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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-03-2016

Iguala
La impunidad no es monoltica

Miguel ngel Ferrer
Rebelin


Con respecto a la desaparicin forzada de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 todas las evidencias apuntan a una colusin entre bandas del crimen organizado y diversas y numerosas autoridades de los tres rdenes de gobierno: municipales, estatales y federales. De la participacin activa y notoria de estas ltimas no queda la menor duda.

Se sabe positivamente que en el horrendo crimen participaron policas de, al menos, los municipios de Iguala y de Cocula, ambos del estado de Guerrero. Y tambin se sabe que en el operativo para detener a los muchachos estaban presentes policas estatales. Y se sabe igualmente que en los sangrientos y trgicos hechos hubo participacin de elementos del ejrcito.

Y hay tambin slidos indicios de que el propio gobernador de Guerrero tena conocimiento de la tragedia en los mismos momentos en que sta se desarrollaba. Era tan evidente la responsabilidad o al menos la negligencia del gobernador Aguirre Rivero, que no tard en ser separado del cargo, sin que hasta la fecha se le haya fincado algn tipo de responsabilidad. Y tambin hasta la fecha, casi ao y medio despus de los criminales hechos, persiste la negativa de los altos mandos del ejrcito para permitir que sean interrogados y declaren los militares del batalln 27 presentes en la jornada trgica o con conocimientos de primera mano sobre el asunto.

De modo que a las mltiples evidencias de que Iguala fue un crimen de Estado debe sumarse, como probanza adicional, la incuria, la negligencia, el disimulo y el tortuguismo del propio Estado para investigar los hechos y sancionar a los autores materiales e intelectuales del brbaro crimen.

Pero, ciertamente, nada hay de que sorprenderse. Se trata de un comportamiento digamos habitual para encubrir a los responsables y proporcionarles la impunidad acostumbrada o prometida.

Son abundantsimos los ejemplos de la impunidad que otorga el Estado a sus agentes cuando se les ordena encargarse de los as llamados enemigos del Estado. Digamos que la impunidad garantizada es parte de las retribuciones por los crmenes cometidos en acatamiento de rdenes superiores. Es el caso de los represores argentinos y chilenos durante la guerra sucia de los aos 70 del siglo pasado.

Slo que estos casos tambin mostraron que la impunidad otorgada por el Estado para sus esbirros no es monoltica. La experiencia histrica ensea que siempre quedan resquicios para demandar y obtener justicia. O al menos para sealar a los responsables.

Son mltiples los casos conocidos de criminales por cuenta del Estado que han debido comparecer ante los tribunales o que han quedado marcados por siempre con el estigma de criminales de Estado. Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla son los nombres ms conocidos de esa horrenda estirpe de asesinos de su propio pueblo que han pagado sus crmenes con pena corporal o con el estigma infamante.

Una cosa semejante est ocurriendo en el caso de las desapariciones forzadas de Iguala-Ayotzinapa. La justicia hasta ahora no se ha hecho presente. Pero tampoco se ha hecho presente el olvido. La inquebrantable voluntad en pos de justicia de los padres, amigos y compaeros de los 43 desaparecidos, con el acompaamiento solidario de vastos sectores sociales, permiten albergar esperanzas de que la impunidad no se consolide.

Por lo pronto ya es una buena seal que no se haya consolidado la fraudulenta versin de que el Estado no fue participante directo y activo en ese crimen que ha llenado de fango a las instituciones mexicanas.


Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx; www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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