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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-01-2016

Colombia o la lucha social sin garantas

Javier Orozco Pearanda
Rebelin


Una de cada tres personas defensoras de derechos humanos asesinadas el ao pasado en el mundo era colombiana. Los datos parciales indican que 54 fueron asesinadas all, a pesar de los dilogos de paz.

Los ataques incluyeron amenazas de muerte individuales y colectivas, seguimientos, hostigamientos, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desaparicin forzada, atentados y robos de informacin. Las vctimas: miembros de pueblos indgenas y de organizaciones campesinas que luchan por la tierra y en su defensa, sindicalistas, ambientalistas, opositores de la gran minera, mujeres, integrantes del colectivo LGBTI, estudiantes, educadores populares, miembros de juntas de accin comunal y de organizaciones de vctimas...

El 2015 fue un ao importante para la terminacin del conflicto armado con los pre-acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana, pero es un proceso de paz incompleto si no se extiende al ELN y al EPL. La reduccin de la violencia asociada al conflicto armado en algunas zonas con presencia de las FARC, contrasta con el escalamiento de la guerra por orden presidencial contra el ELN en todo el pas, incluido la delicada zona del Catatumbo -frontera con Venezuela- donde tambin opera el EPL.

En esa zona y en su sitio de trabajo fue asesinada hace dos das, 17 de enero/16, Nelly Amaya Prez, defensora de derechos humanos, defensora de la tierra y del territorio, integrante de la Asociacin Campesina del Catatumbo, Ascamcat. Era presidenta de la Junta de la Accin Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, activista poltica sobreviviente del exterminio contra la Unin Patritica.

El 9 de diciembre de 2015, el Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos lanz el "Protocolo de Proteccin para Defensores de derechos humanos en contextos rurales", formulado de manera participativa con la esperanza de que se genere una proteccin diferenciada para esas personas que estn en alto riesgo, si el gobierno la promueve y se convierte en ley.

El 15 de diciembre/15 en Cartagena de Indias fue asesinado Robert Venecia Vega, dirigente del Sindicato nico de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construccin, SUTIMAC-CUT. Durante el 2015 al menos 18 sindicalistas fueron asesinados a pesar del compromiso de protegerlos expresado por el gobierno y contenido en las clausulas de derechos humanos de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con los Estados Unidos y con la Unin Europea. 

El 13 de noviembre/15 paramilitares asesinaron en Trinidad al defensor de derechos humanos Daniel Abril, integrante del Movimiento de Vctimas de Crmenes de Estado, integrante del Comit Cvico de Derechos Humanos del Meta y de la Coordinacin Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), y quien en ese momento era Delegado por el departamento del Casanare ante la Mesa Nacional de Garantas!!. Era un defensor junto de las tierras y de las aguas que son devoradas por las multinacionales petroleras en el Casanare. Adems era un luchador contra la corrupcin, amenazado, hostigado por militares de la temible Brigada 16 del Ejrcito, sobreviviente de un intento de desaparicin forzada por la polica.

Cuatro das antes en Buenaventura, caa asesinado el defensor de derechos humanos John Jairo Ramrez, lder afrodescendiente, miembro de la Fundacin Rostros y Huellas que enfrentan el terror paramilitar y la complicidad de la polica que slo protege al puerto y al muelle de contenedores.

Durante todo el ao 2015 hubo centenares amenazas de muerte, tambin impunes, contra sindicalistas y personas defensoras de los derechos humanos, campesinos- as que exigen la restitucin de sus tierras despojadas con violencia, y opositores de grandes proyectos de inversin. Por eso dispararon en presencia de la Polica Nacional el 19 de diciembre/15 contra los indgenas Cubeo en el predio El Porvenir, en Puerto Gaitn. Hay intereses de latifundistas y de petroleras como la New Granada Energy que tienen la P olica a su servicio junto con escuadrones que amenazan a indgenas, campesinos y organizaciones de derechos humanos como la Corporacin Jurdica Yira Castro y la Corporacin Claretiana Norman Prez Bello.

Muchos riesgos devienen del uso de la justicia para perseguir opositores sociales, como en el caso de los 13 estudiantes detenidos en Bogot en julio/15 en un operativo espectacular trasmitido por los medios. Les acusaron de terrorismo y rebelin y de formar parte de una red urbana del ELN que pona petardos. El montaje de la fiscala se cay, los jvenes quedaron libres pero marcados.

Los cuestionamientos a la doble moral de la fiscala los fundament un dirigente sindical de los obreros del petrleo hace un ao en Puerto Gaitn: La Fiscala no investiga cuando nos amenazan, pero es rpida para judicializarnos. Tras las movilizaciones contra los abusos de la Pacific Rubiales, la Fiscala acus a Hctor Snchez y Dilio Naranjo por los delitos de obstruccin de la va pblica, concierto para delinquir, secuestro, amenazas. La Fiscala y la empresa hacen causa comn para apresarlos. [1]

Hoy 19 de enero, hace un ao, fue desaparecido y asesinado el joven dirigente popular Carlos Pedraza Salcedo, integrante del Congreso de los Pueblos. La investigacin no avanza en la Oficina 98 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscala y el caso sigue, como tantos otros, impune. Su hermano Gustavo estuvo refugiado en Gijn y bajo proteccin internacional, acogido por el Programa Asturiano de atencin a Vctimas de la violencia en Colombia.

Hay centenares de personas que defienden los derechos humanos en alto riesgo en Colombia. El gobierno slo protege a algunos. Sus medidas resultan insuficientes e ineficaces, sobre todo si no se acaba con la impunidad y con el paramilitarismo.

En Colombia hay lucha social y esperanzas de paz con justicias social, pero no hay garantas.


Notas

[1] Entrevista de la XI Visita Asturiana con dirigentes de la USO. Campo Rubiales, Puerto Gaitn, Meta, 21 de feb/15.

Javier Orozco Pearanda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos, Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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