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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-02-2016

Crnica de una venganza anunciada

Brbara Ester
Rebelin


A partir de 2003 la Secretara de Derechos Humanos (Argentina) fue dirigida por un abogado ex preso poltico, Luis Eduardo Duhalde, y sucedido en 2012 hasta 2015 por Martn Fresneda, hijo de militantes desaparecidos. Desde entonces la cpula de las Fuerzas Armadas fue descabezada, se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se patrocin una oleada de juicios que inclua la complicidad cvico-militar. Asimismo, 119 hijos de detenidos-desaparecidos recuperaron su identidad gracias al mejoramiento del sistema de bsqueda (Banco Nacional de Datos Genticos). Ex Centros Clandestinos de Detencin (CCD) y otros sitios vinculados con el accionar del Terrorismo de Estado se convirtieron de Espacios de Memoria, lo que implic su desafectacin para uso policial o militar y su completa transformacin en centros de investigacin, educacin y promocin de derechos.

En el transcurso de la campaa por la presidencia Mauricio Macri abogaba por la reconciliacin y el dialogo, lo que llev a pensar que la mayora de los bastiones kirchneristas seguiran en pie, ese era el cambio que los analistas anunciaban en sus encuestas. Dos das antes del ballotage la actual Casa de la Memoria, ex Mansin Ser, -el centro clandestino de tortura y detencin de mayor envergadura de la zona oeste de Buenos Aires- amaneca escrachada, el 22 se termina el curro. Los muros del oscuro pasado re-significado ya anunciaban un cambio de 360 grados, de nuevo al punto de partida pero con un nuevo-viejo relato en disputa.

El 23 de noviembre de 2015, a tan solo horas de conocerse los resultados del triunfo y desde la editorial del diario La Nacin, titulada No ms Venganza, comenzaba la inauguracin oficial del revanchismo. La instauracin de una mirada que cuestiona -en primer lugar- el reconocimiento histrico a las organizaciones de DDHH a las que acusa de distorsionar la historia con fines polticos populistas. La caracterizacin habilitaba entonces el segundo punto, la demanda de los editores: prisin domiciliaria a los ex genocidas. Por ltimo, si bien dejaba la puerta abierta para nuevas investigaciones por violaciones de DDHH, frenaba de lleno cualquier complicidad civil y econmica. Los desaparecidos no eran la juventud maravillosa, sino la guerra sucia. No haba ninguna pica, sino distorsin que el propio kirchnerismo haba logrado instalar. La justicia contra los militares haba sido un espejismo.

El orden macrista decidi, frente a ello, deskirchnerizar la poltica y las instituciones. No solo en el mbito de los derechos humanos, sino en todo el Estado. Ms de tres mil despidos en ministerios clave como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el ex Centro Cultural Kirchner, el Ministerio de Industria y Secretara de Comercio Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete y Presidencia y organismos como AFSCA, OCCOVI u ORSNA.

Los gestos simblicos han sido abundantes: desalojar de la ex Esma al galpn donde Andrs Zerneri se encuentra trabajando en la realizacin del monumento a la mujer originaria, la primera desaparecida, o la prohibicin del nombre de Laura Bonaparte, madre de plaza de Mayo, para un hospital. El ministro de cultura porteo, Daro Loprfido critico la cifra de 30.000 desaparecidos, intentando establecer una verdadera estadstica sobre dichos casos. El mismo da que desde la cuenta de Twitter oficial de Casa Rosada, Sara Rus fuera considerada vctima de la intolerancia, y no sobreviviente de dos genocidios -el nazismo y la dictadura argentina, la cual desapareci a su hijo-. Desde ya no se trata de un escabroso altercado lingstico, el nuevo gobierno busca retirar a los detenidos-desaparecidos de la rbita estatal y convertirlos en vctimas de un terrorismo difuso y sin Estado, donde existieron excesos en ambos bandos. A menos de dos meses de la asuncin del nuevo gobierno, el cambio de paradigma se viene ejecutando fielmente. El rol de la teora de los dos demonios, es la de ser garante de la realizacin simblica del genocidio, porque su afn es la destruccin de los lazos sociales, implica borrar su identidad y cualquier vestigio de accin colectiva. La recuperacin de la memoria, la verdad y la justicia es la nica garanta de que los hechos no se repitan.

