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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-01-2016

Inseguridad y violencia en Morelos en medio de la crisis poltica y social nacional

Partido Revolucionario de los Trabajadores
Rebelin


La poblacin en el Estado de Morelos est viviendo en medio de una grave crisis de inseguridad y violencia que sobresale de entre situaciones similares que se viven en todo Mxico. La situacin en Morelos pone al desnudo la vinculacin entre las instituciones del Estado y la industria criminal que lleva a su extremo la descomposicin capitalista en el aspecto fenomnico de la barbarie. La barbarie capitalista de la violencia ligada a los negocios de la droga, ocurre simultneamente con la agudizacin de la desigualdad social y la privacin de derechos humanos de la mayora, mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para impedir que las protestas sociales se transformen en luchas antineoliberales, por derechos humanos plenos para todas y todos y en ltima instancia anticapitalistas..

El asesinato de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, es el caso reciente que ha impactado social y polticamente, en un estado donde existen precedentes importantes, impunes y sin solucin como la desaparicin de nuestro camarada Jos Ramn Garca Gmez en 1988, la masacre de indgenas en Xoxocotla en 1989, los crmenes que detonaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2010, la desaparicin de Jehtro Ramss Snchez Santana o el feminicidio de Doa Petra Bentez Barrios junto a su hijo y su nieto, que forma parte de los 633 feminicidios documentados por la CIDHM del ao 2000 al 2015 para fundamentar la solicitud de Alerta de Violencia de Gnero, as como la desaparicin y asesinato del activista Gustavo Delgado Salgado.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar polticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional diseada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un cncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando gravemente la vida y la libertad de la mayora de la sociedad.

Si la desaparicin forzada de nuestro camarada Jos Ramn nos permiti identificar con claridad a sus autores materiales y lograr que fueran llevados a la crcel, demostrando que fue el propio Estado a travs de un grupo de policas creado para perseguir militantes revolucionarios y luchadores sociales, no se logr esclarecer definitivamente su paradero y establecer la verdad histrica que el gobierno se empea en ocultar. Un dato no menor es que Jos Ramn fue candidato a la Presidencia Municipal de Cuautla en 1988, por lo que los atentados de ndole poltica tienen antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situacin actual. El caso de Jehtro Ramss a su vez mostr que la biopolitica de la desaparicin forzada se haba extendido a cualquier persona sin que necesariamente llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social. Hoy existen 93 casos de desaparicin en dos aos en Morelos y sobre todo mujeres jvenes.

El feminicidio de Doa Petra ocurri igualmente contra una abuela que se transform en activista en la defensa de los derechos del pueblo luego de la masacre de Aguas Blancas y de la persecucin que sufri su familia campesina a manos del Estado y policas privados hasta arrancarle la vida. Este ejemplo paradigmtico forma parte de la larga lista de impunidad en que permanecen la mayora de los feminicidios en Morelos durante ms de 15 aos. En menos de un mes se han presentado ya 5 feminicidios en enero de 2016.

La desaparicin y asesinato de Gustavo Salgado Delgado, militante del FPR, ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se extiende cada vez ms bajo un gobierno perredista que no se distingue de sus antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni se logre la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase de hechos no se repitan.

Psimos antecedentes de una justicia al mejor postor que tienen un sesgado carcter de clase, donde nicamente se detiene a quienes atentan contra la vida de los poderosos econmica y polticamente, sin que se haga justicia a la mayora de vctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin rostro, que se llegan a excluir inclusive de las estadsticas oficiales.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la par de las polticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las necesidades econmicas y polticas de los grupos de poder capitalistas hegemnicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las polticas de bienestar social , al juzgar como empresas privadas servicios sociales y fortalece el aparato represivo policiaco y militar. En Morelos en su momento el gobierno panista de Marco Adame y ahora el perredista de Graco Ramrez, aplicaron la poltica de guerra contra las drogas diseada por Caldern, encubriendo el objetivo real de la lucha entre diversos grupos por el control monoplico de las ganancias del negocio del narcotrfico. La militarizacin de la seguridad pblica es consecuencia de los afanes de elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios ilcitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una guerra, oculta primero, y luego abierta. La produccin, trasiego y consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de sta supuesta guerra, donde en lugar de disminuir el narcotrfico se instala en prcticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policas y militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de los altos intereses econmicos en juego. No hay delincuencia organizada sin complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las estructuras de poder estn imbricadas con la corrupcin y sus efectos corrosivos.

