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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-02-2016

La investigadora Erika Gonzlez (OMAL) y el activista lex Guillamn (Entrepobles) presentan la Campaa Stop Corporate Impunity en Valencia
Ninguna empresa del IBEX 35 respeta los derechos humanos

Enric Llopis
Rebelin


En mayo de 2010 el Tribunal Permanente de los Pueblos, de carcter no gubernamental y con origen en el juicio a Estados Unidos por los crmenes cometidos en la guerra de Vietnam (Tribunal Russell), denunci a ms de 40 multinacionales europeas por la violacin de los derechos de las poblaciones. El tribunal tico seal a la multinacional Agrenco, con sede en Pases Bajos, por la destruccin de territorios indgenas en el estado de Mato Grosso (Brasil). Tambin a la compaa Aguas de Barcelona, por la sobreexplotacin de acuferos en el municipio mexicano de Saltillo. A la transnacional francesa Louis Dreyfus, debido a la expansin del monocultivo de la caa de azcar, que amenazaba a los pueblos Guaran Kaiow en Brasil. La empresa Syngenta, constataba la sentencia, contrataba mercenarios en Brasil y contaminaba la tierra con agrotxicos, mientras que otra multinacional, Impregilo, amenazaba con una presa hidroelctrica el ro Sogamoso (Colombia) y su entorno. Entre otros proyectos, se denunciaban asimismo las centrales hidroelctricas sobre el ro Madeira del Banco Santander, Banif y GDF-Suez.

El 29 de enero de 2016 se present en el Centro Social La Colectiva del barrio del Cabanyal, en Valencia, la campaa Stop Corporate Impunity, desmontando la arquitectura de la impunidad de las transnacionales. Las ONG denunciaron en 2013 a la compaa Hidralia por desarrollar, mediante sus filiales, proyectos de represas hidroelctricas en el norte de Guatemala. lex Guillamn, coordinador-tcnico de Entrepobles, seala a esta elctrica gallega como ejemplo de actividades predadoras en Amrica Latina. A partir de la experiencia de esta ONG en el acompaamiento a comunidades amenazadas, agrega otro ejemplo, el de Gas Natural Fenosa, que ha impulsado macroproyectos en Nicaragua, Guatemala, Colombia y Repblica Dominicana. Las grandes represas han provocado el desplazamiento de poblaciones sin la previa consulta a la que tericamente tienen derecho, apunta el activista. A ello se aaden las amenazas y la represin por parte de los servicios de seguridad de las empresas. En el caso de Gas Natural Fenosa, tambin dedicada a la distribucin y el consumo de energa elctrica, se han producido quejas por desatencin a comunidades sin recursos y abusos en las tarifas.

Ninguna empresa del IBEX 35 cumple con los derechos humanos, prcticamente todas han acumulado el poder econmico y beneficios a costa de su violacin, sostiene Erika Gonzlez, investigadora del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) de la asociacin Paz con Dignidad, que ha publicado el Diccionario Crtico de empresas Transnacionales y los libros Contra la Lex Mercatoria o Marca Espaa. Participa en la iniciativa Desmontando el poder corporativo, de la que forman parte cerca de 200 organizaciones, plataformas y redes, y en la constitucin de un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Transnacionales. La investigadora, que ha participado con lex Guillamn en la presentacin de la iniciativa Stop Corporate Impunity en Valencia, recuerda que Repsol ha contaminado territorios en los que habitan pueblos indgenas y provocado desplazamientos en Colombia, Per, Ecuador y Argentina. Denuncia asimismo actuaciones de Iberdrola, como la construccin de grandes campos elicos en el Istmo de Tehuantepec (Mxico); esta multinacional cuenta adems con acciones en el consorcio que construye la gran presa hidroelctrica de Belo Monte, en plena amazona brasilea.

Uno de los puntos fuertes de la campaa es la crtica a la Lex Mercatoria, que Guillamn define como el conjunto de acuerdos y convenios entre gobiernos y transnacionales o TLC firmados por los estados, que permiten a las corporaciones tener cada vez ms poder para invertir donde y como quieran. Erika Gonzlez resalta mecanismos como la clusula ISDS del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unin Europea y Estados Unidos o el CIADI del Banco Mundial, tribunales de arbitraje a los que recurren las multinacionales cuando consideran que los estados han aprobado una ley o impulsan polticas que vulneran sus derechos comerciales.