Para imponer el ajuste no se escatimo en ejercer una suerte de poder pretoriano: represin, gatillo fcil, criminalizacin de la pobreza, la vuelta de las averiguaciones de antecedentes sancionadas por CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y detenciones arbitrarias a lderes de organizaciones opositoras como es el caso de Milagro Sala dirigente de Tpac Amaru y parlamentaria por el Parlasur- y Rodolfo Aguiar secretario general de ATE en la Universidad de COMAHUE- presos por protestar, luego de que la opinin publica haya sido adecuadamente fogueada, algo habrn hecho.

El decreto presidencial del 22 de enero declara la emergencia en materia de seguridad habilitndose medidas excepcionales en la lucha contra el narcotrfico. Esta decisin ha sido denunciada por diversos espacios polticos, sociales y acadmicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrtica y el grupo Convergencia, ya que da va libre a una serie de procedimientos de excepcin para aumentar el nmero de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Las FF.AA. adquieren a su vez la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin siquiera consultar a las autoridades polticas. La medida es inconstitucional ya que constituye una pena de muerte sumaria y encubierta, en contradiccin con el Pacto de San Jos de Costa Rica. Al mismo tiempo, el decreto de emergencia posibilita al Poder Ejecutivo a incrementar los gastos en tecnologa y armamento. Futuros condottieri de la guerra contra el narco pueden surgir y asumir un gran poder frente al Estado.

Algunos jueces hicieron lo suyo ni bien comenz el ao. Sobreseyeron a Ernestina Herrera de Noble (propietaria del diario Clarn) en la causa por apropiacin de menores y con un fallo unnime otorgaron la prisin domiciliaria de Rubn Alfredo Boan -acusado de secuestrar y torturar a ms de ochenta personas-.

A nivel regional, las rispideces del primer mandatario argentino con el gobierno venezolano ya se haban manifestado en la cumbre del Mercosur -realizada Asuncin, Paraguay en Diciembre de 2015- en torno a la liberacin de los denominados presos polticos venezolanos. En referencia a Leopoldo Lpez, quien fue condenado como autor intelectual de las manifestaciones de Febrero de 2014 que arrojaron un saldo de 43 muertos y centenares de heridos. Asimismo, el pasado mes de enero en la reunin de Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe -CELAC- realizada en Quito -Ecuador- la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti volvi a pronunciarse en esta direccin, reconociendo los lazos de solidaridad internacional entre ambos pases al haber recibido exiliados durante la dictadura argentina. Paradjicamente, la causa que ha condenado a trece aos de prisin a L. Lpez es instigacin a la violencia, la misma por la que Milagro Sala fue encarcelada en Jujuy ante el rechazo generalizado de un amplio espectro de la comunidad internacional. Pero a diferencia, que en el caso venezolano fue comprobado dicho delito, mientras que en el caso de la dirigente jujea son solo especulaciones o evidencias muy pobres.

Tanto en el mbito nacional como en el latinoamericano el macrismo se ha lanzado a impugnar el garantismo y la perspectiva de derechos humanos del gobierno anterior. Equilibrar la balanza y corregir distorsiones. As lo demostr el actual Secretario de DDHH Claudio Avruj recibiendo a una organizacin que representa a los militares muertos. Los grandes avances all producidos parecen entrar en momentos turbulentos, donde ms all de las organizaciones de derechos humanos, todava no vemos grandes resistencias sociales.

Brbara Ester/ CELAG

Artculo publicado en: http://www.celag.org/cronica-de-una-venganza-anunciada-por-barbara-ester/



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