecho de los enemigos de la paz, ha dado pasos bsicos hacia una negociacin. En estos comienzos del 2016, FELICITACIONES entonces para las dos Delegaciones de Pazy que este sea el ao de iniciacin efectiva de la construccin de paz integral en Colombia.

 

(Introduccin al libro Los Dilogos de la Habana, la Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas y la Colombianizacin de la Justicia Transicional (280 pginas, ser publicado por la Universidad Pedaggica Nacional, Bogot).


Digamos, de entrada, que con el Acuerdo Parcial sobre Vctimas que hubo el 15 de diciembre del 2015, con claridad se ha derrumbado el argumento de que la Habana es, ha sido y ser un monumento a la impunidad pues, con l y mediante l, los victimarios, que accedan a negociar, tendrn que reparar, al mismo tiempo que aceptan su propio juzgamiento. Por lo tanto, en una saludable, equilibrada y sabia combinatoria de una reparacin substantiva de las vctimas con una proporcional penalizacin y con una pequea dosis de perdn y paz positiva, se condensa la quintaesencia de esta negociacin.

Pero estos Acuerdos- los del 23 de septiembre y 15 de diciembre del 2015- admirados y loados en el exterior, no han logrado convencer ni tocar al conjunto de los colombianos. Que han sido un hito en cuanto al desarrollo de un nuevo tipo de justicia para los conflictos armados que evita la impunidad del pasado pues, antes del 2002, stos se resolvan mediante meras amnistas e indultos, han dicho en algunos sectores de la Comunidad internacional; que han sido una obra de relojera para mantener el equilibrio entre justicia y paz, se ha sealado en otros.1 Esto no obstante, en la actualidad son legin los colombianos que ms que una negociacin lo que demandan es un sometimiento de guerrilleros que en lo militar no han sido derrotados, es decir, exigen que se entreguen sin ms ni ms para encerrarlos en las crceles con vestimentas a rayas y constitucionalmente impedidos para hacer poltica. Un genuino contrasentido, primero porque ningn rebelde se sienta negociar cunta crcel le van a recetar y mucho menos guerrilleros, que no han sido vencidos; y segundo, porque si los farianos se han sentado a la Mesa con el Estado ha sido precisamente porque quieren hacer poltica sin las armas en las manos. En lo bsico, dos razones nos explican el vigor de la oposicin de un sector muy amplio de la poblacin civil a los Acuerdos logrados: de un lado, el catedralicio volumen de vctimas: en cualquier sociedad 7 millones de vctimas se constituyen en un factor determinante de la orientacin de una negociacin; y del otro, es indiscutible, que Uribe Vlez, aunque empieza a verse acorralado, sin embargo, contina siendo una fuerza vigorosa en la polarizacin ideolgica del pas.

Sobre los Acuerdos en general, se ha escrito en la Revista Semana:

La consecuencia inevitable de aceptar esas dos premisas- que los guerrilleros prefieren morir a ir a la crcel y que abandonan la guerra para hacer poltica- es que hay que hacer otras concesionesDe ah que narcotrfico pueda llegar a ser delito conexo con la rebelin; que las sanciones sean leves y que se les haya garantizado la no extradicin. La frmula final a la cual se lleg no es dura pero es realistaComo este nuevo sistema de justicia existe para pasar la pgina de una guerra de medio siglo, se aplicar a todos los involucrados en ella. Las Farc no son las nicas responsables de actos atrocesA cambio de esos sacrificios hay beneficios importantes. En primer lugar, el final de la guerra. En segundo lugar, en el acuerdo no slo hay concesiones para los responsables sino actos de justicia frente a las vctimas El acuerdo no es liviano en este terreno. El acuerdo de justicia puede ser realista pero su implementacin no va a ser nada fcil. Para comenzar est el factor econmico. Los compromisos adquiridos van a costar mucha plata y no se sabe de dnde va a salirEn segundo lugar est el factor poltico. Para cumplir el acuerdo se requiere hacer reformas constitucionales y expedir leyes que entraan un amplio consenso nacionalOtro punto son las zonas grises. Es decir, los elementos del acuerdo sobren los cuales todava no hay claridad total. En esta categora estn temas como las condiciones para la participacin en poltica y la integracin del TribunalSiempre se ha dicho que la frmula de justicia a la que se poda llegar en este proceso no sera perfecta ni la panaceaSin embargo, el acuerdo a que se lleg es bastante sensatoLos negociadores se esforzaron por encontrar mecanismos que llenaran las exigencias de la Corte Penal Internacional, las expectativas de las vctimas, y eventualmente la aprobacin de los colombianos. Los dos primeros son un hecho. El tercero, el del consenso, an no ha sucedido.2

En lo conceptual metodolgico dos ideas bsicas se entrecruzan como matriz de estos ocho Captulos: La primera seala que en Colombia, en contraste con otras sociedades de similar desarrollo tcnico-econmico, ms que una mera revolucin social democrtica- lo que s sera suficiente en varios pases latinoamericanos- lo que urge, para lograr una convivencia auto-sostenida, socialmente plausible y legitimada, es la construccin permanente de paz integral imperfecta en sus dimensiones de muchas pacificaciones, de una muy robusta equidad social, de mucho perdn y reconciliacin, as como de gestacin de una nueva cultura ciudadana capaz de absorber, de modo creativo e imaginativo, la siempre inevitable, necesaria y hasta deseable conflictividad social; la otra idea directriz se encuentra asociada a la Justicia Transicional, doctrina que, todava en construccin a escala internacional , ha sido colombianizada, de modo indito, bajo la forma de la Jurisdiccin Especial para la Paz, que podr encontrar su legitimacin prctica si se centra en la proteccin efectiva de los derechos de alrededor de siete millones de vctimas. De manera que, cmo construir paz integral teniendo como referente privilegiado los derechos de las Vctimas, es lo esencial de esta reflexin.

Normalmente en una sociedad se empieza a hablar y a insistir en la necesidad de construir paz cuando perodos prolongados de dictadura o de regmenes discriminatorios o de conflictos internos armados o de recurrentes intolerancias han dejado una masa crtica de vctimas siempre in crescendo convirtindose el ejercicio de las violencias en una prctica recurrente.3 O sea que en materia de construccin de paz, el caso colombiano es prototpico en Amrica Latina: En nuestro suelo no bastan unas cuantas pacificaciones, lo que no urge en otros pases latinoamericanos. Aunque muy necesaria, tampoco es suficiente una revolucin social, la que s bastara en casi todos ellos. Es muy probable, por otra parte, que ninguno de nuestros vecinos haya estado atravesado por esa historia de intolerancias, odios y venganzas, que ha marcado la historia cultural del pas, amn de que algunos de ellos es mucho lo que pueden mostrar en la actualidad en materia de una muy rica cultura ciudadana. Ha sido por eso por lo que muchas acciones perversas que, por naturalizadas, a los colombianos nos parecen normales, a los ojos de otros pases se evidencian como anormales mientras que lo que, para ellos, es normal, por estos lares parece no haber llegado. En sntesis, en Colombia se requiere, simultneamente, de una revolucin poltica que ponga fin a la casi necesidad de andar a toda hora en trance de matarnos; de unas revolucin social que redistribuya riqueza e ingresos acumulados en unas pocas manos; de una revolucin en los corazones que desvanezca los histricos odios, as como de una revolucin cultural, que permita manejar, de modo creativo, la conflictividad social. En la actualidad, la palabra revolucin como que ha perdido vigencia an en boca de los revolucionarios. Rescatamos ahora la nocin para resaltar su peso y significado e importancia polticas en clave de cambios estructurales empujados por fuerzas sociopolticas pero poniendo en cuestin el componente de necesaria violencia del que estuvo sobrecargada la teora clsica de la revolucin.4 En materia de revolucin poltica, mientras la teora clsica de la revolucin convocaba, en el marco de la lucha de clases, a una necesaria eliminacin de muchos, la estrategia de la construccin de paz en Colombia invita a cesar de matarnos; quizs las dos revoluciones, la clsica y la que Colombia necesita, pueden coincidir en muchos aspectos en materia de profunda transformacin social, sin embargo, mientras la primera es una revolucin con las armas en las manos, la colombiana lo que ahora levanta en alto es la bandera de la construccin de democracia. Y en cuanto a la revolucin en los corazones, dispares en sus horizontes son una y otra, pues mientras la clsica invitaba al odio ideolgico a los dueos del establecimiento, en Colombia est invitando a reconciliarnos y perdonarnos. Finalmente, mientras la teora clsica de la revolucin no le brindaba espacios al manejo de la conflictividad social por fuera de la lucha de clases, la segunda postula la necesidad de abrir y enriquecer y cualificar el espacio ciudadano de una nueva cultura democrtica.

Por otra parte, no importa que esa paz integral sea imperfecta.5 Por dos razones centrales siempre lo ser: porque an en las sociedades ms integralmente pacficas del mundo - y, por lo tanto, quizs las ms avanzadas- siempre habr expresiones de violencia aunque espordicas y a ms pequea escala; y segundo, porque una paz perfecta no sera una paz humana sino una paz para ngeles sin los inevitables y hasta deseables conflictos propios de las sociedades humanas. Entonces, si hay alguna accin humana que tenga el carcter de accin permanente, es aquella asociada a la construccin de paz. Como para continuar con el parangn que iniciamos en el anterior acpite, digamos, recordando a Trosky6, que si la construccin del socialismo era para l algo que slo terminara cuando socialista fuese todo el planeta tierra, la construccin de paz es an ms permanente: Habr que construirla hasta que en el planeta tierra quede alguna huella de lo humano. Por eso, la construccin de paz nunca ser una moda. Finalmente, destaquemos que en todo esfuerzo colectivo por construir paz integral, la estrategia se torna del todo inviable en el contexto de un modelo socio-econmico de Estado inspirado en la ideologa neoliberal; slo enfoques post-neoliberales podran facilitarla y sobre todo uno, y con esto nos salimos un poco de nuestra condicin de investigadores sociales, cercano a una ideologa socialista con un fuerte componente autogestionario.

De entre los ltimos doce Atisbos Analticos- entre los nmeros 224 (abril 2015) y el 236 (enero 2016) hemos rescatado algunos avances investigativos alrededor de los Dilogos de la Habana, proceso al que le hemos hecho un seguimiento al detalle desde el nmero 159 de octubre del 2012. Ahora en este libro, buscaremos darle unidad analtico-metodolgica a esos avances teniendo como contexto una coyuntura en la que, despus de la subida que tuvo la confrontacin armada entre los meses de abril y junio del 2015, los dos Equipos de dialogantes, ya ms maduros y en trance de hacer la transicin de enemigos a adversarios, decidieron rpidas y oportunas medidas en procura de des-escalar la pugna blica agilizando y racionalizando los Dilogos de la Habana, y sobre todo, decidindose a abordar la discusin del tema ms sensible y estratgico de todo el proceso como era el del Modelo de Justicia a aplicar. Entonces, al ser ya el resultado del mtodo de exposicin o de presentacin de algunos resultados, todava provisionales, este libro vertical y horizontalmente se encuentra atravesado por varias hiptesis ms particulares, que tienen como contextos bsicos, de un lado, uno fctico, asociado a la ficcin de que era posible negociar en la Habana como si en el pas no hubiese una guerra interna y guerrear en Colombia como si en Cuba no se estuviese conversando, y del otro, otro terico , ligado a una comprensin ms adecuada del significado y alcances de la doctrina de EL Margen Nacional de Apreciacin, as como de la todava emergente teora de la Justicia Transicional.

