Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-04-2016

Mostrar los dientes
Reinventando le mani pulite en Argentina, Per y Brasil

Brbara Ester, Esteban De Gori y Camila Vollenweider
CELAG


I

Actores del poder judicial en Argentina, Brasil y Per se lanzan a la palestra. En cada pas, proponen un curso de accin distinto y asumen decisiones que intervienen en la dinmica poltica interna. Luchan por el poder, por el presupuesto y por la imposicin de diversas opciones.

En estos tres pases se han abierto escenarios de disputas que nos hablan de su capacidad simblica, retrica y cultural para definir acciones, movilizar recursos y suscitar adhesiones. El gran proceso de mani pulite (principios de la dcada del 90) en Italia le otorg a la justicia un lugar importante en la regeneracin de la clase poltica. Este suceso se inscriba en la sospecha neoliberal sobre la poltica, la reivindicacin de la democracia y de la divisin de poderes. Una lectura de la democracia y del republicanismo solo como divisin de poderes y garante de seguridad jurdica frente a inversiones- colocaban a la justicia en un lugar relevante. Mani pulite era una especie de grito de guerra que presentaba a la justicia como poder neutral, como un rbitro, ya no solo en temas constitucionales, sino en aquellos estrictamente polticos. Los 90 ya sin utopas revolucionarias- se convirtieron en la poca de los derechos humanos de tercera generacin, que intentaban proteger a los ciudadanos de las inclemencias de la globalizacin. Los derechos humanos terminaron siendo compartidos por derechas e izquierdas, cuestin que fortaleci a las instituciones judiciales.

Diversos sucesos polticos en Argentina, Per y Brasil han abierto la posibilidad -para ciertos actores- de reactualizar la hiptesis mani pulite. Empresarios, periodistas, etc., encontraron en la justicia en espacio para resolver la competencia poltica y erosionar a polticos. Mani pulite es un gancho poderoso. En el escenario regional aparece un lenguaje y una prctica tribunalicia que articulan la sospecha posmoderna sobre la poltica, la bsqueda de regeneracin de la misma y el conocimiento de un conjunto de fenmenos ilcitos vinculados a la financiacin de la poltica y de sus dirigentes. La justicia acompaada por otros actores o empujadas por los mismos- muestra los dientes e intenta representar y construir una mayora silenciosa anti-corrupcin. En algunos casos, apura procesos con pruebas dbiles, extralimita sus funciones, interviene asimtricamente en campaas electorales, etc. Lee la geometra de fuerzas y acta.

II

Cristina puede pasearse por todos los tribunales. Su derrota electoral ha movilizado a ciertos sectores del poder judicial a activar causas dormidas y aceptar nuevas denuncias. Cuando los presidentes se van del poder a diferencia de Brasil- ciertos jueces entienden que tienen mayor libertad para iniciar investigaciones, procesar, imputar, etc. Muestran benevolencia con el oficialismo actual y desdean el anterior. Pero adems de esta lgica de funcionamiento debemos considerar una cuestin adicional. El intento del kirchnerismo de establecer nuevas corrientes de opinin al interior del poder judicial a travs del espacio Justicia Legtima- provoc tensiones que podran expresarse en la investigacin sobre la expresidenta y algunos de sus funcionarios. Se huele algo de revancha o de reacomodo. En los ltimos das, algunos empresarios aliados a Nstor Kirchner han sido denunciados por la prensa y hoy la justicia acta sobre ellos. Esto ha ocasionado fricciones internas entre los antiguos aliados y se espera un conflicto que puede arrojar nuevas aristas. Ir por los empresarios amigos ha resultado como estrategia judicial, el caso del empresario brasileo Obedrecht puede dar cuenta ello.

Cristina est sola y es jefa de una minora. Ni los gobernadores peronistas se han pronunciado frente a la convocatoria que realiz el juez Bonadio.

El poder judicial presiona y es presionado. Si bien existen sectores del poder judicial que se orientan gestualmente hacia el nuevo oficialismo y hacia sectores del peronismo disidente no sera prudente impugnar ninguna investigacin exhaustiva y sujeta al proceso legal. Solo debera ponerse el ojo sobre aquellas causas ms apuradas por condenar al kirchnerismo que por juzgar a culpables de posibles delitos.

III

En Per el activo rol asumido por la Justicia ha alterado completamente el mapa poltico, a un mes de la contienda electoral. El desempeo del Jurado Nacional de Elecciones ha generado incertidumbre desde enero, a partir de las investigaciones sobre las frmulas presidenciales que solicitaban inscripcin para las elecciones generales del 10 de abril. La autoridad electoral, Jurado Electoral Especial Centro (Lima), descalific las candidaturas Julio Guzmn (Todos por el Per) -por formalidades como no contar con qurum de militantes del partido y una convocatoria a asamblea que fue realizada sin la anticipacin de ley-, y de Csar Acua (Alianza por el Progreso) por la entrega de ddivas, actividad proselitista prohibida expresamente en el artculo 42 de la Ley de Organizaciones Polticas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vot por unanimidad la anulacin de la candidatura de Acua, y por una ajustada mayora (3 votos contra 2), confirm la exclusin de Guzmn quien desde febrero era el segundo candidato en intencin de voto.

