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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2016

Servicios Pblicos en los tratados de libre comercio e inversin CETA, TTIP y TISA

Attac Madrid/Diagonal


Se negocian en secreto, proponen un nuevo modelo econmico, afectarn a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, en este proceso de mundializacin, modificarn incluso la economa de muchos pases que no estn en las negociaciones. Son nuevas vueltas de tuerca en esta fase devoradora del capitalismo que hemos dado en llamar neoliberalismo. Con la firma y connivencia de las lites polticas, se proponen garantizar los privilegios de las grandes multinacionales por encima de los derechos sociales de la mayora de la poblacin. Estamos hablando de los tratados de libre comercio e inversin (TLC).

Hay varios TLC en la agenda del comercio mundial: el Tratado Transpacfico (TPP ) lo acaban de firmar EEUU y varios pases de ambos lados del Pacfico. El Acuerdo Integral de Economa y Comercio entre la Unin Europea y Canad (CETA), cuya negociacin acab en septiembre de 2014, est en la fase de revisin jurdica, pendiente de ser ratificado por los parlamentarios en Europa y Canad. El Tratado Transatlntico de Comercio e Inversin (TTIP) que se negocia entre las dos potencias econmicas mundiales, los Estados Unidos y la Unin Europea, pretende fijar normas del comercio mundial armonizando a la baja cualquier normativa que proteja los derechos de los ciudadanos, consumidores o trabajadores. Normas y leyes que los representantes del poder corporativo consideran burocracia y costes innecesarios. Y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA), que se negocia an en mayor absoluto secreto por representantes de 50 pases, (incluidos los 28 de la UE representados por la Comisin Europea), pretende la desregulacin absoluta del mercado de servicios. Todos ellos tratan de una forma u otra del acceso al mercado de los servicios pblicos por inversores extranjeros.

Esta creciente ola de acuerdos comerciales es una amenaza directa para la prestacin de servicios pblicos de calidad. Los nuevos acuerdos fomentan la privatizacin, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en inters pblico y su fin principal es crear nuevos y poderosos derechos para los grandes inversores multinacionales.

Antecedentes

El neoliberalismo propone convertir en mercanca cualquier experiencia o actividad del ser humano y por eso desde siempre ha pretendido apartar de la gestin pblica la salud, la educacin, la asistencia social o la administracin de factores esenciales como vas de comunicacin, suministro de energa o el agua. Los predicadores de esa teora eximen al Estado de cualquier responsabilidad en la gestin del bien comn y en la correccin de desigualdades con mejor reparto de la riqueza, deja al individuo solo para solucionar sus problemas, lo convierte en gestor de su economa como si fuera un empresario y le hace culpable de su pobreza. Su mejor representacin ha sido en los ltimos aos el empeo de los poderes pblicos en culpabilizar a la ciudadana de la crisis econmica.

Durante aos, el imperante discurso neoliberal ha introducido la necesidad de rentabilidad en toda gestin pblica y, desde los aos 70 y 80 del pasado siglo, proponen la gestin privada como mejor que cualquier administracin pblica, aduciendo que sta no es capaz de hacer rentables esas empresas. As se consumaron las privatizaciones de telecomunicaciones o la energa.

Esta tendencia ha crecido y ya en los aos 90 se materializa en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que bajo el paraguas de la OMC propugna liberalizar los servicios por la eficacia en la prestacin de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; ms innovacin; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnologa por la inversin directa extranjera. Similares planteamientos se pueden ver en la Directiva de Servicios o directiva Bolkestein que pretende desregular los servicios en el mbito europeo.

Consecuencia de lo anterior, en los ltimos aos los gestores neoliberales han visto una maravillosa oportunidad en la crisis financiera global y, con la excusa de reducir el sacrosanto dficit, han aprovechado la tendencia ya marcada de privatizar los servicios pblicos imponiendo medidas que empeoran las condiciones de jubilacin para favorecer los planes de pensiones privados y limitando la inversin pblica en educacin, servicios sociales, dependencia o sanidad. Una estrategia calculada para socializar las perdidas y privatizar las ganancias, pero sobre todo para cumplir con la agenda neoliberal.

En la actualidad, cuando las reglas del mercado forman parte de la gestin de la mayora de servicios pblicos por la llamada externalizacin de servicios o colaboracin pblico-privada, la Unin Europea se enfrasca en negociaciones de tratados que pretenden no solo desregular los servicios pblicos, sino impedir que futuros gobiernos puedan revertir esas medidas y recuperar la gestin por parte del Estado de los servicios anteriormente privatizados.

