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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2016

Presos polticos en Amrica Latina

Jesus Gonzlez Pazos
Rebelin


Estamos relativamente acostumbrados en los ltimos tiempos a escuchar y leer noticias sobre presos polticos en Venezuela. Sin embargo, al margen de que esto sea verdad o mentira, pues no tiene este escrito ese objetivo, pero si al hilo de estas informaciones, parece necesario y de cierta urgencia denunciar otras realidades ocultas en esta misma materia.

De hecho, los mismos medios de comunicacin que en los ltimos meses bombardean con su denuncia de la existencia de dichos presos polticos y los mismos polticos que realizan continuas declaraciones sobre este mismo asunto, ocultan sistemticamente esa realidad en otros pases del mismo continente. Esto, se constituye en evidencia clara respecto a la verdadera e interesada preocupacin de unos y otros por la violacin de los derechos humanos. Parece que stos ltimos siguen sin ser iguales para unos y otros, ni alcanzar a todos; luego, deberamos de poder deducir que la denuncia principalmente responde a simples intereses polticos e ideolgicos ms que humanos.

Sin embargo, aunque sin ocupar portadas, hoy en da y desde hace ya alguna dcada, autoridades y militantes indgenas han sido, y son, criminalizados y encarcelados por sus actividades polticas. Acciones que no pretenden sino la defensa de los derechos territoriales, del derecho a la vida digna, a la identidad y a la existencia de estos pueblos. Son, adems, actividades que cuentan con el respaldo de amplios y reconocidos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en general, y de los pueblos indgenas en particular. stos son los casos del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaracin de Derechos de los Pueblos Indgenas de las Naciones Unidas. Ambos instrumentos, ratificados y respaldados para su aprobacin por la prctica totalidad de gobiernos latinoamericanos y europeos, establecen entre otros la proteccin al territorio y a la jurisdiccin propia sobre los mismos, adems de reconocer el derecho de autodeterminacin. Pero tambin el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo que las comunidades pueden ejercer ante cualquier actuacin pblica o privada que se prevea y que opere contra los intereses y derechos de estos pueblos; y los gobiernos estn obligados adems a establecer todos los mecanismos y condiciones necesarias para ejercitar estos derechos plenamente. En suma, hablamos de instrumentos internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indgenas.

A pesar de lo anterior, pases como Guatemala, Colombia o Chile, hoy encarcelan en sus prisiones a personas de pueblos como el qanjobal, mam, nasa o mapuche. Obligado es hacer una mencin especial a la existencia tambin de mujeres indgenas presas polticas y el agravamiento que la condicin de gnero supone en estos procesos de criminalizacin y encarcelamiento para ellas.

Por otra parte, en este contexto de denuncia de los gobiernos de turno de estos pases por la existencia de presos polticos, y de todos aquellos medios de comunicacin que interesadamente ocultan esta realidad, es obligado tambin precisar que dicha denuncia debe incluir igualmente a las empresas transnacionales, autnticas coprotagonistas de esta situacin.

Como ya sealamos antes, en la mayora de los casos estas personas estn presas por la lucha constante, bajo mandato colectivo de sus comunidades, por la defensa de los territorios. Sin embargo, el motivo de esta lucha radica en el hecho de que en el sistema neoliberal dominante hoy en estos pases, los gobiernos entregan, sin consulta ninguna a las comunidades y pueblos (tal y como obligan los instrumentos internacionales) dichos territorios a empresas transnacionales o nacionales para su explotacin y esquilmacin. Empresas de sectores como el minero, energtico o forestal que destruyen y contaminan de forma sistemtica estos espacios llenos de biodiversidad y condiciones para la vida y que han sido, en la mayora de los casos, territorios donde estos pueblos han generado las posibilidades para su susbsistencia, sabiendo perfectamente manejarlos y conservarlos durante cientos de aos. Sin embargo hoy, se les criminaliza, se les expulsa, se les encarcela o se les obliga a vivir en condiciones de miseria y empobrecimiento en esas tierras que siempre fueron suyas. Sealar que la inmensa mayora de estas transnacionales son norteamericanas o europeas y todas ellas respaldan ciegamente sus actuaciones en aras del desarrollo contando con el respaldo, tambin ciego, de los respectivos gobiernos. Apoyo que ahora se ver multiplicado por medio de tratados recientemente firmados, o por firmar, como son los de libre comercio (TPP, TTIP), facilitando an ms si cabe el descontrol absoluto respecto a la explotacin y destruccin de la naturaleza, adems de la violacin de derechos laborales, sociales o polticos. Todo en beneficio del mercado.

Pero, volviendo a centrar el tema de este texto, es ahora importante clarificar cmo definen estos pueblos la figura de preso poltico en este contexto de ataques pblicos y privados. Para ellos, preso poltico es toda persona privada de libertad por su participacin en acciones por la recuperacin y defensa de sus territorios y/o por el ejercicio del control territorial sobre espacios recuperados o bajo amenaza de ser invadidos. As mismo, quienes realizan acciones de resistencia ante la violencia del estado o de otros actores armados, as como por participar en movilizaciones que reivindican los derechos polticos, sociales, econmicos y culturales de estos pueblos.

Pues bien, pese a la declaracin oficial de ser estados democrticos que han ratificado convenios internacionales que reconocen el derecho a estas actuaciones, o pese a estar en procesos de conversaciones de paz que acaben con conflictos armados de dcadas, los gobiernos neoliberales y/o socialdemcratas de Guatemala, Colombia y Chile tienen en sus crceles varias decenas de presos polticos (muchos con carcter preventivo), as reconocidos por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, o por la Relatora Especial para Pueblos Indgenas, o el Relator para los Derechos Humanos, ambas figuras del sistema de Naciones Unidas.

Como sealbamos al principio de este texto, se han escrito ros de tinta, se han hecho infinidad de crnicas sobre el gobierno venezolano y la existencia de presos polticos. Sin embargo, ni una dcima parte se ha escrito o contado sobre los presos indgenas con esta misma caracterizacin (polticos) en Amrica Latina. Es la lucha silenciosa y la criminalizacin de la misma por defender la tierra y el territorio, por promover el respeto a la madre tierra, por pretender una vida en plenitud para estos pueblos. Pero es tambin la lucha constante contra los intereses de las lites econmicas (transnacionales) y polticas que sostienen y desarrollan este injusto sistema de dominacin. Por eso, la mayora de los medios de comunicacin y de la clase poltica tradicional, tanto en ese continente como en el europeo, nos seguirn bombardeando con sus crnicas y declaraciones sobre Venezuela; pero, al mismo tiempo, seguirn invisibilizando, ocultando, la existencia de presos polticos indgenas en Amrica Latina por defender los derechos humanos individuales y colectivos. No interesa al sistema dominante, a los mercados, luego no debe de ser noticia ni motivo de declaracin o accin poltica.


Jesus Gonzlez Pazos, Miembro de Mugarik Gabe

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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