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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-02-2016

Honduras
La sentencia de la Corte IDH, el derecho a la consulta y la represa en la comunidad garfuna de Sambo Creek

OFRANEH
Rebelin


El pasado 18 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emiti dos sentencias en las que conden al Estado de Honduras por la violacin a los derechos colectivos de las comunidades Garfunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Las sentencias son contundentes sobre las violaciones que se han dado en relacin al Derecho a la Consulta en las comunidades Garfunas.

El Derecho a la Consulta que poseemos los pueblos indgenas de Honduras ha sido denegado desde el ao 1995, cuando fue ratificado el Convenio 169 de la OIT, el que en su artculo 6 establece el derecho a la consulta mediante procedimientos apropiados y en particular a travs de sus instituciones representativas. De igual manera la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, ratificado por el Estado de Honduras en el ao 2007, seala como imprescindible la Consulta, Previa, Libre e Informada.

A pesar de las sentencias emitidas en contra del Estado de Honduras, las comunidades Garfuna se ven acosadas por un sinnmero de leyes y decretos emitidos, especialmente despus del golpe de estado 2009. Desde la Ley de propiedad (2004) hasta la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico (2013), estn diseada para destruir la propiedad comunitaria y la entrega del territorio Garfuna al capital extranjero.

  La Represa en el ro Cuyamel y los derechos colectivos de la comunidad Garfuna de Sambo Creek

Tanto el ro Cuyamel como el ro Sambo, ubicados en el territorio de la comunidad Garfuna, han sido objetos de estudios de factibilidad para la construccin de represas hidroelctricas, y desde el ao pasado para la construccin de un acueducto destinado a suplir agua potable a la ciudad de La Ceiba.

Desde el ao 2006, la Municipalidad de la Ceiba ha venido participando en la entrega de los ros a diferentes empresas, sin haber efectuado consulta previa alguna con la comunidad. Desde la familia Lafitte, hasta los Cantero Ocho y posteriormente el clan de los Ponce han pretendido construir represas en los ros de Sambo.

Para el ao 2014, a travs de medios de prensa escrita, la comunidad de Sambo se entera de la iniciativa promovida por la Municipalidad de La Ceiba, de la construccin de un proyecto multiuso, que incluye una hidroelctrica y al mismo tiempo un acueducto para La Ceiba, ciudad que padece de una enorme escasez de agua a pesar de encontrase circundada de ros y sobre uno de los mayores acuferos del pas.

Para la comunidad es inaudita la actitud asumida por el Alcalde, ya que en mltiples ocasiones fue advertido sobre la posicin de la comunidad en relacin a la defensa de sus bienes comunes, confirmando de esta forma el desdn de los polticos y empresarios hondureos hacia los derechos de los pueblos indgenas y sus territorios.

En el 143 avo Perodo de Audiencias de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, efectuado en Washington a finales mes de octubre de 2011, se ventil el caso de las Violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras, siendo uno de los casos incluidos en la audiencia, el de la comunidad Garfuna de Sambo Creek, en la que sin haber efectuado la debida consulta, previa, libre e informada, la Secretara de Recursos Naturales (SERNA) procedi a otorgar en un tiempo rcord de un mes y diez das, una licencia ambiental para la construccin del Proyecto la Ensenada, en Ro Cuyamel, parte del hbitat funcional de la comunidad de Sambo Creek. Casualmente la familia Ponce, promotora del proyecto est relacionada con el ex Vice Ministro de Agricultura y Ganadera de la administracin de facto. El gobierno de Micheletti emiti de forma expedita -algo inusual en Honduras- licencias ambientales para proyectos hidroelctricos, y de extraccin minera, desconociendo tanto el Convenio 169 de la OIT as como el Convenio de Diversidad Biolgica (artculo 8j y 10c).

La delegacin por parte del Estado de Honduras seal ante la Comisin, que esa instancia no era la adecuada para ventilar el 169 de la OIT, demostrando de esta forma una insospechada ignorancia del Estado sobre el papel de la Comisin y los derechos de los pueblos indgenas. Cabe sealar que la Comisin considera el Convenio 169 de la OIT, La Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, y el Proyecto de Declaracin Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, como parte del corpus juris coherente que define las obligaciones de los estados miembros de la OEA.

  Erosin costera y conservacin de la cuenca hidrogrfica

Las playas de las comunidades Garfunas viene siendo paulatinamente devoradas por el mar, situacin que representa un enorme peligro para nuestro futuro, ya que las comunidades se encuentran localizadas en las playas, deltas de ros y cordones litorales.

A partir del huracn Mitch la erosin costera parece ser imparable, y hoy en da en la mayora de las comunidades, prcticamente el mar se encuentra a escasos metros de la primera lnea de casas y ante la inexistencia de barrera naturales de proteccin, como lo eran los cocos, icacos y uvas de mar, el avance de la erosin es inevitable.

Los ros son la fuente de arena que nutre las playas, y al represar su caudal se elimina la posibilidad del arribo de sedimentos a las desembocaduras y playas adyacentes. La construccin de una presa en el Cuyamel intensificar el fenmeno de la erosin costera que tanta est afectando a Sambo Creek.

  Denegacin sistemtica del Derechos a la Consulta en Honduras

A partir de la ratificacin del Convenio 169 de la OIT (1995 ) y de la Declaracin de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indgenas (2007) poco o nada ha tratado de hacer el estado de Honduras al respecto. Las violaciones al derecho a la consulta que poseemos los pueblos se han diluido en un mar de inconsistencias, en donde es imposible distinguir entre la ignorancia supina y la negligencia.

Desde la Ley de Propiedad creada por el Banco Mundial en el marco de su proyecto de administracin de tierras, conocido como PATH, diseado para destruir la propiedad comunitaria a travs de su artculo 100, hasta la entrega de la plataforma continental a la compaa British Gas, pasando por la apropiacin de las cuencas hidrogrficas promovida por la iniciativa privada, y la privatizacin del mar con una ley que remeda el fiasco impuesto en Chile; las administraciones gubernamentales han demostrado la tendencia a favorecer los intereses de la narco elite que ha venido destruyendo a Honduras. Los ejemplos de distorsin del Derecho a la Consulta y la manipulacin de algunos supuestos lderes indgenas que viven de la mendicidad estatal en Tegucigalpa, forma parte de ese desarrollo tan conveniente a la cooperacin y los capitales trasnacionales.

En el caso de las autoridades municipales de La Ceiba y la imposicin que pretenden efectuar de la represa en Sambo Creek, a los pocos das de haber sido condenado Honduras en la Corte IDH por los casos de Triunfo y Punta Piedra, es un indicador de la ausencia de compromiso que padecen la administracin gubernamental de turno. La OFRANEH exige el apego a los Convenios y Declaraciones internacionales que el estado de Hondura ha suscrito y ratificado desde hace ms de dos dcadas.

Organizacin Fraternal Negra Hondurea, OFRANEH.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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