Los tratados en el proceso de privatizacin

El TTIP y el CETA son propuesta similares, ambos pretenden garantizar los derechos de los inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano. El TISA va mucho ms all y los mejores amigos de los servicios, como se autodenominan los negociadores de esos tratados, proponen desregula todos los servicios, poniendo en manos del mercado y sus leyes cuestiones y derechos tan esenciales como la sanidad, educacin, agua, sostenibilidad del planeta, los derechos laborales, etc.

Sabemos que el neoliberalismo pretende que el mercado se autorregula O no. La forma como han regulado para traspasar las prdidas del capital a las arcas pblicas hace pensar que no se fan tanto de esa autorregulacin del mercado y ahora con los tratados de libre comercio e inversin pretenden fijar reglas que protejan y garanticen como sea el beneficio de los inversores.

Los defensores de los tratados juran y perjuran que los servicios pblicos no estn en juego en estos tratados, pero, como se ha visto, no necesitamos nuevos acuerdos internacionales para que la privatizacin sea una realidad. Entonces qu novedades introducen estos tratados? Durante las negociaciones del CETA y el TTIP ha sido evidente la colaboracin entre grupos de presin como Business Europe o el Foro Europeo de Servicios y los negociadores. Algo que nos hace dudar de sus buenas intenciones, porque en realidad los inversores extranjeros ven los servicios pblicos como gran catlogo de compras y es evidente que han tenido mucho xito si vemos los resultados en el texto consolidado del CETA que se aplican prcticamente a todos los servicios.

Tanto en el mandato de negociacin de la comisin para el TTIP, como en el texto consolidado del CETA se propone una excepcin general que excluye solamente los servicios prestados en el ejercicio de una autoridad estatal, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en exclusiva el Estado, aunque nunca si este servicio se presta sobre una base comercial o en competencia con uno o ms operadores econmicos. Sin embargo, la realidad nos dice que prcticamente todos los servicios pblicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exencin se limita prcticamente al sistema judicial y al orden pblico.

Indicada esa excepcin general, prcticamente ningn servicio pblico se libra de poder ser privatizado. Debemos recordar, por ejemplo, cmo la seguridad privada ha sustituido a las fuerzas de seguridad del Estado en mbitos donde el Estado debera ser el nico proveedor, como son las crceles espaolas. EE UU es un claro ejemplo de esa deriva.

El empeo de los negociadores por garantizar el lucro de las grandes empresas multinacionales llega mucho ms all con la llamada clusula trinquete que, aunque el documento publicado por la Comisin Europea niegue su existencia, el propio gobierno canadiense la cita en su pgina web. Esa clusula bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestin pblica alguno de los servicios anteriormente privatizados, lo que impedira a futuros gobiernos elegidos democrticamente recuperar para la gestin pblica el agua, la sanidad, la educacin..., aunque incluso se haya demostrado la ineficacia de la gestin privada.

El objetivo de estos tratados no es privatizar los servicios pblicos en s, pues ya hay mltiples acuerdos internacionales que permiten tal objetivo. El fin es impedir que los inversores corran riesgo alguno en sus inversiones y garantizarles jugosos beneficios. Para conseguirlo estos tratados se han dotado de uno de los elementos ms dainos para la democracia y los derechos de la mayora: el Mecanismo de Resolucin de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Este artilugio secuestra el derecho de cualquier gobierno elegido democrticamente a legislar, con la amenaza permanente de demandas multimillonarias de las multinacionales. As cualquier modificacin de la norma existente que aumente la proteccin en un servicio pblico, regule el mercado financiero, proteja el medio ambiente o garantice los derechos de los trabajadores podr ser cuestionada y sancionada por un pretendido tribunal privado sin posibilidad de recurso por parte del Estado demandado.

En resumen la vieja aspiracin neoliberal de minimizar el Estado como prestador de servicios se cumple con estos tratados. Pero no quieren la desaparicin del Estado. Las empresas multinacionales en connivencia con las lites polticas necesitan un Estado que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales, y para ello se dotan de estas superestructuras de los tratados internacionales donde el inters general queda subordinado a su lucro.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/29420-servicios-publicos-tratados-libre-comercio-e-inversion-ceta-ttip-y-tisa.html



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