Pero, no obstante todo el drama meditico, toda la confusin ciudadana y todo el enredo poltico que se produjo en el pas, sobre todo, entre abril y junio del 2015; no obstante tantas realidades tapadas de parte y parte, lo que se hizo posible por falta de una verificacin internacional confiable, esta segunda y ms grave crisis en los Dilogos de la Habana finalmente arroj dos resultados esclarecedores,

  1. de un lado, visibiliz la equivocada desconexin existente entre lo que estaba acaeciendo en Colombia y en La Habana; y

  2. del otro, evidenci la necesidad estratgica de entrar a acordar los trminos y parmetros de la Justicia Transicional a aplicar en Colombia para este caso de negociacin del cincuentenario y perverso conflicto interno armado.

Pero, como en las ciencias sociales investigar es producir conocimientos y comprobarlos, pero tambin imaginar posibilidades post-factuales a partir de las incertidumbres de lo real, mientras entre abril y junio del 2015 la guerra interna suba de tono y en la Habana trataban de bajrselo, as condensamos algunas de esas hiptesis ms puntuales levantadas en los ltimos 13 Atisbos.

Para brindarle un referente de mayor horizonte a muchas de las tesis presentadas, empecemos con el No 234 de diciembre del 2015 en el que formulamos una hiptesis general sobre los orgenes, persistencia e impactos del conflicto interno armado, que condensamos as,

En la forma histrica que asumi en la dcada de 1960 el Estado de clase, estructuralmente opuesto a toda reforma sociopoltica importante, que se instaur en Colombia desde 1886 cuando la nuestra era todava una sociedad pre-capitalista, es por donde hay que empezar a desentraar la causa eficiente del conflicto interno armado que se inici en el pas en 1965 cuando se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Desde las ltimas dcadas del siglo XIX, el tipo histrico de Estado constitucionalizado, de modo implcito, en la Carta Magna de 1886 (despus de haber actuado casi siempre de un modo represivo por l mismo llamado como democracia institucional excepcional ), empez a responder a las amenazas al orden social ora transformando el monopolio de la legtima coercin en violencia estatal ora de modo terrorista ora de modo contrainsurgente antisubversivo siendo ste el tipo de Estado que ha pervivido en Colombia en el ltimo medio siglo con la asesora, colaboracin y ayuda del gobierno norteamericano. En la dcada de 1960 se trataba de sacar del escenario pblico, por una tercera vez ms en la historia colombiana, la exigencia de una reforma agraria integral demandada por un sector importante del campesinado empobrecido aglutinado en las autodefensas campesinas. Entonces, Guillermo len Valencia, el segundo presidente del frente Nacional, en 1964 les respondi con la ms desproporcionada y arrasadora y aparatosa guerra. Fue ese el contexto ms inmediato en el que en 1965 tom forma el conflicto interno armado como insurgencia subversiva en armas, en lo poltico-organizativo Farc. En una primera etapa, stas tuvieron un crecimiento, ms bien, vegetativo en regiones en las que, dada la ausencia de Estado, pudieron funcionar como gobiernos guerrilleros fcticos. Por ese entonces, 1965-1975, aunque contaban con combatientes militares ya muy experimentados, sin embargo, en lo tecnolgico muy precario era el aparato militar de los farianos; en contraste, el Ejrcito, ya militarmente fuerte como aparato coercitivo de Estado, sin embargo, apenas se estaba iniciando en el aprendizaje de las prcticas, los discursos militaristas y los rituales de la guerra contrainsurgente. Por otra parte, como haban nacido en un contexto de casi natural y espontneo control territorial, las Farc, al planear su evolucin futura, se quedaron con esa marca de guerra ms socio-espacial que social. Pero, para extenderla, urgan de recursos que les permitiesen empezar a tecnificar su precario aparato militar. Entre otras cosas, fue esto lo que comenzaron a buscar cuando en los inicios de 1982, a partir de su Sptima Conferencia- la conferencia de la expansin7- decidieron llevar la guerra socio-territorial a regiones del pas ms estratgicas en lo poblacional, lo productivo y lo poltico en donde pudiesen acumular ocho mil millones de pesos, necesarios para crear ocho Bloques que aglutinasen su ideario de unos 25.000 guerrilleros apuntando hacia las grandes ciudades del pas, sobre todo hacia Bogot. Para esta poca, por otra parte, el Estado, con la colaboracin permanente de los gobiernos norteamericanos, ya haba avanzado mucho en la tecnificacin de la guerra contrainsurgente antisubversiva.En s mismos y por s mismos estos avances en la tecnificacin de sus respectivos aparatos militares, as como en una mejor definicin de sus Estrategias, son ms que suficientes para explicar la persistencia del conflicto interno armado sin que ello signifique que no hayan tenido importancia relativa muchas de las razones que, para explicar su prolongacin, presentaron los miembros de la Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas, sobre todo teniendo en cuenta que sus explicaciones se encuentran asociadas o a la aparicin de nuevos actores o al acceso a nuevos recursos, que posibilitaban una mayor tecnificacin del aparato militar (la no desaparicin de las causas y condiciones que lo gestaron en la dcada del 60; la irrupcin del paramilitarismo; la posibilidad de acceder a los voluminosos recursos provenientes de la economa del narcotrfico, as como del secuestro; la inamovilidad de la estructura de propiedad agraria; las incertidumbres del Estado como juez y parte del conflicto; el fracaso del reformismo rural; la provisin privada de la seguridad etc). Al iniciarse la dcada del 90, la confrontacin armada se encontraba en ascenso, con un Estado que ya le haba hecho notables mejoras tcnicas a uno de los aparatos coercitivos estatales ms tecnificados de Amrica Latina y con unas Farc que, como probaron con la toma de la Base Militar de Las Delicias en 1996, era ya un cuasi ejrcito8Entonces,  estaban aseguradas, a. la persistencia del conflicto; b. su degradacin acelerada; y c. su tremendo y casi clnico impacto sobre las poblaciones civiles, tal como fue puesto de relieve en los Informes de la CHCV. Entonces, al referirnos finalmente a los mximos Responsables de la cincuentenaria persistencia y de los perversos impactos del conflicto interno armado sobre la poblacin civil, para nosotros en lo que se relaciona con el papel del Estado, de los Gobiernos norteamericanos y de las Farc en las distintas etapas de evolucin del conflicto armado no se produjeron cambios de fondo a no ser la notable y notoria intensificacin de un accionar orientado a posibilitar la mayor tecnificacin posible de los aparatos militares del gobierno y de la guerrilla trenzados en una permanente y ascendente pugna armada por controlar, de-controlar y re-controlar territorios. Y aunque, entre 1982 y 1998 hicieron presencia nuevos actores como los narcotraficantes y los paramilitares, stos no hicieron otra cosa que, en general, posibilitar el acceso a recursos frescos, y en una segunda etapa, sobre todo, hacer aicos el cuadro clnico de los derechos humanos de las poblaciones vecinas de los territorios de guerra.

Ahora en este junio del 20159, a 31 meses de iniciados formalmente los Dilogos de la Habana con el debate-reflexin del primer punto sobre desarrollo agrario integral parece llegado el momento para que el Estado colombiano, de modo autnomo y soberano, tome una decisin estratgica: La de, por lo menos, esbozar, a partir de las singularidades histrico-socioculturales de nuestro conflicto interno armado, los componentes bsicos de un Esquema concreto de Justicia Transicional a aplicar en Colombia. Pero, un obstculo enorme para la toma de una decisin as, lo ha acabado de destacar el siempre sorpresivo e indito PEPE MUJICA cuando, al clausurar en Montevideo el II Foro por la Paz de Colombia realizado entre el 5 y el 7 de junio del 2015, dijo que un proceso de paz rodeado de enemigos es una cosa dramticamente sera, pero, de inmediato, le inyect esperanzas al asunto al sealar que esa era una causa de todos los latinoamericanos.10 De todas maneras, lo que muchos colombianos deseamos - claro que, por desgracia, no todos- es que el Estado no contine, de modo pasivo, esperando a que vengan al pas los representantes de los Tribunales Internacionales a autorizarlo y auparlo e inspirarlo para que se mueva en esa direccin, o, a que los enemigos internos de la paz le abran algn boquete al modificar, o aparentar modificar, sus posiciones radicalmente opuestas a una negociacin. Que lo ms pronto que sea posible, el Estado colombiano tome la decisin de empezar a historizar o nacionalizar o colombianizar esa forma de Justicia Alternativa Especial llamada Transicional que, aunque ya ha sido probada en muchas partes del mundo, todava se encuentra en plena evolucin. Y que lo haga seguro de que:

1. con un relativamente alto margen de xito, los Tribunales Internacionales no le van a cuestionar o invalidar, con razones de fondo, esa trascendental decisin; y

2. de que en ese reto lo acompaa la ms poderosa razn como es la de que en sus manos se encuentran los ms robustos y solidos recursos para fundamentar y legitimar, de cara al pas y al mundo, la aplicacin de la doctrina de El Margen Nacional de Apreciacin. Para esos efectos, ah estn, entonces, los importantes 12 Informes y 2 Relatoras de la Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas; en sus manos se encuentra, tambin, el Informe BASTA YA! de la Comisin de Memoria Histrica que, patrocinada por el Estado, en sus narices le enrostra sus propias responsabilidades en los orgenes y dinmicas del conflicto. Y en la misma direccin un buen nmero de las Universidades colombianas, pblicas y privadas, guardan en sus anaqueles los resultados de investigaciones, que no han hecho otra cosa que patentar y evidenciar ante el pas y ante el mundo, a partir de enfoques analtico-metodolgicos plurales, las excepcionalidades y particularidades histricas, as como las singularidades socio-poltico-culturales del conflicto interno armado colombiano. Como lo han destacado importantes acadmicos, entre ellos el jurista de la Universidad del Externado, Francisco Barbosa, ah se encuentra el mejor respaldo de esa realidad y, por eso, esos Informes, lejos de ser insubstanciales, sustentan nuestra particularidad11.

Con esta segunda tesis, no estamos idealizando la investigacin socio-histrica realizada en el pas, pues como lo reiter Estanislao Zuleta, toda idealizacin, ya est basada en la ciencia, la razn, la religin, el progreso o la revolucin, o en la defensa del establecimiento, agregaramos nosotros, nos desconecta de la vida real.12 De todas maneras, el asunto de decidir, de modo autnomo y soberano, un Esquema consensuado de Justicia Transicional, vlido para esta negociacin, ha resultado particularmente complejo y dificultoso. Esto no obstante, hacia estos mediados del 2015, la produccin de ese acuerdo estratgico ha empezado a evidenciarse como una prioridad, pues sin un horizonte referencial as, las conversaciones de la Habana podran fracasar. Ese Acuerdo sobre Justicia Transicional, el ms importante de todos por su condicin de referente, no era viable en el comienzo de los dilogos en noviembre del 2012, pues para esa poca, las partes estaban todava inscritas en una cerrada relacin amigo-enemigos; se requera de unos tiempos prudenciales para cuando, reinscritas en la relacin amigos-adversarios, se hubiese empezado a generar entre ellas una confianza bsica, expresiva de una mejor voluntad de negociacin. Aunque durante el proceso de conversaciones con relativa celeridad en veinte meses se produjeron tres importantes, aunque incompletos, acuerdos informales (1. reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra; 2.participacin poltico-ciudadana de las sociedades civiles; y 3. abordaje del problema del narcotrfico con cooperacin activa de las Farc), sin embargo, esas convergencias se encuentran todava entre parntesis, o mejor, en la condicin de medio acuerdos, dadas las 28 salvedades levantadas por las Farc en torno a ellas. Consideradas en sus particularidades, casi todas estas primeras 28 salvedades, de modo directo o indirecto, tienen que ver con alguna dimensin de la Justicia Transicional, vale decir, con una adecuada y efectiva satisfaccin de uno u otro de los derechos de las vctimas.

Pero, transcurridos apenas tres meses de la segunda crisis grave de los dilogos vivida en junio del 2015, y mientras los asistentes en Ibagu al VII Congreso Nacional y II Internacional de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ13, se disponan a entrar en una tele-conversacin con el equipo Negociador de las Farc, ese mismo 23 de septiembre a las 3 pm, el acto se suspendi, pues desde la Cuba de Mart se nos anunci que se estaba dando inicio a la en este texto llamada colombianizacin de la Justicia Transicional mediante la creacin de una Jurisdiccin Especial para la Paz.