El gobierno priista fue el que estableci acuerdos polticos estratgicos con el gobierno norteamericano para ser una plataforma de produccin de drogas desde los aos de la guerra de Corea, y lo sigue siendo para abastecer el mercado ms grande del mundo que se ubica precisamente entre la poblacin norteamericana. El mercado mundial del narcotrfico genera ganancias de ms de 500 mil millones de dlares anualmente y de ellos se quedan en las entraas del imperialismo ms del 80% dejando el resto para los pases productores. El nmero de vctimas mortales es inversamente proporcional al destino de las ganancias. En esta historia son los pueblos pobres los que siguen siendo explotados por el poder del capital. Las crceles en los propios Estados Unidos estn llenas de afodescendientes, migrantes latinos, pobres y desempleados. Del mismo modo, las crceles en Mxico crece la poblacin juvenil y de acusados de estar ligados a delitos por trasiego de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en remendar las heridas humanas.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos est embarcado en justificar su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando nico, sin modificar un pice las polticas dominantes que criminalizan a los jvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado que hoy son identificados de una manera y maana crecen y se multiplican porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que es la obtencin de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del capital neoliberal y mafioso. Estado criminal. Estado mafioso. Narcoestado. Estado policaco. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar plenamente la enorme descomposicin institucional en aras de mantener el poder en unas cuantas manos. El asesinato de la Presidenta Municipal de Temixco se utiliza para imponer el Mando nico en todo Morelos pero tambin el gobierno de Pea Nieto lo utiliza, as como la colaboracin de Graco Ramrez para justificar e imponer el mando nico en todos los estados de la Repblica.

La alternativa a la violencia criminal e institucional no es el Mando nico que se ubica en la misma lgica de militarizacin de la sociedad y que incrementa violencia contra la sociedad.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es una expresin de la barbarie. Descomposicin del tejido social que implica romper las relaciones de solidaridad por el slvese quien pueda del individualismo egosta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten unas a otras y sin discriminacin ni violencia. Derechos y libertades democrticas que han sido producto de las luchas histricas de los pueblos y no concesin gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados sistemticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la izquierda socialista en nuestro pas. Desde los aos 70s la formacin de los comits contra la represin, por la libertad de las y los presos polticos, por la presentacin de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares como las doas del Comit Eureka y apoyadas por el PRT y mltiples organizaciones polticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos humanos, se fortaleci sobre todo durante los aos 80s a la fecha. Una cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas sociales que resienten y resisten ante las consecuencias de la ofensiva privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

La crisis del sistema de dominacin, expresada con mayor claridad desde las multitudinarias protestas contra el gobierno de Pea Nieto, a raz sobre todo, de la tragedia de Iguala con los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, ha crecido con ondas expansivas en todo el pas. Morelos no es la excepcin. A la estrategia militarista de la seguridad pblica se han sumado todos los partidos con representacin institucional. El gobierno de Graco Ramrez en Morelos se asume como el promotor principal de la estrategia de centralizacin de la polica con un Mando nico, bajo una perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicacin de la justicia que stos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupcin generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las vctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la capacidad de organizacin autnoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han impactado socialmente en nuestro pas, para no olvidar que si es el Estado el responsable, por accin u omisin, de stos crmenes, se requiere una estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de derechos humanos sin concesin alguna a quienes usan y abusan del poder. Y si el Estado es responsable de estos crmenes y la violencia institucional es una poltica de Estado, la lucha por el respeto a los derechos humanos es tambin una lucha poltica. Una lucha contra el poder oligrquico neoliberal y sus partidos. Ninguna confianza en que los gobiernos emanados del PRD puedan encabezar una lucha contra sus aliados de otros partidos como el PRI o el PAN, incluyendo a los otros que comparten la responsabilidad en crmenes de lesa humanidad. No olvidamos que en Iguala y en el Gobierno de Guerrero fue el PRD el partido que tena el poder al momento de la desaparicin de los 43 de Ayotzinapa. No es casual que en medio de la crisis en Temixco, las distintas facciones del PRD se acusen mutuamente de estar tras el feminicidio de Gisela Mota y aprovechen para instalar el Mando nico por decreto en 15 municipios, incluyendo Temixco y Cuernavaca, en medio de ataques y descalificaciones con el gobierno de Cuauhtemoc Blanco, para que se acepte esta estrategia severamente cuestionada desde la defensa de los derechos humanos.

Por eso se requiere fortalecer la denuncia nacional e internacional de stos crmenes, y exigir justicia en los casos como el de Gisela Mota y el de Doa Petra Benitez Barrios y los cientos de feminicidios, exigir que todas las medidas de la Alerta de Violencia de Gnero sean aplicadas sin simulaciones para detener y erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice la seguridad pblica y los militares regresen a sus cuarteles, que haya esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde Jos Ramn hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad para Gustavo Salgado Delgado y los decenas de jvenes que han sido asesinados, como los 29 casos que se han acumulado en menos de un mes en enero de 2016, en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que se detenga esta ola de violencia en Morelos.

Con nuestro respaldo a la lucha de organizaciones como la Comisin Independiente de Derechos Humanos, a defensoras y defensores, a periodistas y a pueblos que luchan de manera autnoma en Morelos, exigimos respeto a su labor y actividades que llevan a cabo.

Nuestro compromiso militante en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de Violencia de Gnero en todo el pas. Esta ser una forma de respaldo a la lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin militarizacin ni mando nico, con pleno respeto a los derechos humanos.

Por un Gobierno Obrero y Campesino. 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) - Comit Poltico, Ciudad de Mxico, enero de 2016


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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