La investigadora de OMAL pone el ejemplo de Abengoa, empresa al que el municipio mexicano de Zimapn le neg la posibilidad de construir un depsito de residuos peligrosos a travs de la filial Befesa. La instalacin estaba prevista a dos kilmetros de una reserva natural y a menos de 500 metros de una comunidad indgena. Tras la demanda de Abengoa por lucro cesante, en 2013 el CIADI resolvi que el estado mexicano tena que abonar a esta corporacin entre 42 y 45 millones de dlares. No son pblicos, aade lex Guillamn, se trata de tribunales especiales de carcter privado que atacan el principio de justicia universal. Los fallos no son apelables, adems, las organizaciones sociales han sealado la dimensin crematstica del procedimiento: se calcula un coste de mil dlares por hora y abogado, y se trata de letrados que en otros juicios defienden a las mismas transnacionales.

Entrepobles denuncia desde hace ms de una dcada proyectos de corporaciones que vulneran los derechos humanos en Amrica Latina. lex Guillamn participa adems en la campaa contra el TTIP. Subraya el impacto de proyectos como la central hidroelctrica Neltume, impulsado por Endesa Enel en la Comuna de Panguipulli, en territorio mapuche. Amrica Latina est plagada de conflictos ambientales, que afectan sobre todo a comunidades indgenas y campesinas, explica. Pero tambin es un territorio de resistencias, como la de los pueblos de la Amazona ecuatoriana contra la petrolera Texaco-Chevron, que durante 25 aos ha contaminado ros y provincias como las de Sucumbos y Orellana. Erika Gonzlez se fija asimismo en las agresiones perpetradas, durante dcadas, contra las comunidades mapuches en Argentina. Se producan en la poca en que YPF era una empresa estatal, cuando operaba como YPF-Repsol (entre 1999 y 2011), y en la actualidad de nuevo como YPF.

La activista recuerda, por otro lado, el enorme impacto de la presa hidroelctrica de Ralco en Chile, inaugurada por Endesa Enel en la regin del Alto Biobo en 2004. El macroproyecto afectaba a los territorios del pueblo mapuche Pehuenche. Otro ejemplo destacado es el de la central hidroelctrica Quimbo, en el departamento colombiano de Huila. Pero las conductas predadoras de las compaas no se producen slo en entornos rurales y del interior. As, Telefnica ha sido denunciada por violacin de la libertad sindical y derecho fundamental al trabajo digno en Chile. Y grandes bancos como Santander o BBVA, por participar con sus inversiones en el comercio de armas o en iniciativas de gran impacto ambiental.

Hay una responsabilidad de los gobiernos, tanto de los pases de los que proceden las empresas matrices, como de los receptores de las inversiones? Erika Gonzlez responde afirmativamente. Lo hacen con medidas polticas y jurdicas que facilitan la expansin internacional de las empresas, con TLC y tratados de proteccin de las inversiones. Adems, ponen a disposicin de las corporaciones todo su aparato diplomtico. En cuanto a los pases del Sur, cita el caso paradigmtico de Colombia, pas que desde antes de los gobiernos de Uribe hasta la actualidad, ha amparado la violacin de los derechos humanos cometidos por las transnacionales. En otras ocasiones las fuerzas de seguridad del estado, sean de Colombia, Guatemala o Per, entre otros pases, se han puesto a disposicin de las multinacionales y han reprimido con dureza la oposicin social a stas.

En los pases del Norte, las complicidades pueden observarse en el mecanismo de las puertas giratorias. Guillamn recuerda las conexiones entre los partidos polticos y las empresas elctricas en el estado espaol, de hecho, altos cargos del PP, PSOE, CIU y PNV han terminado en la direccin de Endesa, Iberdrola, Acciona, Repsol, Gas Natural Fenosa o Petronor. Constata adems que prcticamente todos los pases estn aprobando legislaciones similares a la ley mordaza espaola, incluso mucho ms graves, ya que permiten a los cuerpos policiales y de seguridad de las empresas actuar impunemente. Gobiernos de diferente signo, como los de Guatemala, Ecuador, Bolivia, Per y sobre todo Colombia, que ha militarizado su territorio, han impulsado una legislacin de estas caractersticas. En Colombia tanto los grupos paramilitares como el ejrcito actan totalmente como fuerzas de seguridad de las multinacionales, remata el activista de Entrepobles.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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