De todas maneras, el acuerdo estratgico, que en su generalidad esencial fue anunciado el 23 de septiembre, coloc los Dilogos en un nuevo horizonte, lo que permiti que las partes retomasen el tema tres, el del final del conflicto, y, sobre todo, que iniciaran el punto cinco, el de los derechos de las vctimas, que ser el nico cuya concrecin permitir postular que la negociacin ha encontrado su disco duro.

Felizmente, este 15 de diciembre del 2015 el proceso recibi un nuevo bao de optimismo social y poltico al anunciarse un Acuerdo Parcial sobre Vctimas, quiz el ms importante entre los 5 temas pactados en la Agenda, y por su impacto, el ms estratgico despus del Acuerdo en torno a la colombianizacin de la Justicia Transicional. An ms, en este Acuerdo de 63 pginas, todava Borrador14, tambin quedaron recogidas, de modo positivo, las observaciones que haba sobre algunos de los numerales de la Jurisdiccin Especial para la Paz.  Entonces, las dos partes, en Comunicado conjunto, presentaron el Acuerdo como borrador15 mientras que las Farc, en su Informe de Delegacin, lo caracterizaron como parcial. 16 As que en clave de etapas y temas, en esta segunda etapa de la que en este diciembre del 2015 todava no se ha salido, la de produccin de acuerdos, faltan los relativos al Final del Conflicto, unos siete, y los que quedan en relacin con el Acuerdo sobre Vctimas; y en relacin con la etapa tres, en la Mesa de la Habana hasta este enero del 2016 todava nada se ha consensuado sobre los mecanismos para asignarle valor jurdico a los Acuerdos ni para su legitimacin sociopoltica, aunque por fuera de las Conversaciones formales el gobierno ha venido tramitando la aprobacin de un Acto Legislativo y de un Plebiscito.

De todas maneras, como lo hemos sealado en el Atisbos Analticos No 235 de 17 de diciembre del 2015, los Acuerdos anunciados el 15 de este mes - uno relacionado con cinco puntos que estaban todava en discusin de los 75 numerales del Acuerdo estratgico colombianizado como Jurisdiccin Especial para la Paz, otro relativo a un substantivo Acuerdo Parcial sobre las Vctimas y un tercero referido a los Derechos humanos- en su conjunto expresan que la actual Estrategia de Paz, consensuada en la Mesa de la Habana, ha ganado mucho en organicidad y en operatividad como lo evidencian las siguientes cinco medidas no obstante que las propias vctimas ya han destacado unas 7 lagunas o vacos:

  1. Comisin para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticin: Se trata de un rgano de carcter temporal y extrajudicial orientado a conocer ofreciendo as una explicacin amplia a toda la sociedad sobre la extrema gravedad de los hechos ocurridos, as como sobre la complejidad del conflicto.

  2. Unidad especial para la bsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razn del conflicto armado: Se trata de una Unidad Especial de alto nivel de carcter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementacin de acciones humanitarias de bsqueda e identificacin de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localizacin y entrega digna de restos.

  3. Jurisdiccin Especial para la Paz: Se presenta el texto completo de este Acuerdo estratgico Parcial firmado el 23 de septiembre y que en este libro se present en el Captulo III, acpites 4 y 5.

  4. Medidas de reparacin integral para la construccin de la paz: Se trata de medidas que buscan asegurar la reparacin integral de las vctimas, incluyendo los derechos a la restitucin, la indemnizacin, la rehabilitacin, la satisfaccin y la no repeticin; y la reparacin colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos ms afectados por el conflicto y ms vulnerables, en el marco de la implementacin de los dems acuerdos. Con este fin, se fortalecern los mecanismos existentes; con este fin se adoptarn nuevas medidas, y se promover el compromiso de todos con la reparacin del dao causado.

  5. Garantas de No Repeticin: Las garantas de no repeticin son el resultado, por una parte, de la implementacin coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, as como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra, de la implementacin de medidas de no repeticin que se acuerden en el marco del Punto 3 Fin del Conflicto.

Como ya se seal al comenzar esta llamada Introduccin, en definitiva, con este Acuerdo Parcial sobre Vctimas con claridad se ha derrumbado el argumento de que la Habana es, ha sido y ser un monumento a la impunidad pues, con l y mediante l, los victimarios tendrn que reparar, al mismo tiempo, que aceptan y solicitan su propio juzgamiento. Por lo tanto, en una saludable y sabia y equilibrada combinatoria de reparacin substantiva de las vctimas con una proporcional penalizacin y con una pequea dosis de perdn y de paz positiva, se condensa la quintaesencia de esta negociacin.

Diez de las 60 vctimas que desde agosto del 2015 han tenido un cara a cara con las dos Delegaciones de Paz, asistieron a una muy sobria pero delicada y artstica Ceremonia de presentacin de estos Acuerdos; ellas fueron: General , Luis Herlindo Mendieta (secuestrado por las Farc); Piedad Crdoba( secuestrada por los paramilitares); Wilfredo Landa (desplazado de la zona de Tumaco por amenazas de las Farc); Jineth Bedoya (secuestrada por los paramilitares); Alan Jara ( secuestrado por las Farc); Alfonso Mora (padre de una de las vctimas de la masacre de Mondoedo realizada por las Farc); Janeth Bautista (hermana de Nidia Erika Bautista , desaparecida hace 20 aos presuntamente por militares); Marisol Garzn, hermana del humorista y periodista Jaime Garzn; Luz Marina Bernal (vctima de los falsos positivos); y Licinia Collazos (sobreviviente de la masacre del Alto Naya realizada por paramilitares). As le hablaron estas 10 vctimas a las dos Delegaciones de Paz,

nos declaramos veedores atentos del estricto cumplimiento de los acuerdos que se firmen. Aclarando que al momento no conocemos su contenidoEstamos dando la mayor muestra de generosidad, como sobrevivientes de este conflicto, al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliacin. Estamos creyendo en ustedes y queremos que el pas crea en el acuerdo de paz. Si ustedes fallan, no lo harn con nosotros, lo harn con la historia de Colombia.

Esto no obstante, importa poner de relieve cmo, a escala internacional, desde meses atrs se empez a destacar, an antes de la concrecin del Acuerdo sobre Vctimas, la novedad de una negociacin como la colombiana, que le habra asignado a stas, asumidas como ciudadanos con derechos, un papel central en su concrecin. Fue as, por ejemplo, como en febrero del 2015 la Cooperacin Internacional present en El Centro de Informacin de las Naciones Unidas un importante documento titulado, La dimensin humanitaria tras los Acuerdos de Paz: Propuesta para la Comunidad Internacional en Colombia. 17 En este texto, Francisco Rey, coautor, seal que en Colombia, en la etapa post-acuerdos, la asistencia humanitaria internacional en vez de retirarse, deba fortalecerse pues, muy seguramente, la violencia contra las vctimas se iba a incrementar. Las razones? Destac tres: que al volver a sus territorios los desmovilizados, con seguridad se generaran all nuevas venganzas y situaciones de violencia; que el mismo retorno a sus lugares de origen de la poblacin que se haba visto obligada a huir, las colocaba en condiciones de elevada inseguridad; y que, al desmovilizarse las Farc, era muy posible que otros grupos al margen de la ley se hiciesen al control territorial de esas regiones. Por otra parte, en la entrevista que le hizo Laura Panqueva, Francisco Rey evalu, de modo muy positivo, tanto el proceso de negociacin en s como la ubicacin asignada a las vctimas como ciudadanos con derechos,

de una negociacin de la que no se saba mucho y que comunic muy mal a la opinin pblica, se pas a una que comunica con claridad , y que ha sido capaz de incorporar algunas originalidades muy interesantes desde la perspectiva comparada como la participacin de las vctimas en la mesa de dilogo. Es un hito fundamental y se ha convertido en un smbolo del proceso. (Subrayado nuestro).

A su turno, La Organizacin Internacional de los Derechos Humanos calific como histrico este Acuerdo entre las dos Delegaciones: aunque an son muchos los temas que quedan por detallar", seal, sin embargo, "el proceso de paz colombiano no tiene precedentes y es necesario aunar esfuerzos para lograr que la paz anhelada vaya de la mano con el compromiso" asumido. 18

Esto no obstante, este 20 de diciembre del 2015 Human Rigts Watch ha sealado que en Colombia La Jurisdiccin especial para la Paz aplicar un rgimen de sanciones, que no reflejan los standares aceptados sobre el castigo adecuado frente abusos graves y que, dada esta situacin, es prcticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al Derecho Internacional de asegurar justicia por delitos de Lesa Humanidad y por crmenes de guerra.19

Por otra parte, desde la Habana, as hablaron en esta ocasin los coordinadores de las dos Delegaciones de Paz,

Hoy desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo, dijo Humberto de la Calle Lombana. No es retrica, no es retrica decir que el anuncio del Acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las vctimas, pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz. Queremos una paz duradera, la cual slo se consigue situando a las vctimas en el centro, como lo hemos hecho En cuanto al componente de Justicia, POR PRIMERA VEZ en el mundo, en serio, de comn acuerdo en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes se crea UNA JURISDICCIN que se basa en el RECONOCIMIENTO de RESPONSABILIDAD. En el RECONOCIMIENTO DE VERDAD. En el Compromiso de REPARACIN.

A su turno, as habl Ivn Mrquez, coordinador de la Delegacin de Paz de las Farc,

Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el nico en el que se ha acordado un Sistema Integral que rene y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional seala como derechos inalienables de las vctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparacin y a la No repeticin.

Finalmente, esto fue lo que escribi el acadmico Alejo Vargas quien, con la participacin de La ONU y de la Iglesia Catlica, seleccion a las 10 vctimas que viajaron a la Habana,

tenemos que compartirles a los que amablemente nos leen, que el ambiente vivido en el acto por todos los asistentes, sin excepcin, era de emocin, alegra, esperanza y seguridad en que hoy da los colombianos estbamos dando un paso definitivo en la solucin del conflicto interno armado. Tanto los miembros de las dos Delegaciones, como los invitados estamos convencidos que la firma del acuerdo final est muy cerca y que el 2016 ser el ao de terminacin del conflicto armado. Esto nos permite vivir y compartir un fin de ao, sin violencia asociada al conflicto armado y con la certeza que estamos cerca de doblar definitivamente esta pgina de nuestra historia. 20

Apenas haban transcurrido cinco das de la publicacin del Acuerdo sobre Vctimas cuando el presidente Santos present un documento que, redactado por los Generales Jorge Mora y Oscar Naranjo, no fue objeto de negociacin en la Habana, pues recoga la decisin autnoma del Estado de aplicar la Justicia Transicional a los agentes del Estado incursos en delitos graves en razn del conflicto interno armado.21 A stos se les aplicara un rgimen especial diferenciado, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario, rgimen que tena como presupuesto central el que como la Fuerza Pblica ostentaba el ejercicio legtimo de la fuerza, en principio sus acciones se presuman legales. Que las acciones de la Fuerza Pblica eran legales y legtimas; que los soldados y policas combatan con la constitucin en un mano y el fusil en la otra defendiendo a la ciudadana dentro de la ley mientras que la guerrilla actuaba por fuera de la Carta Fundamental ; que no se poda permitir que mientras los guerrilleros salan libres, los soldados terminasen en la crcel; que todas las decisiones que tomasen los Tribunales de la Jurisdiccin Especial para la Paz adquiran la condicin de cosa juzgada ; que los militares y policas no iban a estar en inferioridad de condiciones, pues los miembros de esos Tribunales no seran escogidos, ni uno solo, por las Farc; que, adems, la privacin efectiva de su libertad se hara en establecimientos previstos por el rgimen carcelario para los uniformados; que los agentes del estado actualmente condenados podan someter ante ese Tribunal la revisin de sus procesos; y finalmente, que no funcionara la tesis de la cadena de mando y que, por eso, ningn comandante de batalln, brigada o divisin sera responsable por los hechos de sus subalternos , pues slo seran sancionados los responsables directos, fueron todas estas tesis centrales del documento presentado por Santos a los Altos Mandos Militares.22 Kai Ambos, profesor de Derecho Penal de la Georg-August Universitat Gottingen de Alemania, quien al comentar el 26 de septiembre el Acuerdo sobre la Jurisdiccin Especial para la Paz escribi el artculo tanta justicia s permite la paz23, dijo ahora que esta propuesta era interesante pero compleja, pero que , de todas maneras,

El ACUERDO SOBRE VCTIMAS publicado -por fin!- el pasado martes, es un gran avance hacia la terminacin positiva del conflicto con las Farc-ep. Por supuesto, es siempre fcil criticar este tipo de acuerdos, pero es mucho ms difcil lograrlos. Desde una perspectiva comparada no es posible encontrar un proceso semejante en el que se haya preparado tan minuciosamente la solucin de un acuerdo final. Todo ello deja constancia del empeo de los negociadores- razn por la que debe felicitrseles- En el acuerdo presentado ahora se explica especialmente y con ms detalle la diferenciacin entre delitos amnistiables y no amnistiables (bsicamente crmenes internacionales y otros delitos graves, dejando la determinacin concreta de los delitos amnistiables para una futura ley de amnista. .. es perfectamente comprensible la preocupacin de varios sectores de la sociedad civil sobre los integrantes de la Jurisdiccin Especial para la Paz. Sin embargo, a pesar de la ausencia de contenidos concretos sobre la escogencia de los mismos, no es del todo cierto que el acuerdo guarde completo silencio al respecto. De hecho, se afirma explcitamente que deben ser elegidos mediante un proceso de seleccin que d confianza a la sociedad colombiana(p.41, nmero 66) y que no pueden ser elegidos por las partes en la Mesa de Conversaciones (p.42, nmero 68). Ms bien debe seguirse el modelo de un Comit de Escogencia propuesto por el mismo acuerdo para la Comisin de Verdad. .. As mismo, es de especial relevancia lo relativo a las tres clases de sanciones p.45 y ss). En todos los casos hay restriccin de la libertad, incluso en el primer nivel de sancin al que se someten las personas que cooperen plenamente De todas maneras, para clarificar estos y otros puntos sera de gran utilidad una ltima revisin a la redaccin del acuerdo; y tambin para sistematizarlo y superar ciertas incoherencias y/o repeticiones. 24 

De todas maneras, despus de tanto optimismo intelectual y poltico aterricemos destacando que ahora hacia estos finales de diciembre del 2015, inventariados, todava faltan unos 10 temas por acordar, todos con sus especficos niveles de dificultad y de complejidad. Con seguridad que en los meses venideros las mini-crisis se atropellarn unas a otras, pero, enmarcadas ya en la muy colombiana Jurisdiccin Especial para la Paz, no harn ms que anunciar que se est pasando a un nuevo tema, pues las crisis- grandes, pequeas y minsculas- hacen parte intrnseca de las lgicas de toda negociacin.

Entonces, en trminos ms precisos, alrededor de 10 temas se debern producir Acuerdos precisos:

1. Sobre las 28 salvedades existentes sobre los tres primeros acuerdos, muchos de ellas ligadas a los derechos de las vctimas.

2. Adems de lo ya alcanzado (Jurisdiccin Especial para la Paz; Acuerdo Gobierno-Farc para ubicar, identificar y entregar cadveres de desaparecidos; Acuerdo sobre desminado (trabajo realizado mano a mano por militares y guerrilleros asesorados por especialistas para hacer menos riesgosa la operacin pero tambin para tornarla ms eficaz; Acuerdos sobre el final del conflicto y Acuerdo Parcial sobre Vctimas), faltan varios acuerdos sobre el desarrollo, precisin de los dos ltimos puntos.

3. Alrededor del cese bilateral del fuego (ya se ha anunciado el deseo de que para este ao nuevo, con asistencia de las Naciones Unidas, haya una primera experiencia al respecto; esto no obstante, hasta esta primera semana de enero del 2016, no obstante el trabajo realizado al respecto por una Subcomisin de tcnicos en materia de guerra conformada por militares y guerrilleros, nada se ha concretado al respecto.

4. Sobre definicin de un dispositivos consensuado para asignarle valor jurdico a los acuerdos.

5. Para bien de los posibles recin llegados al rgimen poltico, los exfarquianos y exelenos, pero sobre todo, para bien de la sociedad colombiana en general, sobre la iniciacin del desmonte efectivo del paramilitarismo, problema ste que constituye   una condicin sine qua non de la pacificacin en Colombia. Segn Camilo Gonzlez, su organizacin ha identificado la presencia del fenmeno, llmeselo paramilitar o neoparamilitar o bacrimiano como quiere el gobierno, en 24 departamentos con una cifra que, sin contar la parte logstica, puede superar los 5.000 efectivos; en general el gobierno no se ha sensibilizado de cara a la gravedad del problema y por eso se hace necesario que antes de las firma del Acuerdo sobre el final del conflicto, se logren los lineamientos de un plan integral y sostenido de respuesta a este tipo de actores armados.25

6. Alrededor de la definicin consensuada de unas zonas o territorios, en nuestra opinin ojal especialmente protegidos por el Estado, por la ONU y por las propias comunidades que los habitan, donde las Farc puedan hacer la dejacin de las armas, as como definir su estrategia de nueva presencia en la vida civil.

7. Alrededor de definicin consensuada de un mecanismo para la legitimacin socio-ciudadana de los Acuerdos.

8. Sobre las condiciones para la transformacin de las Farc en partido o movimiento poltico.

9. Alrededor de la Firma de los Acuerdos: (segn lo pactado, ms o menos el 23 de marzo del 2016, aunque las Farc han manifestado que los 6 meses para esa firma no se contarn a partir del 23 de septiembre sino desde la fecha en que se haga el cierre de la discusin de los 75 numerales que tiene la Jurisdiccin Especial para la Paz, o sea a partir del 15 de junio.

10. Sobre la puesta en accin de los Tribunales de la Jurisdiccin Especial para la Paz que deben tener como referente central de sus decisiones el que las penas o sanciones aplicadas dependern de la calidad y oportunidad de la satisfaccin de los derechos de las Vctimas; de no ser as, para qu Justicia Transicional colombianizada y para qu Acuerdos sobre las Vctimas? Sobre este punto 10 debe quedar claro que el acuerdo no es sobre la composicin de esos Tribunales si no solamente sobre la definicin de un mecanismo extraestatal y extrafarquiano para conformarlos.

En relacin con uno u otro de estos 10 puntos alrededor de los cuales se debern construir nuevos acuerdos, las partes, fuera de la Mesa de la Habana, ya han venido adelantando unas posiciones iniciales. Como es bien sabido por los expertos, para construir acuerdos en una negociacin macro, siempre harn presencia, en un casi imprescindible juego dialctico, las posturas, las necesidades y los intereses de las partes. Al iniciarse la negociacin de cada tema, cada uno de los implicados buscar obtener el mayor y mejor nivel posible de concesiones planteando, como punto de partida, posiciones duras y radicales, lo que no tiene por qu asustar a nadie pues, de modo progresivo, se irn suavizando bajo la presin de las necesidades- el por qu cada parte busca negociar- as como de los intereses- en qu contexto de presente y de futuro queda lo que cada parte busca -. Examinemos slo un caso, el del acuerdo sobre el tema de la Agenda entorno al desarrollo rural integral. A la Mesa llegaron las Farc demandando una reforma agraria que cubriese al conjunto de los latifundios existentes en el pas, productivos e improductivos; a la radical exigencia, los Negociadores del Gobierno, de modo rotundo, dijeron, nada de reforma agraria Durante dos meses se enfrascaron, entonces, en un debate en el que hicieron presencia las necesidades de parte y parte: para el gobierno la importancia de quitarse de encima a unas guerrillas que enfriaban y perturbaban la llegada de la inversin extranjera a la economa extractivo-minera-petrolera y para las Farc, la importancia de pasar a hacer poltica revolucionaria por la va de la democracia institucional. Y tambin jugaron los intereses: para las Farc, los de permanecer fiel a su tradicin de una organizacin enhebrada alrededor de la causa de la cuestin agraria y para el gobierno, los de la necesaria reproduccin del capitalismo poniendo en produccin el latifundio improductivo. Fue as, entonces, como a los 60 das acordaron una reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra, que para no asustar a nadie no llamaron reforma agraria, en la que, con segundad, el tocado ser el latifundio improductivo.

Algo similar va a suceder con los otros temas por acordar, sobre todo, en lo relacionado con, 1.el carcter de la amnista y de los indultos; 2. los alcances de la participacin en poltica de los ex-guerrilleros; 3.la naturaleza de las sanciones, si punitivas o restaurativas; 4. el tratamiento que se le dar al adversario; 5. los criterios de seleccin de los Magistrados de los Tribunales de la Jurisdiccin Especial para la Paz; 6. el manejo de la extradicin; 7. el tratamiento de los civiles que han financiado el paramilitarismo; 8. los aportes econmicos a la reparacin material de las vctimas; 7. la naturaleza de las zonas donde los guerrilleros harn la dejacin de las armas y disearn su estrategia de nueva presencia en la vida civil.

En los ltimos 5 Atisbos Analticos, del nmero 132 al 136, as hemos esbozado la discusin inicial sobre algunos de estos temas.

Un primer punto central es el de la llamada Paz territorial; sobre la materia se han prenunciado, por lo menos, tres Estrategias: La del gobierno liderada por Sergio Jaramillo, la de Los Territorios Especiales para la construccin de Paz presentada por las Farc, los Terrepaz y las del Movimiento social por la Paz. Al respecto, ha puntualizado Alejo Vargas,

Pero el gran desafo de la construccin de paz, que es la tarea de todos los colombianos y es lo que se materializa en buena medida con la implementacin de los Acuerdos, es qu significa esto y cmo se va a hacer. Al respecto de qu es la paz territorial hay controversias acerca de cmo entender esto; para algunos se tratara de hacer una o dos obras en los municipios que han sufrido de manera ms intensa la violencia, interpretacin que considero minimalista y realmente mezquina; otros pensamos que se trata es de implementar verdaderos programas de desarrollo regional en los territorios donde el conflicto ha sido ms intenso: a va de ejemplo mencionara la regin norte de la costa Pacfica, la regin sur de la costa Pacfica, el Putumayo, el Caquet, el pie de monte de la Orinoquia, el norte del Cauca, Arauca, el Catatumbo, los Urab chocoano y antioqueo, el sur de Bolvar. 26

Segn el Acuerdo sobre Vctimas para los acusados- llmense exguerrilleros, agentes del Estado o civiles- que cumplan, de modo oportuno, con la verdad plena y exhaustiva y con la reparacin, habr restriccin de la libertad de movimiento y residencia- lo diferenciado estar en el cmo y en dnde- en condiciones que en ningn caso se entendern como crcel o prisin ni adopcin de medidas equivalentes. Por lo tanto, para los guerrilleros han sido descartadas las posiciones iniciales, pues Santos dijo que habra privacin de la libertad y Uribe Vlez plante el acantonamiento de los bloques de las Farc en zonas dadas y hasta de granjas agrcolas. 27 Dificultoso result entonces que las Farc aceptasen la idea de la concentracin de los Frentes insurgentes. Eso nunca fue pactado en alguno de los seis puntos acordados ni la Mesa lo ha decidido. Como lo ha destacado el socilogo latinoamericanista Jos Antonio Gutirrez,

Colombia es de por s, un pas de regionesLas Farc han construido poder y han construido legitimidad en muchas zonas de la geografa colombiana, por lo general coincidentes con las llamadas zonas rojas. Eso no es un secreto para nadie. No parten de cero, sino con un slido acumulado poltico en zonas muy especficas, entre una base social de apoyo precisa, humilde, pero realEs lgico que en esas zonas donde la poblacin las conoce y ellas conocen la poblacin, la insurgencia pueda comenzar a consolidar su proyecto poltico, que es algo que vienen haciendo desde dcadas, en medio de aciertos y errores.28

Por lo tanto, aunque Humberto de la Calle haya caracterizado esa conducta como modelo estatua, con seguridad que los farianos, apenas silencien las armas, tendern a permanecer donde estn pero ya desarmados. Y en efecto, el 24 de noviembre del 2015, al cumplirse tres aos de iniciacin de las Conversaciones, la Delegacin de Paz de Las Farc, al terminar el ciclo 44, present una Quinta Propuesta para la terminacin del Conflicto: la gestacin, con acompaamiento internacional y veedura popular y ciudadana, de Territorios Especiales para la Construccin de Paz (TERREPAZ):

constituyen el espacio social y geogrfico para la transformacin integral de las Farc-EP en su dimensin territorial, en lo poltico, lo econmico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los vecinos de lugar, dentro del orden constitucionalEl trnsito hacia la normalizacin de la paz supone, por tanto, el reconocimiento de la presencia de las Farc-EP en la configuracin de la realidad, nacional y territorial, lo cual implica el diseo de un acuerdo que respete esa presencia articulada a las comunidades.29

En la anterior lnea de orientacin las Farc han continuado avanzando. Ha sido as como, al prolongarse por dos das ms el Ciclo 44, el 30 de noviembre del 2015 las Farc demandaron la futura desmilitarizacin de los Terrepaz, as como el establecimiento de garantas para cuando se constituyan en nuevo movimiento poltico. Al respecto precis Ricardo Tllez de la Delegacin de Paz de las Farc,

La condicin bsica de seguridad resultar de su necesaria desmilitarizacin y del reconocimiento de su capacidad de autoregulacin no armada y de naturaleza comunitaria, a travs de planes y medidas construidas de manera concertada entre la organizacin poltica surgida del paso de las Farc a la actividad poltica abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones. 30

Con seguridad , la demanda que han hecho las Farc de unos Territorios Especiales para la Construccin de Paz, desmilitarizados y dotados de autonoma, van a levantar una nueva polvareda bajo al argumento de que lo que, en realidad, buscan es reproducir las imaginadas Repblicas Independientes de la dcada de 1960. Pero digamos,

1. Que, en lo fctico , la demanda est bien fundada31 (siempre han ocupado, de modo permanente, ciertas zonas llamadas histricas; la gran mayora de los combatientes guerrilleros son campesinos , colonos o estn ligados a la vida rural; las Farc han reiterado que van a hacer la dejacin de las armas pero que, en lo poltico, no se van a desmovilizar; y, el ubicarse en esas zonas especiales, primero, les va a servir para que a los paramilitares no les quede tan fcil entrar a ellas a jugar ftbol con las cabezas de los que fueron guerrilleros, y , segundo, a la Fuerza Pblica le quedar ms fcil cumplir su funcin constitucional de defender la vida de los ciudadanos y garantizar la seguridad de los guerrilleros desarmados si sus unidades estn acampadas en esos territorios); y

2. Lo que las Farc estn demandando no es la independencia poltica de esos territorios sino un determinado tipo de autonoma para lo cual, por cierto, se va a necesitar o una reforma constitucional o que el dispositivo para la formalizacin de los Acuerdos sea el de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en relacin con esta demanda de las Farc, dos puntos con seguridad sern objeto de debate: 1. el carcter y alcances de la autonoma propuesta; y. 2. la precisin sobre qu entender por un territorio especial desmilitarizado.

Y en efecto, ms temprano que tarde aparecieron las primeras crticas32. Muy enrgico, dijo el General (R) Mora Rangel: Que no estn en este proceso para dividir el pas ni para hacer entrega de territorios ingobernados; que los famosos Terrepaz hacen parte de la imaginacin de las Farc; que dividirnos, Imposible!; que los modelos y doctrinas de seguridad eran un asunto de la mayor importancia, pero que se era un problema de la autonoma de los Estados; que la Constitucin poltica no era para cambiarla en la Mesa; y que si bien los cambios que requeran la Fuerza Pblica no seran negociados con las Farc, el presidente Santos ya haba planteado que el postconflicto implicaba retos diferentes a los actuales y que, por lo tanto, el Estado impulsara cambios en el papel que ejerca la Fuerza Pblica.

De inmediato, Ivn Mrquez respondi que los Terrepaz no eran zonas de despeje. 33

Al referirse a las Terrepaz y a las fuertes reacciones que provoc la iniciativa apenas anunciada, el investigador Medfilo Medina seal que

han sido muchas las experiencias de comunidades rurales que han protagonizado procesos de referencia territorial sin implicar peligros para la integridad territorial del pas: Los palenques en la Colonia, los resguardos indgenas en el siglo XIX , a partir de 1949 las autodefensas campesinas y en la actualidad Las Zonas de Reserva Campesina creadas por la ley de 1964; an ms, destaca el profesor Medina que en un ejercicio contrafactual las colonizaciones de Marquetalia , Riochiquito y el Pato hubieran podido seguir el mismo cauce si no hubieran sido sometidas a un tratamiento militar por parte del Estado. 34

Digamos, por otra parte, que otro de los temas problemticos en torno a los cuales se deben producir acuerdos, es el los dispositivos para su formalizacin jurdica as como para su legitimacin socio-ciudadana. Al respecto, el Gobierno ha optado ya por un plebiscito, as como por un Acto Legislativo orientado a la creacin de una Comisin Especial legislativa que, compuesta de modo exclusivo y excluyente por congresistas, le otorgara al presidente facultades extraordinarias. Sera en esa instancia donde se le dara valor jurdico a los Acuerdos pactados. En nuestra opinin es por esta va por donde se puede gestar una segunda importante crisis de las Conversaciones de la Habana, que podra tomar forma en los primeros meses del 2016, pues ni sobre el plebiscito ni sobre el acto legislativo, hasta este enero del 2016, nada se ha pactado en La Mesa de la Isla de Mart.

Como por estos das lo ha advertido Vctor Manuel Moncayo35 son ya muchos los colombianos que, de modo simplista, se imaginan que El Acuerdo final de Paz se reduce a que las dos partes, Estado y Farc, le pongan la firma a un documento. Pero para completar ese Acuerdo Final de Paz, adems de que firmarlo sin que todava tenga valor legal o constitucional es altamente riesgoso, es ms lo que falta que lo que hasta ahora se ha acordado, sobre todo al considerar que el Acuerdo sobre Vctimas mantiene todava un carcter de acuerdo parcial.

Terminada esta presentacin de los avances investigativos recogidos en los Atisbos Analticos entre los nmeros 224 y 234 , digamos ahora que este libro comprende ocho captulos, que acogen reflexiones especficas pero interrelacionadas sobre los Dilogos de la Habana, as:

  1. En el Captulo I titulado Cuando son los Corazones los que se oponen a la Paz, se delimitan los once temas ms importantes que faltan por tratar, dificultosos todos y con sus niveles de complejidad; esto no obstante, en una lnea de pensamiento cercana a la de Jhon Paul Lederach, se plantea la hiptesis de que la refrendacin jurdica y la legitimacin sociopoltica de los Acuerdos, si no se produce un cambio cualitativo en las pedagogas de paz, puede resultar tan enredada y precaria como para dejar la etapa postacuerdos La Habana sin unos slidos apoyos jurdicos y ciudadanos.

  2. Al cumplirse ahora en noviembre del 2015 tres aos del inicio de las Conversaciones de la Habana, se presenta un balance sobre la Experiencia en el que los puntos de vista de los Negociadores, distintos en estilos y alcances, ocupan un lugar central.

  3. En el captulo III hacemos una reflexin conceptual sobre la Justicia Transicional como forma especial de Justicia alternativa cualitativamente distinta de la Justicia Legal; entonces, al asumirla, a la manera de Jacques Derrida, como una Justicia ms all del Derecho36, en primersimo lugar la vinculamos a los derechos de las vctimas, cuyo grado de satisfaccin efectiva, ser el que definir, en un segundo momento, el asunto de las sanciones alternativas a aplicar a los victimarios para los casos de los delitos de guerra y de lesa humanidad. Decimos, entonces, en este segundo Captulo que una manera pertinente de empezar a historizar en Colombia la Justicia Transicional puede ser la de la aplicacin de la doctrina de El Margen Nacional de Apreciacin. Y en efecto, el 23 de septiembre del 2015 el gobierno anunci que, al consensuar con las Farc, de modo autnomo haba decidido crear una Jurisdiccin Especial para la Paz. Como se ver, casi de inmediato el Fiscal de La Corte Penal Internacional destac el significado histrico del Tribunal creado en la Habana.37 Por fin, as procedi el Estado, pues desde haca varias dcadas las realidades de la guerra interna en Colombia haban sobrepasado las posibilidades de nuestro Derecho Penal. Esto no obstante, como tampoco se trata de hacer tabula rasa del Derecho positivo, terminamos este acpite con algunas consideraciones sobre las nuevas concepciones del Derecho, que deberan hacer presencia en toda apuesta democrtica de reconstruccin de lo social.

  4. En el Captulo IV la centralidad la tiene el examen crtico del actual Modelo de Conversaciones que, tras posibilitar en los primeros 18 meses, noviembre del 2012- mayo del 2014, tres importantes aunque incompletos acuerdos informales, a partir de esta ltima fecha empez a evidenciar que estaba transitando por una aguda crisis casi estructural.

  5. Una primera aproximacin - conformacin, encargos y resultados - del trabajo realizado por La Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas, es la que se efecta en el Captulo V, la que, no obstante presentar algunas debilidades remediables, sin embargo, construy 12 Informes y 2 Relatoras, que constituyen, con el estudio BASTA YA! del Centro de Memoria Histrica38, el ms apropiado y rico respaldo analtico- acadmico- poltico para entender la singularidad mundial del conflicto interno armado colombiano; en estos estudios se encuentra el soporte investigativo ms importante para la aplicacin en Colombia de la doctrina de El Margen Nacional de Apreciacin.

  6. El Captulo VI, para proporcionarle un contexto de historia a la subversin armada contrainsurgente que tom forma en Colombia a mediados de la dcada de 1960, se centra en esbozar una periodizacin de las violencias estatales y contra-estatales en la historia poltica del pas.

  7. Por su parte, en el Captulo VII hacemos una segunda aproximacin a una lectura crtica de las 809 pginas que cubren los Informes y las Relatoras de los 14 miembros de la Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas detenindonos, de modo especial, en el asunto de los Mximos Responsables Colectivos.

  8. Finalmente, en el Captulo VIII, para proporcionarle otros referentes a la discusin sobre los trabajos de la Comisin de Historia del Conflicto y de las Vctimas, presentamos otras dos miradas, de un lado, la del autor de este libro, en mucho crticamente cercana a, por lo menos, 6 de los Informes, y del otro, la del profesor Ricardo Snchez Angel que, en nuestra opinin, constituye un anlisis metodolgico distinto.

Importa ahora destacar algunos de los temas esbozados en los ltimos dos Atisbos Analticos, los nmeros 134 y 135 de este diciembre del 2015: de un lado, la importancia de Pepe Mojica en lo que ha tenido que ver con los problemas de la paz en Colombia, voluntad no siempre bien aprovechada, sobre todo por el gobierno, no obstante sus reiterados deseos explcitos de colaboracin39 y, del otro, lo relativo a ciertas inquietudes que tenemos sobre el final del conflicto, que quiz se salen un poco de las lgicas asociadas a las etapas y fases de la negociacin de la Habana.

Importante fue el componente que, sobre la paz de Colombia, tuvo la intervencin magistral de Pepe Mojica40 en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribea de Ciencias sociales realizada en Medelln entre el 10 y el 13 de noviembre del 2015. De paso digamos que, en nuestra opinin, este evento de CLACSO, al que se inscribieron 32.000 personas - en un 85% jvenes universitarios de menos de 25 aos y en el que participaron 800 investigadores provenientes de 40 pases- ha sido el ms importante suceso acadmico que ha habido en Colombia en materia de las Ciencias Sociales y las Humanidades, lo que motiv las maduras reflexiones de dos lderes mundiales como Lula Da Silva y Pepe Mujica. Nada tan pertinente para la Colombia actual como el nombre con el que La Conferencia bautiz el evento, Transformaciones democrticas, Justicia social y Procesos de Paz.41 Para entender a Mujica digamos que hay dos tipos de obviedades, primero, las ms pobres y pasajeras, las que casi todo el mundo atrapa porque expresan la superficie de los fenmenos pero que se olvidan tan pronto como aparecen, y segundo, las que algunos logran salvar del olvido colectivo entresacndolas para trabajar con ellas en la poltica real. A estas obviedades (al ligarlas a las vivencias de la ciudadana enhebradas alrededor de una crtica de prcticas muy perversas asociadas al consumismo, al naturicidio, al estatalismo, al dogmatismo y a la hipocresa en poltica42) Mujica ha sabido transformarlas en obviedades profundas y existenciales. Y por eso el expresidente uruguayo atrapa y seduce y conmueve y sacude con casi todo lo que dice no obstante que su discurso no es muy orgnico. Casi todo lo que afirma parece obvio, pero es un obvio profundo y existencial, que invita a la reflexin ms all de la superficie pauperizada de los fenmenos. Pues, eso de decir, con lenguaje sencillo y de modo espontneo y vestido de campesino, que

lo ms importante que est pasando en Amrica Latina es el proceso de paz en Colombia, o que, vale la pena transformar en poltica lo que era una guerra, o que las guerras tienen tres caminos: O algunos de los autores abandona el escenario, o el otro lo ocupa totalmente, o se desemboca en un proceso de paz por la va de una negociacin poltica. No hay otros. Esto es lo que se ha demostrado a lo largo de la historia humana. Con esa geografa endiablada que tiene la selva colombiana, es posible que pueda existir una resistencia infinita, pero da la impresin de que no lleva a ninguna parte43,

so, eso de sostener esas obviedades profundas y vivenciales, es algo que a otros nos ha costado muchos esfuerzos investigativos.

Sealemos, y es ste el segundo tema, que, un poco al margen de las cuatro etapas y de los cinco temas de la Agenda Pactada, la construccin de Acuerdos se encuentra todava atrasada; pero, lo que importa es no atropellar con acuerdo sobre acuerdo bajo el argumento de que el tiempo apremia, sino que las partes, ya ms maduras, al estar saliendo de una relacin de amigos enemigos para entrar a otra de amigos adversarios, solidifiquen su voluntad de sacarlos avante tal como, bajo otros ritmos, ha estado sucediendo. Entonces, que se hagan todos los acuerdos que faltan sin dejar algunos para no se sabe para cundo; que se le otorgue un manejo enriquecido a las 28 salvedades; que se construya un consenso sobre el instrumento, constitucional o legal, para darle valor jurdico a los Acuerdos; que se los legitime socio-ciudadanamente a travs de un dispositivo tambin consensuado; que ahora s se firme el Acuerdo sobre el Final del Conflicto; que venga la dejacin de las armas con un tiempo y lugar prudenciales para que las Farc, y ojal el Eln, construyan y definan su estrategia de transicin entre la poltica con armas a la poltica en y con democracia; y que ahora s se entre a la compleja fase no digamos de reinsercin, tampoco la llamemos de reintegracin , hablemos, ms bien, de nueva presencia de los ex-guerrilleros en la sociedad civil.

Y si se habla de nueva presencia de los excombatientes en la vida civil es porque ahora el modelo no puede ser el viejo y empobrecedor e insolidario esquema de Carro, Beca y Ayudas Emergentes con el que el Estado en otros tiempos se quit de encima esos trastos viejos llamados exguerrilleros. El profesor Carlos Medina Gallego ha radiografiado muy bien, y de modo crtico, ese esquema que termin favoreciendo, de modo individualista o corporativista o a algunos exguerrilleros o a grupos muy seleccionados entre ellos,

En estos procesos, las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede en distintas direcciones segn los acuerdos; por lo general, las destruyen o elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en programas de reinsercin con una oferta estatal de ayudas, durante un periodo de tiempo especfico, mientras logran las estabilidades que les permiten retomar sus proyectos de vida con autonoma. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construccin de proyectos polticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos protagonistas en el escenario poltico nacional al interior de distintas fuerzas polticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes, reinciden en prcticas de violencia o de delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en nuestro pas, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses que puedan presentarse.44

Como nunca antes se ha avanzado en esta negociacin y aunque nada garantice el carcter irreversible del proceso, el hecho de que ahora se sientan ms adversarios que enemigos, es uno de los indicadores de que, en vez de retroceder, podrn avanzar. Un cuadro as es el que ha recogido la Revista Semana,

SON ADVERSARIOS. PIENSAN distinto sobre casi todos los temas Tienen valores diferentes y han vivido en mundos opuestos. Eran desconocidos los unos para los otros hasta hace poco, y en algunos casos fueron enemigos que intentaron matarse a toda costa. Desde hace tres aos, sin embargo, estn sentados en la Mesa de Conversaciones de la Habana, intentando superar sus diferencias a travs de las palabras y construyendo un horizonte de futuro comn. Este ha sido un ao difcil para todos ellos y para el pas entero. A lo largo del 2015 han sentido rabia, desconfianza, cansancio, seguidas de momentos de silencios infranqueables. Muchas pginas de acuerdos puntuales y otras en blanco. Algunas crisis y varias idas y venidas. En todo caso, ellos tienen la conviccin de que la historia los ha puesto all para ponerle fin a una guerra que ha durado medio siglo. Por eso soportan con cierto estoicismo las dificultades y las desavenencias. Y las ha habido por montones.Los hombres y mujeres que hacen parte de la Mesa han estado a la altura de las dificultades. Han demostrado capacidad estratgica, inteligencia emocional y mucho compromiso con el futuroEllos son un testimonio vivo de que los colombianos s pueden resolver sus conflictos de manera civilizada. .45

Otro indicador importante de avance se produjo en Bojay cuando de cara a una poblacin negra, para la que la palabra perdn slo tiene un significado, las Farc, para quienes perdn es un concepto cristiano, les dijeron en su idioma a unas 300 vctimas que ojal algn da seamos perdonados. Sobre la masacre de Bojay escribimos en el Atisbos Analticos No 78 de mayo del 2007,

La masacre se inici en forma el 2 de mayo a las seis de la maana. Hacia las diez, un grupo de paramilitares se atrincher alrededor de la capilla. A una distancia de unos cien metros, los farianos lanzaron tres cilindros de gas. El primero cay sobre una edificacin cercana. El segundo se fue ms all del puesto de salud. Pero, el tercero, el desgraciado tercero, cort el espacio, hizo con las tejas de eternit del techo de la capilla un montn de afilados cuchillos que, rebanando todo lo que encontraban a su paso, rostros, desesperos, cuellos, terrores, pechos, bramidos, brazos, angustias, piernas, gritos, rabias, vientres, le oficiaron al Cristo del altar 119 vctimas, entre ellas 48 victimitas, nios y nias, que todava no haban aprendido a odiar. Fue se el sangriento oficio del ritual perverso de la guerra. Atropellndose unos a otros, los pocos sobrevivientes, unos 70 de los 300, arrastraron a sus heridos en feroz carrera con la esperanza de que su telrico y adorado ro los salvara. Lo que vino despus, se lee en el relato etnogrfico de Carolina Lancheros, fue horrendo: gente desmembrada buscando la salida. Llantos, gritos y angustia. Los que apenas se daban cuenta que estaban vivos reaccionaban y huan despavoridos. En medio del caos, el padre Antn vio a un hombre sin cabeza caminar por el centro de la iglesia y, perplejo, invoc a Dios y al nima de su madre muerta dos meses atrs. Sobre la improvisada marcha Luis Eduardo Mosquera improvis un trapo blanco que entreg al Padre Antn, quien en pleno territorio de guerra en caliente, prefigur la ms indita e histrica movilizacin de la poblacin civil: Quines somos? Poblacin civil. Qu exigimos? Respeto por la Vida, eso fue lo que medio alcanzaron a vociferar a sus victimarios las aplastadas vctimas de la guerra.46

Y esto fue lo que el pasado 6 de diciembre les dijo a las vctimas de Bojay Pastor Alape, miembro de la Delegacin de Paz de las Farc en la Habana,

Hace 13 aos que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes () cargamos un peso angustiante que hiere el corazn de toda la guerrilla desde ese fatal desenlace que sigue retumbando en la memoria de todos. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelven a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borran el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en los rostros de todas y todos ustedes por quienes ojal algn da seamos perdonados.

En esta misma ceremonia el alto comisionado Sergio Jaramillo reconoci altamente el gesto de las Farc y dijo que los paramilitares deben reconocer su responsabilidad y que tambin el Estado por la desproteccin en que se encontraban las comunidades.47

Y para seguir aterrizando algunos avances en la dimensin de construccin de paz que hemos denominado la revolucin en los corazones, trasladmonos ahora de Bojay al departamento del Meta donde el 17 de diciembre del 2015 29 pequeos cofres de color caf adornados con rosas blancas, en ceremonia privada, fueron entregados a igual nmero de adoloridas familias: iban all los restos de supuestos guerrilleros que haban sido enterrados en cinco cementerios de los Llanos Orientales; constituan ellos slo una pequea parte de los 2292 restos que todava no se han identificado en estas regiones en un pas donde habr que encontrar a 50.000 personas en condiciones de desaparicin forzada.48

Y para continuar con esta delicada y compleja dimensin de la construccin de paz por nosotros llamada la revolucin en los corazones, vayamos del Meta a Ibagu donde el 3 de diciembre del 2015 tres dcadas despus del triple asalto al Palacio de Justicia se reunieron el ex-presidente Belisario Betancur, el senador Antonio Navarro y la familia del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el inmolado Alfonso Reyes Echanda. Ahora, un presidente trascendido, bajo la amenaza de golpe de Estado49, en su funcin gubernamental por la dinmica militarista de las Fuerzas armadas, un senador institucional que fue miembro activo del grupo que produjo ese alocado golpe y la familia de una las numerosas vctimas decidieron reunirse para darse y solicitarse perdn: Que peda perdn a Alfonso, a ustedes y a Colombia, fue lo que dijo el expresidente; que tambin lo solicitaba, manifest el exguerillero; que los perdonaba a todos, a los guerrilleros por su aventura blica y al gobierno por su insensible respuesta, expres un miembro de la familia tras lo cual un numeroso pblico que se puso de pie aplaudi el gesto de los tres durante cinco minutos. Como para resaltar ahora que durante el 2015 los rituales y escenas de perdn, las pblicas y privadas , fueron reiteradas: El Gimnasio Castillo Campestre se disculp por haber discriminado al joven Sergio Urrego, que termin suicidndose; uno de los sicarios de Pablo Escobar , Jhon Jairo Velsquez, le dijo a la V iceministra de las TLC, Carolina Hoyos, yo le quiero pedir perdn a usted , por el cartel de Medelln haber participado en el secuestro y haber propiciado la muerte de su seora madre y Hoyos le manifest que toda su familia haca aos haba optado por perdonar; el pasado 6 de noviembre el presidente Santos dijo en una ceremonia solemne sobre los hechos del Palacio de Justicia que hoy reconozco la responsabilidad del Estado y pido perdn; hace dos semanas el gobernador de Antioquia en Segovia, Antioquia, hizo algo similar , a propsito de la masacre cometida all por los paramilitares con complicidad de la Fuerza Pblica; y el ao pasado, Piedad Crdona no slo recibi disculpas pblicas de Ernesto Baez, alias Ivn Roberto Duque, sino que en un encuentro posterior con varios jefes paramilitares en la crcel de Itagu quienes participaron en su secuestro le contaron la verdad: el secuestro haba sido cometido por las Auc en 1999 a lo que la exsenadora respondi que no obstante que ese episodio haba partido en dos su vida , se haba liberado de todo ello y los perdonaba; poco despus Piedad Crdoba seal que los paramilitares era mucho lo que haban cambiado; algo similar haba ocurrido en la Habana en el 2014 cuando Constanza Turbay viaj como miembro de uno de los grupos de vctimas: All se reuni en privado con Ivn Mrquez y no obstante que las Farc haban exterminado a su madre y a sus hermanos en el Caquet, manifest, Ha sido el encuentro ms importante y trascendental de toda mi vida.50 Lo que no sabemos es cuantos miles y miles de perdones, silenciosos, se han acunado en la subjetividad de miles y de miles de colombianos durante estos tres aos de conversaciones.