Los cinco directores del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por instituciones legtimas, la Corte Suprema es quien escoge al Presidente. Los otros cuatro delegados son elegidos por: el Colegio de Abogados de Lima, la Junta de Fiscales Supremos, los decanos de Leyes de las universidades pblicas y los de las universidades privadas. Las consecuencias no se hicieron esperar, ha trascendido una rpida investigacin la cual devel que al menos dos de los cinco miembros del JNE que votaron contra Guzmn, tenan vinculaciones al partido aprista, de Alan Garca. Los abogados de Guzmn, en su defensa, intentaron demostrar que al menos las candidaturas de Alan Garca y de Kuczynski haban cometido, en mayor grado, el mismo tipo de faltas, aunque no fueron sancionados. Tambin presentaron material audiovisual que mostraba a Keiko Fujimori, entregando dinero en un concurso de baile, el mismo delito que haba separado a Acua de su candidatura. El Jurado Nacional de Elecciones est a la espera de una nueva investigacin de su organismo fiscalizador, sobre esta denuncia que ha sido presentada cinco veces y tras una marcha masiva que exiga la eliminacin de la candidata presidencial favorita. El tiempo parece ser el factor clave en la maniobra.

Las prximas elecciones generales disputaran entre las dos identidades polticas ms relevantes en la actualidad peruana, antiaprismo y antifujimorismo, cul de los dos logre influir tanto eligiendo como evitando al prximo gobernante no es ajeno a la justicia.

IV

La pax brasilea se ha roto. El Poder Judicial en Brasil se ha constituido en un actor institucional de gran relevancia poltica y meditica. Diversos sectores de este poder han desplegado toda su capacidad para desgastar el gobierno de Dilma Rousseff. Las acciones ms fuertes partieron de un juez federal de primera instancia, Sergio Moro, quien est a cargo de la investigacin llamada Lava Jato (pagos ilegales entre funcionarios de Petrobrs, empresarios, representantes polticos y otras personas vinculadas a distintos partidos polticos). Este letrado public, en 2004, un artculo en defensa de los procedimientos que se llevaron a cabo durante la operacin Mani Pulite, en Italia. Como sta, Lava Jato condensa prcticas de dudosa legalidad y con evidentes sesgos polticos para contribuir a desmantelar las redes de corrupcin que implican a todos los poderes del Estado. Prcticas como las prisiones preventivas, la circulacin de testimonios con secreto de sumario, escuchas telefnicas sin autorizacin, incluidas las realizadas a la Presidenta y a los abogados de Lula Da Silva, como la desestimacin de testimonios que involucran a personajes polticos contrarios al PT. Lo interesante de esta investigacin radica en que jueces de primera instancia se han entrometido en el proceso, aceptando las ms dismiles denuncias que pretenden vincular a Lula en la operacin Lava Jato.

Lava Jato no es la nica arista del poder judicial para intervenir en los asuntos polticos del convulsionado pas. La designacin de Lula Da Silva como Ministro Jefe de la Casa Civil anunciada hace pocos das, tambin se vio alcanzada por el Poder Judicial. Tras la detencin forzada del ex Presidente autorizada por Moro a pedido de algunos Procuradores, Rousseff lo design como Jefe de la Casa Civil. Como los Ministros tienen ciertos fueros -no inmunidad-, eso hubiera permitido que Lula slo pueda ser investigado por el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, se interpusieron 13 pedidos contra esa designacin para que fuese anulada o quedase en suspenso. Finalmente, un Ministro del STF, Gilmar Mendes, bien conocido por sus posturas polticas opositoras, resolvi dar curso a dos de ellas, basndose en las escuchas tomadas ilegalmente. As, Moro vuelve a tener potestad sobre la investigacin a Lula.

Sectores judiciales y polticos han logrado desquiciar la gobernabilidad petista. El Poder Legislativo, que est analizando el pedido de impeachment contra la Presidenta, recibe la noticia de que el principal aliado de Rousseff PDMB, Partido del Movimiento Democrtico Brasileo- se retira del Gobierno. Cuestin que amplifica la crisis poltica e introduce una gran incertidumbre.

Fuente: http://www.celag.org/mostrar-los-dientes-reiventando-le-mani-pulite-en-argentina-peru-y-brasil-por-barbara-ester-esteban-de-gori-y-camila-vollenweider/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter