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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-01-2016

Seamos audaces
Las medidas de amnista aprobadas en La Habana deben aplicarse ya

Delegacin de paz de las FARC EP
Rebelin


Desde el inicio de las conversaciones las FARC-EP hemos venido exponiendo al pas, la grave crisis humanitaria que enfrentan los prisioneros polticos en Colombia, y planteando alternativas para su liberacin, dentro de lo contemplado en el punto 3.3 del Acuerdo General de la Habana. Habiendo avanzado en extensos debates y en importantes acuerdos parciales que nos permiten avizorar la anhelada paz, hoy es claro que la libertad de todos los procesados y condenados por motivos polticos ser pieza angular para el fin del conflicto.

En recientes declaraciones el Fiscal General de la Nacin, propone sustituir las medidas privativas de libertad, con beneficio de excarcelacin, para los condenados y procesados por hechos del conflicto, no solamente para los casos en que padezcan problemas de salud, indicando que existen vas en el ordenamiento jurdico, para ello incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. En palabras del Fiscal, estas personas podran quedar a disposicin de la justicia con la obligacin de permanecer en ciertos lugares del territorio.

Reconocemos la intencin del Fiscal de ponerse a tono con el proceso de paz y con los acuerdos del Estado colombiano de desescalamiento del conflicto, aunque aun persistan acciones en contrava de estos fines como el anuncio en das anteriores del vicefiscal Perdomo de 1500 nuevas investigaciones penales contra civiles pretendiendo procesarlos por delitos polticos.

La liberacin de los 30 indultados, as como la ejecucin efectiva de las medidas propuestas por la Fiscala, se configuran como un primer paso fundamental hacia la resolucin de la problemtica de los prisioneros polticos. Pero para que este proceso sea pleno, se requiere de la integracin al bloque de constitucionalidad del Acuerdo del SIVJRNR y el rpido trmite de la normatizacin de la amnista y el indulto consecuente a lo firmado, que permita la liberacin y excarcelacin de quienes hayan sido procesados por hacer uso del derecho a la rebelin o en ejercicio del legtimo derecho a la protesta social, as como medidas equivalentes para agentes del Estado.

Entre tanto y dentro de las posibilidades actuales para llevar el acordado desescalamiento del conflicto al terreno jurdico, queda en manos de la Presidencia de la Repblica la aprobacin de nuevos indultos; y en potestad de la autoridad del Fiscal General est la extincin de la responsabilidad penal para los miles de condenados y procesados por delitos polticos y de protesta social, as como la inhibicin de la Fiscala para nuevas investigaciones penales por rebelin y hechos del conflicto armado, incluyendo el fin de la expedicin de ms rdenes de captura derivadas de estos procesos; todo ello sustentado en el notorio desarrollo del proceso de dilogos y los incontrovertibles gestos de paz de las FARC-EP.


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