En clave sicolgica el perdn es una aventura esencialmente personal e individual que cada quien gesta, en medio de muchas tensiones contradicciones y dolores, en el seno de su subjetividad, pero que, al ganar cobertura familiar, amistosa, grupal, local, regional, social y poltica y quizs tambin meditica entre sectores cada vez ms amplios de los 7 millones de vctimas que ha arrojado el conflicto interno armado, puede tomar la forma de expresiones colectivas como las que hemos empezado a apreciar en estos dos ltimos aos, convirtindose as en un valor cultural o, como ha dicho Oscar Tulio Lizcano, en una virtud poltica51 o como diramos nosotros, transformndose en principio o fuente de liberacin personal que, en palabras de Antonio Navarro, hace que uno se sienta livianito, livianito por estar rompiendo las robustas ataduras del odio y las venganzas.  

Segn el profesor Wilson Lpez Lpez, investigador de la Universidad Javeriana, a medida que el proceso de la Habana ha avanzado, la posibilidad o disposicin de perdn, solicitado con sinceridad y con intencin reparadora y condicionado a la verdad y al arrepentimiento y la no repeticin, se ha incrementado.52 Por eso el texto con el que hemos encabezado esta A Manera de Introduccin,

durante estos 36 meses que las dos Delegaciones de Paz han estado sentadas cara a cara en la Habana, el pas, pero sobre todo la niez colombiana, han podido observar cmo, en clave humana, los enemigos y adversarios no existen para eliminarse entre ellos, sino que ha sido posible ponerlos a conversar, dialogar, arreglar y convenir hasta construir acuerdos benficos para todos. Un extraordinario reto que, al mismo tiempo, ha sido una compleja pero vvida aventura- y en Colombia s que lo es!- lo han podido vivir y constatar durante 1095 das los miembros de una sociedad en la que todos los que son menores de 50 aos llevan 18.250 das esperando una anhelada alba en la que no sean despertados por el pum-pum de los fusiles. Como para destacar entonces que por largos, complejos y mentalmente alborotadores que hayan sido las conversaciones entre enemigos que han venido aprendiendo a relacionarse como adversarios democrticos, la Habana ha funcionado como un muy rico curso prctico de induccin a la convivencia colectiva En contraste con una inicial incredulidad casi generalizada de las sociedades civiles, las Farc, que ms que reinsertarse, estn buscando construir una nueva forma de presencia en la vida social, han permanecido fieles a la palabra inicialmente empeada; el Estado, por su parte, a despecho de los enemigos de la paz, ha dado pasos bsicos hacia una negociacin. En estos comienzos del 2016, FELICITACIONES entonces para las dos Delegaciones de Paz

Destaquemos ahora un hecho consignado en el Atisbos 235 de diciembre del 2015: Segn Antonio Caballero, defensor crtico de los Dilogos, nada de lo hasta ahora acordado en la Habana ha afectado, de modo significativo, al establecimiento,

Deca aqu hace 15 das que, al contrario de lo que afirman sus crticos del uribismo, el gobierno no ha cedido prcticamente en nada ante las Farc en las negociaciones de La Habana: ni en la organizacin poltica y social del Estado, ni en el modelo econmico capitalista y neoliberal, ni en la reforma rural, ni en la de las Fuerzas Armadas. Y que en cambio las Farc no solo han renunciado al mtodo de la lucha armada sino tambin al principio de la lucha de clases. Y lo que aceptan ahora es la colaboracin de clases. Entre la campesina y proletaria, que dicen representar, y la clase dominante del Estado burgus, cuya dominacin ahora solo pretenden disputar sobre la base de la accin poltica electoral y sindical: aceptan la democracia formal, cuyas reformas, si vienen, vendrn del desarrollo pacfico de sus libertades formales.53

Por su parte, otro importante analista de mirada contraria, Gustavo Duncan, ha resaltado que en el mediano y largo plazo, el gran beneficiado, si cuida bien su apuesta reproductora del capitalismo, va a ser el presidente Santos,

Sin embargo, dos aos no van a ser suficientes para las apuestas ms ambiciosas que hay al interior del gobierno. Santos sabe que haber firmado la paz con las Farc es un legado histrico invaluable. Sabe tambin que la historia lo juzgar de acuerdo a las consecuencias positivas y negativas de lo acordado. Por consiguiente, va a tener mucho inters de influir en el largo plazo sobre estas consecuencias, sobre todo en que los acuerdos se cumplan segn su visin poltica de los beneficios de la paz y que las concesiones realizadas no lleven a una situacin poltica indeseable como podra ser el auge de un populismo de izquierda y, por qu no, de derecha como una reaccin a lo pactado. La apuesta de Santos no es adems un boceto grueso de su visin particular de un pas en paz. La estrategia de negociacin est basada en la visin de una paz territorial que cumpla una de las grandes falencias del Estado colombiano: incluir dentro de sus instituciones y dentro de los mercados modernos grandes porciones del territorio y de la sociedad que, por estas circunstancias, han padecido la mayor parte del conflicto.54

A nada positivo conducira examinar ahora el proceso de paz a la luz del enfoque analtico de Uribe Vlez, pues para ste no cabe concesin estatal alguna, ya que las Farc seran una organizacin estratgicamente derrotada que estara dando los postreros pataleos tcticos; esto no obstante Santos, antiguo uribista ahora ms metido en las lgicas de una negociacin, ha reconocido que es de la esencia de ella el que a las Farc se les posibilite la participacin en poltica. Sera sta, al lado de una rebaja de penas y de una pequea dosis de paz positiva, las mayores y quizs nicas concesiones importantes del Estado y de las Vctimas al movimiento farquiano. Segn el Acuerdo de Justicia, la sancin que imponga el Tribunal de la Jurisdiccin Especial para la Paz, as sea por delitos de lesa humanidad, no limitar el ejercicio de ningn derecho activo o pasivo de participacin poltica. Pero, para que esto sea viable, se debe hacer una reforma de la Constitucin. De todas maneras, ms enorme ha sido la concesin que se les ha hecho a los agentes del Estado y a los civiles incursos en crmenes en razn del conflicto armado. A todos- guerrilleros, agentes del Estado y civiles- los juzgar el mismo Tribunal ; a todos se les aplicarn las mismas sanciones, y, por lo tanto, el tratamiento ser igual y equitativo, pero, para agentes del Estado y para civiles, ser diferenciado: para los Agentes del Estado la restriccin de la libertad se les aplicar sobre la base del fuero carcelario mientras que para los civiles el gobierno , de modo unilateral, determinar dnde y cmo se aplicarn las sanciones a personas que, sin coacciones de por medio, hayan tenido una participacin determinante o habitual en la comisin de crmenes.

Digamos finalmente que para un importante sector de la opinin pblica colombiana mentalmente casada con las lgicas punitivas del derecho penal, sanciones que no impliquen crcel no son sanciones; pero ocurre que dentro de este mismo rgimen se prevn situaciones en las que a ciertas personas se les suavizan las penas, por ejemplo, por razones de trabajo, estudio, buena conducta o enseanza o por colaborar con la eficacia de la Administracin de la Justicia formal. Al margen del debate existente sobre la moralidad pblica asociada a esas rebajas de penas55, a ningn analista se la ocurrido obsesionarse con la idea que se est incurriendo en impunidad. Esto no obstante, s se le ha endilgado esa condicin a una rebaja de penas a guerrilleros que, sin haber sido derrotados, quieren, por decisin propia, negociar evitando que en una dcada ms en Colombia haya no 7 si no 12 o 15 millones de vctimas. Pero, si exigir crcel para los guerrilleros es un asunto de tica pblica, qu mayor dilema tico que el vinculado a la actual opcin de la sociedad colombiana, o negociar bajo el esquema de justicia que se ha acordado o veinte aos ms de degradado conflicto interno armado impactando a toda hora, de modo perverso, al pas y al conjunto de la ciudadana?

Por una especie de vigorosa y disfuncional smosis uribista, an entre sectores que se proclaman partidarios de la negociacin en Habana, en la prctica, ha hecho carrera la tesis de que un arreglo con las actuales Farc no puede ir ms all a que stas se sometan sin ms ni ms, que ya ver ms tarde el Estado qu concesiones les otorga por mera benevolencia, pues por grado de representatividad social, de fortaleza militar y de atrocidades cometidas ya es demasiado lo poco que, de modo inmerecido, ya se les est dando. Por esta razn, ms all de los discursos, socialmente se ha impuesto la tesis del sometimiento. Como para recordar ahora que en el mes de julio del 2015 cuando la mayor crisis de los dilogos estaba en todo su apogeo, en entrevista que le hizo Juan Gossan, Humberto de la Calle Lombana manifest, es posible que un da las Farc no nos encuentre en la Mesa. 56 Con frecuencia, en algunas de sus actuaciones, La Delegacin de Paz del Gobierno ha parecido olvidar que las conversaciones las estn adelantando con una guerrilla que, al no haber sido militarmente derrotada, de muchos modos con ella no funciona esa lgica del sometimiento. Por lo tanto, en condiciones perversas dadas, tambin es posible que un da el Gobierno no encuentre a los farquianos en la Mesa.

Para ponerle punto final a esta ya larga A Manera de Introduccin, puntualicemos ahora los avances investigativos del Atisbos Analticos No 236 de enero del 2016.

A medida que se han venido desarrollando y especificando y traduciendo en detalles la Jurisdiccin Especial para la Paz y el Acuerdo sobre Vctimas se han incrementado las lgicas polarizaciones y los aparentes distanciamientos de las posiciones de las partes que siempre se presentan y presentarn al iniciarse la discusin sobre cualquier tema objeto de negociacin. Lo que aconteci en el debate sobre desarrollo rural integral cuando las posturas iniciales que, en un principio, fueron radicales pero en el proceso se fueron morigerando, est ocurriendo ahora con temas como el cese bilateral del fuego o con el de la dejacin de las armas y as acontecer con los restantes 10 puntos en torno a los cuales se debern producir acuerdos. Sobre la dejacin de las armas, por ejemplo, mientras el gobierno, por boca de uno de sus asesores, Manuel Jos Cepeda, ha dicho que las Farc no se pueden quedar con las armas, que si no se las entregan al Estado colombiano, se las tendran que entregar a un organismo internacional como la ONU para que las destruya y que, de no ser as, no habr paz. A su turno, Ivn Mrquez, en entrevista con RCN, ha notificado que no slo no habr entrega de armas al gobierno, sino que no habr destruccin y que como las armas entraan para las Farc una simbologa de resistencia, slo estaran dispuestos a colocarlas en un lugar lejos de su uso.57 De todas maneras, como ya ha habido muchas pruebas empricas de que las partes s quieren negociar, en el desarrollo del debate harn presencia las necesidades e intereses de aquellas, y entonces las posiciones iniciales duras se irn suavizando.

Son muchos los ciudadanos que han intrepretado esas posiciones iniciales duras sobre uno u otro tema como una expresin de no querer negociar; pero, son legin los que conocedores de los ritmos y lgicas de toda negociacin, con risas reprimidas han aprovechado la situacin para crear confusionismo ideolgico, sicolgico y emocional en todos los sectores de la vida social o en alguno en particular. A la cabeza de esta legin se encuentran los enemigos de los Dilogos de la Habana. El ex-presidente Uribe, por ejemplo, quien, al verse rebasado por el proceso, comenz a decir que estaba de acuerdo con negociar pero bajo otro modelo que permitiese reorganizar el proceso con la guerrilla58, en este diciembre del 2015 hacia afuera del pas ha vuelto a expresarse como dispuesto a torpedear las Conversaciones de la Habana. Ha sido as como los uribistas le han pedido a sus amigos de Venezuela- es decir, a aquellos que triunfaron debido a que dos millones de chavistas castigaron a Maduro por la va de la abstencin- que le quiten el apoyo a los dilogos del gobierno con las Farc y el Eln. 59

Para los Dilogos de la Habana, por otra parte, muy buenos augurios se derivan del hecho de que sus enemigos se encuentren redoblando y refinando sus estratagemas y tcticas de oposicin. El diario El Siglo60, por ejemplo, en los ltimos das del 2015 le atraves un grueso palo ideolgico emponzoado a las conversaciones. En opinin del editorialista- para quien las Farc, contra muchas evidencias empricas, no representan a nadie a no ser a ellas mismas, pues tendran el 99.9 de impopularidad- el desarrollo de la Jurisdiccin Especial para la Paz y del Acuerdo sobre Vctimas, en vez de generar consensos, ha profundizado la divisin llegando hasta el extremo de inventar que el gobierno y las farc tambin habran consensuado, a favor del Secretariado, el beneficio de la aplicacin de la tesis de la cadena de mando. Tomando solamente en cuenta uno de los cuatro resultados de la Encuesta de Gallup sobre el proceso de la Habana, publicitados el 22 de diciembre del 2015, este Editorial, cinco das despus, pontifica que haba producido descontento entre los militares la decisin del gobierno de que los que entre stos hubiesen incurrido en delitos de guerra, una vez sancionados por el Tribunal de la Jurisdiccin Especial para la Paz, pagasen la reduccin de sanciones en los sitios formalmente aprobados para ellos desde antes; pero otras fuentes han sealado que esa decisin fue de buen recibo en los medios militares, pues a stos se les presumir la legalidad de sus actos y los jefes no tendrn que responder por las conductas de sus subalternos.61 En contraste con lo sugerido por el Editorial de El siglo, la Encuesta de Gallup, publicitada el 22 de diciembre, seala una tendencia esperanzadora para las Conversaciones de la Habana. Entre el 14 y el 19 de diciembre los encuestadores de esta firma aplicaron una Encuesta sobre el gobierno de Santos formulando cuatro preguntas claves sobre el proceso de paz cuyos resultados en s mismos, sin compararlos con otros anteriores, resultan positivos, as,

  1. Un 52% dijo s y un 45% no, a la pregunta sobre si antes del 23 de marzo habra un acuerdo final;

  2. Al preguntrseles sobre si las negociaciones iban por buen o mal camino, un 52% adhiri al primer horizonte mientras que un 44% opt por el segundo;

  3. Sobre si se deba insistir en los dilogos hasta lograr un acuerdo, un 67% seal que se deba re-insistir mientras que un 30% se declar partidario de suspender las conversaciones para derrotarlos militarmente;

  4. Al preguntarle sobre si participaran en unas votaciones para legitimar los acuerdos, un 41% seal que si iran a las urnas y, en el extremo opuesto, un 12% manifest que se abstendra;

  5. Finalmente, un 52% se declar a favor del plebiscito mientras que un 32% lo rechaz. 62

De modo explcito, el editorialista del Nuevo Siglo es partidario que tanto militares y civiles incursos en delitos de guerra sean investigados y sancionados por la Justicia ordinaria; en lo que a los militares se refiere, minimiza su nmero, y destaca que, al ser juzgados por un justicia extraordinaria, se los pondra en el mismo rasero que los subversivos. Por eso concluye,

Semejante ambigedad obviamente deja la puerta abierta para que la totalidad de los colombianos puedan quedar en la mira de esa jurisdiccin extraordinaria y, lo que es ms grave, no est descartado el riesgo de que se desate una cacera de brujas, ya sea para enlodar a quien no tuvo nada que ver con la guerra o, en su defecto, procesar la mayor cantidad de civiles que sea posible, dando as la impresin de que todos en el pas son culpables del conflicto armado y lo procedente es generar un rgimen judicial de perdn generalizado y de borrn y cuenta nueva De esta forma, segn los crticos, termina siendo una especie de sofisma y eufemismo el que Gobierno y Farc sostengan que el acuerdo judicial est basado en el respeto a los derechos de las vctimas, pues al final de cuentas, ms all de toda la parafernalia de la JEP, los culpables de delitos graves, trtese de guerrilleros , militares, policas o civiles, no pagarn crcel si admiten su responsabilidad o tendrn apenas unas restricciones a la libertad abiertamente simblicas, flexibles y desproporcionadas frente a la gravedad de sus ejecutorias ilegales Como se dijo, el gran problema no es el apoyo en s al proceso, sino que cada vez que se avanza en un aspecto puntual, las reservas de los colombianos afloran con mayor claridad. Y si bien ya se anunciaron los sapos que tendran que tragarse en materia judicial, no son stos los ms complicados ni difciles de la negociacin. Por ejemplo, si una parte sustancial de la opinin pblica ha expresado su negativa a que los guerrilleros de las Farc no tengan que pagar un mnimo de crcel o queden sujetos a una veda poltica temporal por la gravedad de sus delitos, una mayor proporcin pondr el grito en el cielo si se confirma lo que parece ser una estrategia de la guerrilla para no hacer una entrega efectiva de las armas, sino ponerlas en custodia de un tercero para su no utilizacin en poltica, pero sin perder la titularidad del arsenal Qu pasar con el decreciente apoyo al S en el plebiscito, segn la ltima encuesta Gallup, si se evidencia que las Farc no se van a desarmar e intentan acudir a una estrategia torticera para enrutarse hacia una paz armada? Esa es apenas una de las preguntas que el rumbo de este proceso tiene pendiente de despejar y cuando lo haga puede que la balanza de apoyos y negativas al mismo, siga variando sustancialmente.63

Un punto ya sealado, pero mejor tratado en este Atisbos 236 de enero de 2016, es el relativo a la oposicin abierta de Rigths Human Wacht a la ya colombianizada forma de Justicia Transicional. Entonces, la otrora ferviente defensora de la causa de los Derechos Humanos, en nuestro concepto de modo ligero, apresurado y sin mayor investigacin, en cuatro puntos importantes ha cuestionado la Jurisdiccin Especial para la Paz; Miguel Vivanco ni siquiera se pregunta si por las particularidades de 50 aos de guerra interna en Colombia, fue pertinente que el Estado, de modo autnomo, decidiese la aplicacin de la doctrina de El Margen Nacional de Apreciacin, pues una cosa es un Modelo de Justicia Transicional para solucionar un conflicto de corta duracin y de bajo impacto sobre las estructuras objetivas y mentales de una sociedad dada, y otra cosa muy distinta es el Modelo que se requiere para ponerle fin a un centenario bao de sangre, que en 25 aos ha producido 220.000 muertos y que, para la actualidad, ha arrojado ms de siete millones de vctimas directas. Como lo ha destacado Rodrigo Umprimny es una exageracin concluir que el acuerdo es un pacto o una piata de impunidad. 64 Por otra parte, el director de RHW ni siquiera se pregunta con quin es que est negociando el Estado colombiano, si con una guerrilla militarmente derrotada o con una que, aunque golpeada en su momento por la Seguridad democrtica, sin embargo, primero, no ha sido derrotada aunque Uribe Vlez insista en que en lo estratgico militar s lo est; segundo, ha logrado reconstruir su estrategia en un nuevo territorio de guerra; y tercero, actualmente se encuentra en condiciones para reemprender una todava larga guerra de resistencia, que producira miles y miles de muertos ms, que obligara al Estado a incrementar los puntos del producto bruto interno que dedica a la guerra y que llevara el agravamiento del cuadro clnico de los derechos humanos a situaciones extremas. Vivanco pasa por alto, adems, que algunos de los puntos de la Jurisdiccin Especial para la Paz y del Acuerdo sobre Vctimas- que l formula como cuarta crtica importante, por ejemplo, la definicin de los criterios para la seleccin de los Magistrados- todava estn siendo objeto de discusin y desarrollo y esto sin olvidar que su segunda crtica, la de que la tesis de la cadena de mando se va a aplicar al Secretariado de las Farc, es algo que el gobierno unilateralmente ha aprobado para los Altos Mandos de las Fuerzas Armada que no para el Secretariado de las Farc. En relacin con la tercera crtica, la de que es inaceptable que los condenados por crmenes graves puedan postularse a cargos pblicos, con ella RHW no hace otra cosa que atravesrsele a la razn central de las Farc para negociar que es la de pasar, ya como partido poltico, de las balas a los votos siendo ste, por otra parte, un punto que se encuentra todava en discusin, pues hasta ahora han acordado que participarn pero sin fijar an los alcances de esa participacin, asunto que, por otra parte, tendr que ser objeto de una reforma constitucional. Por lo tanto, en definitiva, la crtica central de Vivanco se refiere a la primera, es decir, a la falta de proporcionalidad entre la gravedad de los delitos- crmenes atroces por los que no se pagar crcel- y las sanciones o penas previstas, pero sta es una situacin respecto a la cual en una toma de posicin es ms lo que influyen los determinantes normativos, valorativos e ideolgicos que los estrictamente objetivos. En este caso, la opcin es entre crcel presumiblemente rehabilitadora y socializadora y refundadora de nexos sociales rotos- que en Colombia, por otra parte, no existe- y perdn parcial atado a unas efectivas verdades y reparaciones y promesas de no repeticin. Son ya muchos los tericos e investigadores65- para destacar, Luigi Ferrajoli, Jean Paul Lederach y, en nuestro medio, Wilson Lpez- que han destacado las limitaciones de la pena de crcel, an de las ms modernas y humanizantes, as como del abultamiento de los aos de sancin, en el restablecimiento de los vnculos sociales rotos. Y es que bajo el Modelo de Justicia Transicional que se aplicar en Colombia, a los guerrilleros no se les estar premiando por dejar las armas, sino, sobre todo y ante todo, por lo mucho que aporten con su nueva presencia en la vida social en materia de reparacin de las vctimas, as como de no repeticin de los crmenes cometidos. Por lo tanto, en este caso, los beneficios punitivos son directamente proporcionales a la calidad de la reparacin, as como a una mayor probabilidad de no repeticin. Finalmente, destaquemos dos cosas, primera, que por imperfecta que sea la forma de justicia especial consensuada en la Habana, catedraliciamente ms imperfecta es la Justicia de Estado existente en Colombia donde casi el 80% de las conductas delictivas que acceden al sistema; se quedan en la impunidad; y segunda, para no aparecer como fatalistas, con Rodrigo Uprimny digamos que si este imperfecto esquema semiestatal de justicia se aplica con seriedad, puede cumplir un importante efecto demostracin de cara la tremenda ineficacia social de la Justicia del Estado.

Notas

1 . Justicia, a pesar de todo, SEMANA, Edicin 1755, 20 al 27 de diciembre del 2015, pgs. 20-21.

2 . Idem.

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Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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